Sentencia Social 247/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 175/2022 de 23 de marzo del 2023

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al no haberse planteado motivos de revisión fáctica.

SEGUNDO.- La demandante inició en octubre de 2017 una incapacidad temporal, en la que se emitió el alta médica en diciembre de 2018. Mientras impugnaba el alta médica, la demandante se reincorporó al trabajo en su empleadora durante todo ese periodo, "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima", prestando servicios varios días y disfrutando 41 días de vacaciones. En abril de 2019 se dictó sentencia dejando sin efecto el alta médica de diciembre de 2018. Y en febrero de 2020 presenta demanda pretendiendo que "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima" (y "Cenpol Seguridad, Sociedad Limitada" solidariamente como sucesora en el servicio) le indemnice por el tiempo que tuvo que trabajar o disfrutar vacaciones entre la emisión del alta médica y la sentencia que dejó sin efecto tal alta médica. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda al concluir que no se había acreditado la existencia de daños efectivos para la demandante y que en cualquier caso, si había de haber algún responsable sería el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que fue quien emitió el alta médica que luego se declaró indebida. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que en primer lugar que se anule la misma, deduciendo un motivo por el 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y subsidiariamente que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea dos motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por las empresas demandadas, las cuales se oponen al mismo, piden que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- La trabajadora recurrente denuncia en el motivo de nulidad de actuaciones infracción de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución en relación con el 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y artículos 208, 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, planteando que la sentencia de instancia carece de motivación jurídica, porque "la Juzgadora de instancia no incluye los fundamentos jurídicos que le llevan a concluir la desestimación de la demanda careciendo de fundamentación en cuanto a la inexistencia de responsabilidad pecuniaria de las demandadas para con la actora" y eso, según la recurrente, le ocasiona indefensión, porque carece de pronunciamiento sobre "cuál es la consecuencia de la prestación de servicios y del disfrute o consumo del periodo vacacional durante un periodo temporal a posteriori calificado judicialmente como de incapacidad temporal".

CUARTO.- El artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el orden jurisdiccional social esto tiene su traducción, de forma muy sintética en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando dispone que la sentencia "deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

QUINTO.- Sobre esta motivación en Derecho de las sentencias el Tribunal Constitucional tiene declarado (sentencia 14/1991, de 28 de enero, entre otras) que la obligación de motivar las Sentencias que el artículo 120.3º de la Constitución impone a los órganos judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido por el artículo 24.1º de la propia Constitución, en su vertiente del derecho a una resolución jurídicamente fundada, conduce a integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación. Esta obligación del órgano judicial de motivar sus resoluciones en Derecho, y correlativo derecho de las partes a tal motivación, no comporta que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado ( sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1988); no hay un derecho a que la motivación judicial tenga siempre una determinada extensión o profundidad ( sentencia 160/2009, de 29 de junio), sino que la mayor o menor motivación exigible varía en función de las circunstancias de cada caso, y en principio se ha de entender cumplida cuando las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión ( sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998), y cumplido esto es admisible la motivación tácita o presunta ( sentencia 204/2009, de 23 de noviembre), o "por remisión" ( sentencia 140/2009, de 15 de junio). Igualmente, si bien no existe un derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, el deber de motivación sí que implica la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( sentencias del Tribunal Constitucional 311/2005, de 12 de diciembre; 61/2008, de 26 de mayo; 3/2011, de 14 de febrero). En relación con el error patente, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando la resolución judicial sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo con ello efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, destacándose que los requisitos necesarios para dotar de relevancia constitucional dicho error son que no sea imputable a la negligencia de la parte sino atribuible al órgano judicial, pueda apreciarse inmediatamente de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y resulte determinante de la decisión adoptada por constituir el soporte único o básico -ratio decidendi- de la resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en él (por todas, STC 4/2008, de 21 de enero, FJ 3)».

SEXTO.- Teniendo en cuenta lo anterior, tras el examen de la sentencia recurrida, la Sala solo puede concluir que lo único que carece de fundamento en el presente caso es el motivo de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, que se revela como una mezcla de falta de lectura (o de entendimiento por la recurrente) de los razonamientos de la sentencia de instancia (lo que se evidencia porque el recurso, en realidad, ni siquiera los tiene en cuenta), y mera disconformidad con haberle sido desfavorable el resultado del pleito. La sentencia de instancia sí que expone los motivos por los cuales entiende que "Cenpol Seguridad, Sociedad Limitada" no ha de responder de las cantidades que se le reclaman, en el párrafo segundo del Fundamento de Derecho 2º, y que ese razonamiento judicial sea o no correcto es cuestión completamente distinta a que la sentencia recurrida carezca de la preceptiva fundamentación en Derecho. Y en cuanto a la responsabilidad de "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima", la juzgadora expone igualmente en el mismo Fundamento de Derecho, en los párrafos 3º y 4º, por qué dicha empresa no tiene por qué pagar nada de lo que se le reclamaba en la demanda, señalando la juzgadora, por un lado, que como la empresa no es competente para altas médicas, mal tendría la misma que responder de los daños y perjuicios derivados de un alta médica indebida; y, además, que la mera revocación judicial del alta médica no presupone la existencia de perjuicios para la demandante y en el presente caso no consta que, como consecuencia de tener que reincorporarse al trabajo, la actora sufriera algún perjuicio concreto; finalmente, señala la juzgadora que de haberse irrogado a la demandante perjuicios por el alta médica indebida, la entidad responsable sería el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que fue quien emitió tal alta médica. Estos razonamientos utilizados para rechazar que la empleadora haya de indemnizar a la demandante por unos daños y perjuicios que ni están acreditados y que en cualquier caso derivarían de un acto que ni ha realizado la empresa, ni está dentro del poder de disposición de la empresa, bastan por sí solos para desestimar lo que se pedía en la demanda, y ninguno de ellos pueden considerarse arbitrarios o absurdos, sino que responden a una lógica jurídica elemental, por más que esa lógica elemental no satisfaga a la demandante.

SÉPTIMO.- En censura jurídica, la demandante comienza denunciando infracción de los artículos 169 de la Ley General de la Seguridad Social, 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1901 del Código Civil. Según la recurrente, la sentencia de instancia ha desestimado la demanda basándose en que la empresa para la que prestaba servicios la actora en el periodo comprendido entre la emisión del alta médica por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y su revocación judicial, "cumplió su obligación de dar ocupación efectiva a la actora en tanto se resolvía la demanda interpuesta en impugnación de alta médica", pero no tiene en cuenta que conforme al artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social durante la incapacidad temporal se considera que el trabajador está impedido para el trabajo, y de ello la recurrente deduce que "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima" se enriqueció injustamente al dar trabajo efectivo o vacaciones a la demandante en el tiempo que transcurrió entre el alta médica y la sentencia que la dejó sin efecto, cuando la demandante no estaba en condiciones de trabajar.

OCTAVO.- El motivo se construye de forma completamente ajena a las razones contenidas en la sentencia recurrida para desestimar las pretensiones actoras frente a "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima" (según la juzgadora, ni la demandante ha acreditado perjuicios, ni la actuación jurídicamente ilícita sería imputable a "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima"), y esto, por sí solo, bastaría para desestimar el mismo, por su manifiesta carencia de efecto práctico al no combatir los verdaderos motivos de desestimación de la demanda. Pero incluso si hubiera sido cierto que la sentencia de instancia hubiera desestimado la demanda solamente por considerar que tras el alta médica "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima" tenía que dar ocupación efectiva a la demandante, el motivo no puede acogerse porque el mismo no es más que un conjunto de peticiones de principio, contradicciones lógicas, e interpretación sesgada de determinadas normas para obtener un resultado contrario al ordenamiento jurídico, pues es la demandante la que pretende obtener un enriquecimiento injusto, no la empresa demandada la que se ha lucrado indebidamente.

NOVENO.- Teniendo en cuenta que la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2018, como acto administrativo que es, se presume válido y produce efectos desde la fecha de su dictado ( artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), tienen toda la razón las demandadas cuando alegan que, ante la emisión de tal alta médica, y la reincorporación de la demandante a su puesto de trabajo al día siguiente de su emisión (hecho probado 5º), legalmente tenían que dar ocupación efectiva a la demandante, en cumplimiento del artículo 4.2.a) del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo cuando en hechos probados no consta, y la demandante ni siquiera intenta hacer constar, que la trabajadora informara a "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima" de que había impugnado el alta médica, o que se consideraba incapacitada para trabajar pese al alta médica, o que no se hubiera valorado por el servicio de prevención si la demandante, tras estar más de un año de baja, era apta para el trabajo. Y aunque efectivamente el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social presupone la incapacidad para el trabajo durante el tiempo de duración de la incapacidad temporal, la consecuencia de la estimación de la demanda de impugnación de alta médica se limita a reestablecer a la demandante en el subsidio de incapacidad temporal dejado de abonar tras la emisión de tal alta médica ( artículo 140.3.d de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), debiendo tenerse en cuenta que una sentencia sobre alta médica se refiere a la situación que presentaba la parte demandante en el momento del alta médica que se impugna, no meses después. En particular, no resulta de los hechos probados que en la sentencia sobre alta médica se planteara que la demandante se reincorporó al trabajo, y prestó servicios de manera efectiva percibiendo salarios, desde el 18 de diciembre de 2018; es más, lo que consta es que la demandante percibió las prestaciones de incapacidad temporal a cargo de la mutua (hecho probado 4º), aparentemente sin descuento de los periodos en los que percibió salarios, lo que denota que tal reincorporación efectiva al trabajo fue silenciada por la demandante y tampoco se planteó por las demandadas en el proceso de impugnación de alta médica.

DÉCIMO.- Las alegaciones de la recurrente sobre que la empresa se ha enriquecido sin causa a costa de a demandante en el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 15 de abril de 2019 soslayan que no se ha discutido, en momento alguno, que en todo ese tiempo la empleadora abonó a la demandante los salarios devengados, tanto por los días de trabajo efectivo, como por los días de vacaciones; la demanda parte, de hecho, de que ese trabajo y esas vacaciones ya le fueron retribuidas, pues lo que pide es una "indemnización" a cargo de las empresas. No hay, por tanto, ningún enriquecimiento injusto de la empleadora, que abonó a la demandante, por mucho que la misma estuviera supuestamente impedida para trabajar, los salarios que le correspondían por el tiempo de trabajo o por disfrute de vacaciones. Es más, por lo que literalmente se recoge en el hecho probado 4º, la demandante, aparte de esos salarios, percibió las prestaciones de incapacidad temporal, por lo que la única que podría haber incurrido en un enriquecimiento sin causa es la propia actora, que con su demanda lo único que persigue es incrementar, en su exclusivo beneficio, tal enriquecimiento injusto.

UNDÉCIMO.- Nada, por tanto, se adeuda a la demandante por parte de "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima". La actora carece de todo título jurídico frente a esa empleadora para reclamarle lo que se pretende en la demanda, pues no consta ninguna irregularidad imputable a tal empresa cuando dio a la demandante ocupación efectiva (como se ha indicado, el alta médica emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se presumía válida y había de cumplirse, pese a su impugnación, y en cualquier caso la actora ni comunicó a la empresa que la había impugnado, ni informó a la empleadora de que siguiera impedida para trabajar), y tampoco cabe reclamar una indemnización por unos daños y perjuicios meramente teóricos, pues no se ha acreditado, como se destaca en la sentencia recurrida, que el estado de salud de la demandante se resintiera como consecuencia de tener que reincorporarse al trabajo, ni que tal estado de salud le impidiera disfrutar de las vacaciones que le concedió la empresa, disfrute que todo indica que fue de común acuerdo y a petición de la propia actora y no por "imposición" de la empresa como se alega en la demanda. Y en cualquier caso, aunque la demandante hubiera sufrido algún perjuicio como consecuencia del alta médica de diciembre de 2018, la responsable de indemnizar tales perjuicios no serían las empresas demandadas, que ni emitieron el alta médica ni podían emitirla, sino limitarse a acatar la misma, sino el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que fue quien emitió tal alta médica luego declarada indebida, como acertadamente indica la sentencia recurrida; pero tal responsabilidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no demandado en estos autos, sería más bien materia propia de una responsabilidad patrimonial de la administración, cuyo conocimiento no corresponde al orden social, sino a la jurisdicción contencioso- administrativa. Todo lo expuesto ha de conducir a desestimar el motivo.

DUODÉCIMO.- En el último motivo del recurso, con invocación de infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de la Directiva 2001/23, la demandante cuestiona la absolución de "Cenpol Seguridad, Sociedad Limitada", planteando que al haber una sucesión de empresas, la empresa entrante ha de responder solidariamente con la saliente de las deudas derivadas de la relación laboral.

DECIMOTERCERO.- Como en los motivos anteriores, la censura que deduce la recurrente parece construida sin haberse tomado tal recurrente el trabajo de leerse la sentencia recurrida, porque la sentencia de instancia no ha absuelto a "Cenpol Seguridad, Sociedad Limitada" por entender que no existiera en este caso una sucesión de empresas, o porque la responsabilidad solidaria derivada de tal sucesión pueda dejarse sin efecto en convenio colectivo, o porque considere la juzgadora que los conceptos reclamados no están garantizados por la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia de instancia absuelve a "Cenpol Seguridad, Sociedad Limitada" por entender que tal empresa no puede ser responsable de los daños y perjuicios derivados de un alta médica cuyo emisor fue el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Razonamiento que la recurrente no se molesta en combatir en forma alguna. Y, en cualquier caso, carece de objeto resolver si hubo o no sucesión del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores cuando se ha confirmado que la empresa saliente, "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Sociedad Anónima", no tiene responsabilidad alguna por las cantidades que pretende reclamar la demandante; y si la empresa cedente no está obligada al pago, porque no existe la deuda que contra ella se reclama, esto determina la absolución automática y necesaria de la empresa cesionaria incluso si por la forma de transmitirse la plantilla se hubiera producido una sucesión empresarial con responsabilidad solidaria de la entrante. Procede por tanto desestimar el motivo y, con él, el recurso.

DECIMOCUARTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajadora o beneficiaria de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas, a pesar incluso de lo temerario, posiblemente incluso fraudulento, de las pretensiones ejercitadas por la actora tanto en instancia como en recurso.