Sentencia Social 1673/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6261/2022 de 13 de marzo del 2023

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social Nº 8 de Barcelona se ha seguido procedimiento sobre incapacidad permanente (Autos 729/2021), a instancia de Dª Carmela contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, habiéndose dictado sentencia en fecha 14-6-2022 en la que estima la demanda, declarando a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, sobre una base reguladora mensual de 418,94 euros y una fecha de efectos de 29-11-2020, y condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a estar y pasar por tal declaración, y a abonar a la actora la correspondiente prestación, con los incrementos, mejoras y revalorizaciones a que haya lugar.

Frente a dicha sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formula el presente recurso de suplicación, en el que alega un motivo de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, solicitando una sentencia que estime el recurso, revoque la de instancia, y lo absuelva de los pedimentos de la demanda.

La parte actora ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos esgrimidos en el mismos, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Como primer motivo del recurso de recurso la parte recurrente esgrime la revisión fáctica, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la modificación del Hecho Probado Séptimo, para que se suprima el mismo.

La parte actora, en su escrito de impugnación, se opone a esta supresión alegando que no se evidencia error en la valoración del Magistrado de instancia, ni tampoco que la mis sea irracional.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 ( Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7- 2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994, 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995, 1 de marzo de 1.996, 4 de julio de 1.997, 20, 21 y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero, 5 de abril, 13, 15 y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990, y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador "a quo" puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

TERCERO.- Bajo los parámetros expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica pretendida.

Se solicita la supresión del Hecho Probado Séptimo, cuya redacción es la siguiente: " Como consecuencia del cuadro secuelar descrito en el hecho precedente, la actora está limitada para realizar actividades que requieran mínimos esfuerzos físicos o psíquicos (fundamento jurídico primero, pericial de la parte actora)."

Como fundamento de dicha supresión, cita la parte recurrente el documento obrante al folio 52 (consistente en la hoja final del informe pericial propuesto por la parte actora). Argumenta la recurrente, que esta supresión es necesaria, pues su contenido predetermina el fallo de la sentencia.

Ha de desestimarse la supresión interesada. En primer lugar, porque el documento citado por la recurrente, que se corresponde con las conclusiones del informe pericial propuesto por la parte actora, no avala dicha supresión, al contrario, en el mismo constan las limitaciones funcionales que el Magistrado de instancia incluye en el Hecho Probado Séptimo; en segundo lugar, porque el citado hecho no contiene valoraciones jurídicas predeterminantes del Fallo de la sentencia, sino la descripción de las limitaciones funcionales que el Magistrado de instancia considera probadas.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso, se dirige a la censura jurídica, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; se denuncia, la infracción del artículo 194.5 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria vigesimosexta del mismo.

La parte recurrente, como argumento de este motivo, se limita a señalar que no se acreditan limitación para otras actividades laborales.

La parte actora, en su escrito de impugnación, se opone a este motivo, alegando, en sustancia, que inalterado el hecho probado sexto de la sentencia, donde dentro de la pluripatología, la actora padece fibromialgia con grado de afectación grave y síndrome de fatiga crónica en grado III, ha de concluirse que la actora está limitada para la realización de cualquier actividad profesional, y ello debe comportar la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Para la resolución del recurso en los términos planteados, cabe recordar que la incapacidad en cualquiera de sus grados viene referida, según el artículo 193.1 de la LGSS aprobada por Real Decreto legislativo 8/2015, antes artículo 136.1 del TRLGSS de 1994, a la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Que el artículo 194 del TRLGSS de 2015, - antes artículo 137 del TRLGSS de 1994 -, establece: "1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

.......

c) Incapacidad permanente absoluta.

.......

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente".

Que dicha regulación que se complementa con la Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente, que dispone: "Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción: "Artículo 194. Grados de incapacidad permanente. 1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. d) Gran invalidez.

........

4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio."

........

Y en relación a dicha normativa, una reiterada doctrina jurisprudencial, que esta Sala comparte, contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1.986, 9 de febrero de 1.987 y 28 de diciembre de 1.988 establece que la valoración del grado de incapacidad permanente absoluta ha de efectuarse atendiendo, fundamentalmente, a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto que las mismas determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia, abstracción hecha de sus circunstancias personales o ambientales que cuentan con otra vía de protección; y ello sin perjuicio de que la aptitud para una actividad laboral, implique la posibilidad de llevar a cabo las tareas de la misma con la necesaria profesionalidad y con una exigencias mínimas de continuidad, eficacia y dedicación, no concurriendo dicha condición con la mera probabilidad del ejercicio esporádico de parte de aquéllas, pues debe la misma referirse a la posibilidad real de poder desarrollar una actividad profesional en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989, sin que ello suponga un esfuerzo superior o especial para su realización ( STS 11 de octubre de 1979 y 21 de febrero de 1981).

Así, en aplicación de la jurisprudencia del TS deberá declararse la incapacidad absoluta cuando resulte de las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador una inhabilitación completa del mismo para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS de 23-3-1988 y de 12-4-1988), al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988 ) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986), mínimos indispensables en cualquier oficio, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias ( STS de 21-1-1988).

Ahora bien, esa aptitud laboral no puede interpretarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, como la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal, sino que ha de referirse a la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa, habiendo precisado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que la definición legal de la incapacidad absoluta "no puede entenderse en sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular en determinados empleos", lo que hace que la calificación de la incapacidad permanente absoluta sea "un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador", que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1.979, 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009 y 1 de diciembre de 2.009 -cita literal - y 6 de marzo de 1.989).

SEXTO.- Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial aplicable, debe examinarse el presente caso.

Debe partirse del relato fáctico de la sentencia, que permanece inalterado al haberse desestimado la pretensión revisoria, y que consta en los antecedentes de hecho de esta sentencia, dándose aquí por reproducido. En concreto, del Hecho Probado Sexto, que describe las patologías que presenta la actora, y donde se indican las siguientes:

"1.- Fibromialgia con grado de afectación grave y síndrome de fatiga crónica en grado III. Visitada por la unidad especializada de síndromes de sensibilización central del Hospital Vall d'Hebron por clínica de más de 10 años de evolución, empeorada en los últimos meses, 18 puntos gatillo. Dolor músculo esquelético generalizado crónico, rigidez articular, fatiga física que no mejora con reposo y que limita de forma importante su actividad física, trastornos cognitivos, episodios de desorientación, trastorno del sueño, parestesias y disestesias en extremidades, ansiedad y alteración del estado de ánimo. Poca respuesta con los tratamientos médico efectuados. Ha agotado todas las posibilidades terapéuticas.

2.- Artropatía generalizada. Lumbalgia degenerativa con leves signos de discopatía degenerativa que afectan de forma multisegmentaria la columna lumbar y segmentos inferior de la cola dorsal; moderada estenosis constitucional del diámetro central de canal raquídeo lumbar que se acentúa en los segmentos L3-L4 y L4-L5; moderados signos de sobrecarga que afectan a las articulaciones interapofisarias lumbares, que en losegmentos L3-L4 y L4-L5 producen una leve estenosis transversal del canal raquídeo; deshidratación y protusión global discal difusa de los discos intervertebrales, con afectación de los niveles L3-L4 hasta L5-S1. Cervicalfia con signos de discopatía degenerativa que afectan de forma multisegmentaria la columna cervical, moderados en C5-C6 y discreto en el resto. Gonalgia derecha con signos de condromalacia rotuliana grado IV y leve edema de partes blandas. Leve peritrocanteritis izquierda y pequeña rotura fibrilar grado I del músculo glúteo mayor derecho. Omalgia bilateral por tendinopatía.

3.- Artrosis nodular erosiva y deformante en ambas manos. En mano derecha, signos de artropatía IF en segundo dedo y en menor medida en IFP del tercer y cuarto dedos. En mano izquierda, signos de artropatía IFD en segundo y tercer dedos y en menor medida en articulaciones MCF del quinto dedo, IPF del segundo, cuarto y quinto dedos IF del primer dedo.

4.- Coartación aórtica con colocación de stent normofuncionante en el año 2021.

5.- Depresión neurótica, trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y a enfermedad médica y trastorno inespecífico de la personalidad."

Con fundamento en el cuadro patológico expuesto, el Magistrado de instancia ha concluido que la actora es tributaria de la situación de incapacidad permanente absoluta. Conclusión que es compartida por esta Sala; atendiendo especialmente a la patología de fibromialgia que presenta y que está calificada como grave, y el síndrome de fatiga crónica grado III, por lo que, por sí misma, evidencia limitación funcional incompatible con el desempeño de cualquier actividad laboral con un mínimo de eficacia, rentabilidad y continuidad.

En este sentido respecto a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica ya se ha pronunciado esta Sala en reiteradas sentencias, señalando que las mismas pueden dar lugar a una incapacidad permanente absoluta o total, en función de que produzcan imposibilidad para realizar las tareas más livianas, o impliquen la limitación exclusivamente para esfuerzos intensos por aparecer un cansancio precoz, y, finalmente, inexistencia de repercusión funcional alguna, al ser posible el desarrollo de un actividad laboral normalizada [ Sentencias de esta Sala de 20-12-2022 ( Rec. 3199/2022) de 14-12-2022 ( Rec. 6651/2022), entre otras]. Se aprecia la incapacidad permanente absoluta, cuando existe una notoria [ STSJ Catalunya de 10 de diciembre de 2005 (JUR 20054637), de 3 de Noviembre del 2010 ( ROJ: STSJ CAT 8520/2010) Recurso: 1120/2010; del 22 de Abril del 2010 (ROJ: STSJ CAT 4507/2010) Recurso: 3575/2009 1352/2008] o también cuando concurre con otras enfermedades significativas [ STSJ Catalunya 23 marzo 2006 JUR 200641267). SSTSJ 12 de Enero del 2011 (ROJ: STSJ CAT 15/2011) Recurso: 2112/2010. STSJ, 5 de Diciembre del 2009 (ROJ: STSJ CAT 14398/2009); 21 de Julio del 2009 ( ROJ: STSJ CAT 9437/2009), Recurso: 4966/2008]. Se aprecia la incapacidad permanente total para profesiones de esfuerzo físico, cuando se haya calificada como moderada ( SS. de 19-11-2010, 29-11-2010, 13-12-2010, 30- 9-2011, 20-3-2012, 26-3-2012 y 28-3-2012).

En este caso se cumplen los requisitos expuestos, para considerar a la actora tributaria de incapacidad permanente absoluta, pues además de la fibromialgia de carácter grave, acompañada del síndrome de fatiga crónica en grado III, y que ya darían lugar al reconocimiento de la misma, presenta también una serie de patologías osteo-articulares que afectan a la columna lumbar y cervical, rodillas, así como en ambas manos, y una patología psíquica, que emporan la situación de la actora.

Finalmente, ha de señalarse que la parte recurrente, no ha combatido el hecho probado donde se describen las patologías de la actora, y tampoco ha expuesto argumentos que desvirtúen los realizados por el Magistrado de instancia en la Fundamentación Jurídica de la sentencia, y en los que ha fundamentado el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta.

Razones que llevan, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada, a desestimar este segundo motivo del recurso.

SÉPTIMO.- Por todo lo expuesto, ha de desestimarse el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

OCTAVO.- En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,