Sentencia Social 1058/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5549/2022 de 15 de febrero del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo interpuesta por Clemente, Juana, Alonso, Eufrasia, Eva y Damaso, dirigida contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA), AIG EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, y MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

La indicada demanda deriva del accidente de trabajo sufrido por Petra el 5.7.2016. A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, dicha señora prestaba servicios para BBVA como subdirectora de la sucursal de dicho Banco sita en Barcelona, calle DIRECCION000 NUM000. El indicado día 5.7.2016, mientras la señora Eva se encontraba en el despacho de la directora de la sucursal atendiendo a un cliente, entró en el despacho otro cliente que agredió a la señora Eva con un arma blanca, causándole la muerte.

En relación con dicho accidente de trabajo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) incoó expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad. En el curso de dicho expediente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) emitió informe el 26.4.2017, en el que concluyó que no se había acreditado que el accidente fuera consecuencia directa de incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud por parte de BBVA. A raiz de ello, el INSS, mediante resolución de 2.5.2017, acordó declarar que no procedía imponer a la empresa ningún recargo sobre las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente.

Frente a la resolución del INSS, Clemente, viudo de la señora Eva, interpuso demanda, que fue turnada al Juzgado de lo Social número 12 de los de Barcelona (autos 826/2017) y resultó desestimada por sentencia dictada el 16.1.2019 al considerar, el órgano judicial, que la empresa no había incurrido en ningún incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales que pudiera ser causa del accidente (dicha sentencia obra a los folios 190 a 203 de los presentes autos).

Contra dicha sentencia, el señor Clemente interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado por sentencia de esta Sala de 4.11.2019 (recurso 3039/2019), no recurrida, por lo que alcanzó firmeza (dicha sentencia obra a los folios 207 a 212 de los presentes autos).

La sentencia de instancia aquí recurrida, tras apreciar que las sentencias dictadas en el proceso de recargo de prestaciones producen efectos de cosa juzgada sobre el presente proceso, desestima la demanda por considerar, en síntesis, que la empresa no incurrió en ningún incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales que pudiera ser causa del accidente.

Frente a la sentencia de instancia, Alonso, Eufrasia y Eva interponen el presente recurso de suplicación, en el que solicitan la revocación de aquella sentencia y que las demandadas sean condenadas solidariamente a abonarles, respectivamente, 70.400 euros, 100.400 euros y 16.150 euros. Articulan el recurso, por este orden, con arreglo a un motivo formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS y dirigido a la censura jurídica de la sentencia, y un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra b) de dicho precepto.

El recurso es impugnado por las tres demandadas, que, en sus respectivos escritos, solicitan la desestimación del mismo y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- A pesar de que los recurrentes formulan en primer lugar el motivo de censura jurídica y, a continuación, el de revisión fáctica, un orden lógico obliga a examinar primero este último, dado que los motivos del recurso de suplicación dirigidos a la censura jurídica de la sentencia deben basarse siempre en los hechos que esta declara probados, a excepción de aquellos que hayan resultado modificados o adicionados a raiz de la estimación de los motivos de revisión fáctica.

En el indicado motivo de revisión fáctica, los recurrentes solicitan adición de tres nuevos hechos probados al relato fáctico de la sentencia de instancia y el añadido de un párrafo al hecho probado cuarto. Los recurridos, por su parte, se oponen a todas las solicitudes de los recurrentes.

Cada una de dichas solicitudes debe ser examinada individualmente. Sin embargo, con carácter previo y común a todas ellas, es necesario tener en cuenta que, para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Primera solicitud de adición.

La redacción que proponen los recurrentes para este nuevo hecho probado es la siguiente:

"se ha acreditado que el Sr. Maximiliano había tratado con la directora de la entidad bancaria, Sra. Gema, para que le excluyera como avalista del préstamo solicitado por su sobrino, Sr. Leon, sin que en el momento de la agresión, tuviera conocimiento de haberlo conseguido y sin que por parte de la dirección de la entidad bancaria se hubiesen adoptado ninguna medida para evitar el riesgo de agresión física por parte de este individuo."

Los recurrentes fundamentan esta redacción en los folios 10, 16 y 17 del atestado policial.

La doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior de la presente sentencia impide la estimación de la solicitud, en primer lugar, porque el atestado policial, obrante a los folios 421 a 490 de los autos, ya ha sido valorado por el magistrado de instancia, que lo cita en el hecho probado primero de la sentencia. En segundo lugar, porque los folios que cita el recurrente contienen el resultado de una declaración prestada por un interesado ante la policía (folio 10) y los datos bancarios del agresor y de la persona a la que este supuestamente mató antes de dirigirse a la entidad bancaria (folios 16 y 17), lo que implica que la redacción que proponen los recurrentes no deriva directamente de dichos folios sino que es una valoración realizada a partir de los mismos, proceder vedado en este recurso extraordinario. En tercer lugar, porque la redacción que se propone es, en su mayor parte, valorativa y, por ello, impropia de figurar en el relato fáctico de una sentencia. Y en cuarto lugar, porque, como aducen los recurridos, la incorporación al relato fáctico del texto que proponen los recurrentes comportaría contradicción con el hecho probado doce de la sentencia de instancia, no combatido en esta fase de recurso y en el que el magistrado, con base en prueba testifical, dice:

"L'agressor de la víctima no havia protagonitzat amb anterioritat als fets luctuosos cap incident, personant-se en l'oficina a on treballava la víctima el dia dels fets sense cap cita prèvia"

CUARTO.- Segunda solicitud de adición.

La redacción que proponen los recurrentes para este nuevo hecho probado es la siguiente:

"Se ha probado que el Sr. Maximiliano tenía intención de matar a la Directora de la sucursal bancaria, Sra. Gema con quien tuvo los tratos, y que según las notas manuscritas del propio Sr. Maximiliano, se le quedó una libreta de ahorro. Todo ello sin que se adoptara ninguna medida de protección para el equipo directivo de la oficina"

Los recurrentes fundamentan esta nueva redacción en los folios 8, 14 y 15 del atestado policial.

Dicha solicitud tampoco puede ser estimada porque se basa en la declaración policial del dueño del domicilio en el que prestaba servicios domésticos el supuesto agresor (folios 7 y 8 del atestado) más el resultado de las inspecciones oculares practicadas por la policía respecto del ciclomotor que conducía aquel y domicilio en el que trabajaba, y la valoración de indicios efectuada por la fuerza actuante (folios 14 y 15), que es la que, en definitiva, los recurrentes pretenden trasladar al relato fáctico, olvidando que el magistrado de instancia no está vinculado por la misma.

QUINTO.- Tercera solicitud de adición.

La redacción que proponen los recurrentes para este nuevo hecho probado es la siguiente:

"Que al no encontrarse la directora en la oficina bancaria, el homicida eligió dirigirse contra la trabajadora de mayor rango jerárquico de la entidad bancaria en la oficina"

Esta solicitud, basada en los folios 23 y 24 del atestado, debe correr la misma suerte desestimatoria que las anteriores porque dichos folios contienen una parte de la cronología que hace la policía tras la práctica de las diligencias y que expresa la valoración policial de los hechos, no vinculante, como hemos dicho, para el magistrado de instancia.

SEXTO.- Adición al hecho probado cuarto.

En el indicado hecho probado cuarto, el magistrado de instancia, como hemos visto, se limita a reseñar los datos de la resolución dictada por el INSS en el expediente de recargo de prestaciones, denegatoria de la petición de responsabilidad empresarial.

Por su parte, los párrafos cuya adición solicitan los recurrentes, basados, según dicen, en el informe de la ITSS (folios 521 a 526 de los autos), son del siguiente tenor:

"según las comprobaciones efectuadas el día de la visita (16 de noviembre de 2016), en la oficina de la C/ DIRECCION000, NUM000 de Barcelona, los empleados manifiestan que la oficina no cuenta con vigilante de seguridad, ni arcos de detección de metales, ni mamparas de seguridad para el personal que atiende al público."

"la oficina bancaria no disponía de control individualizado de acceso a la oficina o establecimiento ni a los despachos ocupados por la directora y subdirectora."

La presente solicitud tampoco puede ser estimada, de entrada porque los párrafos cuya incorporación pretenden los recurrentes no guardan relación alguna con el texto del hecho probado cuarto, que, como hemos indicado, se limita a dejar constancia de la resolución del INSS (el resultado de la actuación de la ITSS viene recogida en el hecho probado tercero). Ahora bien, incluso con independencia de ello, la desestimación de la solicitud se impone porque el magistrado de instancia ya ha valorado el informe de la ITSS, a lo que debemos añadir que las actas e informes de dicho organismo carecen de valor revisorio a efectos de los motivos de suplicación (por todas, sentencia de esta Sala de 9.4.2021 -recurso 3644/2020-, que recoge ampliamente la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión). Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 12, desestimatoria de la demanda de recargo de prestaciones, el allí recurrente señor Clemente formuló una solicitud de revisión fáctica muy similar a la que ahora nos ocupa, solicitud que desestimamos en la sentencia de 4.11.2019 con base en los razonamientos que constan en el fundamento jurídico séptimo, a cuyo tenor:

<

La pretensió del recorrent indueix a confusió i per tan serà rebutjada per la Sala. És cert que a l'oficina bancària en que es van produir els fets no hi havia ni vigilant de seguretat, ni arcs de detecció de metalls, ni mampares de protecció, ni altres elements, però l'enumeració del que no hi havia sembla indicar que es tracta d'elements de seguretat que hi hauria d'haver la qual cosa correspon a l'anàlisi de la normativa d'aplicació i no a la constatació dels fets provats. Ja consta a fet provat quart la relació de mesures de seguretat de que disposava l'oficina bancària en termes suficientment descriptius:

"[...]La Oficina de la calle DIRECCION000 disponía de las siguientes medidas de seguridad:

-conexión de los sistemas de seguridad instalados en la oficina, con el central de alarmas, propia del Banco.

-cámaras de videovigilancia.

-pulsadores para el accionamiento de las señalas de alarma.

-carteles anunciadores de la existencia de las medidas de seguridad.

-reciclador de efectivo.

-planos de la oficina, descriptivos de la distribución de las distintas dependencias y de las instalaciones de seguridad de los diferentes servicios.

-cajas fuertes con los debidos niveles de resistencia establecidos, protegidas con dispositivos de bloqueo y apertura automática retardada.[...]">>

Dichos razonamientos son igualmente aplicables al presente caso, dado que la sentencia de instancia aquí recurrida, en el ordinal fáctico noveno, declara probados los sistemas de seguridad instalados en la oficina bancaria en términos similares a los que describe la sentencia del Juzgado de lo Social número 12, a la que, en cualquier caso, se remite la sentencia.

Lo expuesto comporta la desestimación total del motivo de revisión fáctica.

SÉPTIMO.- En el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia, los recurrentes denuncian, en primer lugar, infracción de los artículos 14.1, 14.2, 15, 16.2 y 19.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En segundo lugar, denuncian infracción del artículo 120 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Respecto de las infracciones atinentes a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los recurrentes, en síntesis, alegan que la empresa, desde antes del homicidio de la señora Petra, sabía que existía un conflicto con el agresor, pues este había solicitado reiteradamente a la directora de la sucursal que le excluyera de su condición de avalista del crédito concedido a su sobrino y que no estaba siendo abonado. Los recurrentes consideran que, por dicha razón, la empresa debió adoptar medidas de seguridad específicas con este cliente, como podían ser la prohibición de acceso a los despachos de la directora y subdirectora de la sucursal. Sin embargo, no adoptó medida alguna.

Respecto del Reglamento de Seguridad Privada, los recurrentes alegan que la oficina debía haber estado equipada con un sistema de control individualizado de acceso o cualquier otra medida que hubiera impedido poder acceder a los despachos sin previo aviso, máxime conociendo que el agresor era un cliente conflictivo.

Finalmente, tanto en el presente motivo del recurso como en el de revisión fáctica, los recurrentes ponen énfasis en que la ITSS, en su informe, acuerda requerir a la empresa para que proceda a la revisión de la evaluación de riesgos laborales y de las medidas de seguridad privada que repercutan en la seguridad y salud de los trabajadores.

Por su parte, los recurridos, en sus respectivos escritos de impugnación del recurso, se oponen a la estimación del motivo con base, fundamentalmente, en los hechos probados y razonamientos contenidos en la sentencia recurrida y en las sentencias dictadas en el proceso de recargo de prestaciones. Además, el Banco alega el efecto de cosa juzgada dimanante de las sentencias dictadas en el primer proceso, apreciado por la sentencia de instancia y no combatido expresamente por los recurrentes.

OCTAVO.- Expuestas, en síntesis, las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen del presente motivo del recurso teniendo en cuenta que, como señala la sentencia de instancia, el presupuesto jurídico básico del derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, esto es, la llamada "responsabilidad civil", es la existencia de un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales que sea causa del daño producido, presupuesto jurídico que también es básico en el recargo de prestaciones de Seguridad Social regulado en el artículo 164 LGSS, con independencia de que se trate de instituciones de naturaleza diversa

Ello obliga a referirse al proceso relativo al recargo de prestaciones, anterior al que nos ocupa, porque, como señala la sentencia aquí recurrida con amplia exposición de doctrina jurisprudencial y de esta Sala, la identidad entre los indicados presupuestos jurídicos da lugar a que la cosa juzgada derivada de las sentencias dictadas en materia de recargo de prestaciones vincule en el proceso posterior de responsabilidad civil y viceversa, siempre que ambos procesos versen sobre el mismo accidente de trabajo y la responsabilidad de la empresa respecto de este. Todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 222.4 LEC. Es muestra de dicha doctrina jurisprudencial, la STS -Sala 4ª- 15.12.2017 (RCUD 4025/2016), que, en su fundamento jurídico tercero, apartado 3, la resume en los siguientes términos:

<<3.- La doctrina de esta Sala, en orden al efecto positivo de la cosa juzgada, cuando existe sentencia firme dictada en un proceso en materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social que mantiene la infracción de la empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en otro proceso posterior se reclama por el trabajador la reparación del daño ocasionado por la empresa en relación con la contingencia, en este caso por enfermedad profesional, viene señalando que, aunque entre el proceso de recargo y el de reclamación de cantidad indemnizatoria existen diferencias, también concurren "elementos de identidad y entre ellos la relación de causalidad se sitúa en un plano en el que no cabe desconocer la identidad existente entre los dos institutos", como advierte la sentencia de contraste, "pues la relación causal entre el incumplimiento empresarial y las lesiones es un elemento común de las dos nociones que opera de la misma forma en ambas. En consecuencia, hay que concluir que puede afirmarse que si se aprecia el efecto de la cosa juzgada en las infracciones en las que la identidad puede cuestionarse, con mayor razón deberá apreciarse respecto a la relación de causalidad".

La anterior doctrina es recordada en nuestra sentencia de 22 de junio de 2015 [rcud 853/2014 ], anteriormente citada, en la que, en sentido inverso, se reitera el efecto positivo de cosa juzgada de un proceso respecto del otro, recordándose que "para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es [necesario] que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento empresarial, la circunstancia de que la referida sentencia del TSJ Cataluña hubiese entendido que tal requisito no había concurrido determina que tal declaración -firme, repetimos- por fuerza no debiera haber sido desconocida por el TSJ Castilla/La Mancha, como tampoco puede serlo ahora por esta Sala, en ineludible aplicación del art. 224.1 LECiv , determinando que haya de resolverse en el sentido pretendido por el recurso, esto es, el dejar sin efecto el recargo de prestaciones interpuesto, al estar el mismo privado de su elemento más decisivo: la relación causa/efecto entre la infracción y el resultado dañoso".

Del mismo modo, la sentencia de esta Sala, de 13 de abril de 2016 [rcud 3043/2013 ], casa la sentencia recurrida, en la que se había rechazado la existencia de responsabilidad civil imputable a la empresa demandada, al considerar que dicha resolución judicial debió aplicar al que resuelve el efecto de cosa juzgada entre lo declarado y devenido firme en un proceso de recargo en las prestaciones por ausencia de medidas de seguridad, diciendo que "El punto de partida de dichos efectos ha de ser necesariamente la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en sentencias como la 77/1983 , 192/2009 , 139/2009 o 16/2008 , en todas las que el principio de tutela judicial efectiva establecido en el art 24.1 CE es el punto de partida, o lo que es lo mismo, la necesidad de que las resoluciones judiciales que abordan unos mismos hechos en distintas resoluciones judiciales, tengan en cuenta los factores concurrentes y decidan de manera razonada desde esa perspectiva de tutela lo que resulte ajustado a derecho".>>

Por otra parte, debemos señalar que dicha doctrina jurisprudencial ha sido aplicada por nuestra Sala en reiteradas sentencias, entre las que podemos citar las de 11.7.2022 (recurso 7273/2021), 21.7.2022 (recurso 130/2022) y 16.12.2022 (recurso 4745/2022), además de las que cita la sentencia de instancia.

NOVENO.- A la hora de aplicar dicha doctrina al presente caso, hay que tener en cuenta que, como hemos indicado en el fundamento jurídico primero de la presente resolución, el Juzgado de lo Social número 12 de los de Barcelona, mediante sentencia dictada el 16.1.2018 en los autos 826/2017, desestimó la demanda en la que el señor Clemente solicitaba que le fuese impuesto a la empresa para la que prestaba servicios la señora Petra un recargo sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente sufrido por dicha señora el 5.7.2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 LGSS. Y la sentencia dictada por esta Sala el 4.11.2019 en el recurso 3039/2019, que es firme, confirmó la de instancia y mantuvo su relato de hechos probados, a excepción de la última frase del hecho probado segundo ( "no constan situaciones de conflictos anteriores con el agresor/cliente de la entidad financiera") por ser un hecho negativo e inducir a la confusión (fundamento jurídico sexto de la sentencia de la Sala).

Por otra parte, como también hemos indicado anteriormente, la sentencia dictada en la instancia jurisdiccional desestima la demanda de recargo por considerar que la empresa no incumplió ninguna norma de prevención de riesgos que pudiera ser causa del accidente, criterio que es confirmado por nuestra sentencia de 4.11.2019, que, tras exponer, en el fundamento jurídico undécimo, la doctrina general sobre los presupuestos jurídicos del recargo de prestaciones, analiza el caso concreto en los fundamentos jurídicos duodécimo y decimotercero, cuyo texto es el siguiente:

<

Respecte a la prevenció general, s'ha de partir d'un principi bàsic, que l'empresa ve obligada a la prestació de seguretat respecte dels seus treballadors, en virtut del que es disposa en l' article 4.2.d) i 19.1 de l'Estatut dels Treballadors i 2 i 14 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. L'empresari és deutor de seguretat i se situa en la posició jurídica de garant de la vida, la integritat física i la salut dels treballadors, per això no queda exonerat de responsabilitat pel fet que els treballadors o altres persones amb competència en matèria de prevenció de riscos incompleixin les seves obligacions, li correspon vetllar, supervisar i comprovar que a l'empresa es compleixen les condicions necessàries perquè el treball s'executi de la forma més segura possible. El deure genèric de protecció no és un deure de vigilància continu o absolut, però implica que s'ha d'organitzar el treball en funció de la seguretat dels treballadors.

En el cas concret, consta que hi ha un pla de prevenció que preveu les agressions sota la denominació de situacions violentes i consta que s'ha identificat la possibilitat d'atac físic com a poc probable i s'ha establert un determinat protocol d'actuació (fet provat 4t). Aquest protocol va ser seguit en el cas present (fet provat 2n). Per tan no sembla que hi hagi infracció de les normes genèriques de prevenció.

El recurrent cita la sentència de 26/06/2008 , però aquesta sentència -i tota l'argumentació del recurrent que s'hi relaciona- es refereix al risc d'atracament el qual, com ja hem dit, és distint del d'agressió física, el risc d'atracament és propi de les oficines bancàries i te uns protocols i unes mesures de prevenció que estan relacionades amb la probabilitat d'aquesta mena de successos, el risc d'agressió física no és propi de les entitats bancàries i es relaciona amb moltes activitats que comporten tracte directe amb usuaris, clients o persones alienes a l'activitat empresarial, la prevenció d'aquest risc s'articula sobre protocols d'actuació i no sobre elements físics de protecció excepte en els contadíssims cassos en que les agressions es prevegin com a freqüents.

Tal com s'afirma a la sentència impugnada, el deure genèric de protecció no s'ha infringit en el present supòsit ja que la organització del treball te en compte la seguretat dels treballadors i estableix protocols adequats en atenció a la probabilitat d'esdevenimnets potencialment lesius per a la salut i segons criteris de prevenció adequats a aquesta probabilitat.

TRETZÈ.- Respecte a la denunciada infracció de normes concretes de prevenció, hem de constatar en primer lloc que l'article 57 del Conveni preveu com a riscos crítics, els psicosocials, els ergonòmics, els derivats de l'ús de pantalles de visualització i el d'atracament i per tan no conté cap previsió específica respecte al risc d'agressió. Per altra part, no s'ha constatat cap infracció de les normes genèriques establertes en aquest article que bàsicament es refereix a formació, participació, informació, consulta, etcètera.

En relació a la referència que es fa en el recurs a l' article 120 del RD 2364/1994 de desplegament de la Llei de Seguretat Privada, l'argumentació del recurrent parteix d'un error, en no tenir en compte el que disposa l'article 122 del propi Reial Decret, l'apartat 3 del qual estableix "[...]Cuando en un establecimiento u oficina todas las cajas auxiliares sean sustituidas por dispensadores de efectivo, no serán precisas las instalaciones a que se refiere el artículo 120.1.d) y e) de este Reglamento. [...]" de manera que l'existència de control individualitzat d'accessos amb detector de masses metàl·liques, no és preceptiu en cas d'equipament amb dispensadors com passava en la oficina on van tenir lloc els fets.

És cert que en aquest cas si hagués existit un control d'accessos amb portes bloquejades i detector de metalls, probablement l'atac no s'hauria produït, però aquesta mesura esta relacionada amb el risc d'atracaments, no d'agressions, de manera que la pròpia norma preveu un sistema alternatiu de prevenció, les caixes dispensadores d'efectiu, que minimitza el risc d'atracament. No és exigible a l'empresa demandada el manteniment d'un sistema de protecció doble (dispensadors i portes) quan la normativa preveu que es tracta d'obligacions alternatives. I en qualsevol cas es tracta de prevenció respecte al risc d'atracament que no no està relacionat amb el risc de violència física. Per tan no hi ha infracció de normes de prevenció i en conseqüència correspon confirmar la sentència que desestimava la demanda en la qual es pretén la imposició de recàrrec.>>

Dado que, por lo expuesto, la cosa juzgada derivada de las sentencias dictadas en materia de recargo vincula en el proceso que nos ocupa en virtud de lo dispuesto en el artículo 222.4 LEC, las alegaciones que formulan los recurrentes en el presente motivo del recurso, dirigidas a declarar la existencia de incumplimientos empresariales causantes del accidente, no pueden ser acogidas porque dichas sentencias descartan que el accidente sufrido por la señora Petra el 5.7.2016 tuviera su causa en el incumplimiento, por parte de BBVA, de alguna norma de prevención de riesgos laborales, lo que impide ahora volver a examinar dicha cuestión, aparte de que, en cualquier caso, debemos advertir de que las alegaciones de los recurrentes sobre la conflictividad previa al accidente entre el agresor y la entidad no encuentran reflejo en los hechos probados de la sentencia de instancia, incólumes tras la desestimación del motivo de revisión fáctica, y que las relativas al Reglamento de Seguridad Privada se descartan ya en la sentencia de esta Sala de 4.11.2019, a cuyos razonamientos nos remitimos.

Finalmente, debemos señalar que el hecho de que la ITSS formulara requerimiento a la empresa para que actualizara la evaluación de riesgos y las medidas de seguridad, no equivale a admitir incumplimiento que sea causa del accidente, que la propia ITSS descarta en su informe.

Descartado, por lo expuesto, que la causa del accidente fuera el incumplimiento empresarial de normas de prevención de riesgos laborales, decae el presupuesto jurídico básico de la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo. Ello comporta la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

DÉCIMO.- No procede imponer las costas del recurso a los recurrentes, parte vencida en el mismo, dado que dicha parte goza del beneficio de justicia gratuíta ( artículo 235.1 LRJS).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,