Sentencia Social 212/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 3194/2022 de 16 de enero del 2023

PRIMERO.- Como hemos visto, la sentencia de instancia, dictada el 11.11.2021 y aclarada por auto de 2.12.2021, desestima totalmente la demanda, en la que el demandante, D. Ricardo, solicita ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, subsidiariamente total para su profesión habitual de oficial 2ª albañil y, más subs¡diariamente aún, incapacidad permanente parcial para dicha profesión habitual. La contingencia, en todos los casos, es enfermedad común. Todo ello, frente a la resolución del INSS de 10.2.2021, denegatoria de prestaciones de incapacidad permanente, confirmada por la de 7.4.2021, que desestima la reclamación previa interpuesta contra aquella.

La indicada demanda se dirige contra INSS y TGSS. En la sentencia, la magistrada de instancia dice estimar la excepción de falta de legitimación pasiva dirigida contra la TGSS, por lo que si bien, en el fallo, solamente menciona al INSS, al que absuelve de la pretensión formulada en la demanda, debe entenderse que dicha absolución comprende igualmente a la TGSS.

Frente a la sentencia de instancia, el demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que, en síntesis y por orden de subsidiariedad, solicita lo siguiente: 1) la nulidad de todas las actuaciones practicadas desde el acto de juicio y la retroacción de las mismas a fin de que el Juzgado acuerde suspender el acto de juicio y requerir al INSS y a la TGSS para que completen el expediente administrativo con los datos relativos a los periodos en que el recurrente trabajó en Rumanía, cotizaciones efectuadas durante los mismos y datos determinantes de las bases reguladoras; todo ello, para calcular la base reguladora de las prestaciones objeto de solicitud; 2) la nulidad de la sentencia de instancia a fin de que se dicte otra, debidamente motivada, en cuyos hechos probados se establezca la profesión del recurrente, su situación de asimilación al alta y los periodos en que prestó servicios en Rumanía; 3) la nulidad y subsidiariamente anulabilidad de las resoluciones del INSS objeto de impugnación y la declaración del recurrente en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual y subsidiariamente parcial, con derecho, en el primer caso, a una pensión mensual de 582,91 euros por catorce pagas anuales más mejoras, revalorizaciones y complementos, con efectos económicos desde el 30.12.2020, subsidiariamente 31.12.2020 y, más subsidiariamente aun, 10.2.2021; y, en el segundo caso, a una prestación de 39.947,52 euros, equivalente a 24 mensualidades de una base reguladora de 1.664,48 euros más mejoras, revalorizaciones y complementos.

Además, el recurrente presentó escrito de subsanación de errores materiales cometidos en el de interposición del recurso.

El recurrente articula las peticiones de nulidad con arreglo a tres motivos formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) LRJS y las restantes peticiones, con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, y tres motivos de censura jurídico-sustantiva, formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso es impugnado por el INSS, que solicita la desestimación del mismo y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Debemos empezar el examen del recurso por el primero de los motivos amparados en la letra a) del artículo 193 LRJS, en el que el recurrente denuncia infracción del artículo 24 CE en sus apartados 1 y 2 más los artículos 143.1, 144.2, 83.1, 97.2 y 88 LRJS, citados en el desarrollo del motivo, al ho haber accedido, la magistrada de instancia, a la petición formulada por el recurrente de suspender el acto de juicio a fin de que el INSS y la TGSS aportaran completo el expediente administrativo, incluyendo los datos referidos a los periodos en los que el recurrente estuvo prestando servicios en Rumanía y las cotizaciones correspondientes a dichos periodos. Todo ello, a efectos de poder calcular la base reguladora de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual.

Por su parte, el INSS, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a conjuntamente a todos los motivos de nulidad alegando, en síntesis, que no concurre el supuesto previsto en el artículo 83.1 LRJS, pues el recurrente ya sabía, desde el inicio del proceso, que tenía que acreditar los datos referidos a Rumanía.

Para resolver adecuadamente el presente motivo del recurso, es necesario tener en cuenta que, en la demanda de autos, presentada el 25.5.2021, el demandante, tras alegar que nació el NUM000.1959 y estuvo prestando servicios en Rumanía durante diecisiete años, dos meses y catorce días, y, posteriormente, en España durante nueve años, dos meses y catorce días, fija la base reguladora de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual en 920,10 euros mensuales con arreglo a los cálculos que expone y de los que interesa destacar aquí que el porcentaje que alega en aplicación del artículo 197.1.b) LGSS es del 88,76%.

Admitida la demanda a trámite, el Juzgado señaló la celebración del acto de juicio para el 25.10.2021 y requirió al INSS para que aportara el expediente administrativo. La entidad gestora aportó el expediente por vía telemática el 5.8.2021 (folio 102) y el Juzgado lo puso a disposición de las partes mediante diligencia de ordenación de 1.9.2021 (folios 103 y 104), notificada por vía telemática al hoy recurrente el 3.9.2021, según consta en el expediente electrónico.

Según se sigue de la grabación del acto de juicio, celebrado en la fecha indicada (diligencia de constancia obrante al folio 113), el hoy recurrente, con carácter previo a ratificar la demanda, solicitó la suspensión del mismo aduciendo que el INSS y la TGSS no habían aportado completo el expediente administrativo, ya que faltaban los datos referidos a los periodos de trabajo y cotizaciones efectuadas en Rumanía. El recurrente dijo que ello era fundamental para poder establecer la base reguladora correcta, pues la que el INSS había establecido en dicho expediente (538,55 euros mensuales), tenía en cuenta solamente las cotizaciones efectuadas en España, lo que implicaba que el porcentaje resultante del artículo 197.1.b) LGSS era del 50%, dado que había trabajado en España menos de quince años, mientras que, en caso de tener en cuenta también los periodos de trabajo en Rumanía, el porcentaje sería del 88,76%, según el recurrente. Al mismo tiempo, aclaró la base reguladora de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual que había alegado en la demanda, fijándola en la cantidad de 956,02 euros mensuales con base en los datos contenidos en la hoja de cálculo de la base reguladora obrante en el expediente administrativo (página 49), pero aplicando un porcentaje del 88,76%, en lugar del 50% aplicado por el INSS, que le da a este la cifra de 538,55 euros.

La magistrada de instancia, tras oír a la representante común del INSS y de la TGSS, que se opuso a la petición de suspensión, denegó dicha petición, si bien manifestó que, en caso de que lo estimara necesario, acordaría diligencias finales a fin de recabar la información solicitada por el recurrente. Este formuló protesta y el juicio continuó hasta su final, debiéndose advertir de que si bien, la sentencia de instancia, en el antecedente hecho segundo, dice que se acordaron diligencias finales a fin de que el INSS aportara la base reguladora de la incapacidad permanente parcial, ello debe ser atribuído a un error de redacción, pues, como dice el recurrente, no consta practicada diligencia final alguna.

Finalmente, debemos recordar que la sentencia de instancia, en el hecho probado quinto, establece que la base reguladora mensual de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual es de 538,55 euros, es decir, la cifra alegada por el INSS en la contestación a la demanda y obrante en el expediente, indicando que el dato se extrae del expediente administrativo y que es "no controvertido", al igual que el de la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, que fija en 1.299,21 euros, cifra alegada por el INSS en la contestación a la demanda.

TERCERO.- Partiendo de dichos antecedentes, debemos empezar el examen del presente motivo del recurso teniendo en cuenta que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (recurso 888/2020), 17.7.2020 (recurso 1549/2020) y 9.10.2020 (recurso 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

Dicha doctrina debe ser puesta en relación con el artículo 83.1 LRJS, que únicamente autoriza a suspender los actos de conciliación y juicio a petición de ambas partes, lo que no ocurrió en este caso, o por "motivos justificados". Y, desde luego, la petición de suspensión del recurrente carecía de justificación alguna porque el INSS aportó el expediente administrativo al Juzgado el 5.8.2021 por vía telemática, el Juzgado acordó su incorporación a los autos y puesta a disposición de las partes mediante diligencia de ordenación de 1.9.2021, notificada al recurrente el 3.9.2021, y el acto de juicio no se celebró hasta el 25.10.2021, lo que implica que el recurrente tuvo casi dos meses para poderlo consultar y solicitar lo que estimase oportuno, sin necesidad de esperar a que se iniciara el acto de juicio. Además, hay que tener en cuenta que el recurrente no solicitó en ningún momento, ni siquiera en la demanda rectora de autos, presentada, como hemos dicho, el 25.5.2021, los datos reclamados en el acto de juicio, a pesar de que sabía, o le era exigible saber, que dichos datos eran necesarios para acreditar la base reguladora alegada.

Por otra parte, la petición de suspensión no tenía sentido, más allá de dilatar el curso del proceso, pues el examen del expediente administrativo muestra que el INSS realizó los trámites necesarios para recabar de Rumanía la información correspondiente a los periodos cotizados (páginas 34 a 42 y 46) e incluso confeccionó el informe médico requerido en estos casos (páginas 56 a 65), por lo que el problema, como señala el INSS en el escrito de impugnación del recurso, es que Rumanía no respondió. Es decir, no se trata de datos obrantes en el expediente administrativo, pero no aportados a los autos, sino de datos que no obraban en el indicado expediente, por lo que, como decimos, no hubiese tenido ningún sentido acordar la suspensión del acto de juicio y requerir al INSS en los términos solicitados por el recurrente.

Finalmente, debemos señalar que la cuestión que plantea el recurrente en el presente motivo no tiene nada que ver con las normas sobre la aportación del expediente administrativo previstas en los artículos 143.1 y 144.2 LRJS, pues el INSS aportó el expediente. Tampoco tiene ninguna relación con el artículo 97.2 LRJS, que se refiere a la sentencia, ni con el artículo 88 del mismo texto, que se refiere a las diligencias finales, las cuales, recordemos, son una facultad del órgano judicial de instancia. Del mismo modo, tampoco es aplicable la doctrina jurisprudencial que cita.

En definitiva, la decisión del Juzgado fue ajustada a derecho y, por lo expuesto, no causó indefensión alguna al recurrente. Ello comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

CUARTO.- En el segundo motivo de nulidad, referido a la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, el recurrente, al igual que en el motivo anterior, alega que el acto de juicio debió suspenderse a fin de que el INSS y la TGSS completaran el expediente administrativo, esta vez en relación con los datos atinentes a la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, por lo que considera que la magistrada de instancia ha infringido el artículo 24 CE, apartados 1 y 2, y los artículos 143.1 y 144.2 LRJS.

A la hora de examinar el presente motivo, hay que advertir de que el recurrente, en el acto de juicio, no solicitó la suspensión por falta de aportación de los datos correspondientes a la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. En este sentido, el recurrente, al solicitar la suspensión, se refirió solamente a los datos necesarios para calcular la base reguladora de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual, cosa, por otra parte, lógica, pues las cotizaciones supuestamente efectuadas en Rumanía podrían incidir en la base regladora de dichas prestaciones, pero no en la de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, como lo demuestra el propio recurrente en el motivo de censura jurídico-sustantiva de la sentencia referido a dicha base reguladora, donde fundamenta su tesis sin aludir a las cotizaciones de Rumanía. Por tanto, resulta sorprendente que, ahora, el recurrente reclame una suspensión del acto de juicio que no solicitó en su momento, contradicción que acarrea la desestimación del presente motivo, teniendo en cuenta que, si no se solicitó la suspensión, mal se podría haber formulado protesta contra la denegación de la misma, que es lo que exige el artículo 191.3.d) LRJS para poder denunciar, en el recurso de suplicación, la infracción de normas y garantías procesales que haya producido indefensión.

Por otra parte, hay que señalar que tampoco tenía el Juzgado obligación alguna de recabar los datos mediante diligencias finales. Es cierto, desde luego, que, como alega el recurrente, el expediente administrativo del INSS, según hemos podido comprobar, no contiene ningún dato que permita justificar los cálculos que llevan a la entidad gestora a la base reguladora de 1.299,21 euros alegada en la contestación a la demanda y acogida por la sentencia frente a la de 1.664,48 euros mensuales alegada en la demanda. Es más, ni la resolución denegatoria inicial ni la desestimatoria de la reclamación previa contienen referencia alguna a dicha base reguladora. Del mismo modo, es cierto que, como dice el recurrente, la mención del hecho probado quinto de la sentencia a que las cifras no son controvertidas no se ajusta a la realidad, pues el recurrente no aceptó en ningún momento las cifras alegadas por el INSS. Ahora bien, nada de todo ello permite solicitar la nulidad del acto de juicio. Se trata, por el contrario, de un debate sobre la cuantía de la base reguladora, que el propio recurrente, como hemos dicho, plantea en el correspondiente motivo de censura jurídico-sustantiva de la sentencia, que es la sede adecuada para ello.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- En el tercer motivo de nulidad, el recurrente, en síntesis, alega que el relato de hechos probados de la sentencia de instancia no precisa su profesión concreta ni el sector de actividad de la empresa para la que prestaba servicios en la fecha del hecho causante, como tampoco si, en dicha fecha, estaba en situación de alta o asimilada al alta, que considera fundamental para establecer la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, y tampoco contiene referencias a los certificados que prueban que prestó servicios en Rumanía. El recurrente denuncia que dichas insuficiencias comportan vulneración del artículo 24 CE, apartados 1 y 2, artículo 97.2 LRJS y artículos 209 y 218 LEC, le causan indefensión y obligan a declarar la nulidad de la sentencia de instancia.

La propia formulación del motivo impide su acogimiento porque lo que el recurrente plantea en el mismo no tiene nada que ver con la infracción de normas y garantías procesales, que es la materia propia de los motivos de suplicación de la letra a) del artículo 193 LRJS, sino con la valoración de la prueba (cuestiones referidas a la profesión habitual y certificados de Rumanía) y temas jurídicos, como es el referido a la determinación de la base reguladora de la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso y, por ende, de todos los formulados al amparo de la letra a) del artículo 193 LRJS.

SEXTO.- Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, en el que el recurrente solicita nueva redacción para los hechos probados primero, quinto y sexto de la misma, y al que se opone el recurrido por considerar que los hechos probados son fruto de la libre valoración de la prueba

Cada una de dichas peticiones debe ser examinada de forma separada. Sin embargo, con carácter previo y común a ambas, es necesario recordar que, para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

SÉPTIMO.- Revisión del hecho probado primero.

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en el hecho probado primero, se limita a exponer las circunstancias personales del demandante, hoy recurrente, y que "su profesión habitual es la de Oficial 2ª".

Frente a ello, el recurrente propone adicionar un nuevo texto al hecho probado primero, que damos por reproducido y que, en síntesis, comporta añadir que su profesión habitual es la de "albañil", la subsunción de dicha profesión en el sistema de clasificación profesional previsto en el Convenio Colectivo General de la Construcción, la mención a que estaba en situación de alta o asimilada al alta con efectos desde el 8.7.2019 y los datos contenidos en los certificados referidos a los periodos de trabajo de Rumanía.

Respecto de la petición referida a la profesión habitual del recurrente, este señala que la profesión de albañil viene reconocida por el INSS en numerosos documentos del expediente administrativo, cosa que es cierta (por ejemplo, páginas 43, 50/51, 52, 54 y 66, entre otras), y, como dice, se trata de cuestión no controvertida, por lo que procede acordar añadir al hecho probado que la profesión del recurrente es la de albañil, de donde se deduce que la actividad económica es la de la construcción. Sin embargo, las menciones referidas al Convenio Colectivo de la Construcción no deben formar parte del hecho probado porque su naturaleza es normativa y no fáctica.

Respecto de la situación asimilada al alta, que el recurrente dice extraer de diversos documentos que cita (documento de saldo y finiquito y certificación confeccionados por la última empresa en la que prestó servicios -folios 193 y 195-, carta de despido -folio 194- y vida laboral -folio 183-), la petición del recurrente no puede ser acogida porque el término utilizado es claramente jurídico y no fáctico, lo que impide su incorporación al relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

Finalmente, en cuanto a la incorporación de los datos contenidos en los documentos expedidos en Rumanía y su traducción al castellano (folios 132 a 135), la petición del recurrente no puede ser acogida porque esta Sala desconoce por completo la naturaleza de la entidad que expide las certificaciones y, en consecuencia, dichos documentos no permiten afirmar que la magistrada de instancia haya cometido error, en los términos exigidos por la doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior para el éxito de los motivos de revisión fáctica. Además, dichos documentos parecen referirse a periodos de trabajo, por lo que en ningún caso servirían, por si solos, para acreditar las cotizaciones, lo que debe llevarse a cabo mediante los procedimientos establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto, la presente solicitud de revisión fáctica debe ser desestimada, a excepción de añadir al hecho probado primero la palabra "albañil".

OCTAVO.- Revisión del hecho probado quinto.

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en este hecho probado, establece que el recurrente acredita el periodo mínimo de cotización para causar derecho a la prestación y el importe de las bases reguladoras (538,55 euros para la de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y total para la profesión habitual y 1.299,21 euros para la prestación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual).

Frente a ello, el recurrente, en la nueva redacción del hecho probado, que damos por reproducida, propone sustituir los importes de las bases reguladoras por los de 883,20 y 1.664,48 euros, adicionar las cifras correspondientes a la suma de los días cotizados en Rumanía y España y añadir a las mismas las cotizaciones ficticias desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad de jubilación. A continuación, el recurrente efectúa una larga exposición sobre las razones jurídicas de las bases reguladoras que alega, con cita de los documentos en que basa su tesis.

La propia formulación de la solicitud impide su acogimiento porque, por una parte, las cuestiones referidas al importe de las bases reguladoras no son de naturaleza fáctica sino normativa, lo que impide que el hecho probado recoja los importes que alega el recurrente y las cotizaciones ficticias derivadas de lo dispuesto en el artículo 197.1.b) LGSS, mientras que, por otra parte, los datos referidos a los periodos de trabajo y cotización en Rumanía se basan en los certificados que ya hemos descartado al tratar de la solicitud de modificación del hecho probado primero de la sentencia de instancia. Además, respecto de los periodos de trabajo y cotización en España, la vida laboral obrante al folio 183 acredita periodos de alta y, por tanto, de trabajo, pero no de cotización, que se acreditan mediante el informe de cotización obrante en la página 48 del expediente administrativo.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación de la presente solicitud de revisión fáctica.

NOVENO.- Revisión del hecho probado sexto.

Como hemos visto, la actual redacción de este hecho probado es la siguiente:

"El demandante, DON Ricardo, presenta las siguientes secuelas: maculopatía degenerativa en ojo izquierdo, de larga evolución, actualmente sin tratamiento, con agudeza visual ojo derecho 0,5 y ojo izquierdo 0,4 (dictamen ICAM, informe médico forense y documentación médica complementaria)."

Frente a dicha redacción, el recurrente propone la siguiente (subrayamos la adición propuesta, para mayor claridad):

"El demandante, DON Ricardo, presenta las siguientes secuelas: maculopatía degenerativa en ojo izquierdo, de larga evolución, actualmente sin tratamiento, con agudeza visual ojo derecho 0,5 y ojo izquierdo 0,4 y con una campimetría del ojo derecho de reducción generalizada de la sensibilidad y del ojo izquierdo de reducción de predominio nasal superior. Las deficiencias funcionales son producidas por manifestación clínica permanentes por deterioramiento degenerativo y han recibido los tratamientos efectivos indicados con pocas posibilidades de restitución o mejora y producen un déficit funcional significativo que ocasiona a DON Ricardo un impedimento para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual de albañlil de manera permanente y es compatible con una invalidez permanente total en el momento actual. "

El recurrente fundamenta dicha adición en el dictamen emitido por la médica forense el 1.10.2021 (folios 115 a 117), ratificado por su autora en el acto de juicio, y en el informe de oftalmología emitido el 12.5.2021 por "Clínica Girona" (folios 125 a 128).

Dicha solicitud tampoco puede ser acogida. Es cierto, desde luego, que la adición que propone el recurrente se corresponde con las afirmaciones que realiza la médica forense en el dictamen, donde, a su vez, asume los resultados de la campimetría realizada por la indicada "Clinica Girona" el 7.5.2021, que forma parte del informe de 12.5.2021. Sin embargo, el hecho de que la magistrada de instancia, en ejercicio de su libre facultad de valoración de las pruebas, no incluya dichas afirmaciones en el relato fáctico, no revela error alguno por su parte, en los términos exigidos por la doctrina expuesta en el fundamento jurídico sexto de la presente sentencia, dado su carácter valorativo y claramente predeterminante del fallo. Es más, incluso tienen carácter valorativo los resultados de la campimetría que establece el informe de 12.5.2021, que omite los ángulos concretos del campo visual en cada uno de los ojos, sin que corresponda a esta Sala interpretar directamente los resultados de la prueba, de tal manera que los únicos datos concretos que pueden extrerse tras la valoración de los dos documentos son los referidos a la agudeza visual en cada uno de los ojos, indicada por la forense.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación de la presente solicitud y, por ende, del motivo de revisión fáctica en su integridad.

DÉCIMO.- En el primero de los tres motivos dirigidos a la censura jurídico-sustantiva de la sentencia de instancia, el recurrente denuncia que dicha sentencia, al no haberle declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual o, subsidiariamente, parcial, ha infringido los artículos 193.1 y 194, apartados 1.b) y 1.a), 2 y 3 LGSS, en relación con los artículos 38.e) y 37.b) del Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo y Reglamento para su aplicación (Decreto de 22.6.1956), norma, esta última, que el recurrente considera aplicable a título orientativo.

En el desarrollo del motivo, el recurrente alega, en síntesis, que, tanto si se acepta la modificación fáctica instada como si no, la patología visual que padece, equiparable, según el recurrente, a la pérdida de un ojo y agudeza no superior a 0,5 en el otro, le impide llevar a cabo las tareas propias de su profesión habitual de oficial 2ª albañil, descritas con carácter general en el anexo X del Convenio Colectivo estatal de la construcción y obras públicas y que exigen buena agudeza visual, lo que justifica la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, o, subsidiariamente, hace que dichas tareas le resulten más penosas o dificultosas, lo que justifica la declaración de incapacidad permanente parcial para su profesión habitual, al suponerle una disminución de rendimiento no inferior al 33%. Para todo ello, hace amplia cita de sentencias que aplican orientativamente el citado Decreto de 22.6.1956, alude a la escala de Wecker y expone numerosas tareas concretas que, según dice, no puede realizar o le resulta más penoso llevar a cabo.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo por considerar, como la sentencia de instancia, que la disminución de agudeza visual que padece el recurrente no le impide total ni parcialmente el desempeño de su profesión, que no exige, según el recurrido, agudeza visual binocular o especial.

UNDÉCIMO.- El examen del presente motivo del recurso obliga a empezar recordando que la incapacidad permanente total para la profesión habitual, contemplada en la letra b) del artículo 194.1 LGSS, viene definida en el apartado 4 del precepto como aquella "que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". Por su parte, la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, contemplada en la letra a) del artículo 194.1 LGSS, se define en el apartado 3 del precepto como aquella que "sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma" (todo ello, en la redacción contenida en la disposición transitoria 26ª LGSS).

También debemos recordar que, en relación con dichos preceptos y sus equivalentes normativos anteriores, la sentencia de esta Sala de 27.10.2017 (recurso 4436/2017), recogiendo doctrina jurisprudencial pacífica, señala que "la incapacidad permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir exclusivamente de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de la misma, y proceder a declarar la incapacidad permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia ( STS 26-2-79 ) y con rendimiento económico y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ), en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 )". También dice que "según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de incapacidad permanente más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 11-11-86 , 9-2-87 , 29-9-87 , 28-12-88 ), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87 ), sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88 )".

Por otra parte, en relación concreta con la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, hay que tener en cuenta que dicho grado exige, como hemos visto, que se pruebe que las patologías ocasionan una disminución de rendimiento igual o superior al 33% del rendimiento normal. Para ello, según tiene declarado la jurisprudencia, debe atenderse al conjunto de tareas que lleva a cabo el trabajador en su profesión habitual, valorando también los aspectos relativos a la mayor peligrosiad o penosidad (por todas, STS -Sala 4ª- 22.7.2020 -RCUD 4533/2017-, que resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre dicho grado de incapacidad permanente). Y nuestra Sala tiene declarado que la disminución de rendimiento a que se refiere el precepto debe ser sensible, manifiesta y trascendente (por ejemplo, sentencias de 23.6.2020 -recurso 304/2020- y 9.7.2020 -recurso 703/2020-).

DUODÉCIMO.- La aplicación de dichos preceptos legales y doctrina al presente motivo del recurso debe hacerse partiendo de las patologías que la sentencia de instancia declara probadas en el ordinal fáctico sexto, dada la desestimación de la solicitud de revisión referida a dicho ordinal. Y ello impide la estimación del presente motivo porque la agudeza visual que tiene actualmente el recurrente (0,4/0,5) no le impide la realización de las tareas propìas de su profesión habitual de oficial 2ª albañil ni comporta disminución de rendimiento no inferior al 33%, considerando que, como alega el recurrente, dichas tareas son, a título ejemplificativo, las que el Convenio Colectivo estatal de la Construcción y Obras Públicas (BOE 26.9.2017) prevé para el grupo profesional 3 en el anexo X, grupo profesional en el que debe entenderse subsumido el recurrente, conforme a lo dispuesto en el anexo XI. Esto es:

"1. Organizar, a su nivel, y ejecutar trabajos de albañilería, carpintería de armar, ferrallado, hormigonado, instalación de pavimentos, impermeabilización, electricidad, enlucidos, enfoscados, pintura, colocación de placas de escayola, etc.

2. Interpretar planos y croquis sencillos.

3. Conducir vehículos y maquinaria ligera para el transporte, arrastre y suspensión de cargas no incluidos en el grupo 4.

4. Manejar los diferentes equipos de trabajo, medios auxiliares y herramientas usadas en su oficio o profesión.

5. Elaborar elementos destinados a su instalación en la obra."

Frente a ello, no podemos acoger las alegaciones del recurrente sobre las dificultades en la realización de las tareas concretas que cita, pues dichas alegaciones carecen de un soporte probatorio técnico que permita a la Sala su enjuiciamiento.

Debemos señalar, por otra parte, que carece de fundamento alguno la equiparación que hace el recurrente entre una agudeza visual de 0,4 y la pérdida de visión del ojo, que es la que se produce con agudeza visual inferior a 0,1, por lo que no podemos acoger sus alegaciones sobre aplicación orientativa del Decreto de 22.6.1956 ni las sentencias que cita en defensa de su tesis.

En cuanto a las alegaciones del recurrente sobre la escala de Wecker, utilizada por los órganos judiciales a título orientativo, la agudeza visual del recurrente, según dicha escala, implica una disminución bilateral de agudeza visual del 25%, como señala dicha parte, dato que, téngase en cuenta, supone que se mantiene un 75% de la agudeza visual bilateral. Y si bien es cierto que, según dicha escala, dicho porcentaje del 25% entraría dentro del intervalo correspondiente a la incapacidad permanente parcial (24% a 36%), la calificación que hace la misma respecto de los grados de incapacidad permanente total y parcial debe interpretarse con arreglo a los requerimientos de cada profesión, por lo que el dato no es relevante.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

DECIMOTERCERO.- La desestimación del anterior motivo del recurso comporta la del recurso en su totalidad, con la correlativa confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos, y hace innecesario el examen de los dos motivos siguientes, referidos, respectivamente, a las bases reguladoras de la incapacidad permanente total para la profesión habitual (motivo sexto del recurso) e incapacidad permanente parcial para la profesión habitual (motivo séptimo).

DECIMOCUARTO.- No procede imposición de costas al recurrente, parte vencida en el recurso, dado que dicha parte goza del beneficio de justicia gratuíta ( artículo 235.1 LRJS).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,