Sentencia Social 1318/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6131/2022 de 24 de febrero del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia, que estima la demanda interpuesta por la demandante, sobre despido, que califica como improcedente, condenando a la empresa demandada a las consecuencias legales inherentes a dicha declaración, se interpone el presente recurso de suplicación.

La demandante presentó demanda, mediante la que impugnaba la decisión de la empresa demandada de extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas. Indicaba que en su contrato ostentaba la categoría profesional de Agente de Viajes, percibiendo un salario de 1.933,95 euros y que, conforme a las funciones desarrolladas, su categoría debía ser la de Gestora, postulando que su salario fuera de 2493,85 euros. Mostraba su oposición al despido, tanto en el aspecto formal, por defectos formales de la comunicación escrita, como de fondo, al considerar que no concurren causas que viabilicen la extinción del contrato. Hacía referencia a la teoría del levantamiento del velo, en relación a la persona física codemandada, y terminaba solicitando se declarase la improcedencia del despido, con las medidas legales que se derivan de dicha calificación.

La sentencia de instancia estima la demanda; considera que la demandante realizaba funciones de gerente, reconociendo que debía percibir un salario superior al tenido en cuenta por la empresa al abonarle la indemnización derivada del despido objetivo; tampoco considera acreditado la necesidad de amortizar el puesto de trabajo de la demandante. Por ello, califica la decisión extintiva como improcedente, condenando a la empresa codemandada al abono de la indemnización.

El recurso formulado por la empresa se articula, primero, en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para solicitar la revisión de los hechos probados, y, después, para examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia. En el desarrollo de este motivo, la parte recurrente formula unos motivos de nulidad de la sentencia. El recurso se formula en nombre de la empresa y de la persona física codemandada, si bien esta última no ha sido condenada en la sentencia de instancia, ni se hace ninguna petición en fase de recurso, por lo que debe entenderse que dicho recurso se formaliza solo en nombre de la empresa, a pesar de suscribirse por ambos codemandados. Por la parte recurrida se ha presentado escrito de impugnación del recurso, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Ha de analizarse, en primer lugar, los motivos del recurso que la parte recurrente dirige respeto a la nulidad de la sentencia, y ello pese a que, desde la perspectiva formal, no haya articulado ningún motivo del recurso con amparo procesal en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS y los ampare en el apartado c), como infracción de normas sustantivas.

Las alegaciones de la parte recurrente las plantea en varios apartados, algunos de los cuales pueden ser analizados conjuntamente, si bien, con carácter previo, debe indicarse que la declaración de nulidad debe suponer una modificación sustancial del objeto procesal con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo ajeno a las pretensiones de las partes ( STS 172/2001, de 19 de julio y 182/2000 de 10 de julio, entre otras), ya que, si no es así, para corregir los posibles defectos de la resolución recurrida es suficiente con adecuar el fallo a lo solicitado, sin necesidad de adoptar la medida excepcional de declarar la nulidad de actuaciones, pues esta declaración, dados los efectos dilatorios que la misma comporta, es una medida excepcional. Se viene considerando que sólo ha de acudirse a la adopción de dicha medida cuando sea imprescindible hacerlo, cuando no exista otro medio hábil de reparación, precisándose, entre otros requisitos, que se haya producido indefensión a la parte denunciante del defecto procesal. Esta Sala ha declarado en otras ocasiones (Sentencias de 18 de marzo y 18 de abril de 1.991 o las de 10 de junio y 30 de septiembre de 1.992, entre otras), que la declaración de nulidad, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que dé respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución, artículo 24.1, proclama y garantiza, exigiéndose, para que las irregularidades procesales produzcan dicho efecto, que se cree una situación de indefensión.

2.1.- En primer lugar, la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 87.1 de la LRJS y 24 de la CE, en relación a la extemporalidad de las pruebas, indicando que las pruebas se practican en el acto del juicio y combatiendo la cuestión referida a la titulación académica. Este primer apartado puede ser analizado conjuntamente con los siguientes, en los que alega falta de motivación de la sentencia respecto a la extemporalidad, al hacerse alegaciones y aportarse documentación fuera del juicio oral, lo que provoca una alteración en el procedimiento que causa indefensión, art. 87.1 y 4 de la LRJS, 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la CE, apartado 2; y falta de motivación respecto a la extemporalidad, con denuncia de los artículos 217 de la LEC, 7.1.1 del convenio colectivo, en relación con el 1261 y 1288 del Código Civil.

Es cierto que la cuestión referida a la titulación académica que ostentaba la demandante fue introducida en el trámite de diligencia final, en la que, en respuesta a la providencia de 11 de diciembre de 2020, la parte demandante aportó determinados documentos referidos a la formación académica como a la experiencia de la actora en el desarrollo de las funciones propias de Gestora. Ahora bien, contrariamente a lo argumento por la parte recurrente no puede apreciarse que la resolución de instancia adolezca de los defectos que alega en el escrito de formalización del recurso, pues, desde la perspectiva referida a la infracción de normas o garantías del procedimiento, la sentencia de instancia no incurre en estos defectos. Como hemos declarado en otras ocasiones (por todas, Sentencia de 21 de abril de 2.016, rs 627/2016): "La doctrina constitucional recaída en la materia ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos" ( STC 182/2011, de 21 de noviembre -cita literal-, que reitera doctrina de la SSTC 61/1983, de 11 de julio, STC 13/1987, de 5 de febrero, y STC 248/2006, de 24 de julio, con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio, 187/2000, de 10 de julio, y 214/2000, de 18 de septiembre). Y continúa estableciendo la citada doctrina que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva", si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 147/1999, 256/2000, de 30 de octubre; 82/2001, de 26 de marzo; 221/2001, de 31 de octubre, 55/2003, de 24 de marzo, y 213/2003, de 1 de diciembre). En tal sentido, la falta de motivación no puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una simple declaración de voluntad, sino que ha de ser la conclusión de una argumentación, que conduzca al pronunciamiento adoptado. Y es en este punto donde radica el quid de la cuestión, en el cómo de esa argumentación, pues al indicar el precepto constitucional que la motivación ha de ser suficiente, nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado, que debe ser valorado en cada caso concreto teniendo en cuenta la importancia intrínseca del asunto y de las cuestiones que se planteen. Así, el propio Tribunal Constitucional ha declarado ( STC nº 109/1992 y 174/1992, entre otras) que la exigencia de motivación no comporta que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado, siendo compatible el mandato constitucional con la existencia de razonamientos escuetos, siempre que se cumpla la doble finalidad anteriormente indicada. Y, así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/94, de 27 de Enero se dice "que la necesaria fundamentación de las resoluciones judiciales descansa sobre una serie de finalidades que son esenciales", finalidades que, con palabras de la sentencia de tal Tribunal 55/1987, pueden sintetizarse de la siguiente manera: "a) garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los Tribunales superiores; b) lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial; y mostrar el esfuerzo realizado por el Tribunal para garantizar una resolución carente de arbitrariedad".

En el presente caso, es cierto que la parte ahora recurrente en dicho trámite de diligencias finales expuso que tal aportación era extemporánea, por haber precluido el momento procesal oportuno para ello, pues tales extremos no fueron alegados en la demanda, ni tampoco se acreditó ni experiencia ni titulación en el acto del juicio. Y es cierto también que la sentencia de instancia razona sobre ello en los fundamentos de derecho. Pero este aspecto es diferente a la falta de motivación alegada por la parte recurrente, pues, aunque según la recurrente la resolución recurrida no hace referencia a estos extremos, lo cierto es que en esta resolución se expresa que la titulación académica no es la determinante para declarar una mayor categoría profesional, sino sus funciones y el trabajo real desarrollado. Puede compartirse la alegación de la parte recurrente en el sentido de que tales extremos no fueron alegados en la demanda, pero ello lo que podría cuestionar es la existencia de una variación sustancial de la demanda, con los efectos que tales alegaciones podrían tener en cuanto a la resolución del fondo del asunto, en este caso, referidas a la realización de trabajos de superior categoría a la que ostentaba, pero ello no implica que deba declararse la nulidad de la resolución recurrida por falta de motivación.

2.2.- En el apartado cuarto de dicho motivo del recurso, la parte recurrente alega incongruencia entre conciliación y escrito de conclusiones, remitiéndose al artículo 80 de la LRJS, citando la STS de 25 de junio de 2020. Lo que plantea la parte recurrente es que existe modificación sustancial cuando la variación hecha en la demanda genera indefensión y, en este sentido, indica, se crea indefensión cuando se introduce un hecho o petición nueva y la parte demandada no ha podido aportar prueba para desvirtuar dicha alegación. En realidad, se trata de una reiteración de los anteriores apartados. Es cierto que la parte demandante alegó por primera vez en el trámite de diligencias finales la cuestión referente a la titulación, aportando los documentos acreditativos de dicho extremo, cuando ya desde el momento en que formuló la demanda eran extremos por ella conocidos y que pudo haberlo hecho en dicho momento. Ahora bien, como ya se ha expresado en el anterior motivo, ello no es motivo para la anulación de la sentencia, pues, como también se ha indicado la nulidad de actuaciones constituye un remedio de carácter excepcional que únicamente procede aplicar en aquellos casos en que el fondo del asunto no puede ser resuelto. Por consiguiente, y sin perjuicio de no poder tener en cuenta dicha circunstancia para la resolución del fondo del asunto, al considerarse que dicha introducción sería una modificación sustancial de la demanda, la declaración de nulidad sería innecesaria, pues la misma lo que generaría sería retrasar el procedimiento sin utilidad práctica, y tal pronunciamiento puede evitarse asumiendo la tesis de la parte recurrente en cuanto a la alegación de tales extremos.

2.3.- En el apartado quinto, la parte recurrente alega falta de congruencia por omisión entre la resolución y las pretensiones de las partes: ausencia de mención del procedimiento de incidente excepcional de nulidad de actuaciones; falta de motivación, art. 218 de la LEC, 9.1, 120.3, 117.1 y 24 de la Constitución Española y alegaciones de extemporalidad. Pero tampoco dicha alegación puede ser estimada, porque, de forma expresa, la resolución recurrida hace referencia al incidente de nulidad, en el fundamento de derecho primero, al indicar que, tras la admisión del incidente de nulidad, se cumplió con el trámite de dar traslado a las partes de las Diligencias finales que fueron solicitada y aportadas, siendo valoradas y ampliamente contestadas en beneficio de sus respectivas pretensiones por las mismas. Y, en los antecedentes de hecho también se hace referencia al incidente de nulidad de actuaciones, por lo que no puede aceptarse el argumento de que se haya omitido cualquier mención al respecto, y ello con independencia de si dicha omisión pudiera generar la declaración de nulidad de la sentencia, de acuerdo con los razonamientos anteriormente expresados.

2.4.- En el apartado sexto de este motivo, la parte recurrente alude a la posible interrupción del principio de inmediación, art. 98 de la LRJS y 24 de la CE. Indica que se ha producido un cambio de Magistrado/a en el procedimiento judicial, que podría ser contrario al principio alegado porque la falta de motivación y referencia a lo sucedido entre la primera sentencia y la segunda está directamente relacionada con la ausencia de la Magistrada que presidió el acto del juicio. Pero tampoco puede aceptarse dicho motivo como causa de nulidad. El principio de inmediación viene referido a la presencia del juez o tribunal en las vistas y comparecencia en todos los actos de prueba, que determina que quien preside la vista sea llamado a valorar las pruebas practicadas y cuyo incumplimiento genera la declaración de nulidad de actuaciones. En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene declarando que el principio de inmediación judicial forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías e impone inexorablemente que el fallo de la sentencia se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente ( SSTC 258/2007 de 18 de diciembre, STC 29/2007 de 12 de febrero y STC 142/2007 de 18 de junio, entre otras). En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de junio de 1996 o 4 de noviembre de 2014, en las que se afirma que debe acordarse la nulidad de actuaciones cuando se sustituye al magistrado que intervino en el acto de juicio y que por tanto no presenció directamente las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas. La propia LRJS, art. 98, establece el mecanismo que debe seguirse cuando después de la celebración de la vista el magistrado que la presidió no pueda dictar sentencia, al indicar que: "1. Si el juez que presidió el acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deberá celebrarse éste nuevamente". Ahora bien, en el presente caso, este principio no se ha infringido, siendo la misma Magistrada que presidió el acto del juicio la que ha dictado la sentencia que ahora se recurre. Es cierto que, acordada la práctica de diligencias finales, y, por impedimento de la Magistrada que lo presidió, intervino otro Magistrado, que resolvió cuestiones incidentales, y se limitó a resolver cuestiones de trámite, o incorporar al procedimiento las alegaciones de las partes, pero las diligencias finales fueron acordadas por la Magistrada que presidió el acto, por providencia de 11 de diciembre de 2020, que acordó solicitar la aclaración de los conceptos salariales de la actora en la categoría profesional de Agente de Viajes y en la categoría profesional de Gestora; así como, si en la indemnización entregada a la trabajadora, la empresa demandada cotizó la cantidad de 150 € en concepto de mejora voluntaria. Consta también providencia dictada por la Magistrada que presidió el acto de 13 de abril de 2021, en la que se acordó que practicada las pruebas acordadas como diligencias finales se ponen de manifiesto su resultado a las partes para que en el plazo de tres días puedan alegar por escrito cuanto estimen oportuno. Por ello, la intervención del Magistrado que no presidió el acto del juicio no aparece referida a vistas o comparecencias que tuvieran por objeto oír a las partes antes de dictar la sentencia, pues el trámite de diligencias finales fue escrito, y el mismo no intervino en la práctica de ninguna prueba, sino que se limitó a dar traslado de las alegaciones, una vez la Magistrada que sí presidió el acto acordara practicada las pruebas acordadas como diligencia final.

TERCERO.- En el primer motivo del recurso y con correcto amparo procesal, la parte recurrente solicita la revisión del hecho probado cuarto. Tras reproducir la redacción de la resolución de instancia, la parte recurrente considera que en la misma existe una omisión de hechos fácticos procesales que, más allá de las valoraciones jurídicas que tengan, no se puede negar la existencia de los mismos. Indica que la propia omisión respecto al momento procesal de la presentación de la prueba de la documentación de la titulación, es un hecho relevante que se planteó en el trámite de conclusiones y, en la resolución recurrida, se ha omitido cualquier referencia a la alegación extemporánea, lo que le provoca indefensión. Indica también que debe constar la formación académica que se hace constar en los contratos suscritos con la recurrente, existiendo una contradicción entre lo que firmó y la titulación aportada en trámite inadecuado. Tampoco se acredita experiencia laboral que pueda justificar suplir la carencia de acreditación de la titulación superior. Y propone una nueva redacción del hecho probado, en los términos que constan en el escrito de formalización del recurso, que se da por reproducida, con expresa referencia a la fecha en la que se incorporó al servicio de la empresa, como auxiliar al departamento de reservas y administración, con un contrato en prácticas; que finalizadas las prácticas las partes firmaron un contrato laboral, primero a tiempo parcial y después, a jornada completa, fotocopiando el nivel formativo que consta en el contrato. También que se haga constar que en la vista oral la actora se ratifica en la demanda y la demandada alegó la imposibilidad de que pudiera pasar del nivel 1 al 10, saltándose el sistema de progresión. Que durante la vista oral la parte actora no aporta documentación que contradiga la formación declarada en el contrato. Después de celebrada la vista oral, en trámite de conclusiones de diligencias finales, la parte actora alega y aporta la formación académica que refleja el hecho cuarto y que no coincide con lo declarado por la trabajadora en los contratos laborales de formación profesional en artes plásticas. En la sentencia, en dicho hecho probado, se da por acreditada la formación, ante lo cual se formuló protesta; se abre un incidente de nulidad de actuaciones y, en el mismo, se cambia de Magistrado/a.

La revisión fáctica que propone la parte recurrente, con el texto que consta en el escrito de formalización del recurso, no puede ser aceptada. Se remite la parte recurrente a los mismos documentos citados en la sentencia de instancia, cuando hace referencia a la formación acreditada, con la única matización de que tales extremos se alegaron en trámite de diligencias finales, pero no cita ningún otro documento. En la sentencia de instancia ya se reflejan algunos antecedentes desde el inicio de la relación laboral, hecho probado primero, y los extremos que pretende hacer constar en los tres primeros párrafos de la redacción que propone no se basan en documento o prueba pericial, incumpliendo con ello la parte recurrente lo dispuesto en el artículo 196.3 de la LRJS. Los restantes extremos son cuestiones procesales, que ya han sido analizados en los anteriores motivos del recurso y ya se ha dicho que los extremos que figuran en el hecho probado cuarto deben tenerse por no puestos, por referirse a extremos fácticos que no fueron alegados por la parte demandante en la demanda, sino en el trámite de diligencias finales.

CUARTO.- En el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, la parte recurrente denuncia la infracción de la doctrina sobre inversión de la carga de la prueba, citando la infracción del artículo 94 de la LRJS. Tras transcribir el contenido de dicho precepto, así como los extremos probados en el hecho probado cuarto, indica que la sentencia omite dos aspectos esenciales: la preclusión al momento procesal para presentar la prueba y que en la demanda no se menciona en ningún momento la formación superior de la trabajadora: ni se aporta experiencia laboral previa en este tipo de funciones, ni tampoco se compara con el sistema de progresión que marca el convenio profesional. Tras reproducir los argumentos de la sentencia de instancia, indica que dicha resolución no es correcta cuando afirma que resulta imposible de seguir sosteniendo con posterioridad (la tesis de la empresa), por cuanto no solo la titulación académica era anterior a la contratación, sino que la formación profesional en artes gráficas no guarda relación con el conocimiento, desarrollo y capacidad que la actora adquirió para llevar a cabo y asumir funciones de contabilidad, planificación y control de tours turísticos. Y finaliza afirmando que sí que tiene formación en la industria del turismo, pero es mínima es una formación básica y, por lo visto, se espera una progresión gradual. Sí que tiene conocimiento a través de un curso de 120 horas y que lo aporta también en el escrito de conclusiones y fue después de las prácticas en la empresa.

No se cuestiona en fase de recurso la calificación del despido como improcedente, no solo en el aspecto formal por ser la indemnización puesta a disposición de la demandante insuficiente, en función del salario que le correspondería percibir, sino también por no haberse acreditado las causas que, según la comunicación escrita, viabilizarían la decisión extintiva. En el fundamento de derecho tercero, la sentencia de instancia se concluye que no es posible apreciar la causa económica alegada en dicha comunicación, ni que se justifique la extinción del contrato de trabajo de la demandante, partiendo de los datos que la propia demandada ofrece, sin que se establezca la relación de la medida extintiva con la finalidad buscada por la empresa.

Tampoco se cuestiona el salario regulador del despido, aspecto en el que la parte recurrente no hace mención alguna. Es cierto que la sentencia de instancia considera que el salario que debía percibir la trabajadora debía ser superior al percibido, afirmándose que de las pruebas practicadas se considera que si en un primer contrato se estableció un perfil académico inferior al que realmente ostentaba por un supuesto desconocimiento de la empresa, ello resulta imposible de sostenerse con posterioridad. Y se hace referencia a la titulación de la demandante. Pero este no es el único aspecto en el que se justifica que el salario de la demandante debía ser superior al que venía percibiendo porque la demandante realizaba funciones de superior categoría a la que ostentaba y tenía una tarjeta de la empresa en la que se recoge la actividad comercial y otros datos, como el de su categoría profesional como "gerente de oficina" (fundamento de derecho segundo). Así se indica en la propia sentencia cuando se afirma que no es la titulación académica la determinante para declarar una mayor categoría profesional, sino sus funciones y el trabajo real desarrollado. Y estos extremos no aparecen combatidos en sede de recurso, en el que, salvo la referencia genérica a preceptos relacionados con la valoración de la prueba o la imposibilidad de alterar los puntos fundamentales y los motivos de pedir invocados en la demanda, no se cita la infracción de ningún precepto de carácter sustantivo dirigido a combatir el pronunciamiento de la resolución recurrida. En este aspecto, ha de indicarse que el recurso de suplicación es de carácter extraordinario y la LRJS limita las facultades del Tribunal ad quem al análisis de aquellas cuestiones que de manera expresa se denuncian en el recurso por la parte que lo formaliza, sin que la Sala pueda, salvo supuestos especiales que afecten al orden público procesal, no apreciables en este caso, confeccionar o complementar de oficio dicho escrito, el cual es de la exclusiva y soberana redacción argumental de quien recurre, y de no cumplirse tan estricta prevención quebraría la exigible igualdad procesal entre los litigantes, pues mal podría defenderse la recurrida de unos motivos que por su inconcreción, oscuridad u omisión no le permitieran el cabal conocimiento de dicho recurso, de sus tesis argumentales y, en definitiva, de la pretensión de la parte recurrente, indefensión ésta, como cualquier otra, de todo punto inaceptable. Y, en este sentido, la exigencia de cita concreta del precepto ha sido reiterada constantemente por la jurisprudencia, válida tanto para el recurso de casación como para el de suplicación, dado que ambos son de carácter extraordinario ( STS de 17 de mayo de 2.004). Esta insuficiencia no puede ser suplida por la Sala indagando qué disposiciones pudieran haber sido infringidas, ya que esta labor incumbe exclusivamente al recurrente en los recursos extraordinarios, cuando, además, como sucede en el presente caso, ni siquiera existe un motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o de jurisprudencia.

Con independencia de ello, la cuestión referida a la titulación en relación a la categoría profesional, no tiene en el presente supuesto la repercusión que pretende darle la parte recurrente, pues no se trata de establecer el derecho a la consolidación de una determinada categoría, sino la de determinar si el salario regulador del despido ha de ser superior al fijado por la empresa en la comunicación escrita, teniendo en cuenta las funciones que venía desempeñando la demandante y que las mismas no se correspondían con su categoría profesional. En tal sentido, el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de la trabajadora a percibir la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realiza y la única razón por la que se puede denegar estas diferencias retributivas se justificarían por el hecho de que se careciera de la titularidad para desempeñarla de conformidad con la legislación estatal imperativa. Como declara la STS de 29 de enero de 2020, rcud 3598/2017, al analizar la cuestión referida a la realización de funciones superiores, sin tener la titulación para ello y el derecho a percibir diferencias por realización de las mismas, se remite a la Sentencia de 3 de noviembre de 2005, rcud 1516/2003 (en doctrina reiterada por otras posteriores: SSTS de 29 de abril de 2014, rcud 1471/2013 y de 9 de marzo de 2016, rcud 3193/2014, entre otras): " 1) la regla general estatutaria contenida en el artículo 39.3 del ET preceptúa que la atribución a un trabajador de funciones superiores a las propias de la categoría profesional que tiene reconocida, le da derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice; 2) La razón por la que se puede denegar estas diferencias retributivas se fundamenta en el hecho de que el trabajador carece de la titularidad para desempeñarlas de conformidad con la legislación estatal imperativa que pudiera ser aplicable; y, 3) a diferencia de lo que ocurre con los títulos habilitantes de origen estatal y preceptivo, las meras exigencias de Convenio no impiden la percepción de los salarios correspondientes a las funciones efectivamente desarrolladas, pues no es un fin público el que requiere tal titulación sino el designio de mantener el nivel cultural y técnico que resulte más adecuado".

En definitiva, la única repercusión que podría tener la cuestión referida a la titulación que aportó la demandante en relación con el tema litigioso que se plantea, estaría relacionada con el salario regulador finalmente reconocido; y, aunque es cierto que este salario se vincula teniendo en cuenta una categoría profesional superior a la que ostentaba, no consta en el recurso ningún motivo dirigido a combatir el salario regulador del despido, ni siquiera ninguna referencia a que el salario que, finalmente, se reconoce debía ser otro, sino que la discrepancia se centra en aquella titulación, que, además, no ha sido el único aspecto que la sentencia recurrida ha tenido en cuenta para fijar un salario regulador superior.

QUINTO.- Los razonamientos que preceden determinan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, debiendo acordarse la pérdida del depósito y consignaciones que se han constituido para recurrir, a los que se dará el destino legal, e imponiendo las costas a la parte recurrente, que incluirán los honorarios del Letrado de la parte impugnante del recurso que la Sala fija en la cantidad de cuatrocientos euros, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 202 y 233,1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.