Sentencia Social 3503/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 8392/2022 de 31 de mayo del 2023

PRIMER.- Per la via de la lletra b) de l'art. 193 LRJS postula la part actora la modificació del relat fàctic de la sentència d'instància. En concret es demanen els següents canvis:

* Del fet provat segon, amb cita de la testifical i de diferents documents que es citen, amb la següent proposta de redacció alternativa :

* "En fecha de 23/05/2014 la Sra . Amalia, (Jefa de personal de las oficinas centrales de la empresa) y la S ra . Teodora , (Responsable Jerárquica del actora), entregaron a la Sra. Inocencia una carta de la empresa, por la que se le advertía que no estaba cumpliendo el horario, requiriéndole para que lo hiciera en el futuro, con la Sra. Teodora la demandante había tenido varias desavenencias no siendo buena la relación entre ambas.

En fecha 27/05/2014 la Sra. Inocencia se dirigió al Sr. Pedro Francisco, Director de Personas de la Compañía (RRHH), el Sr. Pedro Francisco le traslado la información de la citada reunión con la trabajadora a la Sra. Amalia (Jefa de personal de las oficinas centrales de la empresa) y le indico que se reunieran nuevamente con la trabajadora. La Sra. Amalia, le informo a la Sra. Teodora de la reunión de la trabajadora con el Sr. Pedro Francisco, al enterarse de dichos hechos, la Sra. Teodora muy molesta fue a buscar a la trabajadora, se convocó a la actora a una reunión en fecha 27/05/2014 a la que acudieron la propia trabajadora Sra. Inocencia, la Sra. Amalia y la Sra. Teodora.

Según la testifical de la Sra. Teodora los hechos del 27/05/2014 trascurren de la siguiente forma: (Minuto 39:35 Acta ARCONTE Proc. Contingencia folio 223 y 357): el aviso se lo entrego Amalia, la jefa de persona yo estaba presente como responsable ... (Minuto 40:28 Acta ARCONTE Proc. Contingencia): " no tenia conocimiento de la reunión de la actora con el Sr. Pedro Francisco, Director de RRHH, yo me entere por Amalia de la reunión de la trabajadora, por la tarde que me llamo por teléfono y me dijo que Inocencia (Actora) había ido a hablar con el Sr. Pedro Francisco y que el le había transmitido a Amalia que la volviéramos a sentar para hablar ... "

En la misma prueba, la Sra. Teodora, tras ser preguntada por cual fue su reacción tras enterarse de la reunión manifiesta lo siguiente: " un poco mosqueada ... yo le dije a Amalia que la buscaba ... ella ( Inocencia) me dijo que ella no hablaba con nadie si no había una persona de l sindicato presente ... le dije que fuéramos a los boxes (salas de reuniones) que estaba Amalia esperando y se lo explicáramos ... nos acercamos a los boxes ... entramos en la sala .. . "

En dicha reunión, presente la Sra. Amalia, la Sra. Teodora recriminó a la actora que se saltase la cadena de mando dirigiéndose al Sr. Pedro Francisco en lugar de a ella. En dicha reunión la Sra. Teodora manifestó a la actora que la finalidad de la carta sobre el incumplimiento horario no era la de perseguirla. Fruto de los gritos y abucheos que la Sra. Teodora profirió a la Sra. Inocencia y la tensión de los términos en la que transcurrió la reunión, la Sra. Inocencia abandonó la misma llorando.

A raíz de dicho episodio la actora inició un periodo incapacidad temporal en fecha de 28/05/2014 por " Ansiedad generalizada 28/05/2014 que debuto secundario a problemas laborales y motivo varias visitas medicas a nuestro centro (02/06/14, 10/06/14, 16/06/14), y visitada por mutua privada (Dr. Eugenio /psiquiatra)" . "El citado periodo de incapacidad temporal fue declarado de etiología profesional y Accidente Laboral, por el juzgado de lo Social numero 4 de Barcelona, en la sentencia NÚM. 446/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016 , siendo la citada sentencia ratificada por la Sala de lo Social de l Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia NÚM 575/2018 de 29 de enero de 2018 , así como, ratificada por el auto de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo ATS 14045/2018, de fecha 20/12/2018, en el recurso 1419/2018 , declarando la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social numero 4 de Barcelona " .

* Hasta el 08/07/2014, fecha en la que el lCAM le dio el alta, confirmada por sentencia núm. 23/2015 de 2 de febrero dictada por el Juzgado Social 26 de Barcelona. (Folios 37 a 45, 223 y 357; Acta grabación Arconte del procedimiento contingencia, 240, 260, 261, 311 a 314 de determinación de contingencia)".

* Del fet provat tercer, en relació als documents que es citen, amb la següent proposta de redacció alternativa:

"En fecha 17 de junio de 2014 a las 11,56 horas la entidad Caprabo, S.A. emite burofax por el que se comunica a la demandante que con fecha de efectos de ese mismo día la demandante es despedida disciplinariamente por las siguientes infracciones, de acuerdo con la carta de despido:

"Se le imputa por tanto la comisión de una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y deslealtad hacia esta empresa en relación directa con la simulación de enfermedad o accidente , tal y como se establece en los artículos 40.A , 3 b ) y c) del Convenio Colectivo de supermercados y Autoservicios de Alimentación de la provincia de Barcelona, por lo que son sancionables por ello con el despido disciplinario, medida que lamentablemente nos vemos obligado a tomar y que tendrá efectos desde hoy mismo." (Folios 260, 261, 311 a 314)".

* Del fet provat quart, en relació als documents que es citen, amb la següent proposta de redacció alternativa :

"Según informe del consorcio de inspección de trabajo y seguridad social de Cataluña n.º NUM000 con fecha de salida de 03/06/2020, consta en el expediente NUM001, que la trabajadora presento escrito de fecha 06/02/2019 de solicitud de recargo de prestaciones a la inspección de trabajo antes citada, tras el auto de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, el cual ratificaba la sentencia del Juzgado de lo Social 4 que declaraba el accidente laboral y la etiología profesional de la enfermedad y incapacidad temporal que padecía la trabajadora desde 28/5/2014 tras los hechos ocurridos en su lugar de trabajo.

En el citado informe, del año 2020, aportado al presente procedimiento por la actora entre las pruebas documentales en la vista, consta entre otras manifestaciones la siguiente: "La empresa dispone de la evaluación de riesgos psicosociales, del protocolo de acoso, y había facilitado a la trabajadora la formación en materia de seguridad y la realización del reconocimiento médico."

En la demanda del presente procedimiento se requirió en el otros si SEGUNDO, a la empleadora para que aportara la siguiente documentación:

" Segundo : Documental, requiriendo a la Empleadora, la aportación de las evaluaciones de riesgos laborales efectuadas a la trabajadora, la formación en prevención de riesgos laborales impartida a la trabajadora, así como, todas las actuaciones de prevención de seguridad y salud de acuerdo con la LPRL, efectuadas en el citado caso, tanto previas como posteriores a los hechos puestos de manifiestos . "

En Providencia de la magistrada, de fecha 8 de marzo de 2021, del presente Juzgado de lo Social numero 19 de Barcelona, respecto de la diligencia de preparación de prueba, propuestas por la parte actora, consta lo siguiente: de conformidad con los Arts. 81.4 y 90.3 de la LRJS , acuerdo:

- Respecto a la prueba documental, requiero a la parte demandada CAPRABO, S.A, para que aporte al acto de juicio los documentos solicitados por la parte contraria, los cuales deberán presentarlos adecuadamente ordenados y numerados así como preferiblemente en soporte informático."

"La empleadora no ha aportado la documentación requerida en los autos citados." (Folios 35, 53, 308 a 314)".

* Del fet provat cinquè, en relació a la documentació que es cita, amb la següent proposta de redacció:

"Por la actora se presentó denuncia en el mes de Julio de 2014, Inocencia, ante la inspección de trabajo de Catalunya, por los hechos ocurridos

en su lugar de trabajo en el mes de mayo y junio de 2014, lo cual se trató por la Inspección de Trabajo con el numero de expediente: NUM002, emitiendo el informe con el numero NUM003, con fecha 16/03/2015, en el cual consta entre otras consideraciones lo siguiente:

"El día 27 de mayo de 2014, la Sra. Inocencia se dirige a D. Pedro Francisco, Director de Personas de la compañía. Al enterarse la Sra. Teodora de estos hechos, y junto con la Sra. Amalia, se reúnen con la trabajadora. Según manifiestan las personas entrevistadas, efectivamente la Sra. Teodora se muestra muy molesta con la Sra. Inocencia, por saltarse la linea jerárquica de la compañía, siendo ella su responsable directa. E n fecha 17 de junio, a través de burofax, que obra en el expediente, la empresa le imputa la comisión de falta muy grave, por transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y deslealtad hacia la empresa por simulación de enfermedad o accidente y le sanciona por ello con despido disciplinario, con efecto de la misma fecha .

En particular, en cuanto al despido, existe procedimiento judicial pendiente. Si del mismo resultase, como hecho probado, la existencia de alguna circunstancia susceptible de ser considerada como infracción administrativa, podrá aportar esta resolución para la apertura de nuevo expediente."

"La actora presento escrito, de fecha 06/02/2019, de solicitud de recargo de prestaciones a la inspección de trabajo antes citada, tras el auto de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, el cual ratificaba la sentencia del Juzgado de lo Social 4 que declaraba el accidente laboral y la etiología profesional de la enfermedad que padecía la trabajadora desde 2014 tras los hechos ocurridos en el mismo año en su lugar de trabajo .

Tras ello el consorcio de ITSS de Cataluña, emitió informe con el n.º NUM000 con fecha de salida de 03/06/2020, consta en el expediente NUM001, con fecha de firma 16/03/2020 prueba aportada por la actora. En el citado informe, del año 2020, aportado al presente procedimiento por la actora entre las pruebas documentales en la vista, consta entre otras manifestaciones la siguiente: "no se ha constatado que la causa de la baja medica tenga su origen en la falta de medidas de seguridad imputables a la empresa, por lo que no se extiende acta de infracción ni se efectuá la propuesta en el recargo de las prestaciones ."

De acuerdo con lo anterior, la actora presento reclamación previa ante el INSS en fecha 03/07/2020, el lNSS dictó resolución en fecha de 14/12/2020 -notificada a la actora el 28/12/2020- por la que declaró denegar la petición de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo ni de recargo de prestaciones derivadas del accidente laboral. Contra dicha Resolución la trabajadora interpuso la reclamación previa en fecha 21/02/2022, que fue expresamente desestimada por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 28/02/2022. La actora interpuso la actora la demanda directora de estas actuaciones en fecha 13/01/2021." (Folios 30, 31, 50, 307 al 314; hecho no controvertido)".

* Addició d'un nou fet provat sisè, en relació als documents que es citen, amb la següent proposta de redacció: "Las relaciones laborales se rigen por el Convenio colectivo de trabajo del sector de supermercados y autoservicios de alimentación de Barcelona".

Cal recordar que en el procés laboral regeixen els principis d'immediació i oralitat ( art. 74.1 LRJS), la qual cosa determina -entre d'altres efectes- la Impossibilitat que el tribunal "ad quem" revisi fets acreditats a través de proves testificals o d'interrogatori de part -el què s'ha de cohonestar amb el principi d'instància única-: p. e. STS 10.06.1986: " precisamente el principio de inmediación ha servido al Magistrado, para extraer directamente su apreciación sobre la prueba practicada y no habiendo plasmado en los hechos probados que se hubieran cometido alteraciones y manipulaciones denunciadas o la inexistencia del transporte efectuado, al no poder lograr con los medios propuestos y precedentemente examinados, la variación del relato fáctico". O STS 21.10.2010: " en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.3 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia (en este caso a la Sala `a quo"), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica"

En tot cas, la revisió de fets provats només es pot basar, de conformitat amb els arts. 193. b) i 196.3 TRLPL, en documents o perícies (en altres paraules, els instruments tradicionals de l'antic i ja en desús concepte d'error de fet, a diferència de l'error de dret) La resta de la prova practicada no és valorable pel TSJ, essent competència única i exclusiva del primer grau jurisdiccional, en relació amb el contingut de l'art. 97.2 TRLPL. I també escau referir que en el cas de documents -o, especialment, perícies- contradictòries ha de prevaler la valoració de la prova feta a la "instància"

És per això que la sala no pot entrar a valorar la prova testifical que es cita respecte la modificació del fet provat segon en quant als fets ocorreguts el 27 de maig de 2014, pel que aquest aspecte ha de ser desestimat a limine (màxim quan existeixen pronunciaments judicials anterior fers sobre els mateixos fets).

D'altra banda, caldrà també recordar que la doctrina judicial ha vingut insistint des d'antic en la necessitat que els canvis fàctics tinguin rellevància als efectes del coneixement del fons de l'assumpte per la sala de suplicació, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. S'afirma així a la STS UD 27.03.2000 (Rec. 2497/1999): " la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes".

Doncs bé, resta evident que tot i la profusa modificació fàctica proposada la resta de canvis que se'ns demanen res aporten a l'enjudiciament per la sala de si concorre o no recàrrec. En efecte, respecte la part final del fet provat segon escau referir que el fet de que la baixa que s'esmenta derivés de motius laborals -òbviament, la discussió que allà consta- no determina la concurrència de cap ambient hostil o vexatori, atès que, com fàcilment es pot comprendre, qualsevol discussió a la feina comportaria l'existència d'assetjament en el treball, la qual cosa cap sentit té.

Respecte al fet provat tercer cal observar que tampoc és rellevant la causa de l'acomiadament, màxim quan el jutjat del social número 13 dels de Barcelona el qualificà com procedent i desestimà també l'acció acumulada de vulneració de drets fonamentals. En quant al fet provat quart, és obvi l'absoluta irrellevància dels antecedents de l'informe de la Inspecció que allà consta. Al que escau afegir que la tramitació processal de la present demanda a la instància i l'aportació o no de la documental sol·licitada no tenen cabuda en la revisió fàctica, sinó que en el seu cas haurien d'haver-se formulat per la via de la lletra a) de l'art. 193 LRJS. Pel que fa a la modificació del fet provat cinquè és del tot evident que ens trobem davant reiteracions dels canvis prèviament sol·licitats, sense que, en definitiva, les particularitats de la tramitació administrativa que es fan constar tinguin cap rellevància. I, finalment, el fet de l'activitat a que es dedica l'empresa ja consta en el fet provat primer, pel que òbviament la norma col·lectiva d'aplicació és la que s'adequa a l'àmbit material del conveni.

SEGON.- Per la via de la lletra c) de l'art. 193 LRJS denuncia la demandant la infracció dels arts. 14, 15, 16 i 21LPRL, 4, 19 i 20 ET, 15 i 40 CE, 5 de la Directiva 89/391 CEE, 38, 39 i 59 del conveni rector i la jurisprudència del Tribunal Suprem i d'aquest Tribunal (sic).

Tradicionalment la doctrina judicial ha vingut exigint la concurrència dels tres coneguts elements conformadors de la figura del recàrrec: a) un incompliment d'una normativa específica que contempli una mesura preventiva; b) l'esdevenir d'un esdeveniment nociu, entès com a lesió; i c) un nexe causal entre els dos extrems anteriors (doctrina apreciable, entre altres, en les SSTS 28.02.1955, 13.12.1966, 20.06.1967, 08.04.1969, UD 06.05.1998, 30.06.2003, etc.) Així s'afirma, per exemple, en la STS UD 12.07.2007: "reiterada doctrina jurisprudencial (...) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometida alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 ), b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 )".

És obvi que bona part dels dubtes hermenèutics que provoca la figura es deuen a la concreció de si concorre o no incompliment preventiu. En aquest cas algun pronunciament cassacional ha vingut insistint en el fet que ha d'existir o una conducta negligent o inadequada de l'ocupador, o la concurrència de falta de cures precises per part del mateix o la no adopció de mesures evitadores del risc que sigui imputable ( STS UD 18.04.1992, RJ\1992\4849) Per tant, no es tracta només de la infracció d'una obligació específica, sinó que també pot concórrer genèrica culpa "in vigilant" o "in preveient". És en aquests últims supòsits en els quals poden existir majors problemes d'aplicació, en atenció als seus imprecisos límits. Amb tot, caldrà tenir present que un criteri antic de la doctrina TS passa per la consideració que no és possible exigir al legislador la concreció de la variadíssima gamma dels mecanismes davant la impossibilitat de seguir el ritme de creació de noves maquinàries, bastant que es violin les normes genèriques o deute de seguretat, remetent a una genèrica falta de diligència d'un prudent ocupador (entre altres, SSTS 28.02, 1969, RJ 1969\699, 26.03.1999, RJ\1999\3521, etc.).

En el present cas és evident que ens trobem amb una patologia d'origen laboral (el procés depressiu del 2014). Ara bé, això no determina l'existència de cap incompliment de les obligacions preventives empresarials en matèria de riscos psicosocials. En efecte, una cosa és que la causa d'una incapacitat laboral derivi del treball i una altra molt diferent que existeixi un assetjament en el treball. Val a dir que aquest darrer concepte ha estat delimitat per la doctrina constitucional, com és de veure a lla STC 56/2019, de 6 de maig, de la que es deriva que per tal de valorar la vulneració de l' art. 15 CE, cal tenir present tres elements: a) intencionalitat: per tant, finalitat deliberada i no consentida; b) menyscapte: concurrència de danys o risc de patir-los; i c) vexació: tracte degradant, tant des de la perspectiva subjectiva, com de tercers, que comporti vexació o humiliació. No obstant, també s'afirma que la falta d'aquest darrer element no determina que no existeixi assetjament en el treball (no hi haurà "vexació", però sí vulneració del dret a la integritat moral), llevat que els fets causants compleixin els requisits de legalitat, adequació (responguin a una finalitat constitucionalment legítima), necessitat (alternativa menys restrictiva) i proporcionalitat.

Doncs bé, inalterat el relat fàctic -i tenint present l'existència de pronunciaments previs sobre la matèria- és del tot evident que l'origen de la baixa es derivà d'una discussió laboral. En conseqüència, les reflexions que abans hem efectuat al respecte resulten aquí plenament d'aplicació, màxim quan la prèvia sentència del jutjat del social 4 desestima la concurrència de cap conflictivitat laboral. És obvi que un fet puntual no pot ser considerat com un incompliment de la normativa interna i convencional de prevenció de riscos psicosocials. És per això que el fet de que la baixa tingués una etiologia laboral no comporta en forma automàtica que concorri la figura de l'assetjament en el treball, màxim quan, com ja hem indicat, difícilment es pot pretendre que un acomiadament declarat judicialment com procedent sigui cap indici al respecte, havent-se a més descartat pel jutjat del social número 13 la concurrència d'un assetjament (el que òbviament desplega l'eficàcia de cosa jutjada positiva en aquesta litis).

En conseqüència, el motiu ha de ser desestimat.

TERCER.- Per la mateixa via anterior es denuncia la infracció de l' art. 96. LRJS en relació amb els articles 164 LGSS i 217 LEC, en entendre que, contra el que afirma la sentència d'instància, l'actora ha acreditat l'existència d'una discriminació.

Hem d'insistit amb l'eficàcia de cosa jutjada de la sentència abans esmentada. Però és que encara ometéssim l'anterior ocorre que en el present cas l'únic que resulta del relat fàctic és l'existència d'algunes desavinences de l'actora amb la seva cap, la discussió que es produí entre les dues en data en data 27 de maig de 2014, la posterior situació d'incapacitat temporal (que es declarà judicialment derivada d'accident de treball, descartant l'existència de cap situació de conflictivitat laboral) i un acomiadament que ha estat declarat procedent en sentència ferma, en la que també s'ha descartat que concorregués cap assetjament. Doncs bé, a banda de que, en el seu cas aquest motiu hauria d'haver-se formulat per la via de la lletra a) de l'art. 193 LRJS, resta evident que a qui corresponia acreditar que existia alguna situació de discriminació i un assetjament laboral corresponia a l'actora, ateses les seves afirmacions a la demanda. I és obvi que, a banda dels extrems que acabem de referir, en cap moment s'ha acreditat l'existència d'aquests aspectes. És més: si es repassen les revisions fàctiques proposades és evident que allò que es pretén es tornar a insistir en els aspectes de fet que acabem d'esmentar que, com ja hem indicat, en aquest moment determinen la més mínima aparença de vulneració de drets fonamentals.

És per això que el motiu ha de ser desestimat també i amb ell, el recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació