Sentencia SOCIAL Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2273/2017 de 13 de Octubre de 2017

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL A CORUÑA - SECRETARÍA. SRA. FREIRE CORZO
-
PLAZA DE GALICIA S/N
15071 A CORUÑA
Tfno: 981-184 845/959/939
Fax: 881-881133/981184853
NIG: 32054 44 4 2017 0000225
Equipo/usuario: MM
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0002273 /2017 - RMR
Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 0000053 /2017
Sobre: JUBILACION
RECURRENTE/S D/ña INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ABOGADO/A: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROCURADOR: ,
GRADUADO/A SOCIAL: ,
RECURRIDO/S D/ña: Esteban
ABOGADO/A: ANTONIO VALENCIA FIDALGO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
ILMO. SR. D. EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA
ILMA. SRA. Dª PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR
ILMA. SRA. Dª RAQUEL NAVEIRO SANTOS
A CORUÑA, A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el RECURSO SUPLICACION 0002273 /2017, formalizado por el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia dictada
por XDO. DO SOCIAL N. 2 de OURENSE en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000053 /2017, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA.
De las actuaciones se deducen los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO: D/Dª Esteban presentó demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete .



SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
PRIMERO.-El actor D. Esteban , nacido el NUM000 -1937, figura afiliado a la S.S. con el n° NUM001 . El actor es perceptora de pensión de jubilación reconocida al amparo del Convenio Hispano-Venezolano de S.S. con un factor prorrata-temporis a cargo de la S.S. Española. El actor es vecina de Vigo- DIRECCION000 , NUM002 - NUM003 .-

SEGUNDO.- En fecha 5-12-2016, presentó reclamación previa solicitando se le abone la pensión en la cuantía mínima de 603,50.-€ para titulares de 65 años con cónyuge no a cargo, con efectos del 1-1-2016. El 30-1-2017, formuló nueva reclamación previa la cual no fue contestada.-

TERCERO.- Desde Abril de 2016, la actora no percibe pensión de la S.S. Venezolana.



TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Esteban contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro el derecho del actor a percibir la pensión de jubilación reconocida en cuantía de 603,50.-€ mensuales con efectos del 5-9-2016, y, en consecuencia, condeno a los demandados a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al actor la prestación indicada con aplicación de las mejoras y revalorizaciones que correspondan.



CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y declara el derecho del actor a percibir la pensión de jubilación reconocida en cuantía de 603,50 euros mensuales con efectos del 5-9-2016, y, en consecuencia, condena a los demandados a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al actor la prestación indicada con aplicación de las mejoras y revalorizaciones que correspondan.

Frente a este pronunciamiento se alza la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en la representación que ostenta del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, interponiendo recurso de suplicación e interesando que se repongan los autos al momento de dictar sentencia, se anule la de instancia y se declare la incompetencia del Juzgado de lo Social de Ourense para conocer del asunto, o, subsidiariamente, se revoque la sentencia de instancia absolviendo a las Entidades demandadas.



SEGUNDO.- Para ello, en primero de los motivos del recurso, pretende la representación de la entidad gestora, con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la revisión del relato fáctico al objeto de que se modifique la redacción del hecho probado primero, a fin de que se añada: ...Todas las actuaciones del expediente administrativo se realizan en la Dirección Provincial del INSS de Pontevedra, con base en los documentos obrantes a los folios 22 a 95 y 98 de autos.

La Jurisprudencia ha venido señalando -ad exemplum sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995 -, que para que la denuncia de un error de hecho pueda prosperar en casación (lo mismo que en suplicación, dado el carácter extraordinario de este recurso) es necesario que: 1º) se concrete la equivocación que se imputa al juzgador, precisando la rectificación, supresión o adición que se interesa en el relato histórico - sentencias de 31 de octubre de 1988 , 20 de noviembre de 1989 y 2 de julio de 1992 -; 2º) se designen de forma concreta los documentos obrantes en autos, o pericias, que demuestren la equivocación que se atribuye al juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de cualquier otra argumentación o conjetura - sentencia de 25 de marzo de 1998 -, debiendo la parte recurrente señalar de modo preciso la evidencia del error en cada uno de los documentos sin referencias genéricas - Sentencias de 19 de diciembre de 1988 , 27 de febrero de 1989 y 15 de julio de 1995 - y sin que pueda admitirse la denominada alegación de prueba negativa - Sentencias de 23 de octubre de 1986 y 3 de noviembre de 1989 -; y 3º) se proponga la introducción en el relato fáctico de datos de este carácter y no conclusiones o valoraciones de carácter jurídico - Sentencia de 16 de junio de 1988 y las que en ella se citan-.

La anterior doctrina, aplicada a la propuesta precedente, determina que no se admita la adición interesada, pues, en la argumentación del propio motivo la parte recurrente reconoce que el expediente de reconocimiento de la prestación de jubilación se tramitó en su día ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense, por lo que si bien es cierto que todas las resoluciones posteriores, en materia de cuantía de la prestación y los complementos hasta mínimos, así como de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, se han tramitado por y ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra, no es cierto lo que la parte pretende introducir, de forma rotunda y radical.



TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , alega la parte la excepción de incompetencia territorial del Juzgado de Ourense para conocer de la demanda, debiendo reponerse los autos al momento en el que se encontraban al cometerse la infracción de normas o garantías del procedimiento, argumentando que si bien el expediente de reconocimiento de la prestación de jubilación se tramitó en su día ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense, todas las resoluciones posteriores, en materia de cuantía de la prestación y los complementos hasta mínimos, así como de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, se han tramitado por y ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra, teniendo la actora su domicilio en Vigo, por lo que se vulnera el artículo 10.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con el artículo 15.4 del Real Decreto 2583/1996 de 13 de diciembre , ya que trasladado el expediente a la Dirección Provincial de Pontevedra, la misma es la competente para conocer cualquier variación de la misma.

Con independencia de cuál sea la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente para resolver la reclamación previa formulada por el actor, no es esta la cuestión debatida en la represente litis, sino la competencia territorial de los Juzgados de lo Social de Ourense para conocer de la demanda presentada ante ellos.

El artículo 10.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece: La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:...

2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso juzgado competente: a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del artículo 2, aquél en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

Pues bien, aplicando los criterios de interpretación de la normas jurídicas, contenidos en el artículo 3.1 del Código Civil , esta Sala debe coincidir con la interpretación dada al citado artículo 10.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por la jueza a quo, pues la resolución originaria en un expediente de jubilación es aquella por la que se reconoce, total o parcialmente, o se deniega, el pago de la prestación solicitada y no aquella que debió dictarse para resolver la reclamación previa presentada por la parte el 5 d diciembre de 2016 y reproducida el 30 de enero de 2017, solicitando el pago de la prestación en la cuantía mínima correspondiente para titulares de 65 años con cónyuge no a cargo.

En consecuencia, habiéndose dictado la resolución de reconocimiento de la prestación de jubilación por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense, son competentes territorialmente los Juzgados de lo Social de dicha provincia para conocer la demanda presentada en solicitud de pago de la prestación en la cuantía mínima correspondiente para titulares de 65 años con cónyuge no a cargo, con independencia de que el actor tenga su domicilio en Vigo.

Por ello debe desestimarse el motivo del recurso.



CUARTO.- En el tercer motivo del recurso y con amparo procesal nuevamente en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , postula la parte recurrente la modificación del relato fáctico de la sentencia y concretamente del hecho probado tercero, a fin de que se sustituya la redacción dada por la jueza a quo por la siguiente: La consulta de las pensiones en línea al Instituto Venezolano Seguros Sociales realizada el 01/03/2017 certifica que la pensión está activa, sin fijar documento o pericia en el que se ampara.

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser- SSTC 18/1993 ( RTC 199318) , 294/1993 (RTC 1993294 ) y 93/1997 (RTC 199793) - de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75 , para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LECiv , así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ). Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 entre otras).

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs , y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél.

d) Que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada- vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que - salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada-no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina no procede acceder a lo interesado, toda vez que la parte no señala concreto documento o pericia en la que se ampare para solicitar la introducción pretendida, no siendo misión de la Sala la búsqueda dentro del conjunto de la prueba aportada por las partes.

Pero aún cuando así no se entendiera, tampoco podría prosperar la modificación postulada, ya que si bien dichos extremos pudieran extraerse el pantallazo que la entidad gestora invoca, no puede servir a los efectos pretendidos de sustituir la manifestación de la jueza a quo de que el actor no percibe la pensión desde abril de 2016, pues no evidencia que haya sufrido error alguno al respecto, ya que activar, según el diccionario de la RAE es Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo, de donde se extrae, a criterio de la Sala, que estar activa una pensión es equivalente a estar reconocida, pero no acredita dicha expresión que nos encontremos en presencia de una pensión que está siendo efectivamente abonada o pagada.



QUINTO.- Seguidamente pretende la parte recurrente, en el último motivo del recurso y con adecuado amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , que se ha producido la infracción, por aplicación indebida, del artículo 14.3 del Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre y del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, argumentando, en síntesis, que reconocida la prestación venezolana y sumando el importe de la misma y el de la prestación española reconocida, da un importe inferior a la de la cuantía mínima establecida en España para las pensiones de jubilación sin cónyuge a cargo, corresponde a la Seguridad Social Española abonar tan solo la parte del complemento por mínimos que corresponda a prorrata, si ello procediera y no la totalidad de la cuantía de la pensión mínima en España, pues no nos encontramos en presencia de un supuesto de falta de reconocimiento de la prestación por parte de la Seguridad Social Venezolana.

La denuncia no debe prosperar, pues, tal como viene sosteniendo este Tribunal de forma reiterada, al no haberse logrado modificar la apreciación de la Juzgadora de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos.

En el relato fáctico de la sentencia y concretamente en el hecho probado tercero, consta que el actor, desde abril de 2016, no habiendo conseguido la parte la modificación del citado hecho probado.

Ello supone que siguiendo la Jurisprudencia -ad exemplum sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-2000 - que ha venido señalando que, en los casos en que no se ha reconocido la prestación, por causa imputable al Organismo gestor de la Seguridad Social de otro país, y dado que el beneficiario no percibe cantidad alguna del país comprometido por el Convenio Bilateral de Seguridad Social, el beneficiario se haya más necesitado de protección que aquel que percibe de ambos Estados una prestación inferior a la mínima, debe reconocérsele el complemento por residencia hasta la cuantía mínima reconocida en España, pues el artículo 41 de la Constitución Española obliga a la Seguridad Social a garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, lo que resulta analógicamente extrapolable al presente caso, en el que la beneficiaria, a pesar de habérsele reconocido la prestación, no la percibe efectivamente, por lo que igualmente se encuentra más necesitada de protección que el que efectivamente la percibe, siendo incardinable el supuesto en el precepto reglamentario recogido en los artículos 14.3 de los sucesivos Reales Decretos anuales de revaloración de pensiones, aunque no se refieran expresamente al supuesto de autos.

La situación debe mantenerse en tanto en cuanto la entidad gestora venezolana no abone efectivamente la prestación y sin perjuicio de los recálculos y, en su caso, exigencias de reintegro, que la entidad gestora pueda realizar una vez sea hecha efectiva la prestación reconocida por la Seguridad Social Venezolana, procediendo desestimar el recurso.

En este sentido se ha pronunciado también la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2005 , en un supuesto idéntico, argumentando que, ...para resolver la cuestión propuesta, es necesario partir de la finalidad esencial de los «complementos a mínimos». En un estado definido constitucionalmente como social y democrático, tal complemento de prestación debe garantizar unos ingresos suficientes, por debajo de los cuales se está en situación legal de pobreza, a toda persona que dedicó su vida al trabajo, ocurrida la contingencia que lo separa de la actividad. Esta finalidad resulta evidente del texto del art. 50 de la Ley General de la Seguridad Social , cuando ordena computar a los efectos de alcanzar ese límite las cantidades percibidas como rentas del capital o del trabajo personal, supuestos en los que la norma se refiere a cantidades percibidas y no a cantidades devengadas. En el mismo sentido han de ser interpretados los mandatos del art. 13.3 de los diferentes Reales Decretos que fijan los incrementos de pensiones para cada año, cuando en el supuesto de «pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales», se garantiza al beneficiario, en tanto resida en territorio español, el complemento necesario si «la suma de los importes reales de las pensiones, reconocidas tanto en virtud de la legislación española como extranjera fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate». La norma está referida a importes reales de las pensiones, no a las ideales derivadas del reconocimiento aunque no se dé la efectividad. Es con dichos importes reales con los que el beneficiario debe atender a sus necesidades que no pueden verse satisfechas con el importe de utópicas pensiones reconocidas y que no son satisfechas y por las que, en tanto no se hagan efectivas, tampoco han de soportar cargas fiscales...

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;

Fallo

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en la representación que ostenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de los de Ourense , en autos seguidos a instancia de D. Esteban frente a las ENTIDADES RECURRENTES, sobre JUBILACIÓN, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida.

MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de Casación para Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la sentencia. Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá efectuar: - El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año del mismo .

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 80 en vez del 35 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el campo Observaciones ó Concepto de la transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento ( 1552 0000 80 ó 35 **** ++).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.

Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.