Sentencia Social 120/2024 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 124/2024 de 25 de junio del 2024

PRIMERO.- El Juzgado de lo Socia nº 3 dictó sentencia estimatoria de la pretensión subsidiaria de la demanda presentada por la Sra. Ainara, impugnando el despido por causas objetivas de que fue objeto con efectos al 26/04/23, por la que se declaró su improcedencia, y la extinción de la relación laboral desde la fecha de dicha resolución, con los efectos legales inherentes a dicha calificación.

En disconformidad, la empresa demandada recurre en suplicación, articulando un motivo de quebrantamiento de forma, amparado procesalmente en el apartado a del Art. 193 LRJS, por infracción de los Arts. 81 y 85.1 LRJS, con vulneración del Art. 24 CE; otro de revisión fáctica, canalizado a través del apartado b del mismo precepto de la ley de trámites, con objeto de modificar el ordinal séptimo, y, un tercero, destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del Art. 191.c LRJS, acusa la infracción de los Arts. 49, 51 y 53.1 ET, así como de la jurisprudencia citada en el escrito de formalización.

El trabajador se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se denuncian las siguientes infracciones de normas procesales originadoras de indefensión, determinantes de la nulidad de actuaciones solicitada:

- La falta de suspensión del acto del juicio para requerir a la parte actora la ampliación de la demanda frente a Servicio Técnico SA, en su condición de eventual empresa sucesora de la recurrente, dada la necesidad de su traída al proceso como litisconsorte pasivo necesario para la adecuada conformación de la relación jurídico procesal.

- La vulneración del derecho fundamental a servirse de los medios de prueba pertinentes para su defensa, por cuanto, al no haberse ampliado la demanda frente a Servicio Técnico Riojano, dicho litigante se ha visto impedido de la posibilidad de requerir a dicha compañía la aportación de documentos, habiéndose visto limitado su derecho probatorio a la allegada al procedimiento de los medios que podía obtener por sí misma sin necesidad de impetrar el auxilio judicial.

- Contravención del derecho de contradicción al no haberse dado traslado del informe de la inspección de trabajo, del que no se ha tenido conocimiento hasta el dictado de la sentencia.

A)Previamente a resolver este motivo del recurso, debemos advertir que formalmente su enunciado no se acomoda plenamente a las exigencias que impone el Art. 196 LRJS, ya que al desarrollarlo se entremezcla la denuncia de tres infracciones procesales causantes de indefensión como fundamento de la solicitud de declaración de nulidad de actuaciones, sin que respecto a las dos últimas que hemos mencionado en los párrafos que anteceden se citen los preceptos legales que se consideran vulnerados ( Arts. 90.1 y 3 LRJS y 24 CE) , no obstante lo cual, comoquiera que materialmente del contenido del escrito de formalización se desprenden claramente las causas en que se funda la impugnación articulada, en aplicación del en aplicación del principio pro actione y la proyección antiformalista de la tutela judicial proclamada por la jurisprudencia constitucional ( SSTC 18/93, 37/95, 135/98, 163/99) y ordinaria ( SSTS 23/06/22, Rec. 216/21; 19/05/22, Recs. 320/21 y 8/22; 16/03/22, Rec. 309/21), examinaremos separadamente todos los quebrantamientos de forma denunciados.

I) Sobre la falta de litisconsorcio pasivo necesario

1.- El artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la Ley disponga expresamente otra cosa, proclamando legislativamente el que había sido un principio jurisprudencial consolidado en cuanto a la necesidad de que para que la relación jurídico procesal debatida en el proceso estuviese correctamente constituída era necesario que la demanda se dirigiese contra todos los sujetos que pudieran resultar directamente afectados por la sentencia que recayese en el proceso al que la misma hubiera dado origen.

2.- Interpretando dicho precepto, la jurisprudencia ordinaria ( SSTS 20/03/24, Rec. 101/22; 6/03/24, Rec. 31/22; 22/11/23, Rec. 97/21), y la constitucional ( SSTC 165/99 y 87/03), han establecido las siguientes reglas:

* Para la correcta configuración de la relación jurídico procesal resulta imprescindible el llamamiento al proceso de todos aquellos sujetos que puedan resultar afectados, en sus derechos e intereses, por el proceso judicial seguido, bien porque así lo imponga la Ley o porque vengan vinculados con el objeto de la controversia, radicando la razón de ser de la excepción procesal de referencia en el principio constitucional de tutela judicial efectiva y de evitación de indefensión que proclama el artículo 24 de la Constitución Española.

** Por tanto, cuando el mencionado presupuesto procesal no haya sido cumplido, por no haber traído al procedimiento a un litisconsorte pasivo necesario, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, debe instar a la parte demandante para la subsanación de dicho defecto, bien antes de admitir a trámite la demanda, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 81 LRJS en relación con el Art. 80.1.b del mismo cuerpo normativo, o en el momento en que tome conciencia de dicha deficiencia anulando las actuaciones para corregirla y conformar adecuadamente la relación litisconsorcial.

*** El deber de velar porque la relación jurídico procesal quede correctamente constituida no una facultad, sino una auténtica obligación legal del órgano judicial, que afecta al orden público procesal pues se refiere a un presupuesto del proceso que afecta de manera directa e implica el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24 CE, tal y como también ha precisado el Tribunal Constitucional en sus sentencias

3.- El examen de las actuaciones y el visionado de la reproducción audiovisual de la vista oral pone de manifiesto que, admitida a trámite la demanda, tras varias suspensiones del acto del juicio por encontrarse el liquidador de la empresa en situación de incapacidad temporal, se celebró la vista y en trámite de contestación a la demanda por la representación procesal de la empresa ahora recurrente se excepcionó falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber traído al proceso a Servicio Técnico Riojano SA, como empresa, que, en virtud del Art. 44 ET, había sucedido a la mercantil demandada, habiéndose opuesto la parte actora, en el trámite de alegaciones posterior a la ratificación de la demanda a dicha excepción procesal, aportando la ahora recurrente, en fase probatoria los medios de prueba que consideró pertinentes para la acreditación del fenómeno sucesorio invocado.

4.- Convenimos con la recurrente en que, en los casos de existencia de un eventual responsable solidario de la pretensión ejercitada en la demanda, es obligación del órgano judicial velar por la correcta conformación de la relación jurídico procesal, requiriendo al demandante para que amplíe la demanda frente al citado litisconsorte pasivo necesario, en el mismo momento en que constate dicha circunstancia.

5.- Sin embargo, en lo que disentimos de su planteamiento es en que en el caso enjuiciado concurra una situación de litisconsorcio pasivo necesario que hiciera precisa la llamada al proceso de Servicio Técnico Riojano SA para constituir correctamente la relación jurídico procesal.

6.- Ello es así, porque, la parte recurrente, que desde el momento en que fue notificada de la admisión de la demanda, tuvo la posibilidad de poner en conocimiento del órgano judicial la posible existencia de una sucesión de empresas, optó por no hacerlo ni siquiera en el trámite de la audiencia previa a su ratificación ( Art. 85.1 párrafo segundo LRJS) , efectuándolo al contestar a la demanda mediante la invocación de la correspondiente excepción procesal.

Esa decisión, imputable exclusivamente a la parte, ha sido la determinante de que la Magistrada se viera compelida a pronunciarse sobre la excepción alegada en la sentencia dictada, [tras la finalización de la vista, en la que las partes propusieron las pruebas que tuvieron por convenientes en defensa de sus intereses], con un pronunciamiento al respecto de signo desestimatorio, por entender que de la prueba aportada no resultaba ni siquiera indicio de que se hubiera producido el fenómeno sucesorio alegado, que curiosamente tampoco fue invocado por el Fondo de Garantía Salarial.

7.- En ausencia de cualquier elemento indiciario de que se hubiera producido el alegado fenómeno sucesorio, la decisión del Juzgado de no dictar auto declarando la nulidad de actuaciones y su retroacción al momento previo al señalamiento del juicio oral, para requerir a la parte demandante la ampliación de la demanda, resulta jurídicamente irreprochable, toda vez que, en el particularismo del caso, la falta de llamamiento al proceso de Servicio Técnico Riojano SL no es determinante de que la relación jurídico procesal no esté adecuadamente conformada.

8.- La situación que enjuiciamos ninguna relación guarda con la resuelta por la STS 729/21 de 15/07 (Rec. 63/21) citada en el escrito de formalización, ni la solución que adoptamos se opone al pronunciamiento de su parte dispositiva, por cuanto, en aquel supuesto, a diferencia de lo que sucede en el que ahora dirimimos, la resolución recurrida fue absolutoria en la instancia por apreciar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y, en nuestro caso, la sentencia de instancia ha desechado razonadamente que el no llamamiento al proceso de Servicio Técnico SL afecte a la correcta conformación de la relación jurídico procesal.

9.- En definitiva, para la existencia de una situación litisconsorcial pasiva que imponga al demandante la obligación de demandarlo, no es bastante que un tercero pueda resultar simplemente afectado o interesado, pues lo contrario envolvería un manifiesto abuso de derecho al originar gastos y molestias que después no se pueden resarcir totalmente al traído innecesariamente al pleito ( STS 18/04/68).

II) Respecto al quebranto del derecho fundamental a servirse de los medios de prueba pertinentes para la defensa de sus intereses.

1.- La doctrina constitucional sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE) , se resume en los siguientes términos ( SSTC 80/11 de 6 de junio; 141/09 de 15 de junio, 156/08 de 24 de Noviembre, 136/07 de 4 de junio; 291/06 de 9 de octubre y 121/04 de 12 de julio):

a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda.

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o inejecuten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial; y, por otro, la prueba denegada o impracticada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida.

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones.

f) El art. 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se pudo practicar. En tales supuestos lo relevante no es que las pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la desestimación sea la consecuencia de la previa conculcación por el propio órgano judicial de un derecho fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una aparente resolución judicial fundada en Derecho una efectiva denegación de justicia

2.- Sin entrar a valorar la adecuación o no a derecho de las resoluciones dictadas por los Juzgados nº 1 y 2 en el sentido de inadmitir, por innecesario el requerimiento de una prueba documental no identificada, cuya incorporación al procedimiento hemos desestimado por auto de esta misma fecha, al exceder del ámbito de cognición de la Sala en este recurso, lo cierto es que en el actual litigio la recurrente no propuso que se requiriese a la citada mercantil la traída al proceso de ningún documento, no existiendo por tanto ninguna denegación judicial de la admisión y práctica de cualquier medio de prueba propuesta en tiempo y forma, lo que impide apreciar que se haya producido la vulneración denunciada, pues, insistimos, la ahora recurrente en este pleito no ha propuesto en ningún momento prueba para cuya ejecución fuera necesario el previo requerimiento.

Requerimiento de aportación documental anticipada al proceso, que, por lo demás, el Art. 90.3 LRJS no limita a las partes procesales.

3.- Al no haber existido inadmisión de ningún medio de prueba propuesto en tiempo y forma, tampoco el derecho de defensa de quien recurre se ha visto menoscabado por la causa que se alega, lo que lleva aparejado el fracaso de este submotivo del recurso.

III) En cuanto a la quiebra del principio de contradicción

1.- El derecho de defensa integrante del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, proclamado por el Art. 24 CE, garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimosen un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales ( SSTC 138/00 , 59/02 )

2.- El de contradicción, en cualquiera de las instancias procesales, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías ( STC 102/98), correspondiendo a los órganos judiciales salvaguardar que todas las partes procesales posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen ( SSTC 226/88, 162/93, 110/94, 175/94 y 102/98).

3.- La queja que en cuanto a este punto se formula tampoco puede ser aceptada, pues el examen del expediente digital (acontecimiento 38) evidencia que, mediante diligencia de ordenación de 25/01/24 se acordó unir a los autos el expediente administrativo de despido colectivo y adjuntarlo a dicha resolución, que fue notificada a la ahora recurrente al día siguiente, de manera que, contrariamente a lo que afirma en el escrito de formalización, no solo ha sido notificada de la incorporación al procedimiento judicial del mencionado documento, a cuyo contenido, de haber resultado de su interés, pudo haber accedido en cualquier momento, sino que además, dicho expediente se anexó a la resolución de la LAJ notificada con anterioridad a la celebración del acto del juicio.

TERCERO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B)1.- Para el ordinal séptimo, se insta su supresión, basándose en que descartada judicialmente la existencia de sucesión empresarial resulta jurídicamente improcedente la referencia en el relato judicial a cualquier dato relativo a la eventual empresa sucesora.

2.- Vamos a rechazar la modificación pretendida, ya que el hecho probado que se quiere expulsar de la narración judicial no está ayuno de sustento probatorio, único supuesto en que procedería acceder a su supresión, habida cuenta de que, aunque como regla general en fase de suplicación las revisiones fácticas no pueden fundarse en la denominada prueba negativa, consistente en afirmar que los hechos que la sentencia declara probados no lo han sido de forma suficiente ( STS 21/03/90 , RJ 2204), el derecho a la tutela judicial efectiva puede resultar vulnerado cuando el pronunciamiento de la sentencia de instancia se asienta en unos elementos de hecho que carecen de soporte en una mínima actividad probatoria sobre los mismos ( STC 37/85 ).

C)1.- Subsidiariamente, se insta la ampliación del mismo hecho probado posponiendo al final de su texto, lo siguiente:

"Objeto social coincidente con la empresa Portalada 2006 SL. Con ocasión de esta constitución se frustró la venta de la unidad económica de Portalada SL a la empresa SAGAR. D. Yohan, hijo del socio de Portalada don Julián, desvió el teléfono de Portalada 2006 SL, al teléfono de la nueva empresa. Los antedichos socios que constituyen la nueva empresa eran todos ellos trabajadores de Portalada 2006 SL, siendo además D. Yohan, como se ha dicho, hijo del socio mayoritario de Portalada 2006 SL (50% del capital social), que actuaba en representación de este en las Juntas de Portalada 2006 SL, uno de los socios y administradores de la nueva empresa Servicio Técnico Riojano Sociedad Limitada. Existen otros indicios de coincidencia de proveedores, clientes y uso de mobiliario y maquinaria de la empresa Portalada 2006 SL por parte de Servicio Técnico Riojano Sociedad Limitada"

2.- Tampoco esta propuesta revisora puede alcanzar éxito, por cuanto, al margen de los juicios valorativos ajenos a la probanza que se vierten en el último inciso del texto propuesto, formalmente no se identifica el concreto documento o partes del mismo de los que se extraen los datos cuyo añadido se nos pide, y no existe base probatoria con virtualidad para cambiar los hechos probados en suplicación que sustente los hechos que se quieren añadir, algunos de los cuales, por lo demás, ya se reflejan en los ordinales primero y octavo.

Adicionalmente a lo expuesto, toda la prueba documental aportada por la recurrente en relación a la alegada sucesión de empresa, a la que se efectúa una remisión en bloque, incorporada a los descriptores 64 a 71 del EJE , ha sido objeto de prolija y extensa valoración por la Magistrada autora de la sentencia recurrida en los tres últimos párrafos del cuarto fundamento de derecho, en los que expone ampliamente las razones por las que no ha dotado de virtualidad probatoria a los meritados documentos para acreditar los hechos alegados por la demandada como sustento de su versión de los hechos, sin que al desarrollar el motivo se ofrezca el más mínimo argumento dirigido a poner de manifiesto las razones por las que se hubiera podido producir cualquier error fáctico derivado de una incorrecta valoración de dichos documentos.

CUARTO.- La instancia ha calificado el despido como improcedente por incumplimiento del requisito de forma de puesta a disposición de la indemnización legal al mismo tiempo de notificación de la carta de despido, descartando que concurran circunstancias de fuerza mayor o error excusable impeditivo de la recta observancia de dicha formalidad, argumentando al efecto en el cuarto fundamento de derecho "...no puede concluirse que las mentadas circunstancias impidieran ordenar esa transferencia al menos el mismo día en que comunicó al actor su despido..., siendo que la comparecencia en la Inspección del liquidador...fue después de la mantenida con el actor (RLT) y su letrado..., y el envío de burofax en torno a las 12:00 horas, lo que dejaba la posibilidad de haber efectuado esa gestión bancaria personalmente el mentado día 30 (gestión que tampoco consta hiciera a la postre personalmente ni de forma presencial, lo que se antoja anecdótico actualmente dada la disponibilidad de aplicaciones informáticas y atención telefónica que las entidades bancarias ponen a disposición de sus clientes), esto es, que la comunicación de los despidos y el desplazamiento patrimonial en favor del trabajador correspondiente a la indemnización sean simultáneos, aunque su percepción efectiva se dilate fruto de la operativa bancaria). En este sentido y en la casuística jurisprudencial sólo se ha aceptado superar este hito temporal en supuestos de abono de indemnización en términos pactados previamente con RLT, en una cuantía superior a la legal..., de forma fraccionada o con pago aplazado..., o en el mismo día de la extinción.

En el último motivo del recurso, luego de transcribir parte de la fundamentación jurídica de varias SSTS, cuya jurisprudencia se reputa como infringida, se imputa a la decisión del Juzgado y el razonamiento que la sustenta haber interpretado equivocadamente la causa de regularidad de la puesta a disposición de la indemnización alegada al contestar a la demanda, que no fue la aplicación de la doctrina flexibilizadora del error excusable/fuerza mayor, sino la flexibilidad del citado requisito formal cuando la misma se efectúa mediante transferencia bancaria.

Formalidad la mencionada que, en opinión del recurrente, debe tenerse por correctamente cumplimentada cuando, como ocurre en el caso enjuiciado, la indemnización está a disposición del trabajador con anterioridad a la fecha de efectos del despido, reforzando la procedencia del recurso a dicha solución jurisprudencial, la situación del liquidador reflejada en el relato judicial, y la singularidad de encontrarnos ante un despido colectivo.

A)Uno de los requisitos de forma que el artículo 53.1, b) del Estatuto de los Trabajadores, exige para la válida adopción del acuerdo de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, es el de poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

La Sala IV del TS en Sentencias de 13/10/05 (Rec. 3801/04), 23/09/05 (Rec. 3357/04), y 26/07/05 (Rec. 760/04) ha señalado "que el mandato legal sólo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido (lo que sin duda sucede cuando se le comunica la decisión empresarial), y sin solución de continuidad, sin previsión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la ley confiere"...El cumplimiento del requisito formal aludido no es posible en un momento posterior al despido, y no consiente otras excepciones que la prevista en el artículo 53.1, b), párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores para el caso de que como consecuencia de su situación económica no pueda la empresa poner a disposición del trabajador la indemnización legal".

B)También ha resuelto el Alto Tribunal que la transferencia bancaria constituye un medio de pago idóneo para la puesta a disposición de la indemnización, y, en estos casos, en lo que se refiere a la simultaneidad, dicho requisito se ha considerado cumplidamente satisfecho cuando la misma fue ordenada con anterioridad a la fecha en que se notificó el despido, aunque no conste el día en que fue recibida en la cuenta del trabajador ( STS 5/12/11, Rec. 1667/11), pero no cuando el ingreso de la cantidad transferida tuvo lugar 5 días después de la entrega de la comunicación extintiva, sin que constase acreditado, que la orden de transferencia bancaria se hubiera cursado por la empresa de manera simultánea a la comunicación extintiva. ( STS 24/02/14, Rec. 3152/12).

C)Como regla general, el requisito de forma que para la validez del despido objetivo exige el Art. 53.1.b ET, solo resulta cumplido si existe simultaneidad entre la entrega al trabajador de la comunicación escrita y la puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año de servicio a que se refiere la norma, por lo que, si el trabajador no tuvo ninguna posibilidad de disponer de la cantidad a la que legalmente tenía derecho en el mismo momento en que se le entregó la comunicación escrita, ni la referida cantidad había salido en ese momento del patrimonio de la empresa, la consecuencia de la omisión de tal formalidad es la calificación del despido como improcedente ( SSTS 12/01/22, Rec. 4657/18; 12/11/19, Rec. 1453/17; 28/11/18, Rec. 2826/16).

D)Normativamente, la regulación contenida en el RD Ley 19/18 establece las siguientes reglas en cuanto a la fecha en que debe entenderse recibida una orden de pago mediante transferencia bancaria y el plazo en que la entidad debe hacerla efectiva al beneficiario:

a) El Art. 50 establece:

"1. El momento de recepción de una orden de pago será aquel en que la misma es recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante, con independencia de que haya sido transmitida directamente por el ordenante, por cuenta de éste por un proveedor de servicios de iniciación, o indirectamente a través del beneficiario. No se adeudará la cuenta del ordenante antes de la recepción de la orden de pago.

Si el momento de la recepción no es un día hábil para el proveedor de servicios de pago del ordenante, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. El proveedor de servicios de pago podrá establecer, poniéndolo en conocimiento del ordenante, una hora límite próxima al final del día hábil a partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se considerará recibida el siguiente día hábil.

2. Si el usuario de servicios de pago que inicia la orden de pago y el proveedor de servicios de pago acuerdan que la ejecución de la orden de pago comience en una fecha específica o al final de un período determinado, o bien el día en que el ordenante haya puesto fondos a disposición del proveedor de servicios de pago, se considerará que el momento de recepción a efectos del artículo 55 es el día acordado. Si este día no fuese un día hábil para el proveedor de servicios de pago, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil."

b) Por su parte, el Art. 55. dispone textualmente:

"1. El proveedor de servicios de pago del ordenante, tras el momento de recepción de la orden de pago con arreglo al artículo 50, garantizará que el importe de la operación de pago es abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, como máximo al final del día hábil siguiente. No obstante, el plazo señalado podrá prolongarse en un día hábil para las operaciones de pago iniciadas en papel.

2. El proveedor de servicios de pago del beneficiario establecerá la fecha de valor y de disponibilidad de la cantidad de la operación de pago en la cuenta de pago del beneficiario tras haber recibido los fondos de conformidad con el artículo 58.

3. El proveedor de servicios de pago del beneficiario transmitirá una orden de pago iniciada por el beneficiario o a través de él al proveedor de servicios de pago del ordenante dentro de los plazos convenidos entre el beneficiario y el proveedor de servicios de pago, de forma que, por lo que se refiere a los adeudos domiciliados y a las operaciones con tarjeta, permita la ejecución del pago en la fecha convenida."

E)El discurso impugnatorio de la recurrente no puede merecer favorable acogida, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.- Sin entrar a valorar si gramaticalmente es o no acertado el uso judicial de los términos "doctrina flexibilizadora" del requisito de puesta de disposición de la indemnización legal simultáneamente a la notificación extintiva, "en base al error excusable/fuerza mayor derivado de las circunstancias concurrentes", por ser una cuestión absolutamente ajena a la función jurisdiccional de la Sala al solventar del recurso, debemos rechazar de plano que la Juzgadora de instancia haya incurrido en la infracción jurídica denunciada, pues la triple razón de decidir sobre los fundamentos de la oposición invocados por la empresa para defender que dicho requisito formal fue cumplimentado, que se reproducen en este motivo del recurso, no solo se acomodan plenamente a los criterios jurisprudenciales en la materia, sino que el razonamiento judicial da plena satisfacción a la exigencia de motivación y exhaustividad de las sentencias que imponen los Art. 281.1 y 2 LEC.

2.- Tal y como señala la jurisprudencia aplicada por la sentencia de instancia, en los casos de puesta a disposición de la indemnización mediante transferencia bancaria, se entiende cumplida la formalidad que impone el Art. 53.1.b ET, cuando la orden a la entidad bancaria se curse en la misma fecha de notificación del despido (30/03/23) o en una anterior, sin que en el caso en liza, en el que el importe de la indemnización se ingresó en la cuenta del trabajador el siguiente lunes 3 de abril, la empresa demandada haya acreditado, como conforme a las normas reguladoras de la carga de la prueba que consagra el Art. 271 LEC le correspondía, que formulase la orden de pago a su entidad bancaria el día 30 de marzo o alguno anterior, a pesar de tener plena facilidad y disponibilidad probatoria para probar el día concreto en que cursó dicha orden de pago.

3.- Contrariamente a lo que se afirma en el escrito de formalización, defendiendo que debe considerarse coetánea a la comunicación extintiva la puesta a disposición de la indemnización en fecha anterior a la de efectos del despido, la única mitigación del rigor en el cumplimiento del requisito que examinamos admitida por la jurisprudencia que se reputa como infringida, es la que hemos explicado en el apartado que antecede, a cuya aplicación se ha atenido la resolución recurrida.

4.- En lo relativo a lo que la sentencia de instancia denomina situación de fuerza mayor derivada de la alteración de estado de salud del liquidador, que en el escrito de formalización se dice provocada por la presión de la plantilla, y se menciona como circunstancia impeditiva de la realización de la transferencia en la misma fecha de notificación de la comunicación extintiva, no solo dicha afirmación carece de base fáctica que la respalde, pues, no obstante los problemas psicológicos y coronarios descritos en el ordinal octavo, no consta que dichas patologías y la sintomatología asociada hubieran dado lugar a una situación de incapacidad temporal, sino que además, tal y como consta en el relato judicial tanto los días previos como el mismo día 30 el liquidador ejerció sus funciones con normalidad, interviniendo en el periodo de consultas, ordenando la remisión por burofax de las cartas de despido a varios trabajadores, y acudiendo a la inspección de trabajo, y, como se cuida de precisar la Magistrada a quo, la posibilidad de realización remota de pagos y a través de medios de comunicación a distancia, está expresamente prevista en los puntos 24 y 27 del Art. 3 RD Ley 19/18.

5.- Finalmente, el hecho de que la extinción contractual individual que enjuiciamos sea ejecución de un despido colectivo, como muy bien explica la resolución recurrida, resulta absolutamente neutro para tener por cumplida la formalidad exigida por el Art. 53.1.b ET, ya que, el periodo de consultas concluyó sin acuerdo, lo que impide aplicar el criterio jurisprudencial que se menciona en el último inciso del tercer párrafo del cuarto fundamento de derecho, en el sentido de que en el ámbito de un ERE mediante el pacto colectivo que le pone fin, con eficacia análoga a lo acordado en un convenio colectivo, se puedan fijar criterios de abono de la indemnización de extinción con un aplazamiento ( SSTS 12/11/19, Rec. 1453/17; 12/02/20, Rec. 2115/16; 23/09/20, Rec. 3538/17).

F)No se han producido las infracciones normativas denunciadas, lo que determina el fracaso del recurso, y la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 600 €.

SEXTO.- Conforme al Art. 204 LRJS (L 36/11), se decreta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez firme esta resolución.

SEPTIMO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.