Preambulo �nico el cual se establecen las normas sobre los medios materiales que han de utilizarse en las Elecciones al Parlamento de las Illes Balears

La disposición adicional cuarta de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la comunidad autónoma de las Illes Balears, faculta el Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para cumplir y ejecutar esta Ley.

En su virtud, se dictó el Decreto 34/1999, de 9 de abril, regulador del proceso electoral al Parlamento de las Illes Balears, por el que se establecen las normas sobre urnas, cabinas, papeletas, sobres y documentación que tienen que utilizarse en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears de 1999, que remite, en todo lo que no prevé el Decreto, a la normativa estatal vigente en relación con esta materia, a la sazón el Real Decreto 421/1991.

Derogada y sustituida esta última norma por el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, recientemente modificado por el Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre, que ha introducido modificaciones que afectan a las precisiones relativas a los medios materiales y personales implicados en el proceso electoral; y atendiendo a la necesaria integración de los principios recogidos en la Ley electoral autonómica en el marco de la normativa electoral general, conviene modificar lo que preceptua el Decreto 34/1999 mencionado.

De acuerdo con estas directrices y la experiencia acumulada en los sucesivos procesos electorales de nuestra comunidad autónoma, este Decreto, que deroga el 34/1999, de 9 de abril, constituye el marco reglamentario que regula los medios materiales que han de utilizarse en el proceso electoral, lo que redundará en una mayor claridad y sencillez de la norma en beneficio de las fuerzas políticas que concurran a los comicios autonómicos y en el de los propios electores.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Presidencia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 17.3 de Ley 5/1993, de 5 de junio del Consejo Consultivo de las Illes Balears tras haber solicitado en tiempo y forma su dictamen preceptivo y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 21 de marzo de 2003, decreto: