Preambulo regula la actividad y bienestar de los perros de asistencia

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, incluye en su ámbito de aplicación a los llamados perros de asistencia, con el objetivo de establecer unas líneas básicas en su protección y bienestar.

En este sentido, la disposición adicional primera de la citada ley establece que los perros de asistencia se regirán por la misma en lo no previsto por su normativa específica.

Esta ley define el perro de asistencia en su artículo 3, como aquel que, tras superar un proceso de selección, ha finalizado su adiestramiento en una entidad especializada y acreditada o reconocida por la administración competente, con la adquisición de las aptitudes necesarias para dar servicio y asistencia a personas con discapacidad, así como perros de aviso o perros para asistencia a personas con trastorno del espectro autista. A diferencia del perro de intervención asistida, que es aquel cuyo titular es una persona física o jurídica que se dedica profesionalmente a una actividad de intervención asistida y que, conducido por un técnico, es adiestrado para dicha actividad y participa en una intervención terapéutica planificada, estructurada y dirigida por profesionales de la salud, de la educación o del ámbito social.

Del mismo modo, el artículo 29.6 de la mencionada ley determina que el acceso a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos de perros de asistencia no será discrecional ni se incluirán en los cupos de acceso en el caso de que los hubiera, llevándose a cabo conforme a su legislación específica, y garantiza su acceso a cualquier espacio acompañando a la persona a la que asistan. Es, por tanto, necesario desarrollar las especificidades sobre esta materia por una regulación específica, tal y como preceptúa el citado artículo.

La actual normativa específica a nivel estatal se remite al Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros-guía para deficientes visuales, que siguió la línea marcada por los textos nacionales e internacionales de aquel momento, y tenía como propósito fundamental facilitar a las personas ciegas y con discapacidad visual los medios adecuados que les permitieran mayor movilidad, cierta independencia e inclusión social, poniendo en valor la singular importancia de los perros-guía en este cometido.

Sin embargo, desde entonces han sido múltiples los cambios normativos y los avances tanto en materia de derechos de las personas con discapacidad, como en materia de derechos y bienestar de los animales, que hacen necesaria la aprobación de una nueva norma específica.

En materia de discapacidad, se han promulgado importantes normas, las cuales han conllevado profundas modificaciones, así como el uso de un lenguaje que requiere la adaptación del contenido del Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre.

Uno de los grandes hitos fue la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España el 13 de diciembre de 2006, cuya finalidad es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y que tiene sus fundamentos en la autonomía, la inclusión en la comunidad y la accesibilidad universal, previendo la asistencia animal entre las formas de apoyo a las personas con discapacidad.

Por último, la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, promueve la libre circulación de las personas con discapacidad y facilita estancias de corta duración de personas con discapacidad en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, incluidas aquellas que se sirven de animales de asistencia, como los perros de asistencia.

Asimismo, y como consecuencia del proceso de adaptación normativa a la Convención, se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que conmina al Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, a regular las condiciones básicas de accesibilidad de todas las personas con discapacidad, contemplando a tal efecto, entre otras disposiciones, las relativas al apoyo animal, el cual incide de forma determinante en la autonomía personal y en el derecho a la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, regula el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público de los perros de asistencia garantizando el derecho que asiste a las personas con discapacidad usuarias del servicio de asistencia de dichos perros a no ser discriminadas de ningún modo.

En este mismo contexto, el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, regula el acceso de animales a los establecimientos del comercio al por menor, prohibiendo el acceso de animales, salvo que se traten de perros de asistencia.

Asimismo, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla han llevado a cabo una profusa labor legislativa para adecuar esta nueva realidad social a los requisitos de bienestar animal en sus respectivos territorios.

Finalmente, y como otro de los hitos fundamentales para la discapacidad, se destaca la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024, que acomoda el texto constitucional en materia de discapacidad a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, asumiendo ahora la perspectiva social y de derechos y capacidades, que configura la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social.

Por todo ello, resulta pertinente aprobar una nueva regulación de la actividad que puedan desarrollar los perros de asistencia y sus condiciones de bienestar animal.

El presente real decreto se estructura en diez artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Tras regular su objeto y ámbito de aplicación, el artículo 3 define el concepto de unidad de vinculación, mientras que el artículo 4 establece la clasificación mínima de los perros de asistencia.

El artículo 5 se refiere a los aspectos básicos de la formación de los perros de asistencia, y el artículo 6 al reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia. Por su parte, el artículo 7 establece las condiciones mínimas de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia, mientras que el artículo 8 establece las obligaciones de los titulares y las personas usuarias del servicio.

El artículo 9 plantea medidas de concienciación social respecto al papel de los perros de asistencia en la sociedad.

Por último, el artículo 10 remite el régimen de vigilancia, inspección y sancionador en materia de bienestar animal al previsto en la Ley 7/2023, de 28 de marzo.

En cuanto a su contenido y tramitación, se han observado los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En relación con los principios de necesidad y eficacia, la norma persigue actualizar la regulación en una materia que lo requiere, progresando en la protección de las personas con discapacidad y de los perros de asistencia.

Asimismo, la norma se adecúa al principio de proporcionalidad, procurando la menor intervención posible en el ordenamiento jurídico. En este sentido, se viene a regular una materia que ya desarrollaba el Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, pero que necesita ser actualizada y adaptada a los nuevos principios.

Por otra parte, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica y eficiencia.

Finalmente, cumple el principio de transparencia en tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este real decreto se ha sometido al trámite de audiencia e información pública.

El presente real decreto ha sido informado por el Consejo Nacional de Discapacidad y se ha consultado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 2025,

DISPONGO: