2026: Declarado «Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo»

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha aprobado la declaración institucional que designa 2026 como el «Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo». Esta decisión, que coincide con el trigésimo aniversario de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como principal objetivo reforzar el compromiso y la acción de toda la sociedad frente a los accidentes y enfermedades laborales, en un contexto donde aún persisten cifras consideradas inaceptables por las autoridades.

En la sesión del 11 de noviembre de 2025, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la urgencia de avanzar de forma decidida en la cultura de la prevención de riesgos laborales, tras registrar en 2024 la dramática cifra de 796 trabajadores fallecidos en su puesto de trabajo o durante el trayecto a este, superando los dos fallecidos diarios por causas laborales. Durante la presentación de la declaración, se recalcó que la protección de la salud y la vida en el entorno de trabajo es una obligación constitucional y un derecho irrenunciable para la ciudadanía y la economía.

Llamada a la acción y balance de 30 años de prevención

El trigésimo aniversario de la LPRL se ha considerado el momento idóneo para hacer balance y relanzar la acción colectiva. La normativa marcó un antes y un después en la configuración de la seguridad y salud en el trabajo, impulsando la prevención y sentando las bases para la gestión moderna de los riesgos laborales. No obstante, el Ejecutivo advierte que no basta con rememorar avances; es preciso realizar un llamamiento real y efectivo para enfrentar una “epidemia silenciosa”, en referencia a la persistente siniestralidad que afecta tanto a trabajadores como a sus familias y al conjunto de la sociedad.

Si bien en el pasado se ha relacionado crecimiento económico con mayor siniestralidad, el Gobierno rechaza que la creación de empleo deba ir acompañada de más riesgos. Destaca que la reforma laboral y las medidas orientadas a la estabilidad han contribuido a reducir en un 7,4% el índice de siniestralidad con baja laboral, según los datos que acompañaron la declaración.

Riesgos emergentes y retos sociales

El Ejecutivo subraya que la prevención de riesgos laborales se enfrenta en la actualidad a importantes desafíos derivados de cambios sociales, económicos y medioambientales. En la declaración, se señalan expresamente el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de prevención —reconociendo que muchas patologías han sido tradicionalmente invisibilizadas—, las enfermedades laborales, el envejecimiento de la población activa y las consecuencias del cambio climático.

En este último aspecto, el documento recoge también las lecciones aprendidas de eventos recientes, como la DANA (depresión aislada en niveles altos) de hace un año que costó la vida a 229 personas y forzó la adopción de medidas laborales excepcionales como los permisos climáticos, diseñados para amparar a los trabajadores ante fenómenos meteorológicos extremos.

Estrategia Nacional y cooperación

Para dar respuesta a estos retos, el Gobierno recuerda que, desde marzo de 2023, está en vigor la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (EESST), sustentada en el diálogo social y la cooperación entre todas las administraciones públicas, sindicatos y empresarios. La EESST asume los objetivos prioritarios del Marco Estratégico Europeo en la materia y persigue anticiparse a los riesgos asociados a las transiciones digital, ecológica y demográfica.

Como parte de este plan, se han implementado campañas preventivas específicas —como las dirigidas a evitar golpes de calor— y planes de choque sectoriales, centrándose especialmente en la construcción, uno de los sectores con mayor incidencia de siniestros mortales.

Adaptación normativa e innovación ante el cambio climático

La capacidad de respuesta y adaptación frente al cambio climático es otro de los ejes de actuación destacados. En 2023, la normativa española recogió la obligación de que las empresas adopten medidas para proteger a los trabajadores ante circunstancias meteorológicas adversas (pueden consultar aquí nuestra noticia del 12/05/2023), y en noviembre de 2024 se amplió esta protección, reconociendo permisos laborales en situaciones de riesgo grave e inminente, incluidas catástrofes naturales (pueden consultar aquí nuestra noticia del 29/11/2024). Asimismo, la legislación impulsa la negociación de protocolos de actuación preventiva a través de la negociación colectiva, siguiendo recomendaciones internacionales como las de la OIT.

Compromiso gubernamental y social

A través de la declaración institucional, se recuerda la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental y una responsabilidad compartida. Entre las líneas de acción prioritarias, se encuentran la adaptación normativa a los riesgos emergentes, la promoción de campañas de sensibilización, el fortalecimiento de la investigación y la innovación, la cooperación nacional e internacional y el impulso de la prevención en el ámbito educativo.

El Ejecutivo señala que es indispensable mantener un esfuerzo sostenido y plural, involucrando a todos los agentes sociales, para reducir de forma efectiva la siniestralidad y contribuir a un entorno laboral digno, seguro y saludable.

Fuente: Gabinete de comunicación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Prevención de Riesgos Laborales