Un año de prisión por alojarse en un hotel sin intención de pagar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado la SAP de Castellón n.º 244/2026, de 11 de junio, ECLI:ES:APCS:2026:205, por la que condena a una persona como autora de un delito de estafa agravada tras permanecer durante más de tres semanas en un establecimiento hotelero, en régimen de pensión completa, pese a saber desde el inicio que no abonaría los servicios recibidos.

La resolución impone un año de prisión y seis meses de multa. El acusado deberá indemnizar, además, al establecimiento perjudicado con 2.283,40 euros y asumir las costas procesales.

La sentencia se dictó de conformidad con el escrito de acusación aceptado por el acusado y su defensa. Tras anticiparse oralmente el fallo, las partes manifestaron su voluntad de no recurrir, por lo que la resolución fue declarada firme.

Una estancia contratada con apariencia de solvencia

Los hechos probados se remontan al 22 de diciembre de 2023, cuando el condenado acudió a un hotel situado en la localidad castellonense de La Vall d’Alba. Según recoge la resolución, se presentó dando apariencia de solvencia y contrató alojamiento en régimen de pensión completa.

El huésped permaneció en el establecimiento hasta el 15 de enero de 2024. Durante ese periodo recibió servicios de estancia, manutención y limpieza por un importe total de 2.283,40 euros, cantidad que no llegó a satisfacer.

La clave penal del caso no reside únicamente en la existencia de una factura impagada; la Audiencia declara probado que el condenado actuó con ánimo de obtener un beneficio a costa del patrimonio ajeno y que, desde el momento en que solicitó el alojamiento, sabía que no abonaría los gastos generados.

De este modo, la apariencia de solvencia permitió que el establecimiento aceptara la contratación y continuara prestando sus servicios. La conducta fue considerada constitutiva de estafa y no un simple incumplimiento de pago de naturaleza civil.

Estafa agravada por las condenas anteriores

La Audiencia Provincial califica los hechos como un delito de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1.8 del Código Penal, y atribuye al condenado la condición de autor directo conforme a los artículos 27 y 28 del mismo texto legal.

El artículo 248 del Código Penal sitúa entre los elementos esenciales de la estafa el ánimo de lucro, el empleo de un engaño bastante, el error provocado en la víctima y el acto de disposición patrimonial que ocasiona el perjuicio. La modalidad agravada se vincula a las condenas firmes por estafa que constaban en los antecedentes del acusado. La sentencia enumera cinco condenas anteriores dictadas entre 2018 y 2024 por juzgados de Barcelona, Santiago de Compostela, Tortosa y Salamanca.

El criterio general asociado al artículo 250.1.8 del Código Penal exige atender a las condenas ejecutorias anteriores por delitos comprendidos en el mismo capítulo y excluye del cómputo los antecedentes cancelados o que debieran serlo. La jurisprudencia también ha destacado que los antecedentes deben ser idóneos para integrar esta modalidad agravada en la fecha de comisión del nuevo delito. 

Sentencia dictada por conformidad

La resolución se apoya procesalmente en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Durante el juicio se presentó un nuevo escrito de acusación con la conformidad del acusado y de su abogado. Ambos ratificaron su aceptación después de que se diera lectura a su contenido.

La conformidad permite dictar una sentencia condenatoria cuando la persona acusada acepta los hechos, la calificación jurídica y la pena solicitada, siempre que el tribunal compruebe que la calificación es correcta, la sanción resulta legalmente procedente y el consentimiento se presta libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

En aplicación de este mecanismo, la Audiencia declaró probados los hechos recogidos en el escrito de acusación consensuado y reprodujo sus consecuencias penales y civiles.

Prisión, multa e indemnización al establecimiento

El fallo impone un año de prisión, acompañado de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También establece una multa de seis meses, con una cuota diaria de 6 euros, lo que representa un total de 1.080 euros.

La cantidad deberá abonarse en un máximo de seis meses. Si se produce el impago, se aplicará la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá pagar al establecimiento hotelero 2.283,40 euros, coincidentes con el coste de la estancia, la manutención y la limpieza. La sentencia también le impone las costas procesales.

Impacto práctico para hoteles y empresas

La resolución muestra que el impago de una estancia hotelera puede superar el ámbito de la reclamación civil cuando se acredita que el cliente contrató los servicios mediante engaño y sin intención de pagar desde el principio. 

Para hoteles y otros prestadores de servicios, resulta especialmente relevante conservar fichas de entrada, facturas, reservas, garantías de pago y comunicaciones con el cliente. Esa documentación puede ayudar a diferenciar un impago sobrevenido de una conducta defraudatoria concebida antes o durante la contratación.

En conclusión, la Audiencia Provincial de Castellón considera acreditado que la apariencia de solvencia utilizada para obtener alojamiento, manutención y limpieza sin intención de pagar constituye estafa. La existencia de condenas anteriores determinó su calificación agravada y la conformidad permitió cerrar el procedimiento mediante una sentencia firme con consecuencias penales, económicas y resarcitorias.