El BOE publica el plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio

El BOE de 21 de marzo de 2026 publica el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma tiene por finalidad adoptar medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis y, según su parte expositiva, moviliza 5.000 millones de euros.

La disposición final vigesimoprimera establece que el real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Medidas energéticas y de protección a consumidores

Bono social eléctrico y térmico. Se mantienen durante 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, fijándose en el 42,5 % para consumidores vulnerables y en el 57,5 % para vulnerables severos. También se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros por beneficiario y se aprueba un suplemento de crédito de 90 millones de euros para reforzar su financiación.

Garantía de suministros esenciales. Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Flexibilización de contratos energéticos. Hasta el 31 de diciembre de 2026 autónomos y empresas podrán solicitar cambios de potencia eléctrica y determinadas adaptaciones en los contratos de gas natural. En este último caso, la medida se aplicará hasta que la cotización diaria del gas en MIBGAS se mantenga durante diez sesiones consecutivas por debajo de 35 €/MWh y, como máximo, hasta esa misma fecha.

Industria electrointensiva y almacenamiento de gas. Se reactiva durante 2026 un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva, consistente en una reducción del 80 % de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Además, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027 se articula una asignación extraordinaria de capacidad anual de almacenamiento subterráneo de gas con canon cero en determinados supuestos.

Supervisión del mercado de carburantes. La norma refuerza la supervisión sobre la distribución de carburantes, habilita a la CNMC para recabar información adicional y prevé la elaboración de un estudio específico sobre precios, márgenes y grado de competencia efectiva.

Impulso a la electrificación, renovables y almacenamiento

Electrificación de hogares e industria. El real decreto-ley incorpora medidas para impulsar la electrificación de la economía, entre ellas el desarrollo de un plan de despliegue de bombas de calor mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Acceso a redes y reserva de capacidad. Se incrementa la transparencia sobre las capacidades de acceso de generación y demanda y se crea una prestación por reserva de capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución para determinados permisos de demanda. También se refuerzan hitos de caducidad de permisos y se introducen reglas para priorizar determinados consumos considerados de alta prioridad.

Acceso flexible y planificación. Se regula la figura del acceso flexible a las redes eléctricas y se introducen cambios en la planificación de la red de transporte, incluidas modificaciones puntuales cada dos años y la obligación de iniciar un nuevo plan de desarrollo en un plazo máximo de tres años desde el último aprobado.

Zonas de aceleración renovable y participación pública. La norma crea las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), fija criterios mínimos para su designación y prevé un catálogo de medidas de mitigación. También amplía a 45 días el trámite de información pública de determinados proyectos de generación renovable y almacenamiento.

Autoconsumo y comunidades energéticas. Se amplía hasta 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo en autoconsumo colectivo a través de red, se crea la figura del gestor de autoconsumo y se prevén medidas de impulso a comunidades energéticas, incluidas ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria.

Almacenamiento e hidrógeno. Se incorporan medidas para el almacenamiento eléctrico, incluida la declaración de utilidad pública del almacenamiento hidráulico de bombeo, y se atribuyen temporalmente a la CNMC funciones de supervisión vinculadas a proyectos europeos de infraestructuras de hidrógeno.

Medidas económicas, industriales y de inversión

Apoyo a la internacionalización. Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. para devolver cuotas pagadas por empresas para participar en ferias y actividades de promoción internacional canceladas o a las que no haya podido acudirse por cancelación del transporte, así como para conceder ayudas adicionales en ciertos supuestos.

Proyectos estratégicos de inversión. Se crea la figura de los Proyectos Estratégicos de Inversión y el Comité de Inversiones Estratégicas, con efectos de agilización administrativa, acompañamiento y otras medidas de impulso.

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas. Para el ejercicio 2026 no se tomarán en consideración las pérdidas de 2020 y 2021 a efectos de la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital, en los términos fijados por la norma.

Transporte de mercancías por carretera. Se autoriza al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para otorgar, a través del ICO, reavales sobre avales bancarios emitidos a favor de operadores del sector por un importe máximo de 2.000 millones de euros.

Industria y automoción. El Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas pasa a denominarse Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial. Además, se crea el Programa Auto+ para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, con una dotación de 400 millones de euros, y se concede un suplemento de crédito de 300 millones de euros para ayudas de compensación de costes indirectos de CO2.

Ayudas al sector agrario, pesquero y al transporte

Sector agrario. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios y otra ayuda extraordinaria por el incremento de los costes de los fertilizantes. Asimismo, se amplían la línea de ayudas ICO-MAPA-SAECA y las subvenciones destinadas a la obtención de avales de SAECA.

Sector pesquero. Se establece una ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocado por el aumento del precio de los combustibles y se prevé la exención de la tasa de la pesca fresca durante tres meses.

Transporte por carretera. Se articulan dos líneas de apoyo: una ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por quienes tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, y otra ayuda directa para empresas de transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución, en ambos casos con los importes y condiciones fijados en la norma.

Transporte marítimo. Se establece un sistema de ayudas directas a servicios de transporte marítimo regular de pasajeros, o de pasaje y carga rodada en régimen de pasaje, que operan en líneas de cabotaje marítimo y en determinadas conexiones interinsulares.

Impacto práctico

El plan combina rebajas fiscales, ayudas directas, medidas de protección social e instrumentos de impulso energético e industrial. En la práctica, extiende apoyos a consumidores vulnerables, transporte, campo, pesca e industria, y añade reformas orientadas a acelerar la electrificación, el autoconsumo, las renovables, el almacenamiento y la planificación de redes.

Junto a las medidas coyunturales hasta junio o diciembre de 2026, el real decreto-ley incorpora cambios estructurales en energía, inversión, eficiencia y movilidad, con incidencia directa para empresas, operadores energéticos, sectores productivos y administraciones públicas.