El Gobierno prorroga medidas para proteger a los colectivos vulnerables y actualiza el marco fiscal y social mediante el Real Decreto-ley 16/2025

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre, que supone la prórroga y adopción de un conjunto de medidas urgentes en materia de protección social, tributaria, de Seguridad Social y financiación territorial para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica persistentes en España. Esta norma asegura la continuidad del escudo social puesto en marcha desde 2022, insiste en el objetivo de proteger a los colectivos más sensibles ante el alza de precios y actualiza el marco regulatorio y fiscal en línea con la evolución reciente de la economía.

El Gobierno ha venido aprobando, desde 2022, sucesivos paquetes de urgencia (nueve en total) para mitigar los efectos económicos derivados, principalmente, de la invasión de Ucrania, el encarecimiento de la energía, la inflación y nuevas amenazas geopolíticas. El Real Decreto-ley 16/2025 responde a la necesidad de evitar la interrupción de medidas clave cuya expiración operaba el 31 de diciembre de 2025. Además, la prórroga presupuestaria existente hace imprescindible este instrumento legislativo para blindar la protección social, actualizar las pensiones y asegurar la financiación de servicios públicos esenciales.

Medidas más destacadas por ámbitos:

Protección en materia de vivienda: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas en situación de vulnerabilidad, y hasta el 31 de enero de 2027 la posibilidad de compensación a los arrendadores. Esta medida se adopta ante la persistente sobrecarga financiera de los hogares inquilinos, el aumento del precio de la vivienda (+12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025) y el mantenimiento de tasas de esfuerzo que superan la media europea.

Lucha contra la pobreza energética: Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión. El Gobierno recalca la necesidad de evitar retrocesos antes del despliegue de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030.

Revalorización de pensiones y otras prestaciones: En un contexto de prórroga presupuestaria, se revalorizan las pensiones públicas y otras prestaciones para 2026 conforme a la inflación interanual (2,7%), asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo de más de nueve millones de pensionistas. Se fijan los límites iniciales, se actualizan bases de cotización, la cuota de solidaridad y se establecen medidas específicas para pensiones no contributivas, de orfandad y prestaciones por discapacidad o afectación del VIH.

Empleo y protección laboral: Se prorroga el salario mínimo interprofesional de 2025 hasta que se apruebe el correspondiente a 2026 y se refuerzan las cláusulas de protección para evitar despidos vinculados al aumento de los costes energéticos, especialmente en empresas beneficiarias de apoyos públicos. Las medidas buscan amortiguar el impacto social y proteger el mercado de trabajo. 

Medidas tributarias y fiscales: Se prorrogan incentivos fiscales a autónomos y pequeñas empresas (límites de módulos IRPF y regímenes de IVA, con plazo adicional para renuncias y revocaciones), deducciones para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como incentivos para inversiones en energías renovables. Además, se declaran exentas de tributación las ayudas por daños personales concedidas a afectados por incendios forestales y la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en municipios entre 2024 y 2025. Se mantienen deducciones para la mejora de la eficiencia energética de viviendas y se evitan incrementos de tributación inmobiliaria. También se actualizan los coeficientes para el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Además, también se contempla la posibilidad de una renuncia extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y baja extraordinaria en el registro de devolución mensual para el año 2026.

Financiación autonómica y local: La norma actualiza las entregas a cuenta y el régimen de financiación a comunidades autónomas y entidades locales para 2026 conforme a las previsiones de ingresos tributarios, evitando el impacto negativo de operar con los importes de 2023. Se recoge un régimen excepcional de endeudamiento para la Comunitat Valenciana y se prorrogan medidas financieras para sobrecostes y emergencias territoriales.

Reformas administrativas y de Seguridad Social: Se elimina la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de prestaciones por desempleo evitando cargas excesivas y posibles perjuicios fiscales. Se aprueba la tarifa de primas para la cotización por contingencias profesionales adaptada a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) y se amplía la compatibilidad de jubilación y actividad profesional para médicos y pediatras en el Sistema Nacional de Salud durante un año más.

Sectores estratégicos y energía no peninsular: El Real Decreto-ley actualiza la retribución y los parámetros específicos para el sector eléctrico en territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), asegurando la viabilidad de nuevas inversiones y el mantenimiento de precios equivalentes a los de la península.