El TSJ de Castilla-La Mancha rechaza la revisión anticipada de la incapacidad absoluta a un tractorista agrícola por no haber cumplido el plazo reglamentario

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), a través de la Sala de lo Social con sede en Albacete, ha desestimado la petición de un tractorista agrícola que solicitó la revisión anticipada de su estatus laboral de incapacidad y la concesión de un grado superior de incapacidad absoluta. El fallo, que ratifica resoluciones anteriores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real, viene sustentado en que no se cumplen los requisitos temporales y legales para proceder a dicha revisión.

Hechos clave: reconocimiento previo y solicitud de revisión

El trabajador, identificado como Estanislao, desempeñaba labores agrícolas como tractorista y estaba adscrito al Sistema Especial Agrario, tras años de servicio y a raíz de un cuadro clínico complejo, fue reconocido en enero de 2021 como afecto a una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Este reconocimiento fue consecuencia de una enfermedad común, en concreto una meningitis neumocócica con secuelas de cansancio, debilidad muscular, dolor, limitaciones funcionales, coxartrosis, síndrome del túnel carpiano y otras dolencias asociadas. Frente a este diagnóstico, se le asignó una prestación equivalente al 75% de la base reguladora fijada en 1.101,81 euros.

En dicha resolución, el INSS estableció de forma explícita un plazo de revisión: la situación del trabajador podría ser revisada previsiblemente en enero de 2023, conforme al dictamen médico que sustentaba la incapacidad reconocida. Sin embargo, en febrero de 2022 —casi un año antes de la fecha prevista— el agricultor presentó una solicitud formal para revisar al alza su grado de incapacidad, alegando agravamiento de sus patologías. La petición fue denegada por el órgano gestor alegando la inexistencia de datos nuevos y, fundamentalmente, la no concurrencia del plazo reglamentario mínimo para instar una revisión de grado.

Procedimiento judicial y fundamentos del fallo

Este escenario llevó al trabajador a recurrir ante la justicia laboral, donde su demanda fue desestimada inicialmente por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Ciudad Real. La sentencia reconocía la validez y legalidad del plazo estipulado y absolvía al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de todas las pretensiones presentadas.

Tras dicha resolución, el trabajador planteó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En este nuevo trámite alegó, entre otros motivos, que la resolución anterior incurría en grave incongruencia por no entrar a valorar el fondo de la agravación y negaba su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados del TSJCLM, en su sentencia 724/2025, han analizado de forma pormenorizada el caso y han recordado que el artículo 200 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) marca que toda resolución —ya sea inicial o de revisión— debe fijar un plazo a partir del cual pueda solicitarse una nueva revisión, por agravación o mejoría, del estado invalidante. Dicho plazo, enfatiza la sentencia, es “vinculante para todos los sujetos que puedan instar la revisión”, salvo en dos únicas excepciones: cuando se produce un error de diagnóstico, o cuando el beneficiario está desempeñando un trabajo por cuenta propia o ajena. Ninguna de estas condiciones, señaló el tribunal, concurría en el caso enjuiciado.

El recurso presentado por el tractorista ha sido objeto de valoración atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señala la “necesidad de dotar a las resoluciones firmes de un grado de estabilidad temporal que evite revisiones continuas y garantice seguridad jurídica, tanto para el beneficiario como para la administración.” En consecuencia, el TSJCLM entiende que no existe motivo para apartarse de la interpretación legal, y que entrar a valorar el presunto agravamiento de las dolencias habría supuesto obviar la obligatoriedad del plazo revisorio establecido administrativamente.

Aspectos médicos y administrativos: la situación del trabajador

El análisis judicial recogió el historial médico resumido: antecedentes de meningitis neumocócica (julio 2019), posible neuropatía/miopatía en recuperación, coxartrosis derecha, síndrome del túnel carpiano bilateral moderado, espondiloartrosis lumbar evolucionada y crisis parciales en estudio, además de limitaciones orgánicas funcionales ya señaladas. Asimismo, consta que la Consejería de Bienestar Social reconoció al demandante un grado de discapacidad del 34% con efectos de marzo de 2021.

No obstante, el tribunal ha dejado claro que tales diagnósticos y el agravamiento referidos son los mismos que sirvieron de fundamento para la resolución inicial y que cualquier variación significativa debería ser objeto de examen únicamente cuando el plazo revisorio haya expirado o se presente alguna de las dos excepciones previstas.

En definitiva, el TSJCLM mantiene la doctrina según la cual sólo en los casos excepcionales sobre los que la ley así lo habilita, cabe la revisión anticipada del grado de incapacidad permanente, preservando así el equilibrio entre la protección al trabajador y la necesaria estabilidad del sistema de prestaciones.

Fuente: Poder judicial.

Incapacidad permanente. Paso a paso. Colex. Año 2024.

Procedimiento para la revisión de una incapacidad permanente.