Importante sentencia del Supremo sobre la plusvalía

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Establece criterios interpretativos del artículo 104 de la Ley de las Haciendas, fijando que quién deber probar que no ha existido plusvalía, es el obligado tributario.

  • Materias: Fiscal
  • Fecha: 12/03/2019

casa entre manos

 

El Tribunal Supremo a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo dicta una reciente sentencia de 13 de febrero de 2019 (Nº 175/2019, Rec. 4238/2017) en la que, teniendo presente la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 (Nº 59/2017) procede a determinar si, en los casos en los que los órganos judiciales optaron por la interpretación de la legalidad ordinaria sin planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo, resulta procedente atribuir a la Administración la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible o, por el contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusvalía, aportar la prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión fue inferior al de la adquisición del bien.

Para ello, en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia, fija la siguiente interpretación de los artículos 104 de la LHL, en conexión con los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la misma norma, y en relación con las reglas sobre la carga de la prueba recogidas en los artículos 105.1 y 106.1 de la LGT, y 217.7 y 385.2 de la LEC.

1º) De la exégesis de la regulación legal del IIVTNU -en particular, de los artículos 104.1, 107.1, 107.2 a), y 110.4 del TRLHL-, a la luz de las declaraciones de inconstitucionalidad contenidas en la STC 59/2017 , se infiere inequívocamente que la que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico es la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en vigor.

2º) De conformidad con los artículos 105.1 y 106.1 de la LGT , y 217.7 y 385.2 de la LEC , corresponde al obligado tributario que alegue que no ha existido plusvalía probar la inexistencia del hecho que se presume ex artículos 104.1, 107.1, 107.2 a) del TRLHL, a saber, que el precio de transmisión del terreno fue superior al de adquisición del bien y, en consecuencia, que ha existido una plusvalía en la enajenación de inmueble susceptible de gravamen.

3º) La carga de la prueba de la inexistencia de plusvalía recae sobre el sujeto pasivo del impuesto con independencia de que el Ayuntamiento impositor haya previsto la gestión del IIVTNU por el procedimiento iniciado mediante declaración ( artículos 128 a 130 de la LGT ) o por el sistema de autoliquidación ( artículo 120 LGT ), en la medida en que (i) para la determinación y prueba de la inexistencia de una plusvalía gravable las actuaciones relevantes son las de manifestación de la realización del hecho imponible y de comunicación a la Administración de los datos relevantes para la cuantificación de la deuda tributaria, y (ii) sendas actuaciones corresponden por igual al obligado tributario se gestione el tributo por el procedimiento de declaración o por el sistema de autoliquidación.

 

El Supremo en el caso resuelto en esta sentencia, rechaza la tesis de la recurrente de que “la depreciación general de los inmuebles es un hecho notorio que no necesita prueba”.

Plusvalías
Carga de la prueba
Cuestión de inconstitucionalidad
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Minusvalía
Discapacidad
Obligado tributario
Incremento de valor
Presunción iuris et de iure
Suelo urbano
Terrenos de naturaleza urbana
Valor del terreno
Presunción iuris tantum
Hecho inexistente
Comunicaciones a la administración
Deuda tributaria
Hecho notorio

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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