Proposición de Ley para modificar las sanciones ante el incumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el 29 de agosto de 2025 la admisión a trámite de la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la iniciativa tiene como principal objetivo modificar el régimen sancionador aplicado a aquellas empresas que incumplan la obligación legal de reservar al menos un 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad, endureciendo significativamente las consecuencias de dicho incumplimiento.

Este avance legislativo se enmarca en la adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008, así como a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aprobada en 2024. Ambas normas sitúan la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este colectivo en el centro de la acción pública, específicamente en el ámbito del empleo, concebido como una vía esencial para la plena ciudadanía y la dignidad.

Reforma de las sanciones: de infracción grave a muy grave

La actual normativa, contenida en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Sin embargo, según recuerda la exposición de motivos de la Proposición de Ley, distintos estudios y políticas, como el "Libro blanco sobre empleo y discapacidad" (julio de 2023), han puesto de manifiesto que la calificación de la infracción y el régimen sancionador actual son insuficientes para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de inclusión.

Para dar respuesta a esta deficiencia, la Proposición de Ley propone una modificación de la citada normativa: el incumplimiento de la reserva de empleo pasa a considerarse infracción muy grave. Se elimina el apartado específico sobre la infracción grave y se añade una letra h) al artículo 16, que recoge las infracciones muy graves, en la que expresamente se contempla esta conducta. Las consecuencias legales de esta alteración son significativas, ya que las infracciones muy graves comportan sanciones económicas más elevadas y restricciones adicionales para los infractores.

Nuevas restricciones al acceso a subvenciones públicas

Un segundo eje de la reforma se centra en la coherencia de las políticas de apoyo público. La Proposición de Ley introduce la obligación de excluir del acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas o personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas, mediante resolución administrativa firme, por una infracción muy grave relativa al incumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. La modificación se incorpora al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De este modo, la propuesta busca desalentar el incumplimiento de la cuota de reserva no solo mediante el aumento de las sanciones, sino también a través de la retirada de incentivos y el acceso a fondos públicos, con el fin de evitar que quienes vulneran una norma concebida para proteger derechos de los colectivos más vulnerables se beneficien de recursos públicos.

Medidas de sensibilización y refuerzo de la Inspección de Trabajo

La iniciativa parlamentaria no se limita al endurecimiento de las sanciones. Consciente de la importancia de la concienciación social y empresarial sobre la materia, la Proposición de Ley insta a las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, a desarrollar campañas informativas destinadas a promover entre la sociedad y el tejido empresarial la importancia de la reserva de empleo, así como los beneficios que la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad reporta a la ciudadanía en su conjunto.

Adicionalmente, la Ley prevé que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social intensifique sus actuaciones en los próximos tres años —plazo renovable—, realizando campañas específicas para verificar el cumplimiento de la cuota de reserva en las empresas. Se establece la obligación de confeccionar informes y balances anuales sobre los resultados de estas campañas, de manera que se pueda disponer de datos objetivos sobre el grado de cumplimiento y la eficacia de las medidas adoptadas.

Contexto jurídico e histórico de la cuota de reserva

La obligación legal de reservar un 2% de los empleos para personas con discapacidad afecta, según la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo  1/2013, de 29 de noviembre), a todas las empresas de 50 o más trabajadores, con independencia del número de centros de trabajo y de la modalidad contractual de las plantillas. Esta obligación puede exceptuarse solo de manera parcial o total en casos debidamente justificados, bien a través de acuerdos colectivos de ámbito estatal o inferior, bien por opción voluntaria de la empresa comunicada a la autoridad laboral; siempre con la condición de aplicar medidas alternativas determinado reglamentariamente.

El sistema de reserva de empleo tiene en España una larga tradición, remontándose a 1938, si bien es en las últimas décadas cuando ha cobrado su actual sentido de herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras de acceso al mercado de trabajo.

Entrada en vigor y procedimiento parlamentario

La Proposición de Ley fue presentada en la Mesa del Congreso el 23 de julio de 2025 por el diputado socialista Patxi López Álvarez, y remitida al Gobierno según lo previsto en el artículo 126 del Reglamento. Tras su publicación y notificación, la norma quedará aprobada una vez supere el trámite parlamentario y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Conclusión: hacia un mercado laboral más inclusivo

La Proposición de Ley supone un avance relevante en el marco de las políticas activas de inclusión social, situando a España en línea con las exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución Española. A través del endurecimiento de las sanciones, la exclusión del acceso a subvenciones públicas y el refuerzo de la labor inspectora y la sensibilización, se pretende garantizar que la reserva de empleo deje de ser una mera declaración formal para convertirse en una realidad efectiva.

La iniciativa representa así un firme compromiso de los poderes públicos con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y la construcción de un mercado laboral verdaderamente abierto e inclusivo, donde la igualdad de oportunidades sea una garantía para todos los ciudadanos.

Puede consultar la Proposición de Ley analizada aquí.