Caso práctico: Revisión de sentencias firmes. Anulación por la jurisdicción contencioso-administrativa de acta de inspección (arts. 236.1 LJS y 510 LEC)

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 07/10/2021
  • Origen: Iberley

Revisión de sentencias firmes. Anulación por la jurisdicción contencioso-administrativa de acta de inspección (arts. 236.1LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL (LJS) y 510 LEY 1/200, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL(LEC))

Una sentencia dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa anula un acta de la Inspección de Trabajo que impuso una sanción por infracción muy grave de Seguridad Social.

El afectado presentó ante el Registro General del Tribunal Supremo DEMANDA DE REVISIÓN contra la STSJ, por la vía del arts. 236.1 LJS (Contra cualquier sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional social... procederá la revisión prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por los motivos de su artículo 510 LEC y por el regulado en el apartado 3 del artículo 86, de la presente Ley. La revisión se solicitará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo) e invocando como motivo, el contemplado en el apartado 1º del artículo 510 LEC.

La sentencia contenciosa es posterior a la que se quiere revisar y además no resultaría decisiva por sí misma para alterar el resultado de la sentencia laboral.

  • ¿Puede atribuirse a la sentencia dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa que anule un acta de la Inspección de Trabajo por la que se impone una sanción por infracción muy grave de Seguridad Social, la condición de documento 'obtenido' a que se refiere el número primero del  artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?

---XXX---

Por la Sala IV del Tribunal Supremo, se viene afirmando -STS/IV de 25/02/2014 (R. 26/2013 -TS, Sala de lo Social, de 25/02/2014, Rec. 26/2013-) respecto al recurso de revisión que su finalidad última, «se orienta a la prevalencia del principio de justicia material sobre el de seguridad jurídica que acompaña a toda sentencia firme obtenida en un proceso judicial. De aquí que, en la pugna entre ambos principios, dotados en la actualidad de un reconocimiento jurídico-constitucional en los artículos 9,24 de la Constitución Española, haya tenido que arbitrarse un sistema de protección combinada que propicie la adecuada pervivencia de uno y otro en términos de ajustada ponderación jurídica» (reproduciendo doctrina anterior, SSTS 15/03/01 (R. 1265/00 -TS, de 15/03/2001, Rec. 1265/2000-); 26/04/05 (R. 23/2003 - TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 26/04/2004, Rec. 23/2003 -; 31/10/05 (R. 9/2005 - TS, Sala de lo Social, de 31/10/2005, Rec. 9/2005 -; 24/10/07 -rec. 22/2006 -TS, Sala de lo Social, de 24/10/2007, Rec. 22/2006  -); y 06/11/07 (R. 26/2006 - TS, Sala de lo Social, de 06/11/2007, Rec. 26/2006 -). Y al constituir una quiebra del principio de autoridad de la cosa juzgada [artículo 222 de la LEC], el juicio de revisión no puede exceder de los estrictos limites que tiene legalmente demarcados, pudiendo únicamente ser pretendida a través de las causas previstas en la Ley, que se configuran como «numerus clausus» o «tasadas», imponiéndose -pues- «una interpretación restrictiva y rigurosa tanto de sus causas, como de sus requisitos formales», a fin de evitar que se convierta en un nuevo grado jurisdiccional en el que, al arbitrio de alguno de los litigantes y con menosprecio de la cosa juzgada, se intente volver a discutir casos ya debatidos y definitivamente resueltos, con olvido de que el recurso de revisión no se halla establecido para corregir sentencias supuestamente injustas, sino para rescindir las ganadas injustamente (con cita de numerosos precedentes, la STS 21-12-2012 (R. 14/2010 -TS, Sala de lo Social, de 21/12/2012, Rec. 14/2010-).

Según el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los motivos para la revisión de una sentencia firme son:

  • 1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
  • 2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.
  • 3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
  • 4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

El referido precepto establece que 'habrá lugar a la revisión de una sentencia firme... si después de pronunciada se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiese podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado'. El hecho mismo de que en este caso el 'documento obtenido' -la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo - sea posterior a la sentencia impugnada constituye ya por sí solo un impedimento para que esta acción revisoria pueda prosperar, tanto más cuanto que la no disposición de tales documentos no puede atribuirse a fuerza mayor o a actuación impeditiva de la contraparte como el precepto legal exige.

En este sentido, la STS 06/05/2014 (R. 5/2013  - TS, Sala de lo Social, de 06/05/2014, Rec. 5/2013 -), no ha dotado de la consideración de documentos «obtenidos» del artículo 510.1 de la LEC, a la sentencia dictada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que anule acta de la Inspección de Trabajo que imponía sanción por infracción muy grave de Seguridad Social.

Jurisdicción contencioso-administrativa
Revisión de sentencias firmes
Acta de inspección
Sentencia firme
Acta de inspección laboral
Recurso de revisión
Seguridad jurídica
Fuerza mayor
Quiebra
Falso testimonio
Prueba de testigos
Violencia
Cohecho
Maquinación fraudulenta

LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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