Las insolvencias punibles como modalidad de delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

Las insolvencias punibles se castigan en el Capítulo VII bis del Título XIII.

En cuanto al bien jurídico protegido es el derecho de crédito del acreedor enmarcado en el derecho a la satisfacción que tienen sobre el patrimonio del deudor en el caso de que éste incumpla sus obligaciones, como cara opuesta del deber que tiene el deudor de responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes o futuros.

A tenor del 259.4 ,CP "Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso"

La responsabilidad del deudor y el consiguiente derecho del acreedor a saldar su deuda sólo puede ser resultado de una obligación existente, no de un título ejecutorio formalmente válido teniendo por fundamento una obligación inexistente.

NOVEDAD: La Ley Orgánica 1/2015, modifica todo el articulado que engloba el Título XIII del Libro II del Código Penal.

Se modifica el capítulo "De las insolvencias punibles", que pasa a regularse en el Capítulo VII bis. (El Capítulo VII se pasa a rubricar como: "Frustración de la ejecución")

 

 

El 259.1 ,CP, contempla el tipo básico de las insolvencias punibles, con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien mediante alguna de las conductas que se describen en el apartado cause su situación de insolvencia, o quien las realice encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente.

"1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial."

 

El tipo atenuado se regula en el apartado 3 del 259.1 ,CP, cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia para lo cual se prevé una pena prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

Para la persecución de este delito y los delitos singulares relacionados con él, no será necesario esperar a la conclusión del concurso. La calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal. Además, el importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, añade un Art. 259 bis ,CP, que contempla un tipo agravado que se castiga con una pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando exista riesgo, o se produzca un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas; o cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros y cuando la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, tenga como mínimo la mitad del importe de los créditos concursales.

El Art. 260 ,CP tiene una pena de prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses, cuando el deudor favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica. Esta modalidad delictiva castiga como tipo cualificado, que el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, para pagar a uno o varios acreedores con posposición del resto. La pena es de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.

El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses (cf. Art. 260 ,CP)

En cuanto a la responsabilidad de este delito por parte de las personas jurídicas del Art. 261 bis ,CP, se dispone que se impondrán multas:

a) De dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) De uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) De seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 bis ,CP los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,CP

 

REGULACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA:

Las insolvencias punibles vienen reguladas en el Capítulo VII del Título XIII. En cuanto al bien jurídico protegido es el derecho de crédito del acreedor enmarcado en el derecho a la satisfacción que tienen sobre el patrimonio del deudor en el caso de que éste incumpla sus obligaciones, como cara opuesta del deber que tiene el deudor de responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes o futuros. La responsabilidad del deudor y el consiguiente derecho del acreedor a saldar su deuda sólo puede ser resultado de una obligación existente, no de un título ejecutorio formalmente válido teniendo por fundamento una obligación inexistente. El derecho de crédito como bien jurídico protegido tiene singularidades.

En el 257.2 ,CP dice que será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada. No se debe confundir con otros delitos como la elusión del pago de los tributos o de las cuotas de la Seguridad Social que constituyen los delitos previstos en el Art. 305 ,CP, respecto a los cuales las insolvencias punibles son subsidiarias. El derecho de crédito comprende intereses diferentes y con distintos resultados, por un lado el derecho al cumplimiento de la obligación y por otro el derecho a satisfacerse en el patrimonio del deudor en caso de incumplimiento. Sólo en este último caso tiene trascendencia para la delimitación del bien jurídico protegido en los delitos de insolvencia. El surgimiento de la obligación supone para el acreedor siempre el riesgo de que el deudor no cumpla con la prestación debida. Éste es un riesgo normal con que el acreedor debe contar aunque puede restarle protagonismo con los mecanismos del Código Civil. Cuando el deudor dispone sustrayéndose a las consecuencias de su incumplimiento, ocultando sus bienes y eludiendo su responsabilidad patrimonial, es aquí donde cobra  participación el derecho penal.

El bien jurídico protegido en estos delitos no es la evitación del simple incumplimiento de las obligaciones, sino de ese incumplimiento seguido de la frustración de la satisfacción patrimonial de los acreedores por ocultación del patrimonio del deudor. Esa frustración es una circunstancia puramente objetiva cuya constatación  da lugar a la existencia del delito que estamos tratando.

El derecho de crédito es un derecho que tiene como propósito satisfacer al acreedor, pero si este no consigue su satisfacción es irrelevante sino tiene causa en las actuaciones del deudor, por tanto se puede decir que la propia estructura del derecho de crédito es la que posibilita una mejor delimitación del bien jurídico protegido una interpretación restrictiva de los tipos delictivos.

Alzamiento de bienes. Hay varios tipos delictivos enmarcados en el Capítulo VII que pueden reconducirse al denominador común de alzamiento de bienes que era el único tipo que anteriormente regulaba la lesión del derecho de crédito. Hoy en día la estructura y penalidad de los nuevos tipos coincide con la del alzamiento de bienes propiamente dicho por lo que se pueden estudiar de forma conjunta. El alzamiento de bienes se tipifica en el 257.1 ,CP y dice este artículo “el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores” y el número dos dice en que en perjuicio de los acreedores realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación y en el Art. 258 ,CP al responsable de cualquier hecho delictivo que con posterioridad a su comisión y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente. En estos tres casos la pena es de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El tipo objetivo de todos los delitos comprendidos como alzamiento de bienes descansa en la existencia de una relación jurídica obligacional que debe ser preexistente a la comisión del delito, no siendo necesario que esté vencida. La determinación de la existencia la hará el juez con objetividad y si el objeto de litigio pende de otro tribunal, el juez penal esperará por la resolución de este.

De la relación  jurídica obligacional se derivan los sujetos del delito: deudor y acreedor. El sujeto activo del delito de alzamiento de bienes sólo puede ser el deudor, es por tanto un delito especial, ya que el que ostenta tal cualidad de autor es el deudor y propietario de los bienes alzados. Con el Art. 31 ,CP se atribuye a ciertas personas las cualidades que exige el tipo o el deudor, al que actúe como administrador de hecho que sin tener cargo o representación domina o controla la persona jurídica en nombre o representación legal o voluntaria de otro.

El sujeto pasivo es el acreedor o acreedores titulares del bien jurídico protegido afectado por la acción del deudor.

La acción es el “alzarse”, en otras modalidades de alzamiento de bienes es realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, realizar actos de disposición o contraer obligaciones que disminuyan el patrimonio. Todo esto lo podemos resumir en el hecho de la ocultación material de los bienes del deudor o a su desaparición sirviéndose de medios jurídicos bien por disminución del activo o aumento del pasivo. Como consecuencia de alguna de las acciones descritas debe producirse por tanto un estado de insolvencia, que puede definirse como la creencia de que una persona se encuentra en una situación económica tal que no le permite responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Se debe distinguir la insolvencia del perjuicio de los acreedores. Esto tiene importancia para delimitar cuando se produce la consumación del delito. El perjuicio no consiste de esta forma en una simple puesta en peligro del derecho a la satisfacción de los acreedores sino en una lesión efectiva patrimonial.

El objeto material son los bienes propiedad del deudor tanto materiales como inmateriales, muebles y inmuebles y también los créditos. Todos ellos embargables y afectos a la satisfacción de las obligaciones contraídas.

Tipo subjetivo. En el Art. 257 ,CP se expresa que la acción se realice en perjuicio de los acreedores y en el Art. 258 ,CP con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles. El deudor debe querer perjudicar al acreedor al realizar la acción, es decir, el perjuicio  no es un elemento del tipo objetivo y la intención del deudor es distinta del dolo que juntamente con ella sirve de base al elemento subjetivo de la tipicidad en el delito de alzamiento de bienes.

Causas de justificación. Si el deudor satisface el crédito de uno de sus deudores en detrimento del derecho de los demás, su manera de actuar es justificada siempre que sea un pago acorde de una obligación exigible y no exista ya un procedimiento concursal en el que se haya asignado una prelación a los créditos en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el Art. 259 ,CP.

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, el alzamiento de bienes es  un delito especial en el que sólo puede ser autor en sentido estricto el deudor siendo también el administrador de hecho o de derecho del Art. 31 ,CP, la participación se rige por las normas contempladas en la parte general. El no deudor que ayude al deudor con maniobras de ocultación o cualquier otro tipo de fraude puede responder como cómplice o cooperador necesario. Cabe en este delito la autoría mediata y la coautoría.

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