Auto CIVIL Nº 102/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, Rec 313/2017 de 28 de Enero de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

Sección CATORCE

Rollo núm. 313/2017

JPI núm. 5 de Vilafranca del Penedès

Autos núm. 612/13 de ejecución hipotecaria

(Incidente de oposición)

A U T O núm. 102 / 2020

Ilmos. Sres. magistrados:

AGUSTÍN VIGO MORANCHO

SERGIO FERNÁNDEZ IGLESIAS

GUILLERMO ARIAS BOO

Barcelona, a 28 de enero de 2020.

Antecedentes

1. Se aceptan los antecedentes de hecho del auto de 13 de octubre de 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Vilafranca del Penedès en los autos de ejecución hipotecaria promovidos por BANKIA, S.A., hoy FORMENTERA DEBT HOLDINGS DAC, frente a D. Luis Carlos y doña Carina, siendo la parte dispositiva del auto apelado del tenor literal siguiente:

'Dispongo desestimar las alegaciones realizadas por la parte ejecutada, debiendo continuar la presente ejecución por los trámites procesales previstos.

En relación a este incidente, las costas se satisfarán por la parte ejecutada de manera solidaria.'

2. Interpuesto recurso de apelación contra el anterior auto porD. Luis Carlos y doña Carina, se admitió el mismo en ambos efectos, siendo elevados los autos originales a esta Audiencia, y seguidos los demás trámites procesales, se señaló para deliberación y fallo el día 16 de enero de 2020, tras la reunión para la unificación de criterios que estaba prevista celebraran los presidentes de las Secciones Civiles de esta Audiencia una vez el Tribunal Supremo dictase sentencia sobre la materia de vencimiento anticipado, habiendo tenido lugar dicha reunión el día 20 de septiembre de 2019, alzándose posteriormente la suspensión que venía acordada anteriormente a la vista de la cuestión prejudicial europea planteada por nuestro Tribunal Supremo al respecto.

3. En este procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales, expresando el parecer de este Tribunal el magistrado Sergio FERNÁNDEZ IGLESIAS, ponente de la resolución.

Fundamentos

4.No se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en la medida en que contradicen los que a continuación se expresan con ese mismo carácter.

PRIMERO. Antecedentes y objeto del recurso

5. En estos autos de ejecución hipotecaria promovidos inicialmente por BANKIA, S.A. en reclamación de 187.439,98 euros, aparte intereses y costas, se presentó oposición a la ejecución despachada por la representación de D. Luis Carlos y doña Carina, y el Juzgado procedió a resolver tanto sobre la primera excepción de falta de legitimación activa fundada en una supuesta cesión de varios préstamos hipotecarios de la entidad emisora a la entidad Formentera apelada que sería un fondo de titulización de activos, supuesto defecto procesal insubsanable, como sobre el carácter abusivo de alguna de las cláusulas incluidas existentes en el contrato de crédito que servía de título a la ejecución, en particular la relativa al vencimiento anticipado del contrato, sexta bis, y la de renuncia a la notificación de la cesión o venta del crédito hipotecario del art. 149 de la Ley Hipotecaria .

6. El Juzgado desestimó íntegramente la oposición a la ejecución, tanto la procesal como la de abusividad de dichas cláusulas, y acordó la prosecución del procedimiento por las cantidades ya expresadas anteriormente, con aquella imposición de costas.

7. La anterior resolución es recurrida en apelación por la parte opuesta a la ejecución para defender la oposición procesal y la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, instando finalmente la revocación total del auto apelado, y la imposición de costas a la ejecutante.

SEGUNDO. Falta de legitimación activa

8. El primer motivo del recurso insiste en la falta de legitimación activa de la cesionaria irlandesa Formentera Debts Holding DAC, pero el argumento sobre la cesión total de varios préstamos agrupados a quien se tendría por fondo de titulización de activos adolece de una premisa no dada, que no sería otra que dicha entidad apelada no consta fuere ningún fondo de titulización de activos, solo, por lo que aquí importa, del préstamo hipotecario que nos ocupa, según obra en el testimonio notarial emitido en 23.11.15, a los folios 242 y 243.

9. Además, el tema de sucesión procesal a la entidad apelada ya fue resuelto por auto firme de 4 de mayo de 2016 (folios 274 y 275), conforme a lo dispuesto en el art. 540 LEC , otorgando plena legitimación a la entidad irlandesa apelada, en cuanto dicho auto ganó la autoridad de la cosa juzgada formal referida en el art. 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cosa juzgada que ahora no puede desconocer la parte apelante.

10. Aunque fuere admisible como excepción procesal, por último, y brevemente, en cuanto a la referencia a la abusividad de la cláusula hipotecaria séptima, que exoneraba a la acreedora de notificar la cesión crediticia a la parte deudora, en el sentido establecido en el art. 149 de la Ley Hipotecaria , no tenemos motivo ninguno para cuestionar la información al respecto, por lo que no se ve abusividad ninguna en esa cláusula séptima hipotecaria.

11. Y esa alusión se relaciona con lo dispuesto en el art. 130 LH en relación a dicho 149 de idéntica Ley Hipotecaria, con la doctrina prácticamente unánime estableciendo que en caso de cesión universal la inscripción registral tiene efectos meramente declarativos y no constitutivos, no siendo necesaria la inscripción de la hipoteca en los procesos de sucesión universal, a los efectos previstos en el art. 540 de la LEC , y no aplicándose el art. 149 LH en los supuestos de fusiones y cesiones globales de activo y pasivo, definiéndose la cesión de crédito en el art. 1.526 del Código Civil como la transmisión de un crédito concreto; el precepto siempre usa el singular en su redacción, incluyendo su segundo párrafo de inmueble.

12. Frente a la sucesión singular está la sucesión universal, fenómeno distinto, dado que más que la transmisión de un activo se produce la sustitución de una persona, causante, por otra, causahabiente, que adquiere todo el activo y pasivo. Y el art. 149 LH se refiere a la cesión de crédito singular y no se aplica a supuestos de sucesión universal.

13. En idéntica línea obraría la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, regulándose la fusión en su art. 22 y la segregación en el art. 71, comportando ambos procesos una sucesión universal, remitiéndose su disposición adicional tercera, sobre régimen aplicable a esas operaciones, a los artículos 85 a 91 de la propia Ley, y su art. 89 al momento de la eficacia de la cesión global de activos y pasivos, con la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad cedente, sin supeditarlo a la inscripción en el Registro de la Propiedad. Por tanto, el art. 149 LH no es aplicable al caso de sucesión universal, dado que en su ámbito objetivo no se prevén las operaciones societarias, que están reguladas por su normativa específica.

14. En todo caso, la inscripción de la cesión de créditos sería meramente declarativa, y no constitutiva, cuando se trata de cesión de créditos hipotecarios, art. 149 de la Ley Hipotecaria , de tal forma que la inscripción referida solo robustecería el título frente a terceros a los efectos de la fe pública registral, y, obviamente, ni el cesionario ni el demandado tendrían la condición de terceros a los efectos prevenidos en el art. 1.526 del Código Civil , con las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1989 , 23 de noviembre de 1993 , 23 de noviembre de 2007 , 3 de diciembre de 2004 , 7 de febrero de 2007 y 18 de octubre de 2007 , por todas.

15. Es más, no estaríamos en presencia de una estricta cesión de derechos, sino ante una sucesión universal por aportación del negocio bancario de la anterior entidad crediticia a favor de la ejecutante actual, y ello implicaría, como explica Juan Montero Aroca, la no necesidad de la inscripción de la cesión de crédito hipotecario, habiendo acabado por imponerse, en la práctica, nos dice, la llamada reanudación del tracto sucesivo en virtud del tracto abreviado, manifestando al respecto la jurisprudencia, véase la sentencia de la AP de Valladolid de 24 de octubre de 2003 , que a los efectos de acreditar el tracto sucesivo en dichos supuestos, puede demostrarse aportando la escritura de cesión antes de inscribirse el remate o adjudicación o bien especificando en el auto de remate o adjudicación la mencionada escritura de cesión.

16. Tampoco sería aplicable la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, dado que en este caso no se llevó a cabo ninguna subrogación al amparo de dicha norma, y la subrogación prevenida en dicha Ley es una operación de carácter singular en que una entidad sustituye a otra por un acto particular, situación que no es en modo alguno comparable a una fusión o segregación de una entidad financiera.

17. En cuanto a la doctrina actual, se expone, por todos, el auto 20/2014, de 17 de febrero, de esta Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona , en su referencia a los arts. 20 y 149 de la Ley Hipotecaria , pues esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido de tener por legitimada a la sucesora universal, en la línea jurisprudencial ya referida, superando la división de opiniones al respecto. Destaca, entre otros muchos, el auto de 6 de mayo de 2013, en el recurso de apelación 162/13 que dispone, en su parte bastante: ' La legitimació per instar un procediment d'execució forçosa correspon, en principi (l'article 538 LEC ho preveu sens perjudici dels articles 540 a 544), a qui apareix com a creditor en el títol executiu. L'apartat 1r de l'article 540 LEC reconeix també legitimació a qui acrediti ser successor de qui figuri com a executant en el títol executiu'.

Y continúa razonando como sigue: ' En tot cas, el Tribunal Suprem en sentència de 29 de juny de 1989 , en un supòsit en que BBVA es subrogava universalment en tot el contingut patrimonial i obligacional de Banca Vilella, SA, declara que no constitueix cap obstacle perquè BBVA instés procediment d'execució hipotecària que figurés inscrita en el Registre de la Propietat a favor de Banca Vilella, SA i no nominalment a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Raona el Tribunal Suprem en aquesta resolució el següent: 'en virtud de esa total adjudicación, en lo sucesivo será la expresada entidad bancaria adjudicataria quien ostente todos y cada uno de los derechos y obligaciones, incluso situaciones transitorias o de hecho, que pudiera corresponder a la repetida entidad adjudicante, por el título que fuere, y cuya cuestión, en cuanto se estime generante de cesión de la hipoteca que dio origen a la tan mentada entidad Banco Bilbao Vizcaya, SA, confiere a ésta facultad legitimadora para ejercitar a su amparo el procedimiento judicial sumario que autoriza el art. 131 LH '.

18. Además:

i. El requisito de la subsistencia y no cancelación (que exigían las reglas 2 ª y 4ª del artículo 131 LH y actualmente el artículo 685.2 LEC ) se contrae 'a acreditar la pervivencia del título que da base al ejercicio de la correspondiente acción hipotecaria, que ciertamente ha de corresponder a quien ostente, bien directamente, o por subrogación por vía de cesión, el crédito emanante de la hipoteca'.

ii. La hipoteca tiene un carácter accesorio del crédito, 'de modo que aquella subsiste en tanto éste también subsiste, lo que atribuye al crédito la cualidad de elemento principal de la relación jurídica, y lo lleva a reconocer que corresponde a la misma persona que sea titular del crédito garantizado, al no ser la hipoteca un derecho independiente'.

iii. La exigencia de inscripción en el Registro de la Propiedad a la que aluden los artículos 149 LH y 244 RH lo es en relación a terceros a efectos de la fe pública registral, y, por tanto, la inscripción no tiene valor constitutivo, tratándose de la cesión de créditos como lo está poniendo de manifiesto el párrafo segundo del invocado art. 149 LH , cuando previene que el cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Esta misma doctrina se ha seguido en las sentencias de 23 de noviembre de 1993 , 25 de febrero de 2003 y 4 de junio de 2007 .

19. En conclusión, a tenor de dicha ilustración jurisprudencial, no sería precisa la inscripción a los efectos de despachar ejecución, obrando escritura notarial fehaciente que autorizaría la misma, conforme a la claridad de lo previsto en dicho art. 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que conecta con su precedente art. 538 de idéntica norma procesal, en regulación de la legitimación propia de este proceso ejecutivo sumario hipotecario, según obra documentado en esta misma pieza separada de oposición.

En idéntico sentido obra una abrumadora doctrina jurisprudencial, seguida en esta misma Sala, como puede verse, a título de ejemplo, en nuestro auto 7/2017, de 3 de enero de 2017, bajo ponencia del magistrado Sr. Hosta, rollo 769/2016 , que no reproducimos en aras de brevedad.

20. En definitiva, desestimamos este primer motivo procesal articulado en el recurso de apelación, si bien por motivos distintos a los articulados en el auto apelado.

TERCERO. Pacto de vencimiento anticipado

I. Doctrina jurisprudencial

21. Desde la STS núm. 705/15 de 23 de diciembre , luego confirmada por la STS núm. 79/2016, de 18 de febrero , viene siendo doctrina jurisprudencial pacífica que, en los contratos de financiación de larga duración celebrados con consumidores, las cláusulas de vencimiento anticipado que facultan al acreedor a resolverlos y reclamar la totalidad del capital prestado con el incumplimiento de uno o alguno de los plazos convenidos, deben considerarse abusivas pues no responden a un incumplimiento lo suficientemente grave del deudor, tal y como acontece con la cláusula del contrato cuya ejecución es objeto de este procedimiento. Lo que resultaba controvertido eran las consecuencias o efectos de dicha declaración pues el Tribunal Supremo venia entendiendo que mediando un incumplimiento grave del deudor, la ejecución no debía archivarse sino seguir adelante.

22. En efecto, la cláusula del contrato de autos, sexta bis, se contentaba para declarar el vencimiento anticipado de un préstamo de tan larga duración, entre otros, con la falta de pago a su vencimiento de una parte cualquiera de la cuota mixta de amortización del préstamo, u otras obligaciones accesorias, como impago de contribuciones e impuestos, primas de seguro, entre otros.

23. Así, analizando la validez de la cláusula de vencimiento anticipado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, conforme a la jurisprudencia prevalente europea y del Tribunal Supremo, citamos la STJUE de 6 de octubre de 2009, entre otras, en relación al efecto disuasorio consagrado en el derecho de la Unión, de tal manera que el juicio de abusividad de una cláusula contractual debe referirse al desequilibrio que se aprecie entre los derechos y obligaciones que de ellas surgen para cada parte del contrato, con independencia del uso que de ese desequilibrio haga posteriormente el profesional beneficiado por el mismo, y de ese modo el auto apelado actúa en contradicción con dicho derecho prevalente, que exigiría analizar la abusividad intrínseca de dicha cláusula, en el momento de la celebración del contrato, que es lo que refiere la Directiva 93/13/CEE y la jurisprudencia europea al respecto.

24. No se trataba de analizar ninguna actuación del banco, sino la abusividad por ella misma, en el mismo contrato, de esa cláusula de vencimiento anticipado de la deuda que provocó la reclamación por la causante de la apelada de la totalidad de la deuda.

25. Las alegaciones de la parte apelada no tienen en cuenta que el art. 693 LEC no era pauta de abusividad, como refiere claramente la STS de 11 de septiembre de 2019 reiterando doctrina al respecto.

26. El objeto del proceso de ejecución hipotecaria es la ejecución de esa garantía. Y lo cierto es que el sistema de ejecución hipotecario español era muy restrictivo en orden a la defensa de los intereses del deudor, al dotar al título hipotecario de una extraordinaria fuerza, suprimiendo casi la posibilidad de reacción de dicho deudor.

27. Esta situación se ha visto alterada en los últimos años, y muy particularmente a partir de la sentencia del TJUE de 14.3.2013 que, tratando de un caso en que estaba en litigio la validez de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de larga duración, el tribunal fijó, entre otras cosas y en lo que aquí interesa, cuales eran los requisitos para que esa cláusula se considerara válida.

28. Anticipándonos a lo que más adelante trataremos, podemos ya afirmar que, efectivamente, esa cláusula, en abstracto, no es intrínsecamente nula y es admisible al amparo de la libertad de pactos que consagra nuestro derecho. Así lo ha dicho el TJUE y así lo había reiterado anteriormente el Tribunal Supremo.

29. Lo que ocurre es que la Ley 1/2013 introdujo una serie de importantes reformas en la ejecución hipotecaria (entre otras materias) que amplió considerablemente el ámbito de la discusión admisible en este proceso ejecutivo.

30. Y eso ocurrió con la nueva causa (cuarta) de oposición a la ejecución del artículo 695 LEC ; en ella se permite al deudor alegar 'El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.'

31. Y por ello no puede soslayarse la ampliación de dicho objeto tras la ampliación de los motivos de oposición a la ejecución.

32. Dicho lo cual, también con carácter general, hemos de distinguir los conceptos de transparencia y abusividad. A los efectos que interesan, diremos que el juicio de transparencia (en sus diversas facetas) es previo. Si una cláusula no es claramente inteligible, devendrá ineficaz, nos encontremos en una relación jurídica en la que intervenga un consumidor o no.

33. Por el contrario, si una cláusula es transparente (como ocurre en el caso que nos ocupa, pues la misma es perfectamente comprensible), existe un segundo control, el de abusividad, que viene limitado a las relaciones en que intervienen consumidores, ya que el ordenamiento jurídico ha decidido dotar a ese colectivo de una protección especial, atendida su posición de debilidad y desigualdad frente a las corporaciones y grandes empresas.

34. Por lo tanto, el análisis hay que remitirlo, en este caso, al examen de si la cláusula es abusiva o no. Y a ello nos referiremos más adelante.

35. Por último, en cuanto a la validez de la cláusula de vencimiento anticipado en abstracto, ya hemos apuntado antes que la misma, en sí misma considerada, es admisible por el juego de la libertad de pactos. Lo único que hay que observar son los requisitos que la jurisprudencia concreta para la validez de aquella.

36. En este sentido, la STJUE 14.3.13 dice que el juez debe atender, para valorar si una concreta cláusula de vencimiento anticipado es abusiva o no, a ' si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.'

37. Y el Tribunal Supremo, en sentencias de 23.12.15 y 18.2.16 , atendiendo concretamente a una cláusula similar a la que nos ocupa, dice taxativamente que dicha cláusula que permite el vencimiento de la total deuda por un solo incumplimiento, incluso parcial de una cuota, sin tener en cuenta su entidad temporal y cuantitativa, es abusiva y por lo tanto, dice el Alto Tribunal, nula.

38. Por lo expuesto hasta aquí, es inevitable concluir que la cláusula que nos ocupa es nula, sin que ello quiera decir que otro tipo de cláusulas que establezcan ese efecto y cumplan los requisitos legales lo sean.

39. La reciente STS núm. 463/2019, de 11 de septiembre, con asunción de la doctrina del TJUE establecida en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y los autos de 3 de julio de 2019, dictados precisamente con ocasión de varias cuestiones prejudiciales que habían sido planteadas en torno al pacto que nos ocupa, aborda dicha problemática sobre la premisa de que el préstamo hipotecario es una institución unitaria que no puede subsistir sin la garantía real constituida y, en línea con lo señalado en aquellas primeras sentencias y en aras de evitar que la nulidad del contrato exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, concluye que pese a la ineficacia de dicha cláusula, la ejecución deberá continuar su curso si se ha producido un incumplimiento grave del deudor, conectando dicha gravedad con el art. 693.2 de la LEC , pero no en su literalidad, sino interpretándolo conforme al art. 24 de la reciente Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018 (asunto OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad.

40. Es así como para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente, establece las siguientes reglas:

a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

c. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

41. Por último, solo recordar, primero, que Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, entró en vigor el día de su publicación en el BOE, la cual tuvo lugar el día 15/05/2013.

42. Y, segundo, que conforme al art. 24.1.b de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), el incumplimiento del deudor podrá ser considerado suficientemente grave cuando concurran ' conjuntamente' los siguientes requisitos:

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensualeso un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.

II. Aplicación al caso concreto

43. En el caso de autos, el préstamo hipotecario que se reclama había sido suscrito el 13 de marzo de 2008, por un importe de 200.000 euros debía amortizarse en 40 años o cuatrocientas ochenta (480) cuotas mensuales, contaderas desde la fecha de otorgamiento de la escritura, o sea, hasta 13 de marzo de 2048.

44. Y según resulta del acta de acreditación del saldo deudor acompañada con la demanda, dicho préstamo fue resuelto por la entidad de crédito el 13 de julio de 2013; esto es, después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, y cuando la parte prestataria llevaba impagadas nueve (9) cuotas, concretamente las comprendidas entre 13.11.12 hasta 13.7.13, ambas inclusive, recibos 56 a 64, ambos inclusive, que totalizaban la suma de 4.771,92 euros, resultado de la adición de 3.220,24 euros por capital vencido y no amortizado y 1.551,68 euros por intereses remuneratorios vencidos e impagados, y esa suma total equivaldría solo al 2,38 % del capital prestado. Si se prefiere, el 3% fijado como barrera de incumplimiento ascendería a 6.000 euros, por encima de dicha cifra.

45. Pues bien, el recurso puede prosperar y el auto apelado ha de ser revocado en ese punto relevante, pues la entidad de crédito resuelve el contrato en la primera mitad de su duración, cuando el incumplimiento de la parte prestataria no reunía los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, pues ni la deuda impagada alcanzaba el 3% del capital prestado ni el número de cuotas impagadas llegaba al mínimo exigido por la referida doctrina jurisprudencial.

46. Solo señalar, por último, que la entidad de créditopodrá instar una nueva ejecución, por cuanto el auto de sobreseimiento dictado no surtirá efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales, conforme deja establecido la STS núm. 436/2019 .

CUARTO. Costas y depósito para recurrir

47. Pese a la estimación del recurso presentado, se acuerda no imponer a ninguno de los litigantes las costas de primera instancia a ninguna de las partes, dadas las dudas de derecho que suscitaba la determinación del incumplimiento 'suficientemente grave' de la parte acreditada de este caso, y que dichas dudas no han quedado completamente despejadas hasta la ya citada STS núm. 436/2019 .

48. En concreto, las decisiones entre Audiencias Provinciales e incluso secciones de una misma Audiencia Provincial en esta materia de vencimiento anticipado en supuestos similares han sido diversas, e incluso se ha observado esta discusión en otros ámbitos superiores, como ya dijimos en nuestro rollo 82/2018, citando el auto del TJUE de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13 ) y la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de diciembre de 2015 , el auto del TJUE -Gran Sala- de 26 de marzo de 2019, y tres autos del TJUE de 3 de julio de 2019, hasta que se dictó por el Tribunal Supremo dicha sentencia 463/2019, de 11 de septiembre. Por lo tanto, efectivamente es un hecho notorio en el foro que esta cuestión ha sido objeto de una importante discusión judicial, lo que motiva que se aprecien serias dudas jurídicas para no imponer las costas de primer grado, revocando la decisión al respecto del auto apelado.

49. Igualmente, procediendo la estimación del recurso, no se imponen las costas de alzada a ninguno de los litigantes, en virtud de lo dispuesto en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

50. Finalmente, no procede acordar la devolución a la parte apelante del depósito exigido para recurrir, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , en cuanto no se ha constituido por los apelantes, que actuaron amparados en su derecho de justicia gratuita.

Fallo

Estimando el recurso de apelación presentado por la representación procesal de don Luis Carlos y doña Carina, este Tribunal acuerda:

I. Revocar totalmente el auto de 13 de octubre de 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Vilafranca del Penedès , dejándolo sin ningún efecto.

II. Estimar en parte la oposición de ambos apelantes, ydeclarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del contrato que dio pie a estas actuaciones, procediendo el sobreseimiento y consiguiente archivo sin más trámite de las mismas, con alzamiento del embargo y demás medidas de garantía que se hubieren adoptado al respecto.

III. No imponer las costas de ambas instancias a ninguno de los litigantes.

Esta resolución es firme. Devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma para su cumplimiento.

Pronuncian y firman esta resolución los magistrados integrantes de este Tribunal arriba indicados.