Sentencia Civil 376/2024 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 4, Rec. 1059/2023 de 15 de mayo del 2024

PRIMERO.- Interpone la representación procesal de D. Pedro Francisco y D. Abel recurso de apelación frente a la sentencia dictada en la instancia que desestima la demanda interpuesta por los mismos frente a la entidad Ofesauto en reclamación de la indemnización por las lesiones que sufrieron como consecuencia de los hechos ocurridos en fecha 19/05/2018.

Sucintamente, la parte actora en la instancia fundamentaba dicha indemnización en lo dispuesto en el artículo 1 LRCSCVM en relación con los artículos 73 y 76 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro y artículo 7.º del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, considerando que las lesiones habían sido ocasionadas con motivo de un accidente de tráfico. Sin embargo, la Magistrada de Instancia fundamenta que los hechos relatados no tienen cabida en la LRCSCVM ya que no constituyen un hecho de la circulación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos de Motor, sino un delito de atentado y dos delitos de lesiones leves por el que el causante de tales lesiones fue condenado en virtud de sentencia de fecha 22 de mayo de 2018 dictada en Diligencias Urgentes de Juicio Rápido 76/2018 tramitadas ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga, por lo que se desestima la demanda en la instancia con condena en costas a la parte actora.

Y frente a tales pronunciamientos se alza la parte apelante alegando como motivos de su recurso: 1º) infracción del artículo 1.6 de la LRCSCVM aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, e infracción del artículo 2 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre; y 2º) improcedencia de la condena en costas de la parte actora por existir serias dudas de hecho o de derecho.

La parte apelada se opuso al recurso solicitando la confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

SEGUNDO: Realmente, de los términos del recurso de apelación se desprende que el único motivo del mismo es el error en la valoración de la prueba que la parte considera que lleva a la Magistrada de Instancia a infringir los preceptos antes citados.

Y en cuanto a dicho motivo de apelación, la STS nº 38/2020 de fecha 22/01/2020 ( Roj: STS 115/2020 - ECLI:ES:TS:2020:115) recordando otra anterior, la nº 63/2019 de 31/01/2019, dijo:

Como esta sala ha declarado en reciente sentencia núm. 63/2019, de 31 enero , siguiendo una reiterada doctrina de carácter procesal de la propia sala,

"La sentencia del Tribunal Constitucional 212/2000, de 18 de septiembre calificó con precisión la apelación en estos términos: "la segunda instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863 LEC ), como una revisio prioris instantiae , en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum) ( ATC 315/1994, de 21 de noviembre , y SSTC 3/1996, de 15 de enero , y 9/1998, de 13 de enero ) " ...".

Y también el TS en sentencia nº 668/15 de 4 de diciembre de 2015 expuso que:

Esta Sala, en jurisprudencia pacífica y reiterada con frecuencia, ha rechazado que la valoración de la prueba realizada en primera instancia solo pueda ser revisada por la Audiencia Provincial en caso de que conduzca a exégesis erróneas, ilógicas o que conculque preceptos legales, o sus conclusiones sean absurdas, irracionales o arbitrarias. En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre ), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido " una severa crítica " ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre ). Es perfectamente lícito que el recurrente en apelación centre su recurso en criticar la valoración de la prueba hecha en la sentencia de primera instancia, e intente convencer al tribunal de segunda instancia de que su valoración de la prueba, aun parcial por responder a la defensa lícita de los intereses de parte, es más correcta que la sin duda imparcial, pero susceptible de crítica y de revisión, del Juez de Primera Instancia. Así lo hemos declarado en la sentencia núm. 649/2014, de 13 de enero de 2015 .

Por lo tanto, alegado error en la valoración de la prueba por la parte apelante, procede analizar nuevamente el material probatorio de la instancia para determinar si efectivamente la Magistrada ha incurrido en error alguno que pueda llevar a revocar la sentencia dictada. Y cabe adelantar que la respuesta ha de ser negativa procediendo la Sala a fundamentar su decisión.

TERCERO: La parte apelante lo que vuelve a plantear en esta alzada es si las lesiones sufridas por los actores en la instancia tienen su causa y origen en un hecho de la circulación o si por el contrario el vehículo causante de la colisión y las lesiones fue instrumento de la comisión de un delito doloso.

La Magistrada de Instancia cita y reproduce parcialmente una sentencia de esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga dictada en un supuesto similar: la sentencia nº 708/2018, de fecha 15/11/2018, recurso 395/2018 ( Roj: SAP MA 1192/2018 - ECLI:ES:APMA:2018:1192). En ese caso se trataba de un vehículo que era seguido muy de cerca por otro y que, una vez apartado en el arcén, fue embestido por el otro, por lo que se concluyó que se trataba de unos daños intencionados y que por lo tanto no se consideraba un hecho de la circulación. La Magistrada de Instancia reproduce parcialmente dicha sentencia por lo que se considera innecesario reiterarla en esta alzada.

Y en el caso que ahora nos ocupa resulta aún más clara la exclusión de la LRCSCVM. En este caso los hechos ocurridos en fecha 19/05/2018 -y en el que intervinieron el vehículo todoterreno, marca Nissan, modelo Terrano, con placa de matrícula oficial de la Guardia Civil, NUM000 ocupado por los agentes de la Guardia Civil ahora apelantes y el vehículo turismo, marca Volkswagen, modelo Golf, con placa de matrícula NUM001, conducido por D. Héctor- dieron lugar al levantamiento de un atestado y la incoación de las Diligencias Urgentes de Juicio Rápido 76/2018 tramitadas ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga, donde finalmente recayó sentencia nº 40/2018 de fecha 22 de mayo de 2018 que condenaba al Sr. Héctor como autor criminalmente responsable de un delito de atentado y como autor de dos delitos leves de lesiones, estableciéndose incluso su responsabilidad civil por las lesiones. En dicha sentencia se recogían como hechos probados los siguientes:

Sobre las 21:00 horas del día 19/05/2018, el acusado conducía su vehículo con matrícula NUM001 asegurado en la Cia MACIF encontrándose en una explanada sita en la gasolinera Europa, km. 50 de la A-357 siendo requerido por un coche patrulla de la Guardia civil a efectos identificativos tratando de darse a la fuga llegando a envestir a uno de los coches patrullas con matrícula NUM000, causando daños no tasados hasta el momento, resultando con lesiones leves los agentes de la guardia civil con TIP NUM002 y NUM003 según informe de sanidad el TIP NUM002 requirió 7 días impeditivos para alcanzar la sanidad y el NUM003 10 días igualmente impeditivos. La Guardia Civil se ha reservado la acción civil con respecto a los daños del vehículo de su propiedad .

No deja por tanto lugar a dudas de que la embestida del vehículo Volkswagen Golf al vehículo de la Guardia Civil lo fue con la intención de causar un daño a los agentes y así se condenó por un delito de atentado y un delito de lesiones. Pero es más; en el atestado de la Guardia Civil se explica detalladamente cómo ocurrieron los hechos y se relata que el vehículo Volkswagen Golf embistió al coche de los agentes cuando éstos pretendían cortarle el paso y con la intención de huir. Incluso en la comparecencia del agente TIP NUM002 se recoge: "Que el Volkswagen Golf blanco detiene la marcha, y a continuación da marcha atrás bruscamente e intenta salir por el última lavadero (hay tres), momento en el que los dos vehículos oficiales dan marcha atrás para taponar las tres salidas de lavaderos. Que el Volkswagen acelera su marcha y embiste al vehículo oficial que taponaba la salida por la que pretendía darse a la fuga".

En un supuesto muy similar al de autos en el que también se trataba de un delito de atentado cuando un agente, a los mandos de un vehículo policial, cruzó el mismo sobre la trayectoria que pretendía seguir el otro conductor que consiguió abrirse paso golpeando el vehículo policial y resultando el agente con lesiones, se pronunció la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3ª, en sentencia nº 190/2014 de fecha 21/07/2014, recurso 330/2014 ( Roj: SAP GR 1299/2014 - ECLI:ES:APGR:2014:1299) revocando la sentencia de instancia y exonerando de responsabilidad a la compañía aseguradora, considerando oportuno reproducir parcialmente en esta alzada dicha sentencia dado el pormenorizado estudio que hace de la jurisprudencia de las distintas audiencias provinciales y del Tribunal Supremo a lo largo de los años. Y así, dice en sus FD II y III:

SEGUNDO.- El supuesto que se somete ahora a nuestra consideración presenta matices distintos que han determinado soluciones diferentes entre las distintas Audiencias Provinciales. Así, en un supuesto muy parecido al que ahora nos ocupa, este mismo Tribunal, en nuestra Sentencia de 27 de abril de 2011 , traída a los autos y en cuya fundamentación se basa, junto con otros argumentos, la sentencia recurrida, se declaró la cobertura y responsabilidad de la aseguradora. En aquel caso los hechos probados de la sentencia penal previa amparaban la reclamación de dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos en el curso de una operación policial cuando, ocupando el vehículo oficial, trataron de dar alcance e impedir la huida del vehículo ocupado por los autores de un robo que acababan de perpetrar y donde el demandado, lejos de detener su marcha, golpeó de forma violenta al vehículo oficial causando los daños y lesiones a los agentes logrando continuar su marcha dándose a la huida.

Recordábamos en aquella sentencia que supuestos parecidos habían sido amparados otorgando cobertura asegurativa a favor de la víctima por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de febrero de 2001 declarando, conforme a acuerdos no jurisdiccionales anteriores de 14 de diciembre de 1994 y 6 de marzo de 1997 (reflejados en la STS de 29 de mayo de 1997 ), que "el único supuesto excluido del seguro sería el de la utilización del vehículo sólo como instrumento para la comisión del delito, pero quedaría amparado por el seguro obligatorio, cuando utilizándose el vehículo para el fin que le es propio, de desplazarse de un sitio a otro, se aprovecha esa situación para acometer deliberadamente a una persona mientras circula" . Continuaba diciendo esa sentencia: "Éste, por otra parte, es el criterio que se mantiene en la Convención Europea sobre Responsabilidad Civil en caso de daños causados por vehículos automóviles, del Consejo de Europa de 1973, cuyo art. 11 excluye la aplicación de dicha Convención a los supuestos de los daños causados por un vehículo que resultan de su utilización exclusiva con fines de no circulación, y en este sentido habrá de interpretarse la reciente modificación del ap. 4 del art. 1 [actual texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos de Motor (en adelante, Texto Refundido)], salvo que se intente crear dentro la Unión europea en una materia tan esencialmente comunitaria como es el tema de responsabilidad derivada de la conducción de vehículos, un espacio diferente del resto de la Unión definido por una desprotección de las víctimas" .

En aplicación de esos criterios la respuesta por las Audiencias Provinciales al caso concreto de hechos como el ahora enjuiciado no fue tampoco uniforme. Así, mientras que golpear intencionadamente a un vehículo policial en una persecución para lograr el conductor la huída se ha considerado, en ocasiones, conducta delictiva dolosa y la utilización del vehículo como instrumento de comisión del mismo que excluye la cobertura y así se había pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia de la Sección 11ª de 7 de junio de 2002 y de la Sección 13 ª de 3 de diciembre de 2007. En sentido contrario lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª) en sentencia de 18 de julio de 2001 , mientras que la SAP de Valencia (Sección 6ª) de 5 de febrero de 2008 , ya declaró que el hecho de no obedecer el conductor la orden policial "de alto" no libera a la aseguradora, pues la huída del vehículo en sí misma es un hecho de la circulación.

En el mismo sentido el Tribunal Supremo (Sala 2ª) tras señalar que un automóvil es medio idóneo para cometer un atentado cuando se utiliza como instrumento de la agresión típica ( STS de 10 de noviembre de 2004 ), en la STS de 29 de junio de 2006 , decidió, en un supuesto en que el delincuente acometía a un vehículo policial tratando de darse a la fuga, no exonerar a la aseguradora del vehículo causante por estarse ante un hecho de la circulación, y en apoyo de su condena recordó los acuerdos no jurisdiccionales antes citados por los cuales "las sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos de motor que determinen responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado con motivo de la circulación. De este modo, la cobertura del seguro sólo quedaría excluida cuando se utiliza un vehículo exclusivamente como instrumento del delito, pero no cuando utilizándose como medio de transporte, es decir, para desplazarse o circular, se aprovecha la ocasión deliberadamente para ocasionar daños a un tercero mientras se circula" .

A su vez, la STS (Sala 2ª) de 23 de junio de 2004 , recordando la de la misma Sala de 9 de mayo de 1997 , mantuvo la misma solución y condenó a la aseguradora señalando que el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor no constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados que garantice a las misma un nivel básico de cobertura frente a los daños sufridos "con motivo de la circulación" por lo que entendía que la cobertura del seguro solo quedará excepcionalmente excluida cuando se utilice un vehículo "exclusivamente" como instrumento del delito a través de una acción totalmente extraña a la circulación, pero no cuando utilizándose el vehículo como medio de transporte se ocasiona deliberadamente un daño a un tercero, mientras se circula.

TERCERO.- Esta doctrina fue matizada y corregida por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en el Acuerdo no jurisdiccional de 24 de abril de 2007, al señalar ahora como criterio orientativo que "No responderá la aseguradora con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor" .

Sobre este criterio de imputación o exoneración a la aseguradora del vehículo causante se pronunció la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la Sentencia de 9 de marzo de 2012, entendiendo que "este nuevo criterio supuso eliminar la exigencia de que el hecho enjuiciado constituyera "una acción totalmente extraña a la circulación", que se había mantenido hasta entonces por la jurisprudencia penal y ha sido recogido, entre otras, en SSTS, Sala Segunda, n° 437/2007, de 10 de mayo, RC n° 1163/2005; n° 959/2009, de 7 de octubre de 2009, RC n° 2444/2008 y n° 338/2011, de 16 de abril de 2011, RC n° 10972/2010. Esta última sentencia refrenda la validez actual del referido criterio de exclusión en el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil, pero no en el caso del voluntario: "Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, esta Sala tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían frente a este último ( STS 707/2005, de 2 de junio; y 2009, de 27 de febrero)."" .

El ámbito del seguro voluntario no se ha traído a debate, ni en la demanda ni en esta segunda instancia. Aquella sentencia exoneró a la aseguradora (Consorcio de Compensación) al considerar - se trataba de un deliberado intento de homicidio por atropello dentro de un parking tras repetidas maniobras- que la utilización del vehículo para la comisión de un delito doloso contra las personas exonera de responsabilidad a esa aseguradora en el ámbito del aseguramiento que le es propio y así también lo entendió la SAP de Vizcaya (Sec. 3ª) de 27 de marzo de 2013 en un supuesto semejante al que ahora nos ocupa en esta apelación respecto de otro delito de atentado al colisionar el delincuente su vehículo contra el coche policial que había sido colocado para evitar su huida.

A su vez, en supuesto más claro de dolo directo con utilización del vehículo excluyendo la responsabilidad de la aseguradora se pronunciaron también la SAP de Murcia (Sec. 5ª) de 26 de junio de 2012 , en otro caso de homicidio por atropello deliberado; por la SAP de Ciudad Real de 6 de julio de 2012 , por daños intencionados y deliberados causados a otro vehículo contra el que arremetió su autor repetidas veces; mientras que se rechazó la exclusión en el caso de fallecimiento del conductor por suicidio al estrellarse deliberadamente contra los muros de una nave industrial ( SAP de Barcelona, Sección 13ª, de 14 de abril de 2010 ).

En el caso sometido a esta alzada no existe duda alguna de los términos de los hechos probados de la sentencia penal y del Fallo de dicha sentencia en que se condena por un delito de atentado y dos delitos de lesiones leves, lo que lleva a la Sala a concluir, al igual que la Magistrada de Instancia, que los hechos acaecidos el día 19/05/2018 no pueden ser considerados como hechos de la circulación sino que el vehículo, en este caso, fue utilizado como medio para cometer un delito de atentado a los agentes de la autoridad.

CUARTO: Pero también se muestra disconforme la parte recurrente con el pronunciamiento de la sentencia de instancia por el que se condena en costas a la parte actora. Alega la apelante dudas de hecho o de derecho diciendo que "...la realidad del siniestro y de las lesiones sufridas por los demandantes como consecuencia del mismo ofrecen, cuando menos, importantes dudas de hecho y derecho en cuanto a determinar si los hechos deben ser considerados o no como hechos de la circulación".

Ahora bien; el motivo también ha de ser desestimado.

Esta Sala viene diciendo que en el art. 394.1 de la LEC se establece un concepto jurídico indeterminado, serias dudas de hecho, cuya apreciación razonada por el tribunal faculta a éste a la no imposición de las costas procesales al litigante que ha visto rechazadas todas sus pretensiones. La interpretación del mencionado concepto jurídico ha de ser realizada, a juicio de esta Sala, con arreglo a los siguientes parámetros: a) la duda ha de ser referida a unos hechos relevantes para la decisión judicial; b) la falta de certidumbre ha de afectar a la propia realidad de los hechos o a circunstancias de los mismos con repercusión en su significado o trascendencia; c) los hechos dudosos han de ser aquellos que, a través de una interpretación racional y lógica, pueden ser subsumidos en el supuesto de hecho previsto en la norma de cuya aplicación se desprenda ordinariamente el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de las partes; d) la seriedad de las dudas implica, además de la relevancia antes expresada, su carácter objetivo, en el sentido de no obedecer a una interpretación particular y sesgada de la realidad, instrumentada para basar la pretensión deducida en el proceso; y e) por último, las dudas de hecho han de ser conectadas con el proceso, en cuanto que éste se presente como cauce adecuado para introducir un elemento de certidumbre en los hechos que, previamente, se presentaban como dudosos.

Las dudas de hecho han de ser apreciadas con relación al momento anterior a la promoción del proceso o a la intervención procesal de alguna de las partes en el mismo, justificándose la actuación judicial de la parte en la propia certidumbre de los hechos que constituyen el soporte de su pretensión. Una vez iniciado el proceso, cuando, al tiempo de dictar sentencia, el tribunal considere dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o las del demandado, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones ( art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Teniendo estas últimas dudas sobre la certeza de hechos relevantes una dimensión y trascendencia distintas de aquellas otras serias dudas de hecho que se erigen en excepción a la regla general del principio del vencimiento como criterio para la imposición de las costas procesales.

Por lo que respecta a las serias dudas de derecho, el art. 394.1 de la LEC establece lo que sigue: "Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares".

Las dudas de derecho concurren cuando una misma norma, o cualquier concepto jurídico, admiten varias interpretaciones. Las dudas de derecho vienen determinadas por la existencia de discrepancia en la jurisprudencia a la hora de resolver acerca de una cuestión jurídica concreta, la que, por ello, no encuentra una respuesta uniforme en los Tribunales de Justicia. Es así que para que un caso sea jurídicamente dudoso ha de tenerse en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. Cosa distinta a las serias dudas de derecho, que justifican la no imposición de costas, es la mayor o menor complejidad del pleito ( SAP Madrid, 11 mayo 2006), o las dificultades de prueba ( SAP Murcia, 31 octubre 2006).

En el caso de autos, comenzando por el final y en cuanto a las dudas de derecho, ya se ha expuesto la jurisprudencia en casos similares a lo largo de los años, pero desde la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2012 que se recoge también en la sentencia de instancia, la controversia quedó solventada.

Y en cuanto a las dudas de hecho, habrá de estarse al caso concreto y en este supuesto existe una sentencia penal que recoge claramente los hechos probados y condena por un delito de atentado y lesiones, por lo que tampoco se aprecia duda de hecho alguna.

Lo expuesto lleva por tanto a la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

QUINTO: En cuanto a las costas causadas en esta alzada, desestimado el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la LEC en su redacción dada por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que se remite al 394 del mismo Texto Legal, procede su imposición a la parte apelante.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede dar al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación