Sentencia Civil 80/2026 Audiencia Provincial Civil nº 3 de Illes Balears, Rec. 549/2025 de 29 de enero del 2026

Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Planteamiento y objeto del recurso

I.-/ Frente a la sentencia dictada en la primera instancia, que ha estimado íntegramente la demanda, la representación de la parte demandada interpone recurso de apelación interesando que en esta alzada se dicte nueva resolución por la que, con revocación de la apelada, se acuerde la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

II.-/ El recurso se estructura mediante una Alegación Previa, que relaciona los motivos del recurso, y cinco Alegaciones principales, numeradas de la Primera a la Quinta.

I.-/ La Primera Alegación consiste en un resumen de la litis. En ella, tras indicar que el precio de la compraventa inmobiliaria (los inmuebles figuran relacionados en el FJ 1º de la sentencia de primera instancia, que reproduce en este punto el contenido la escritura pública otorgada al efecto el 31/05/21 ante el Notario de Palma D. Don Carlos Jiménez Gallego, número de Protocolo 2.376, por lo que se tienen aquí por reproducidos), era 5.125.000,00 €, cuyo importe fue abonado en unidad de acto a la firma del contrato, expone que las partes pactaron en la misma escritura que se abonaría un millón de euros de forma adicional al precio de compra si la parte vendedora completaba unos requisitos antes del 31/10/2021. Tales requisitos, que se pactaron para el devengo del Precio de Adquisición Final a favor de la parte vendedora, obligaban a ésta en los siguientes términos:

I.-Deberá completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto.

II.-Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes.

III.-Deberá obtener las correspondientes cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las Obras Pendientes.

IV.-Deberá entregar al comprador todos los boletines de instalaciones, debiendo haber instalado previamente los contadores eléctricos y de suministros;

V.-Y deberá obtener el Certificado Municipal de Final de Obra del Ayuntamiento de Palma de Mallorca en relación con el Inmueble.

Debiendo conseguir conjuntamente todos estos requisitos antes del 31/10/2021".

En esta Alegación la apelante muestra su disconformidad con la valoración de la prueba y la aplicación del derecho realizadas por el juzgador a quo, que le han llevado a concluir erróneamente que los actores han cumplido todos los requisitos expuestos y, derivado, a la estimación íntegra de la demanda, cuyo objeto era, precisamente, la reclamación del referido importe (un millón de euros); cuando, según expone, la parte vendedora, en realidad, únicamente habría cumplido el requisito relativo a la obtención del certificado municipal de final de obra del Ayuntamiento de Palma, por lo que no tendría derecho a reclamar el importe adicional, debiendo por ello desestimarse íntegramente la demanda.

II.-/ La Alegación Segunda del recurso contiene las alegaciones de la parte apelante dirigidas a combatir los razonamientos de la sentencia que han llevado al juzgador a quo a concluir que han resultado acreditados los requisitos referidos a la inscripción en el Registro de la Propiedad, la realización de las obras pendientes conforme al proyecto y entrega de boletines e instalación de contadores y obtención cédulas de habitabilidad.

III.-/ La Alegación Tercera, bajo el enunciado "carga de la prueba", denuncia infracción del artículo 217 LEC; y ello porque, partiendo de la premisa -como hace la apelante- según la cual la parte actora no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas las obligaciones ya referidas, en tiempo y forma, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos. A ello añade que "Dado que en cualquier caso persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a dichos requisitos, resultaba obligado desestimar la demanda con base en el artículo 217.1 LEC ".Amén de que el objeto del proceso es "dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos o cual es la consecuencia perjudicial para esta parte, por lo que injustamente la sentencia de instancia desplaza la carga de la prueba a esta parte sobre extremos que no son objeto del procedimiento".

IV.-/ La Alegación Cuarta contiene las argumentaciones jurídicas para el rechazo del carácter solidario de la condena de las demandadas apreciada en la sentencia apelada. Niega aquí la apelante que exista disposición legal que imponga la solidaridad, así como que ésta pueda establecerse en el caso por vía de inferencia como voluntad de los contratantes, resultando vulnerado el artículo 1137 CC, conforme al cual la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, tal y como ha venido señalando la jurisprudencia.

V.-/ La Alegación Quinta se refiere al pronunciamiento de la sentencia de primera instancia en materia de costas. El alegato se limita aquí a señalar que, solicitándose la revocación de la sentencia en el sentido de desestimarse íntegramente la demanda, procede la imposición de las costas a la parte actora, con arreglo al art. 394 en relación al 397 LEC, que recoge el principio objetivo del vencimiento.

VI.-/ La parte actora apelada se opone al recurso, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada, con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Decisión de la Sala (I)

I.-/ Como es sabido, el art. 456.1 LEC dispone que "[e]n virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

Este precepto ha sido interpretado en el sentido de que, como indica el apartado XIII de la Exposición de Motivos de LEC "[l]a apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada" (S TS 02/11/12). Y esta revisión de la primera instancia, dentro de los límites que imponen la prohibición de la "reformatio in peius"y la regla "tantum devolutum quantum apellatum"[se transfiere lo que se apela] o congruencia con el recurso, atribuye al tribunal de apelación el control de lo actuado en la primera instancia con plenitud de cognición "tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris[cuestión jurídica]), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas aplicables al caso", lo que comporta la revisión de la valoración de la prueba por el órgano de apelación con las mismas competencias que el tribunal de la primera instancia (entre otras, sentencias 44/2012, de 15 de febrero, y 455/2012, de 11 de julio).

II.-/ En el marco expuesto, la primera cuestión que analizará la Sala es la relativa al requisito de la inscripción registral.

La prueba documental acredita que la escritura pública de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras se otorgó el 15/10/2021 y se presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad cuatro días después -el 19/10/2021-, causando la inscripción el 10/11/21.

Alega la apelante que el plazo previsto había expirado, y que la decisión del juzgador a quo teniendo por cumplido el requisito se basa en una errónea interpretación -por extensiva e injustificada- del art. 24 LH, cuya teleología es "resolver problemas de cierre registral y de prioridad", pero sin posibilidad de utilizarse para anticipar el cumplimiento de una condición pactada contractualmente, ni para suplir el requisito de la inscripción efectiva en tiempo en el Registro. Y aboga por una interpretación literal (conforme al art. 1.281 CC) de lo convenido: "se pactó expresamente la necesidad de lograr la inscripción definitiva en el registro, no un simple asiento de presentación. La inscripción efectiva se realizó fuera del plazo pactado, por lo que no se cumplimentó la condición suspensiva establecida".

III.-/ Observa la Sala en este punto que el pacto que nos ocupa, recogido en el apartado 2.3.2, bajo el enunciado "Requisitos para el devengo del Precio de Adquisición Final", epígrafe (ii), dispone:

"Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes (asumiendo la Parte Vendedora todos los costes y gastos derivados de su otorgamiento e inscripción)".

La interpretación literal del precepto que propone la parte apelante se centra a nuestro entender en que la operación material de la inscripción haya sido ejecutada, esto es, que el asiento registral en que la inscripción consiste haya sido practicado. Nótese al respecto que la terminología legal, concretamente el art. 41 del Reglamento Hipotecario, al referirse a las "clases de asientos o inscripciones", dice: "En los libros de los Registros de la Propiedad se practicarán las siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos de presentación, inscripciones propiamente dichas, extensas o concisas, principales y de referencia; anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales".

Y es el art. 24 de la Ley Hipotecaria - el legislador, por tanto-, al disponer que "se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir,la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma", quien lleva al momento del asiento de presentación los efectos jurídicos de la inscripción practicada después (en los plazos que contempla el art. 97 del Reglamento Hipotecario) .

En consecuencia, estimamos que la interpretación realizada por el juzgador a quo resulta conforme a derecho y se apoya, además, en la jurisprudencia que cita y transcribe, pues la conducta requerida para el devengo del precio adicional que debía llevar a cabo la parte vendedora no era la práctica de un asiento material de inscripción antes del 31/10/21. Era obtener y garantizar antes de esa fecha la producción de todos los efectos jurídicos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de las obras pendientes. Y así lo hizo mediante la presentación del título al efecto el 19/10/21, causando un asiento de presentación que desde entonces, y en virtud del art. 24 LH, producía sus efectos en virtud de la posterior inscripción, que eran todos, y no sólo los derivados de los principios hipotecarios de prioridad y cierre.

IV.-/ A lo expuesto debemos añadir que la sentencia apelada toma en consideración, con carácter de a mayor abundamiento, que la parte vendedora estaba en disposición de otorgar la escritura pública -que permitía su posterior presentación al Registro- con anterioridad a la fecha del 15/10/21, en que finalmente se produjo. Señala el juzgador a quo que "a finales del mes de septiembre de 2021, de las conversaciones, se deduce que ya estaba toda la documentación lista para ello, y que, si no se llevó a cabo el otorgamiento antes, fue debido a la actitud de la parte demandada".Y en el recurso se dice que "es un hecho probado en sentencia que la escritura de reforma y final de obra la debía elaborar íntegramente la parte vendedora y que la escritura no estuvo preparada hasta finales de septiembre 2021, otorgándose el 15/10/2021 por requerimiento expreso de la contraparte(...)".

Entendemos que la argumentación de la sentencia en este punto debe mantenerse en la alzada. Así, de los correos electrónicos cruzados por las partes (doc. 19 de la demanda) y acta notarial (doc. 21) se comprueba la disponibilidad de la parte vendedora para el otorgamiento documental en cuestión, y que éste no se llevó a efecto entonces por causa no imputable a la parte compradora. Por tanto, de acuerdo con el art. 1.258 CC (obligación de los contratantes de cumplimiento no sólo de lo expresamente pactado, sino también de las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe), recogida además en otro pasaje de la misma cláusula 2.3.2, al referir que como el comprador pasaba a ser titular del inmueble a partir de su fecha (31/05/21), asumía la obligación de "cooperar de manera razonable con la parte vendedora" para lograr el cumplimiento de la condición final de obra; canon de cooperación que es igualmente predicable respecto a la colaboración con la vendedora en el cumplimiento de la obligación que nos ocupa.

TERCERO.- Decisión de la Sala (II)

Sobre el requisito referido al deber de completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto, antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.

I.-/ Para resolver esta cuestión, que quedó planteada como hecho controvertido en la primera instancia, resulta necesario determinar qué obras pendientes conforme a lo previsto en el proyecto debía terminar la vendedora antes del 31/10/21.

Se alega de inicio en este motivo que la parte actora sostuvo que las obras eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra,y que éstas consistían en las siguientes: eliminar la escalera del edificio señalado con el nº 4 del Paseo Sagrera en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera 5; eliminar los trasteros de planta cubierta; y modificar la distribución de las viviendas para cumplir con las normas de habitabilidad. Y que, por el contrario, la demandada mantuvo que las obras no eran las mencionadas, sino las necesarias para la instalación de los contadores y suministrosa los que se había comprometido la vendedora; obras que fueron realizadas por las empresas "OLITSE CONSTRUCCIONES SL", " DIRECCION000" e "HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL" en fechas posteriores al certificado de final de obra municipal.

La apelante niega virtualidad a la tesis actora (que las obras pendientes eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra) porque estar a dicha tesis implica duplicar uno de los requisitos, lo que carece de lógica. A su entender, para evitar tal duplicidad el requisito que examinamos (que es el "I") necesariamente ha de referirse a "unas obras distintas de las que recoge el requisito (IV)".

Y reprocha a la sentencia que, sin argumentar porqué, asuma la tesis de la parte actora y se centre en las rebajas y discusiones que tuvieron las partes sobre la existencia de ciertas deficiencias (entendiendo que formaron parte de la rebaja del precio de 200.000 € antes de la firma de la escritura pública de compraventa, y que además la demandada debió conocer en el momento de la firma de la opción y la compraventa), señalando el juzgador a quo que no pueden alegarse para no realizar el pago; cuando resulta que esas cuestiones, según alega, no tienen nada que ver con lo que se discute ahora en cuanto al cumplimiento por la actora del requisito "I".

En esa misma línea cuestiona también que la sentencia apelada haya tenido en cuenta para formar criterio el informe de las instalaciones elaborado por el Sr. Nicanor en fecha 19/12/2020, y ello porque dicho informe, al igual que el realizado por el Sr. Moises, nada tiene que ver con el requisito en cuestión. Así es porque las declaraciones de los legales representantes de OLITSE CONSTRUCCIONES SL, HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL y ELECTRICA COLOQUELL SL acreditan que las obras realizadas por esas entidades, que "eran las obras necesarias para poder hacer la centralización de contadores de todo el edificio, situados en el zaguán de la escalera y dotar a las tres viviendas de contadores de agua individuales, tal y como se había comprometido la parte vendedora"-sic-, son unas obras distintas a las del final de obra municipal: el certificado de final de obra municipal data de abril 2021, mientras que las aludidas obras datan de septiembre/octubre 2021.

Sobre las premisas expuestas, la apelante alega que a 31/10/2021 esos trabajos no se habían realizado correctamente.

II.-/ Observa la Sala, en una lectura comparada de los requisitos "I" y "IV", que la realización de las obras necesarias para la instalación de los contadores eléctricos y de suministros se halla expresa y singularmente contemplada en el apartado "IV", atribuyendo a la vendedora esa obligación mediante el uso de la expresión "debiendo haber instalado" tales contadores eléctricos y de suministros previamentea la entrega de todos los boletines de instalación; expresión muy distinta a la utilizada en el requisito "I", en el que la obligación para la vendedora se indica, como venimos diciendo, con la genérica e inespecífica expresión "completar las obras pendientes".

Así las cosas, vemos que las obras a realizar para dar cumplimiento al requisito "I" son las contempladas en el proyecto y planos del Arquitecto Sr. Mariano (Zanobia Arquitectura slpu), aportado como doc. 16 de la demanda (proyecto básico de reforma de edificio de viviendas entre medianeras), que refiere las modificaciones de proyecto, a saber:

"Las modificaciones consisten: En el derribo de los trasteros existentes en planta ático (plano nº 4 adjunto) No se va a ejecutar el ascensor previsto en el proyecto objeto de licencia debido a la dificultad de su ejecución y en consecuencia se elimina la escalera de planta baja considerando que los rellanos unificados con el edificio colindante del Paseo Sagrera nº 5 permiten el acceso por el portal nº 5 mediante la escalera y el ascensor existente"

Y por ello en la escritura de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, en la que se menciona que se ha reformado la edificación obteniéndose la licencia de reforma/ampliación del edificio de Paseo Sagrera 4 (acuerdo de 03/02/15), la de modificación y conformidad del proyecto de ejecución (acuerdo de 30/06/15), y la licencia municipal de Ocupación y/o Primera Utilización concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de fecha 27 de abril de 2.021- consta lo siguiente:

"Las obras realizadas consisten en eliminar la escalera del edificio señalado con nº 4, del Paseo Sagrera, en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª, el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera, número 5. También se eliminan los trasteros de planta cubierta.

No se altera el número de viviendas (tres viviendas), simplemente se modifica su distribución para cumplir con las normas de habitabilidad.

Cada vivienda consta de una habitación doble, un baño y un salón-comedor-cocina; las viviendas de la planta segunda y tercera pasarán a tener una superficie construida de cincuenta y dos metros y cincuenta y un decímetros cuadrados (52,51 m²); la vivienda de planta cuarta una superficie construida de cincuenta y siete metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (57,54 m²).

Se valoran las obras reformadas en 216.029,18 euros, según manifiestan."

Por tanto, el hecho de que el certificado sea de abril 2021 ni siquiera impide dar cumplimiento al requisito "I" después de esa fecha ("completa[ndo] las obras pendientes"), con tal que se haga antes del 31/10/21, como así consta.

Por tanto, el alegato de la parte apelante poniendo de manifiesto que las obras para la instalación de los contadores y suministros fueron realizadas con posterioridad al certificado de final de obra municipal no representa ningún obstáculo para entender que la vendedora ha dado cumplimiento al requisito "I", como se cumplió también con el requisito de disponer del final de obra municipal (lo que para la demandada era condición esencial para suscribir la compraventa, ya que, como nos dice en su contestación a la demanda -Hecho 4º propio-, "una licencia de obras del 2014 no ejecutada podía dar muchos problemas en un edificio de estas características"(que, en palabras de la sentencia apelada, es referido como "edificio antiguo protegido del casco antiguo de Palma"), como se reconoce por la parte demandada apelante.

III.-/ Ahora, pues, la cuestión es otra: si las obras para la instalación de contadores eléctricos y de suministros (se reformó la centralización de contadores de todo el edificio situados en el zaguán de la escalera, dotándose de contador a las viviendas de c/Remolars), realizadas por las 3 empresas referidas en los meses de septiembre y octubre de 2021, fueron realizadas correctamente.

La representación apelante señala al respecto que el informe del Sr. Erasmo, del que refiere especialmente las páginas 9, 14, 23 y 30, concluye que no, lo que le lleva a mantener aquí que el requisito "I" (ya examinado) no fue cumplido. Y, a continuación, vincula ese entendimiento al requisito "IV", que considera igualmente incumplido: debía haber 7 contadores de luz en el zaguán y 3 contadores de agua en c/Remolars, y sin embargo, según el acta notarial de 2/11/2021 (doc. 14 de la contestación, acontecimiento 54), en esa fecha había 7 contadores de luz (de los cuales, 2 con luz roja) y un solo contador de agua.

Y sobre esta circunstancia razona lo siguiente: desde el momento en que faltan 2 contadores de agua (lo cual no ha sido negado por la parte contraria) y 2 contadores de luz no están en funcionamiento, directamente se habría incumplido el requisito "IV".

En este punto pone en duda el alegato de la vendedora según el cual sólo la nueva propietaria -o sea la demandada, que era propietaria desde mayo de 2021- podía dar de alta el servicio con Emaya; duda que basa en dos circunstancias: que la vendedora sí pudo, en cambio, dar de alta el suministro eléctrico (tres contratos concertados con la entidad Energía XXI a nombre de las demandadas el 31/08/21), y que no hay prueba de que solicitase la intervención de la compradora para instalar los contadores de agua.

A ello añade, en segundo lugar, que los boletines entregados no son correctos (pág. 10 del informe del Sr. Erasmo) y que la inspección de Emaya se realizó el 28/10/21, de modo que la compradora no habría podido contratar el suministro con la documentación entregada hasta el mismo día 31/10/21.

En cuanto a la entrega de los boletines de instalación, la apelante niega que los entregados sean correctos y que sean los que realmente corresponden, singularmente porque según el Sr. Erasmo contienen datos y fechas inexactas, lo que pone en entredicho su validez administrativa. Además, según algunos operarios, después de la firma del final de obra se continuaron los trabajos, evidenciando que hubo actuaciones no amparadas por un informe técnico adecuado y que contravienen la exigencia de estricta legalidad recogida en el contrato

Considera, en fin, que las instalaciones presentaban fallos que impedían su uso correcto, la documentación expedida carecía de la fiabilidad exigida y faltaban contadores. Todo lo cual supone un incumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a las obras realizadas, instalación de contadores y entrega y adecuación técnica de las instalaciones, incumplimiento que ya se produce, según la jurisprudencia, en caso de entrega de documentación técnica defectuosa o extemporánea.

IV.-/ Pues bien. La sentencia apelada destaca que no ha quedado acreditado que la entrega de las instalaciones de suministros en las condiciones que menciona la demandada "le haya generado algún perjuicio o haya tenido que efectuar alguna mejora en las instalaciones". Añade a ello que, "de hecho, el negocio del restaurante está en funcionamiento, y los pisos parece que están alquilados", y que "no se ha probado que se haya realizado una adecuación de las instalaciones por la parte demandada y que esto le haya generado un coste".Y, por último, concluye: "se entendería del todo desproporcionado valorar el incumplimiento del requisito cuarto en un millón de euros. Y es que la esencia de la cláusula cuarta está en que el edificio objeto de compraventa tenga los debidos suministros, y con la prueba practicada es evidente que los tiene y se puede concluir que la parte actora no ha incumplido".

La argumentación de la sentencia en este punto, que entendemos conforme a derecho, no es directamente atacada en el recurso, en el que la pretensión revocatoria se centra en demostrar que las instalaciones presentan fallos que impiden su uso correcto, falta de contadores y falta de fiabilidad de la documentación, como justificación suficiente para entender producido el incumplimiento. Y, frente a ello, ha de verse, por un lado, que, como resulta de la declaración del Sr. Darío, se realizaron los siete boletines de instalación eléctrica, explicitando el testigo que no se trataba de una instalación nueva, sino de una mejora de instalaciones y rehabilitación de una vivienda antigua. Y, por otro, en cuanto a la instalación de contadores de Emaya para el suministro de agua, además de que consta que la demandada tuvo conocimiento de la inspección de 28/10/21 no con la contestación a la demanda, como alega, sino con el requerimiento notarial de la vendedora de fecha 26/11/21 (doc. 32 de la demanda, pág. 14), es claro que para el cumplimiento de la condición IV en este concreto punto precisaba la acción de la demandada para el alta de los contadores (alta que se solicitó por la demandada para las viviendas 2 y 3 con posterioridad), sin que esta circunstancia comporte incumplimiento de la actora, quien realizó los trabajos para modificación -no nueva instalación u obra nueva, al ser una finca antigua- del recinto del contador e instalación de fontanería (el instalador Sr. Pedro Francisco, en su declaración testifical, explicó que, obtenida el acta de inspección de Emaya envían los boletines a la propiedad para que contrate directamente el suministro), siendo la expedición de los boletines anterior a la instalación de los contadores, que dependen de la solicitud de alta por la propiedad.

Entendemos, en fin, que a la fecha de 31/10/21 los trabajos y actuaciones necesarias a realizar por la vendedora que resultan de los epígrafes "I" y "IV" habían sido cumplimentados.

CUARTO.- Decisión de la Sala (III)

I.-/ En cuanto al cumplimiento del requisito III, relativo a la obtención de las cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las obras pendientes, la apelante alega incumplimiento de la vendedora en razón a que las cédulas entregadas eran cédulas de renovación, cuando debían ser de primera ocupación, y en razón también a que las cédulas entregadas no se habían adecuado a la nueva distribución de los números de policía reasignados a consecuencia de las obras realizadas -al eliminarse la escalera del nº 4 de policía, pasando a existir una sola entrada, la del nº 5- que figura en la escritura complementaria de 15/10/2021. A ello añade, por último, que resulta irrelevante que a la fecha del juicio (año 2025) ya no se exigiera la cédula de habitabilidad a nivel administrativo.

Observa la Sala que las alegaciones del recurso en este punto no combaten en realidad los razonamientos de la sentencia. Ésta señala, en lo que atañe a los efectos del cambio de distribución del inmueble respecto a los números de policía, que la demandada no explica qué efectos negativos tiene para ella dicho cambio, ni si el cambio le ha generado el deber de realizar alguna actuación posterior. Y en el recurso nada se alega en el sentido indicado, por lo que tampoco en la alzada se conoce qué efectos negativos o perjudiciales de cualquier género puede haberle ocasionado tal modificación de orden formal.

A ello añadimos que ya en la escritura de 31/10/21, concretamente en su apartado "4.3.5. Urbanismo y licencias", subapartado "e.-", se contemplaba lo siguiente: "La dirección que consta en las cédulas de habitabilidad del Inmueble es la correcta y se corresponde con la localización del mismo, si bien manifiesta la Parte Vendedora que la dirección del Inmueble podrá verse modificada una vez obtenido el certificado del final de obra del edificio de Paseo Sagrera, 4, al eliminarse la escalera de acceso y unificarse con la del edificio número 5".

Y, en lo que respecta a la clase de cédula -de nueva expedición en lugar de renovación-, tampoco se explica qué consecuencia práctica perjudicial para la demandada puede comportar el hecho de que las cédulas obtenidas lo hayan sido por renovación y no de nueva expedición, máxime cuanto tal diferenciación ni si quiera se contempla en el requisito III del contrato, máxime cuando, acompañándose las mismas a la escritura de reforma del edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, la demandada no hiciera entonces reserva alguna al respecto, manifestando su discrepancia sólo ahora, cuando la vendedora le reclama el pago del precio adicional, sin que estos razonamientos sean combatidos tampoco en el recurso.

II.-/ En cuanto al alegato del recurso sobre la carga de la prueba, plantea la apelante que el objeto del procedimiento es dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos, o cuál es la consecuencia perjudicial para esta parte".Y que, a su entender, la sentencia apelada ha desplazado indebidamente la carga de la prueba a la demandada sobre extremos que no son objeto del procedimiento, entendiendo con ello infringido el art. 217 LEC, que establece que, ante dudas relevantes sobre hechos determinantes de la controversia, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos, que en este caso es la actora, que "no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas sus obligaciones en tiempo y forma",y si persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a los requisitos examinados, resultaba obligado desestimar la demanda con base al precepto legal citado.

El alegato, sin embargo, no puede ser acogido, pues si bien es cierto que el objeto del proceso se centra en el cumplimiento de las condiciones por la actora para el precio adicional, y no sobre lo que eventualmente haya podido realizar la demandada tras el 31/10/21, ni sobre los eventuales perjuicios sufridos, también lo es que la conclusión de la sentencia apelada en este punto no comporta un indebido desplazamiento de la carga de la prueba (en el sentido de que deba ser la demandada quien pruebe que tuvo algún perjuicio o tuvo que realizar alguna obra o instalación con posterioridad a aquella fecha en relación a los apartados "I" o "IV"), puesto que el razonamiento expresado en la sentencia apelada es conclusivo de lo actuado en relación a la interpretación contractual respecto a la finalidad que, en la dinámica del contrato, ha de atribuirse al contenido de las condiciones "I" y "IV", constatando por las circunstancias que refiere el propio razonamiento que no hubo incumplimiento por la vendedora.

IV.- El último alegato de fondo del recurso combate el carácter solidario de la responsabilidad de las demandadas apreciado en la sentencia.

Alega la apelante que en el caso litigioso no hay disposición legal que imponga dicha solidaridad -siendo la regla general la mancomunidad-, ni ésta resulta de pacto expreso inter partes, ni puede inferirse de la voluntad contractual de éstas. Por tanto, la sentencia vulnera la previsión del art. 1137 CC, que establece que la solidaridad no se presume, sino que debe resultar de la ley o de la voluntad de las partes; entendimiento que ha mantenido la jurisprudencia, de la que cita las SS TS 784/2005, de 28 de octubre, y 533/2014, de 14 de octubre. Y considera que la sentencia basa erróneamente la solidaridad en la idea de que las compradoras "se presentan unificadas como "la parte compradora", deduciendo de ello la solidaridad, que basa en un criterio puramente interpretativo, el cual no puede prevalecer frente al principio de que la solidaridad no se presume. Así pues: no hay pacto expreso de solidaridad (en ningún lugar aparece la palabra "solidaridad"), las demandadas adquieren parcelas o porciones de inmueble distintas, con distinto porcentaje de titularidad, y no hay mandato legal que imponga el carácter solidario. Por tanto, la tesis de la sentencia se apoya en la supuesta "unidad negocial", por tratarse de un único contrato de compraventa con pactos adicionales, cuando la jurisprudencia exige rigor en la apreciación de la voluntad contractual, siendo preciso un pronunciamiento específico que defina la obligación como solidaria.

Pues bien. Para dar respuesta a la pretensión apelante en este punto debemos señalar que la jurisprudencia viene realizando desde hace décadas una interpretación "correctora" -en palabras de la STS 28 octubre 2005- del art. 1.137 CC, en la que hace derivar la solidaridad de la mera voluntad tácita de las partes. En ella, "el contexto de la obligación" o "las circunstancias concurrentes en el contrato" permiten al Tribunal Supremo, frente al sentido literal del art. 1.137 CC (que exige que "la obligación lo determine expresamente"), inducir la intención de los contratantes en orden a asumir el carácter solidario del vínculo jurídico (S TS 26 abril 1985), probando la existencia de una voluntad tácita en orden a la constitución solidaria del vínculo.

Desarrollando este entendimiento algunas sentencias, invocando el criterio de la unidad de fin, deducen la solidaridad de la circunstancia de ser los deudores copropietarios de un negocio o, incluso, de la existencia entre los interesados de una comunidad jurídica de objetivos (S TS 28 octubre 2005), la identidad de fin de las prestaciones (S TS 25 mayo 2004), la cogestión de una actividad profesional (S TS 20 marzo 2003), la concurrencia de un conjunto de comitentes que perfeccionan un único contrato con unidad de fin (S TS 1 julio 2002); la interdependencia y comunidad de intereses (S TS 10 de noviembre de 1981) o de la existencia de una comunidad jurídica de objetivos entre las prestaciones de los deudores, al manifestarse una íntima conexión entre ellas ( STS. 26 julio 2000).

Como se ve, la jurisprudencia interpretativa del artículo 1.137 del Código civil ha llegado a invertir en la práctica en casos como los mencionados el criterio de la mancomunidad como regla, y la solidaridad como excepción, y considera que la existencia de un negocio común entre los deudores es suficiente para que, invocando la unidad de fin, se aprecie la solidaridad de la obligación donde no conste su constitución como mancomunada.

Y proyectando la doctrina interpretativa al caso presente, la sentencia apelada especifica las circunstancias de unidad de negocio y fin de las demandadas en la adquisición y, con ello, el fundamento, que confirmamos, para predicar el carácter solidario de su responsabilidad en el pago del precio variable discutido frente a la parte vendedora.

QUINTO.- Costas procesales

En aplicación de lo dispuesto en el art. 398 LEC, la desestimación del recurso determina la imposición de las costas de la alzada a la parte apelante.

En cuanto a las costas de la primera instancia, la confirmación de la sentencia alcanza al pronunciamiento condenatorio establecido en ella por su correcta aplicación del criterio general y objetivo del vencimiento, previsto en el art. 394.1 LEC.

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, procede acordar la pérdida del depósito en su caso consignado para recurrir.

Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Planteamiento y objeto del recurso

I.-/ Frente a la sentencia dictada en la primera instancia, que ha estimado íntegramente la demanda, la representación de la parte demandada interpone recurso de apelación interesando que en esta alzada se dicte nueva resolución por la que, con revocación de la apelada, se acuerde la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

II.-/ El recurso se estructura mediante una Alegación Previa, que relaciona los motivos del recurso, y cinco Alegaciones principales, numeradas de la Primera a la Quinta.

I.-/ La Primera Alegación consiste en un resumen de la litis. En ella, tras indicar que el precio de la compraventa inmobiliaria (los inmuebles figuran relacionados en el FJ 1º de la sentencia de primera instancia, que reproduce en este punto el contenido la escritura pública otorgada al efecto el 31/05/21 ante el Notario de Palma D. Don Carlos Jiménez Gallego, número de Protocolo 2.376, por lo que se tienen aquí por reproducidos), era 5.125.000,00 €, cuyo importe fue abonado en unidad de acto a la firma del contrato, expone que las partes pactaron en la misma escritura que se abonaría un millón de euros de forma adicional al precio de compra si la parte vendedora completaba unos requisitos antes del 31/10/2021. Tales requisitos, que se pactaron para el devengo del Precio de Adquisición Final a favor de la parte vendedora, obligaban a ésta en los siguientes términos:

I.-Deberá completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto.

II.-Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes.

III.-Deberá obtener las correspondientes cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las Obras Pendientes.

IV.-Deberá entregar al comprador todos los boletines de instalaciones, debiendo haber instalado previamente los contadores eléctricos y de suministros;

V.-Y deberá obtener el Certificado Municipal de Final de Obra del Ayuntamiento de Palma de Mallorca en relación con el Inmueble.

Debiendo conseguir conjuntamente todos estos requisitos antes del 31/10/2021".

En esta Alegación la apelante muestra su disconformidad con la valoración de la prueba y la aplicación del derecho realizadas por el juzgador a quo, que le han llevado a concluir erróneamente que los actores han cumplido todos los requisitos expuestos y, derivado, a la estimación íntegra de la demanda, cuyo objeto era, precisamente, la reclamación del referido importe (un millón de euros); cuando, según expone, la parte vendedora, en realidad, únicamente habría cumplido el requisito relativo a la obtención del certificado municipal de final de obra del Ayuntamiento de Palma, por lo que no tendría derecho a reclamar el importe adicional, debiendo por ello desestimarse íntegramente la demanda.

II.-/ La Alegación Segunda del recurso contiene las alegaciones de la parte apelante dirigidas a combatir los razonamientos de la sentencia que han llevado al juzgador a quo a concluir que han resultado acreditados los requisitos referidos a la inscripción en el Registro de la Propiedad, la realización de las obras pendientes conforme al proyecto y entrega de boletines e instalación de contadores y obtención cédulas de habitabilidad.

III.-/ La Alegación Tercera, bajo el enunciado "carga de la prueba", denuncia infracción del artículo 217 LEC; y ello porque, partiendo de la premisa -como hace la apelante- según la cual la parte actora no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas las obligaciones ya referidas, en tiempo y forma, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos. A ello añade que "Dado que en cualquier caso persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a dichos requisitos, resultaba obligado desestimar la demanda con base en el artículo 217.1 LEC ".Amén de que el objeto del proceso es "dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos o cual es la consecuencia perjudicial para esta parte, por lo que injustamente la sentencia de instancia desplaza la carga de la prueba a esta parte sobre extremos que no son objeto del procedimiento".

IV.-/ La Alegación Cuarta contiene las argumentaciones jurídicas para el rechazo del carácter solidario de la condena de las demandadas apreciada en la sentencia apelada. Niega aquí la apelante que exista disposición legal que imponga la solidaridad, así como que ésta pueda establecerse en el caso por vía de inferencia como voluntad de los contratantes, resultando vulnerado el artículo 1137 CC, conforme al cual la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, tal y como ha venido señalando la jurisprudencia.

V.-/ La Alegación Quinta se refiere al pronunciamiento de la sentencia de primera instancia en materia de costas. El alegato se limita aquí a señalar que, solicitándose la revocación de la sentencia en el sentido de desestimarse íntegramente la demanda, procede la imposición de las costas a la parte actora, con arreglo al art. 394 en relación al 397 LEC, que recoge el principio objetivo del vencimiento.

VI.-/ La parte actora apelada se opone al recurso, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada, con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Decisión de la Sala (I)

I.-/ Como es sabido, el art. 456.1 LEC dispone que "[e]n virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

Este precepto ha sido interpretado en el sentido de que, como indica el apartado XIII de la Exposición de Motivos de LEC "[l]a apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada" (S TS 02/11/12). Y esta revisión de la primera instancia, dentro de los límites que imponen la prohibición de la "reformatio in peius"y la regla "tantum devolutum quantum apellatum"[se transfiere lo que se apela] o congruencia con el recurso, atribuye al tribunal de apelación el control de lo actuado en la primera instancia con plenitud de cognición "tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris[cuestión jurídica]), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas aplicables al caso", lo que comporta la revisión de la valoración de la prueba por el órgano de apelación con las mismas competencias que el tribunal de la primera instancia (entre otras, sentencias 44/2012, de 15 de febrero, y 455/2012, de 11 de julio).

II.-/ En el marco expuesto, la primera cuestión que analizará la Sala es la relativa al requisito de la inscripción registral.

La prueba documental acredita que la escritura pública de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras se otorgó el 15/10/2021 y se presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad cuatro días después -el 19/10/2021-, causando la inscripción el 10/11/21.

Alega la apelante que el plazo previsto había expirado, y que la decisión del juzgador a quo teniendo por cumplido el requisito se basa en una errónea interpretación -por extensiva e injustificada- del art. 24 LH, cuya teleología es "resolver problemas de cierre registral y de prioridad", pero sin posibilidad de utilizarse para anticipar el cumplimiento de una condición pactada contractualmente, ni para suplir el requisito de la inscripción efectiva en tiempo en el Registro. Y aboga por una interpretación literal (conforme al art. 1.281 CC) de lo convenido: "se pactó expresamente la necesidad de lograr la inscripción definitiva en el registro, no un simple asiento de presentación. La inscripción efectiva se realizó fuera del plazo pactado, por lo que no se cumplimentó la condición suspensiva establecida".

III.-/ Observa la Sala en este punto que el pacto que nos ocupa, recogido en el apartado 2.3.2, bajo el enunciado "Requisitos para el devengo del Precio de Adquisición Final", epígrafe (ii), dispone:

"Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes (asumiendo la Parte Vendedora todos los costes y gastos derivados de su otorgamiento e inscripción)".

La interpretación literal del precepto que propone la parte apelante se centra a nuestro entender en que la operación material de la inscripción haya sido ejecutada, esto es, que el asiento registral en que la inscripción consiste haya sido practicado. Nótese al respecto que la terminología legal, concretamente el art. 41 del Reglamento Hipotecario, al referirse a las "clases de asientos o inscripciones", dice: "En los libros de los Registros de la Propiedad se practicarán las siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos de presentación, inscripciones propiamente dichas, extensas o concisas, principales y de referencia; anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales".

Y es el art. 24 de la Ley Hipotecaria - el legislador, por tanto-, al disponer que "se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir,la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma", quien lleva al momento del asiento de presentación los efectos jurídicos de la inscripción practicada después (en los plazos que contempla el art. 97 del Reglamento Hipotecario) .

En consecuencia, estimamos que la interpretación realizada por el juzgador a quo resulta conforme a derecho y se apoya, además, en la jurisprudencia que cita y transcribe, pues la conducta requerida para el devengo del precio adicional que debía llevar a cabo la parte vendedora no era la práctica de un asiento material de inscripción antes del 31/10/21. Era obtener y garantizar antes de esa fecha la producción de todos los efectos jurídicos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de las obras pendientes. Y así lo hizo mediante la presentación del título al efecto el 19/10/21, causando un asiento de presentación que desde entonces, y en virtud del art. 24 LH, producía sus efectos en virtud de la posterior inscripción, que eran todos, y no sólo los derivados de los principios hipotecarios de prioridad y cierre.

IV.-/ A lo expuesto debemos añadir que la sentencia apelada toma en consideración, con carácter de a mayor abundamiento, que la parte vendedora estaba en disposición de otorgar la escritura pública -que permitía su posterior presentación al Registro- con anterioridad a la fecha del 15/10/21, en que finalmente se produjo. Señala el juzgador a quo que "a finales del mes de septiembre de 2021, de las conversaciones, se deduce que ya estaba toda la documentación lista para ello, y que, si no se llevó a cabo el otorgamiento antes, fue debido a la actitud de la parte demandada".Y en el recurso se dice que "es un hecho probado en sentencia que la escritura de reforma y final de obra la debía elaborar íntegramente la parte vendedora y que la escritura no estuvo preparada hasta finales de septiembre 2021, otorgándose el 15/10/2021 por requerimiento expreso de la contraparte(...)".

Entendemos que la argumentación de la sentencia en este punto debe mantenerse en la alzada. Así, de los correos electrónicos cruzados por las partes (doc. 19 de la demanda) y acta notarial (doc. 21) se comprueba la disponibilidad de la parte vendedora para el otorgamiento documental en cuestión, y que éste no se llevó a efecto entonces por causa no imputable a la parte compradora. Por tanto, de acuerdo con el art. 1.258 CC (obligación de los contratantes de cumplimiento no sólo de lo expresamente pactado, sino también de las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe), recogida además en otro pasaje de la misma cláusula 2.3.2, al referir que como el comprador pasaba a ser titular del inmueble a partir de su fecha (31/05/21), asumía la obligación de "cooperar de manera razonable con la parte vendedora" para lograr el cumplimiento de la condición final de obra; canon de cooperación que es igualmente predicable respecto a la colaboración con la vendedora en el cumplimiento de la obligación que nos ocupa.

TERCERO.- Decisión de la Sala (II)

Sobre el requisito referido al deber de completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto, antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.

I.-/ Para resolver esta cuestión, que quedó planteada como hecho controvertido en la primera instancia, resulta necesario determinar qué obras pendientes conforme a lo previsto en el proyecto debía terminar la vendedora antes del 31/10/21.

Se alega de inicio en este motivo que la parte actora sostuvo que las obras eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra,y que éstas consistían en las siguientes: eliminar la escalera del edificio señalado con el nº 4 del Paseo Sagrera en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera 5; eliminar los trasteros de planta cubierta; y modificar la distribución de las viviendas para cumplir con las normas de habitabilidad. Y que, por el contrario, la demandada mantuvo que las obras no eran las mencionadas, sino las necesarias para la instalación de los contadores y suministrosa los que se había comprometido la vendedora; obras que fueron realizadas por las empresas "OLITSE CONSTRUCCIONES SL", " DIRECCION000" e "HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL" en fechas posteriores al certificado de final de obra municipal.

La apelante niega virtualidad a la tesis actora (que las obras pendientes eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra) porque estar a dicha tesis implica duplicar uno de los requisitos, lo que carece de lógica. A su entender, para evitar tal duplicidad el requisito que examinamos (que es el "I") necesariamente ha de referirse a "unas obras distintas de las que recoge el requisito (IV)".

Y reprocha a la sentencia que, sin argumentar porqué, asuma la tesis de la parte actora y se centre en las rebajas y discusiones que tuvieron las partes sobre la existencia de ciertas deficiencias (entendiendo que formaron parte de la rebaja del precio de 200.000 € antes de la firma de la escritura pública de compraventa, y que además la demandada debió conocer en el momento de la firma de la opción y la compraventa), señalando el juzgador a quo que no pueden alegarse para no realizar el pago; cuando resulta que esas cuestiones, según alega, no tienen nada que ver con lo que se discute ahora en cuanto al cumplimiento por la actora del requisito "I".

En esa misma línea cuestiona también que la sentencia apelada haya tenido en cuenta para formar criterio el informe de las instalaciones elaborado por el Sr. Nicanor en fecha 19/12/2020, y ello porque dicho informe, al igual que el realizado por el Sr. Moises, nada tiene que ver con el requisito en cuestión. Así es porque las declaraciones de los legales representantes de OLITSE CONSTRUCCIONES SL, HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL y ELECTRICA COLOQUELL SL acreditan que las obras realizadas por esas entidades, que "eran las obras necesarias para poder hacer la centralización de contadores de todo el edificio, situados en el zaguán de la escalera y dotar a las tres viviendas de contadores de agua individuales, tal y como se había comprometido la parte vendedora"-sic-, son unas obras distintas a las del final de obra municipal: el certificado de final de obra municipal data de abril 2021, mientras que las aludidas obras datan de septiembre/octubre 2021.

Sobre las premisas expuestas, la apelante alega que a 31/10/2021 esos trabajos no se habían realizado correctamente.

II.-/ Observa la Sala, en una lectura comparada de los requisitos "I" y "IV", que la realización de las obras necesarias para la instalación de los contadores eléctricos y de suministros se halla expresa y singularmente contemplada en el apartado "IV", atribuyendo a la vendedora esa obligación mediante el uso de la expresión "debiendo haber instalado" tales contadores eléctricos y de suministros previamentea la entrega de todos los boletines de instalación; expresión muy distinta a la utilizada en el requisito "I", en el que la obligación para la vendedora se indica, como venimos diciendo, con la genérica e inespecífica expresión "completar las obras pendientes".

Así las cosas, vemos que las obras a realizar para dar cumplimiento al requisito "I" son las contempladas en el proyecto y planos del Arquitecto Sr. Mariano (Zanobia Arquitectura slpu), aportado como doc. 16 de la demanda (proyecto básico de reforma de edificio de viviendas entre medianeras), que refiere las modificaciones de proyecto, a saber:

"Las modificaciones consisten: En el derribo de los trasteros existentes en planta ático (plano nº 4 adjunto) No se va a ejecutar el ascensor previsto en el proyecto objeto de licencia debido a la dificultad de su ejecución y en consecuencia se elimina la escalera de planta baja considerando que los rellanos unificados con el edificio colindante del Paseo Sagrera nº 5 permiten el acceso por el portal nº 5 mediante la escalera y el ascensor existente"

Y por ello en la escritura de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, en la que se menciona que se ha reformado la edificación obteniéndose la licencia de reforma/ampliación del edificio de Paseo Sagrera 4 (acuerdo de 03/02/15), la de modificación y conformidad del proyecto de ejecución (acuerdo de 30/06/15), y la licencia municipal de Ocupación y/o Primera Utilización concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de fecha 27 de abril de 2.021- consta lo siguiente:

"Las obras realizadas consisten en eliminar la escalera del edificio señalado con nº 4, del Paseo Sagrera, en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª, el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera, número 5. También se eliminan los trasteros de planta cubierta.

No se altera el número de viviendas (tres viviendas), simplemente se modifica su distribución para cumplir con las normas de habitabilidad.

Cada vivienda consta de una habitación doble, un baño y un salón-comedor-cocina; las viviendas de la planta segunda y tercera pasarán a tener una superficie construida de cincuenta y dos metros y cincuenta y un decímetros cuadrados (52,51 m²); la vivienda de planta cuarta una superficie construida de cincuenta y siete metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (57,54 m²).

Se valoran las obras reformadas en 216.029,18 euros, según manifiestan."

Por tanto, el hecho de que el certificado sea de abril 2021 ni siquiera impide dar cumplimiento al requisito "I" después de esa fecha ("completa[ndo] las obras pendientes"), con tal que se haga antes del 31/10/21, como así consta.

Por tanto, el alegato de la parte apelante poniendo de manifiesto que las obras para la instalación de los contadores y suministros fueron realizadas con posterioridad al certificado de final de obra municipal no representa ningún obstáculo para entender que la vendedora ha dado cumplimiento al requisito "I", como se cumplió también con el requisito de disponer del final de obra municipal (lo que para la demandada era condición esencial para suscribir la compraventa, ya que, como nos dice en su contestación a la demanda -Hecho 4º propio-, "una licencia de obras del 2014 no ejecutada podía dar muchos problemas en un edificio de estas características"(que, en palabras de la sentencia apelada, es referido como "edificio antiguo protegido del casco antiguo de Palma"), como se reconoce por la parte demandada apelante.

III.-/ Ahora, pues, la cuestión es otra: si las obras para la instalación de contadores eléctricos y de suministros (se reformó la centralización de contadores de todo el edificio situados en el zaguán de la escalera, dotándose de contador a las viviendas de c/Remolars), realizadas por las 3 empresas referidas en los meses de septiembre y octubre de 2021, fueron realizadas correctamente.

La representación apelante señala al respecto que el informe del Sr. Erasmo, del que refiere especialmente las páginas 9, 14, 23 y 30, concluye que no, lo que le lleva a mantener aquí que el requisito "I" (ya examinado) no fue cumplido. Y, a continuación, vincula ese entendimiento al requisito "IV", que considera igualmente incumplido: debía haber 7 contadores de luz en el zaguán y 3 contadores de agua en c/Remolars, y sin embargo, según el acta notarial de 2/11/2021 (doc. 14 de la contestación, acontecimiento 54), en esa fecha había 7 contadores de luz (de los cuales, 2 con luz roja) y un solo contador de agua.

Y sobre esta circunstancia razona lo siguiente: desde el momento en que faltan 2 contadores de agua (lo cual no ha sido negado por la parte contraria) y 2 contadores de luz no están en funcionamiento, directamente se habría incumplido el requisito "IV".

En este punto pone en duda el alegato de la vendedora según el cual sólo la nueva propietaria -o sea la demandada, que era propietaria desde mayo de 2021- podía dar de alta el servicio con Emaya; duda que basa en dos circunstancias: que la vendedora sí pudo, en cambio, dar de alta el suministro eléctrico (tres contratos concertados con la entidad Energía XXI a nombre de las demandadas el 31/08/21), y que no hay prueba de que solicitase la intervención de la compradora para instalar los contadores de agua.

A ello añade, en segundo lugar, que los boletines entregados no son correctos (pág. 10 del informe del Sr. Erasmo) y que la inspección de Emaya se realizó el 28/10/21, de modo que la compradora no habría podido contratar el suministro con la documentación entregada hasta el mismo día 31/10/21.

En cuanto a la entrega de los boletines de instalación, la apelante niega que los entregados sean correctos y que sean los que realmente corresponden, singularmente porque según el Sr. Erasmo contienen datos y fechas inexactas, lo que pone en entredicho su validez administrativa. Además, según algunos operarios, después de la firma del final de obra se continuaron los trabajos, evidenciando que hubo actuaciones no amparadas por un informe técnico adecuado y que contravienen la exigencia de estricta legalidad recogida en el contrato

Considera, en fin, que las instalaciones presentaban fallos que impedían su uso correcto, la documentación expedida carecía de la fiabilidad exigida y faltaban contadores. Todo lo cual supone un incumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a las obras realizadas, instalación de contadores y entrega y adecuación técnica de las instalaciones, incumplimiento que ya se produce, según la jurisprudencia, en caso de entrega de documentación técnica defectuosa o extemporánea.

IV.-/ Pues bien. La sentencia apelada destaca que no ha quedado acreditado que la entrega de las instalaciones de suministros en las condiciones que menciona la demandada "le haya generado algún perjuicio o haya tenido que efectuar alguna mejora en las instalaciones". Añade a ello que, "de hecho, el negocio del restaurante está en funcionamiento, y los pisos parece que están alquilados", y que "no se ha probado que se haya realizado una adecuación de las instalaciones por la parte demandada y que esto le haya generado un coste".Y, por último, concluye: "se entendería del todo desproporcionado valorar el incumplimiento del requisito cuarto en un millón de euros. Y es que la esencia de la cláusula cuarta está en que el edificio objeto de compraventa tenga los debidos suministros, y con la prueba practicada es evidente que los tiene y se puede concluir que la parte actora no ha incumplido".

La argumentación de la sentencia en este punto, que entendemos conforme a derecho, no es directamente atacada en el recurso, en el que la pretensión revocatoria se centra en demostrar que las instalaciones presentan fallos que impiden su uso correcto, falta de contadores y falta de fiabilidad de la documentación, como justificación suficiente para entender producido el incumplimiento. Y, frente a ello, ha de verse, por un lado, que, como resulta de la declaración del Sr. Darío, se realizaron los siete boletines de instalación eléctrica, explicitando el testigo que no se trataba de una instalación nueva, sino de una mejora de instalaciones y rehabilitación de una vivienda antigua. Y, por otro, en cuanto a la instalación de contadores de Emaya para el suministro de agua, además de que consta que la demandada tuvo conocimiento de la inspección de 28/10/21 no con la contestación a la demanda, como alega, sino con el requerimiento notarial de la vendedora de fecha 26/11/21 (doc. 32 de la demanda, pág. 14), es claro que para el cumplimiento de la condición IV en este concreto punto precisaba la acción de la demandada para el alta de los contadores (alta que se solicitó por la demandada para las viviendas 2 y 3 con posterioridad), sin que esta circunstancia comporte incumplimiento de la actora, quien realizó los trabajos para modificación -no nueva instalación u obra nueva, al ser una finca antigua- del recinto del contador e instalación de fontanería (el instalador Sr. Pedro Francisco, en su declaración testifical, explicó que, obtenida el acta de inspección de Emaya envían los boletines a la propiedad para que contrate directamente el suministro), siendo la expedición de los boletines anterior a la instalación de los contadores, que dependen de la solicitud de alta por la propiedad.

Entendemos, en fin, que a la fecha de 31/10/21 los trabajos y actuaciones necesarias a realizar por la vendedora que resultan de los epígrafes "I" y "IV" habían sido cumplimentados.

CUARTO.- Decisión de la Sala (III)

I.-/ En cuanto al cumplimiento del requisito III, relativo a la obtención de las cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las obras pendientes, la apelante alega incumplimiento de la vendedora en razón a que las cédulas entregadas eran cédulas de renovación, cuando debían ser de primera ocupación, y en razón también a que las cédulas entregadas no se habían adecuado a la nueva distribución de los números de policía reasignados a consecuencia de las obras realizadas -al eliminarse la escalera del nº 4 de policía, pasando a existir una sola entrada, la del nº 5- que figura en la escritura complementaria de 15/10/2021. A ello añade, por último, que resulta irrelevante que a la fecha del juicio (año 2025) ya no se exigiera la cédula de habitabilidad a nivel administrativo.

Observa la Sala que las alegaciones del recurso en este punto no combaten en realidad los razonamientos de la sentencia. Ésta señala, en lo que atañe a los efectos del cambio de distribución del inmueble respecto a los números de policía, que la demandada no explica qué efectos negativos tiene para ella dicho cambio, ni si el cambio le ha generado el deber de realizar alguna actuación posterior. Y en el recurso nada se alega en el sentido indicado, por lo que tampoco en la alzada se conoce qué efectos negativos o perjudiciales de cualquier género puede haberle ocasionado tal modificación de orden formal.

A ello añadimos que ya en la escritura de 31/10/21, concretamente en su apartado "4.3.5. Urbanismo y licencias", subapartado "e.-", se contemplaba lo siguiente: "La dirección que consta en las cédulas de habitabilidad del Inmueble es la correcta y se corresponde con la localización del mismo, si bien manifiesta la Parte Vendedora que la dirección del Inmueble podrá verse modificada una vez obtenido el certificado del final de obra del edificio de Paseo Sagrera, 4, al eliminarse la escalera de acceso y unificarse con la del edificio número 5".

Y, en lo que respecta a la clase de cédula -de nueva expedición en lugar de renovación-, tampoco se explica qué consecuencia práctica perjudicial para la demandada puede comportar el hecho de que las cédulas obtenidas lo hayan sido por renovación y no de nueva expedición, máxime cuanto tal diferenciación ni si quiera se contempla en el requisito III del contrato, máxime cuando, acompañándose las mismas a la escritura de reforma del edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, la demandada no hiciera entonces reserva alguna al respecto, manifestando su discrepancia sólo ahora, cuando la vendedora le reclama el pago del precio adicional, sin que estos razonamientos sean combatidos tampoco en el recurso.

II.-/ En cuanto al alegato del recurso sobre la carga de la prueba, plantea la apelante que el objeto del procedimiento es dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos, o cuál es la consecuencia perjudicial para esta parte".Y que, a su entender, la sentencia apelada ha desplazado indebidamente la carga de la prueba a la demandada sobre extremos que no son objeto del procedimiento, entendiendo con ello infringido el art. 217 LEC, que establece que, ante dudas relevantes sobre hechos determinantes de la controversia, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos, que en este caso es la actora, que "no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas sus obligaciones en tiempo y forma",y si persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a los requisitos examinados, resultaba obligado desestimar la demanda con base al precepto legal citado.

El alegato, sin embargo, no puede ser acogido, pues si bien es cierto que el objeto del proceso se centra en el cumplimiento de las condiciones por la actora para el precio adicional, y no sobre lo que eventualmente haya podido realizar la demandada tras el 31/10/21, ni sobre los eventuales perjuicios sufridos, también lo es que la conclusión de la sentencia apelada en este punto no comporta un indebido desplazamiento de la carga de la prueba (en el sentido de que deba ser la demandada quien pruebe que tuvo algún perjuicio o tuvo que realizar alguna obra o instalación con posterioridad a aquella fecha en relación a los apartados "I" o "IV"), puesto que el razonamiento expresado en la sentencia apelada es conclusivo de lo actuado en relación a la interpretación contractual respecto a la finalidad que, en la dinámica del contrato, ha de atribuirse al contenido de las condiciones "I" y "IV", constatando por las circunstancias que refiere el propio razonamiento que no hubo incumplimiento por la vendedora.

IV.- El último alegato de fondo del recurso combate el carácter solidario de la responsabilidad de las demandadas apreciado en la sentencia.

Alega la apelante que en el caso litigioso no hay disposición legal que imponga dicha solidaridad -siendo la regla general la mancomunidad-, ni ésta resulta de pacto expreso inter partes, ni puede inferirse de la voluntad contractual de éstas. Por tanto, la sentencia vulnera la previsión del art. 1137 CC, que establece que la solidaridad no se presume, sino que debe resultar de la ley o de la voluntad de las partes; entendimiento que ha mantenido la jurisprudencia, de la que cita las SS TS 784/2005, de 28 de octubre, y 533/2014, de 14 de octubre. Y considera que la sentencia basa erróneamente la solidaridad en la idea de que las compradoras "se presentan unificadas como "la parte compradora", deduciendo de ello la solidaridad, que basa en un criterio puramente interpretativo, el cual no puede prevalecer frente al principio de que la solidaridad no se presume. Así pues: no hay pacto expreso de solidaridad (en ningún lugar aparece la palabra "solidaridad"), las demandadas adquieren parcelas o porciones de inmueble distintas, con distinto porcentaje de titularidad, y no hay mandato legal que imponga el carácter solidario. Por tanto, la tesis de la sentencia se apoya en la supuesta "unidad negocial", por tratarse de un único contrato de compraventa con pactos adicionales, cuando la jurisprudencia exige rigor en la apreciación de la voluntad contractual, siendo preciso un pronunciamiento específico que defina la obligación como solidaria.

Pues bien. Para dar respuesta a la pretensión apelante en este punto debemos señalar que la jurisprudencia viene realizando desde hace décadas una interpretación "correctora" -en palabras de la STS 28 octubre 2005- del art. 1.137 CC, en la que hace derivar la solidaridad de la mera voluntad tácita de las partes. En ella, "el contexto de la obligación" o "las circunstancias concurrentes en el contrato" permiten al Tribunal Supremo, frente al sentido literal del art. 1.137 CC (que exige que "la obligación lo determine expresamente"), inducir la intención de los contratantes en orden a asumir el carácter solidario del vínculo jurídico (S TS 26 abril 1985), probando la existencia de una voluntad tácita en orden a la constitución solidaria del vínculo.

Desarrollando este entendimiento algunas sentencias, invocando el criterio de la unidad de fin, deducen la solidaridad de la circunstancia de ser los deudores copropietarios de un negocio o, incluso, de la existencia entre los interesados de una comunidad jurídica de objetivos (S TS 28 octubre 2005), la identidad de fin de las prestaciones (S TS 25 mayo 2004), la cogestión de una actividad profesional (S TS 20 marzo 2003), la concurrencia de un conjunto de comitentes que perfeccionan un único contrato con unidad de fin (S TS 1 julio 2002); la interdependencia y comunidad de intereses (S TS 10 de noviembre de 1981) o de la existencia de una comunidad jurídica de objetivos entre las prestaciones de los deudores, al manifestarse una íntima conexión entre ellas ( STS. 26 julio 2000).

Como se ve, la jurisprudencia interpretativa del artículo 1.137 del Código civil ha llegado a invertir en la práctica en casos como los mencionados el criterio de la mancomunidad como regla, y la solidaridad como excepción, y considera que la existencia de un negocio común entre los deudores es suficiente para que, invocando la unidad de fin, se aprecie la solidaridad de la obligación donde no conste su constitución como mancomunada.

Y proyectando la doctrina interpretativa al caso presente, la sentencia apelada especifica las circunstancias de unidad de negocio y fin de las demandadas en la adquisición y, con ello, el fundamento, que confirmamos, para predicar el carácter solidario de su responsabilidad en el pago del precio variable discutido frente a la parte vendedora.

QUINTO.- Costas procesales

En aplicación de lo dispuesto en el art. 398 LEC, la desestimación del recurso determina la imposición de las costas de la alzada a la parte apelante.

En cuanto a las costas de la primera instancia, la confirmación de la sentencia alcanza al pronunciamiento condenatorio establecido en ella por su correcta aplicación del criterio general y objetivo del vencimiento, previsto en el art. 394.1 LEC.

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, procede acordar la pérdida del depósito en su caso consignado para recurrir.

Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Planteamiento y objeto del recurso

I.-/ Frente a la sentencia dictada en la primera instancia, que ha estimado íntegramente la demanda, la representación de la parte demandada interpone recurso de apelación interesando que en esta alzada se dicte nueva resolución por la que, con revocación de la apelada, se acuerde la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

II.-/ El recurso se estructura mediante una Alegación Previa, que relaciona los motivos del recurso, y cinco Alegaciones principales, numeradas de la Primera a la Quinta.

I.-/ La Primera Alegación consiste en un resumen de la litis. En ella, tras indicar que el precio de la compraventa inmobiliaria (los inmuebles figuran relacionados en el FJ 1º de la sentencia de primera instancia, que reproduce en este punto el contenido la escritura pública otorgada al efecto el 31/05/21 ante el Notario de Palma D. Don Carlos Jiménez Gallego, número de Protocolo 2.376, por lo que se tienen aquí por reproducidos), era 5.125.000,00 €, cuyo importe fue abonado en unidad de acto a la firma del contrato, expone que las partes pactaron en la misma escritura que se abonaría un millón de euros de forma adicional al precio de compra si la parte vendedora completaba unos requisitos antes del 31/10/2021. Tales requisitos, que se pactaron para el devengo del Precio de Adquisición Final a favor de la parte vendedora, obligaban a ésta en los siguientes términos:

I.-Deberá completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto.

II.-Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes.

III.-Deberá obtener las correspondientes cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las Obras Pendientes.

IV.-Deberá entregar al comprador todos los boletines de instalaciones, debiendo haber instalado previamente los contadores eléctricos y de suministros;

V.-Y deberá obtener el Certificado Municipal de Final de Obra del Ayuntamiento de Palma de Mallorca en relación con el Inmueble.

Debiendo conseguir conjuntamente todos estos requisitos antes del 31/10/2021".

En esta Alegación la apelante muestra su disconformidad con la valoración de la prueba y la aplicación del derecho realizadas por el juzgador a quo, que le han llevado a concluir erróneamente que los actores han cumplido todos los requisitos expuestos y, derivado, a la estimación íntegra de la demanda, cuyo objeto era, precisamente, la reclamación del referido importe (un millón de euros); cuando, según expone, la parte vendedora, en realidad, únicamente habría cumplido el requisito relativo a la obtención del certificado municipal de final de obra del Ayuntamiento de Palma, por lo que no tendría derecho a reclamar el importe adicional, debiendo por ello desestimarse íntegramente la demanda.

II.-/ La Alegación Segunda del recurso contiene las alegaciones de la parte apelante dirigidas a combatir los razonamientos de la sentencia que han llevado al juzgador a quo a concluir que han resultado acreditados los requisitos referidos a la inscripción en el Registro de la Propiedad, la realización de las obras pendientes conforme al proyecto y entrega de boletines e instalación de contadores y obtención cédulas de habitabilidad.

III.-/ La Alegación Tercera, bajo el enunciado "carga de la prueba", denuncia infracción del artículo 217 LEC; y ello porque, partiendo de la premisa -como hace la apelante- según la cual la parte actora no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas las obligaciones ya referidas, en tiempo y forma, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos. A ello añade que "Dado que en cualquier caso persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a dichos requisitos, resultaba obligado desestimar la demanda con base en el artículo 217.1 LEC ".Amén de que el objeto del proceso es "dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos o cual es la consecuencia perjudicial para esta parte, por lo que injustamente la sentencia de instancia desplaza la carga de la prueba a esta parte sobre extremos que no son objeto del procedimiento".

IV.-/ La Alegación Cuarta contiene las argumentaciones jurídicas para el rechazo del carácter solidario de la condena de las demandadas apreciada en la sentencia apelada. Niega aquí la apelante que exista disposición legal que imponga la solidaridad, así como que ésta pueda establecerse en el caso por vía de inferencia como voluntad de los contratantes, resultando vulnerado el artículo 1137 CC, conforme al cual la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, tal y como ha venido señalando la jurisprudencia.

V.-/ La Alegación Quinta se refiere al pronunciamiento de la sentencia de primera instancia en materia de costas. El alegato se limita aquí a señalar que, solicitándose la revocación de la sentencia en el sentido de desestimarse íntegramente la demanda, procede la imposición de las costas a la parte actora, con arreglo al art. 394 en relación al 397 LEC, que recoge el principio objetivo del vencimiento.

VI.-/ La parte actora apelada se opone al recurso, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada, con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Decisión de la Sala (I)

I.-/ Como es sabido, el art. 456.1 LEC dispone que "[e]n virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

Este precepto ha sido interpretado en el sentido de que, como indica el apartado XIII de la Exposición de Motivos de LEC "[l]a apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada" (S TS 02/11/12). Y esta revisión de la primera instancia, dentro de los límites que imponen la prohibición de la "reformatio in peius"y la regla "tantum devolutum quantum apellatum"[se transfiere lo que se apela] o congruencia con el recurso, atribuye al tribunal de apelación el control de lo actuado en la primera instancia con plenitud de cognición "tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris[cuestión jurídica]), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas aplicables al caso", lo que comporta la revisión de la valoración de la prueba por el órgano de apelación con las mismas competencias que el tribunal de la primera instancia (entre otras, sentencias 44/2012, de 15 de febrero, y 455/2012, de 11 de julio).

II.-/ En el marco expuesto, la primera cuestión que analizará la Sala es la relativa al requisito de la inscripción registral.

La prueba documental acredita que la escritura pública de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras se otorgó el 15/10/2021 y se presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad cuatro días después -el 19/10/2021-, causando la inscripción el 10/11/21.

Alega la apelante que el plazo previsto había expirado, y que la decisión del juzgador a quo teniendo por cumplido el requisito se basa en una errónea interpretación -por extensiva e injustificada- del art. 24 LH, cuya teleología es "resolver problemas de cierre registral y de prioridad", pero sin posibilidad de utilizarse para anticipar el cumplimiento de una condición pactada contractualmente, ni para suplir el requisito de la inscripción efectiva en tiempo en el Registro. Y aboga por una interpretación literal (conforme al art. 1.281 CC) de lo convenido: "se pactó expresamente la necesidad de lograr la inscripción definitiva en el registro, no un simple asiento de presentación. La inscripción efectiva se realizó fuera del plazo pactado, por lo que no se cumplimentó la condición suspensiva establecida".

III.-/ Observa la Sala en este punto que el pacto que nos ocupa, recogido en el apartado 2.3.2, bajo el enunciado "Requisitos para el devengo del Precio de Adquisición Final", epígrafe (ii), dispone:

"Deberá lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de dichas Obras Pendientes (asumiendo la Parte Vendedora todos los costes y gastos derivados de su otorgamiento e inscripción)".

La interpretación literal del precepto que propone la parte apelante se centra a nuestro entender en que la operación material de la inscripción haya sido ejecutada, esto es, que el asiento registral en que la inscripción consiste haya sido practicado. Nótese al respecto que la terminología legal, concretamente el art. 41 del Reglamento Hipotecario, al referirse a las "clases de asientos o inscripciones", dice: "En los libros de los Registros de la Propiedad se practicarán las siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos de presentación, inscripciones propiamente dichas, extensas o concisas, principales y de referencia; anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales".

Y es el art. 24 de la Ley Hipotecaria - el legislador, por tanto-, al disponer que "se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir,la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma", quien lleva al momento del asiento de presentación los efectos jurídicos de la inscripción practicada después (en los plazos que contempla el art. 97 del Reglamento Hipotecario) .

En consecuencia, estimamos que la interpretación realizada por el juzgador a quo resulta conforme a derecho y se apoya, además, en la jurisprudencia que cita y transcribe, pues la conducta requerida para el devengo del precio adicional que debía llevar a cabo la parte vendedora no era la práctica de un asiento material de inscripción antes del 31/10/21. Era obtener y garantizar antes de esa fecha la producción de todos los efectos jurídicos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del acta de finalización de las obras pendientes. Y así lo hizo mediante la presentación del título al efecto el 19/10/21, causando un asiento de presentación que desde entonces, y en virtud del art. 24 LH, producía sus efectos en virtud de la posterior inscripción, que eran todos, y no sólo los derivados de los principios hipotecarios de prioridad y cierre.

IV.-/ A lo expuesto debemos añadir que la sentencia apelada toma en consideración, con carácter de a mayor abundamiento, que la parte vendedora estaba en disposición de otorgar la escritura pública -que permitía su posterior presentación al Registro- con anterioridad a la fecha del 15/10/21, en que finalmente se produjo. Señala el juzgador a quo que "a finales del mes de septiembre de 2021, de las conversaciones, se deduce que ya estaba toda la documentación lista para ello, y que, si no se llevó a cabo el otorgamiento antes, fue debido a la actitud de la parte demandada".Y en el recurso se dice que "es un hecho probado en sentencia que la escritura de reforma y final de obra la debía elaborar íntegramente la parte vendedora y que la escritura no estuvo preparada hasta finales de septiembre 2021, otorgándose el 15/10/2021 por requerimiento expreso de la contraparte(...)".

Entendemos que la argumentación de la sentencia en este punto debe mantenerse en la alzada. Así, de los correos electrónicos cruzados por las partes (doc. 19 de la demanda) y acta notarial (doc. 21) se comprueba la disponibilidad de la parte vendedora para el otorgamiento documental en cuestión, y que éste no se llevó a efecto entonces por causa no imputable a la parte compradora. Por tanto, de acuerdo con el art. 1.258 CC (obligación de los contratantes de cumplimiento no sólo de lo expresamente pactado, sino también de las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe), recogida además en otro pasaje de la misma cláusula 2.3.2, al referir que como el comprador pasaba a ser titular del inmueble a partir de su fecha (31/05/21), asumía la obligación de "cooperar de manera razonable con la parte vendedora" para lograr el cumplimiento de la condición final de obra; canon de cooperación que es igualmente predicable respecto a la colaboración con la vendedora en el cumplimiento de la obligación que nos ocupa.

TERCERO.- Decisión de la Sala (II)

Sobre el requisito referido al deber de completar las obras pendientes debidamente terminadas conforme a lo previsto en el proyecto, antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.

I.-/ Para resolver esta cuestión, que quedó planteada como hecho controvertido en la primera instancia, resulta necesario determinar qué obras pendientes conforme a lo previsto en el proyecto debía terminar la vendedora antes del 31/10/21.

Se alega de inicio en este motivo que la parte actora sostuvo que las obras eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra,y que éstas consistían en las siguientes: eliminar la escalera del edificio señalado con el nº 4 del Paseo Sagrera en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera 5; eliminar los trasteros de planta cubierta; y modificar la distribución de las viviendas para cumplir con las normas de habitabilidad. Y que, por el contrario, la demandada mantuvo que las obras no eran las mencionadas, sino las necesarias para la instalación de los contadores y suministrosa los que se había comprometido la vendedora; obras que fueron realizadas por las empresas "OLITSE CONSTRUCCIONES SL", " DIRECCION000" e "HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL" en fechas posteriores al certificado de final de obra municipal.

La apelante niega virtualidad a la tesis actora (que las obras pendientes eran las contempladas en el certificado municipal de final de obra) porque estar a dicha tesis implica duplicar uno de los requisitos, lo que carece de lógica. A su entender, para evitar tal duplicidad el requisito que examinamos (que es el "I") necesariamente ha de referirse a "unas obras distintas de las que recoge el requisito (IV)".

Y reprocha a la sentencia que, sin argumentar porqué, asuma la tesis de la parte actora y se centre en las rebajas y discusiones que tuvieron las partes sobre la existencia de ciertas deficiencias (entendiendo que formaron parte de la rebaja del precio de 200.000 € antes de la firma de la escritura pública de compraventa, y que además la demandada debió conocer en el momento de la firma de la opción y la compraventa), señalando el juzgador a quo que no pueden alegarse para no realizar el pago; cuando resulta que esas cuestiones, según alega, no tienen nada que ver con lo que se discute ahora en cuanto al cumplimiento por la actora del requisito "I".

En esa misma línea cuestiona también que la sentencia apelada haya tenido en cuenta para formar criterio el informe de las instalaciones elaborado por el Sr. Nicanor en fecha 19/12/2020, y ello porque dicho informe, al igual que el realizado por el Sr. Moises, nada tiene que ver con el requisito en cuestión. Así es porque las declaraciones de los legales representantes de OLITSE CONSTRUCCIONES SL, HIDRÁULICA DE AGUA Y GAS SL y ELECTRICA COLOQUELL SL acreditan que las obras realizadas por esas entidades, que "eran las obras necesarias para poder hacer la centralización de contadores de todo el edificio, situados en el zaguán de la escalera y dotar a las tres viviendas de contadores de agua individuales, tal y como se había comprometido la parte vendedora"-sic-, son unas obras distintas a las del final de obra municipal: el certificado de final de obra municipal data de abril 2021, mientras que las aludidas obras datan de septiembre/octubre 2021.

Sobre las premisas expuestas, la apelante alega que a 31/10/2021 esos trabajos no se habían realizado correctamente.

II.-/ Observa la Sala, en una lectura comparada de los requisitos "I" y "IV", que la realización de las obras necesarias para la instalación de los contadores eléctricos y de suministros se halla expresa y singularmente contemplada en el apartado "IV", atribuyendo a la vendedora esa obligación mediante el uso de la expresión "debiendo haber instalado" tales contadores eléctricos y de suministros previamentea la entrega de todos los boletines de instalación; expresión muy distinta a la utilizada en el requisito "I", en el que la obligación para la vendedora se indica, como venimos diciendo, con la genérica e inespecífica expresión "completar las obras pendientes".

Así las cosas, vemos que las obras a realizar para dar cumplimiento al requisito "I" son las contempladas en el proyecto y planos del Arquitecto Sr. Mariano (Zanobia Arquitectura slpu), aportado como doc. 16 de la demanda (proyecto básico de reforma de edificio de viviendas entre medianeras), que refiere las modificaciones de proyecto, a saber:

"Las modificaciones consisten: En el derribo de los trasteros existentes en planta ático (plano nº 4 adjunto) No se va a ejecutar el ascensor previsto en el proyecto objeto de licencia debido a la dificultad de su ejecución y en consecuencia se elimina la escalera de planta baja considerando que los rellanos unificados con el edificio colindante del Paseo Sagrera nº 5 permiten el acceso por el portal nº 5 mediante la escalera y el ascensor existente"

Y por ello en la escritura de reforma de edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, en la que se menciona que se ha reformado la edificación obteniéndose la licencia de reforma/ampliación del edificio de Paseo Sagrera 4 (acuerdo de 03/02/15), la de modificación y conformidad del proyecto de ejecución (acuerdo de 30/06/15), y la licencia municipal de Ocupación y/o Primera Utilización concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de fecha 27 de abril de 2.021- consta lo siguiente:

"Las obras realizadas consisten en eliminar la escalera del edificio señalado con nº 4, del Paseo Sagrera, en su totalidad, utilizando para el acceso a las viviendas de la planta 2ª, 3ª y 4ª, el ascensor y los rellanos existentes del edificio colindante del Paseo Sagrera, número 5. También se eliminan los trasteros de planta cubierta.

No se altera el número de viviendas (tres viviendas), simplemente se modifica su distribución para cumplir con las normas de habitabilidad.

Cada vivienda consta de una habitación doble, un baño y un salón-comedor-cocina; las viviendas de la planta segunda y tercera pasarán a tener una superficie construida de cincuenta y dos metros y cincuenta y un decímetros cuadrados (52,51 m²); la vivienda de planta cuarta una superficie construida de cincuenta y siete metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (57,54 m²).

Se valoran las obras reformadas en 216.029,18 euros, según manifiestan."

Por tanto, el hecho de que el certificado sea de abril 2021 ni siquiera impide dar cumplimiento al requisito "I" después de esa fecha ("completa[ndo] las obras pendientes"), con tal que se haga antes del 31/10/21, como así consta.

Por tanto, el alegato de la parte apelante poniendo de manifiesto que las obras para la instalación de los contadores y suministros fueron realizadas con posterioridad al certificado de final de obra municipal no representa ningún obstáculo para entender que la vendedora ha dado cumplimiento al requisito "I", como se cumplió también con el requisito de disponer del final de obra municipal (lo que para la demandada era condición esencial para suscribir la compraventa, ya que, como nos dice en su contestación a la demanda -Hecho 4º propio-, "una licencia de obras del 2014 no ejecutada podía dar muchos problemas en un edificio de estas características"(que, en palabras de la sentencia apelada, es referido como "edificio antiguo protegido del casco antiguo de Palma"), como se reconoce por la parte demandada apelante.

III.-/ Ahora, pues, la cuestión es otra: si las obras para la instalación de contadores eléctricos y de suministros (se reformó la centralización de contadores de todo el edificio situados en el zaguán de la escalera, dotándose de contador a las viviendas de c/Remolars), realizadas por las 3 empresas referidas en los meses de septiembre y octubre de 2021, fueron realizadas correctamente.

La representación apelante señala al respecto que el informe del Sr. Erasmo, del que refiere especialmente las páginas 9, 14, 23 y 30, concluye que no, lo que le lleva a mantener aquí que el requisito "I" (ya examinado) no fue cumplido. Y, a continuación, vincula ese entendimiento al requisito "IV", que considera igualmente incumplido: debía haber 7 contadores de luz en el zaguán y 3 contadores de agua en c/Remolars, y sin embargo, según el acta notarial de 2/11/2021 (doc. 14 de la contestación, acontecimiento 54), en esa fecha había 7 contadores de luz (de los cuales, 2 con luz roja) y un solo contador de agua.

Y sobre esta circunstancia razona lo siguiente: desde el momento en que faltan 2 contadores de agua (lo cual no ha sido negado por la parte contraria) y 2 contadores de luz no están en funcionamiento, directamente se habría incumplido el requisito "IV".

En este punto pone en duda el alegato de la vendedora según el cual sólo la nueva propietaria -o sea la demandada, que era propietaria desde mayo de 2021- podía dar de alta el servicio con Emaya; duda que basa en dos circunstancias: que la vendedora sí pudo, en cambio, dar de alta el suministro eléctrico (tres contratos concertados con la entidad Energía XXI a nombre de las demandadas el 31/08/21), y que no hay prueba de que solicitase la intervención de la compradora para instalar los contadores de agua.

A ello añade, en segundo lugar, que los boletines entregados no son correctos (pág. 10 del informe del Sr. Erasmo) y que la inspección de Emaya se realizó el 28/10/21, de modo que la compradora no habría podido contratar el suministro con la documentación entregada hasta el mismo día 31/10/21.

En cuanto a la entrega de los boletines de instalación, la apelante niega que los entregados sean correctos y que sean los que realmente corresponden, singularmente porque según el Sr. Erasmo contienen datos y fechas inexactas, lo que pone en entredicho su validez administrativa. Además, según algunos operarios, después de la firma del final de obra se continuaron los trabajos, evidenciando que hubo actuaciones no amparadas por un informe técnico adecuado y que contravienen la exigencia de estricta legalidad recogida en el contrato

Considera, en fin, que las instalaciones presentaban fallos que impedían su uso correcto, la documentación expedida carecía de la fiabilidad exigida y faltaban contadores. Todo lo cual supone un incumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a las obras realizadas, instalación de contadores y entrega y adecuación técnica de las instalaciones, incumplimiento que ya se produce, según la jurisprudencia, en caso de entrega de documentación técnica defectuosa o extemporánea.

IV.-/ Pues bien. La sentencia apelada destaca que no ha quedado acreditado que la entrega de las instalaciones de suministros en las condiciones que menciona la demandada "le haya generado algún perjuicio o haya tenido que efectuar alguna mejora en las instalaciones". Añade a ello que, "de hecho, el negocio del restaurante está en funcionamiento, y los pisos parece que están alquilados", y que "no se ha probado que se haya realizado una adecuación de las instalaciones por la parte demandada y que esto le haya generado un coste".Y, por último, concluye: "se entendería del todo desproporcionado valorar el incumplimiento del requisito cuarto en un millón de euros. Y es que la esencia de la cláusula cuarta está en que el edificio objeto de compraventa tenga los debidos suministros, y con la prueba practicada es evidente que los tiene y se puede concluir que la parte actora no ha incumplido".

La argumentación de la sentencia en este punto, que entendemos conforme a derecho, no es directamente atacada en el recurso, en el que la pretensión revocatoria se centra en demostrar que las instalaciones presentan fallos que impiden su uso correcto, falta de contadores y falta de fiabilidad de la documentación, como justificación suficiente para entender producido el incumplimiento. Y, frente a ello, ha de verse, por un lado, que, como resulta de la declaración del Sr. Darío, se realizaron los siete boletines de instalación eléctrica, explicitando el testigo que no se trataba de una instalación nueva, sino de una mejora de instalaciones y rehabilitación de una vivienda antigua. Y, por otro, en cuanto a la instalación de contadores de Emaya para el suministro de agua, además de que consta que la demandada tuvo conocimiento de la inspección de 28/10/21 no con la contestación a la demanda, como alega, sino con el requerimiento notarial de la vendedora de fecha 26/11/21 (doc. 32 de la demanda, pág. 14), es claro que para el cumplimiento de la condición IV en este concreto punto precisaba la acción de la demandada para el alta de los contadores (alta que se solicitó por la demandada para las viviendas 2 y 3 con posterioridad), sin que esta circunstancia comporte incumplimiento de la actora, quien realizó los trabajos para modificación -no nueva instalación u obra nueva, al ser una finca antigua- del recinto del contador e instalación de fontanería (el instalador Sr. Pedro Francisco, en su declaración testifical, explicó que, obtenida el acta de inspección de Emaya envían los boletines a la propiedad para que contrate directamente el suministro), siendo la expedición de los boletines anterior a la instalación de los contadores, que dependen de la solicitud de alta por la propiedad.

Entendemos, en fin, que a la fecha de 31/10/21 los trabajos y actuaciones necesarias a realizar por la vendedora que resultan de los epígrafes "I" y "IV" habían sido cumplimentados.

CUARTO.- Decisión de la Sala (III)

I.-/ En cuanto al cumplimiento del requisito III, relativo a la obtención de las cédulas de habitabilidad una vez finalizadas las obras pendientes, la apelante alega incumplimiento de la vendedora en razón a que las cédulas entregadas eran cédulas de renovación, cuando debían ser de primera ocupación, y en razón también a que las cédulas entregadas no se habían adecuado a la nueva distribución de los números de policía reasignados a consecuencia de las obras realizadas -al eliminarse la escalera del nº 4 de policía, pasando a existir una sola entrada, la del nº 5- que figura en la escritura complementaria de 15/10/2021. A ello añade, por último, que resulta irrelevante que a la fecha del juicio (año 2025) ya no se exigiera la cédula de habitabilidad a nivel administrativo.

Observa la Sala que las alegaciones del recurso en este punto no combaten en realidad los razonamientos de la sentencia. Ésta señala, en lo que atañe a los efectos del cambio de distribución del inmueble respecto a los números de policía, que la demandada no explica qué efectos negativos tiene para ella dicho cambio, ni si el cambio le ha generado el deber de realizar alguna actuación posterior. Y en el recurso nada se alega en el sentido indicado, por lo que tampoco en la alzada se conoce qué efectos negativos o perjudiciales de cualquier género puede haberle ocasionado tal modificación de orden formal.

A ello añadimos que ya en la escritura de 31/10/21, concretamente en su apartado "4.3.5. Urbanismo y licencias", subapartado "e.-", se contemplaba lo siguiente: "La dirección que consta en las cédulas de habitabilidad del Inmueble es la correcta y se corresponde con la localización del mismo, si bien manifiesta la Parte Vendedora que la dirección del Inmueble podrá verse modificada una vez obtenido el certificado del final de obra del edificio de Paseo Sagrera, 4, al eliminarse la escalera de acceso y unificarse con la del edificio número 5".

Y, en lo que respecta a la clase de cédula -de nueva expedición en lugar de renovación-, tampoco se explica qué consecuencia práctica perjudicial para la demandada puede comportar el hecho de que las cédulas obtenidas lo hayan sido por renovación y no de nueva expedición, máxime cuanto tal diferenciación ni si quiera se contempla en el requisito III del contrato, máxime cuando, acompañándose las mismas a la escritura de reforma del edificio de viviendas entre medianeras y final de obras, la demandada no hiciera entonces reserva alguna al respecto, manifestando su discrepancia sólo ahora, cuando la vendedora le reclama el pago del precio adicional, sin que estos razonamientos sean combatidos tampoco en el recurso.

II.-/ En cuanto al alegato del recurso sobre la carga de la prueba, plantea la apelante que el objeto del procedimiento es dilucidar si se han cumplido o no los requisitos que otorgan el derecho a cobrar el precio adicional, "no lo que ha tenido que hacer esta parte para subsanarlos, o cuál es la consecuencia perjudicial para esta parte".Y que, a su entender, la sentencia apelada ha desplazado indebidamente la carga de la prueba a la demandada sobre extremos que no son objeto del procedimiento, entendiendo con ello infringido el art. 217 LEC, que establece que, ante dudas relevantes sobre hechos determinantes de la controversia, el órgano judicial debe resolver en contra de quien ostentaba la carga de demostrar dichos hechos, que en este caso es la actora, que "no ha acreditado de modo indubitado haber cumplido puntualmente con todas sus obligaciones en tiempo y forma",y si persisten dudas insalvables acerca de la corrección y conclusión de los trabajos vinculados a los requisitos examinados, resultaba obligado desestimar la demanda con base al precepto legal citado.

El alegato, sin embargo, no puede ser acogido, pues si bien es cierto que el objeto del proceso se centra en el cumplimiento de las condiciones por la actora para el precio adicional, y no sobre lo que eventualmente haya podido realizar la demandada tras el 31/10/21, ni sobre los eventuales perjuicios sufridos, también lo es que la conclusión de la sentencia apelada en este punto no comporta un indebido desplazamiento de la carga de la prueba (en el sentido de que deba ser la demandada quien pruebe que tuvo algún perjuicio o tuvo que realizar alguna obra o instalación con posterioridad a aquella fecha en relación a los apartados "I" o "IV"), puesto que el razonamiento expresado en la sentencia apelada es conclusivo de lo actuado en relación a la interpretación contractual respecto a la finalidad que, en la dinámica del contrato, ha de atribuirse al contenido de las condiciones "I" y "IV", constatando por las circunstancias que refiere el propio razonamiento que no hubo incumplimiento por la vendedora.

IV.- El último alegato de fondo del recurso combate el carácter solidario de la responsabilidad de las demandadas apreciado en la sentencia.

Alega la apelante que en el caso litigioso no hay disposición legal que imponga dicha solidaridad -siendo la regla general la mancomunidad-, ni ésta resulta de pacto expreso inter partes, ni puede inferirse de la voluntad contractual de éstas. Por tanto, la sentencia vulnera la previsión del art. 1137 CC, que establece que la solidaridad no se presume, sino que debe resultar de la ley o de la voluntad de las partes; entendimiento que ha mantenido la jurisprudencia, de la que cita las SS TS 784/2005, de 28 de octubre, y 533/2014, de 14 de octubre. Y considera que la sentencia basa erróneamente la solidaridad en la idea de que las compradoras "se presentan unificadas como "la parte compradora", deduciendo de ello la solidaridad, que basa en un criterio puramente interpretativo, el cual no puede prevalecer frente al principio de que la solidaridad no se presume. Así pues: no hay pacto expreso de solidaridad (en ningún lugar aparece la palabra "solidaridad"), las demandadas adquieren parcelas o porciones de inmueble distintas, con distinto porcentaje de titularidad, y no hay mandato legal que imponga el carácter solidario. Por tanto, la tesis de la sentencia se apoya en la supuesta "unidad negocial", por tratarse de un único contrato de compraventa con pactos adicionales, cuando la jurisprudencia exige rigor en la apreciación de la voluntad contractual, siendo preciso un pronunciamiento específico que defina la obligación como solidaria.

Pues bien. Para dar respuesta a la pretensión apelante en este punto debemos señalar que la jurisprudencia viene realizando desde hace décadas una interpretación "correctora" -en palabras de la STS 28 octubre 2005- del art. 1.137 CC, en la que hace derivar la solidaridad de la mera voluntad tácita de las partes. En ella, "el contexto de la obligación" o "las circunstancias concurrentes en el contrato" permiten al Tribunal Supremo, frente al sentido literal del art. 1.137 CC (que exige que "la obligación lo determine expresamente"), inducir la intención de los contratantes en orden a asumir el carácter solidario del vínculo jurídico (S TS 26 abril 1985), probando la existencia de una voluntad tácita en orden a la constitución solidaria del vínculo.

Desarrollando este entendimiento algunas sentencias, invocando el criterio de la unidad de fin, deducen la solidaridad de la circunstancia de ser los deudores copropietarios de un negocio o, incluso, de la existencia entre los interesados de una comunidad jurídica de objetivos (S TS 28 octubre 2005), la identidad de fin de las prestaciones (S TS 25 mayo 2004), la cogestión de una actividad profesional (S TS 20 marzo 2003), la concurrencia de un conjunto de comitentes que perfeccionan un único contrato con unidad de fin (S TS 1 julio 2002); la interdependencia y comunidad de intereses (S TS 10 de noviembre de 1981) o de la existencia de una comunidad jurídica de objetivos entre las prestaciones de los deudores, al manifestarse una íntima conexión entre ellas ( STS. 26 julio 2000).

Como se ve, la jurisprudencia interpretativa del artículo 1.137 del Código civil ha llegado a invertir en la práctica en casos como los mencionados el criterio de la mancomunidad como regla, y la solidaridad como excepción, y considera que la existencia de un negocio común entre los deudores es suficiente para que, invocando la unidad de fin, se aprecie la solidaridad de la obligación donde no conste su constitución como mancomunada.

Y proyectando la doctrina interpretativa al caso presente, la sentencia apelada especifica las circunstancias de unidad de negocio y fin de las demandadas en la adquisición y, con ello, el fundamento, que confirmamos, para predicar el carácter solidario de su responsabilidad en el pago del precio variable discutido frente a la parte vendedora.

QUINTO.- Costas procesales

En aplicación de lo dispuesto en el art. 398 LEC, la desestimación del recurso determina la imposición de las costas de la alzada a la parte apelante.

En cuanto a las costas de la primera instancia, la confirmación de la sentencia alcanza al pronunciamiento condenatorio establecido en ella por su correcta aplicación del criterio general y objetivo del vencimiento, previsto en el art. 394.1 LEC.

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, procede acordar la pérdida del depósito en su caso consignado para recurrir.