Sentencia Civil 101/2026 Audiencia Provincial Civil-penal nº 6 de Ceuta, Rec. 106/2024 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.- Sentencia de primera instancia en materia de consumidores y usuarios recurrida en apelación. Aplicabilidad de la normativa tuitiva de los mismos y controles susceptibles de llevarse a cabo en atención a la misma respecto de dos cláusulas contractuales: En el caso que nos ocupa se interpuso una demanda en la que se solicitó que se declarase la nulidad de 5 cláusulas contractuales, que eran las que establecían una comisión de apertura, la atribución de gastos, una comisión por posiciones deudoras, los intereses de demora y la renuncia a la notificación en caso de cesión del crédito, y la condena a pagar la cantidad de dinero previamente satisfecha como consecuencia de las dos primeras, más los intereses legales desde los respectivos abonos, como se ha referido en el antecedente primero.

Tales peticiones de la demanda se fundaron en aplicación de la normativa tuitiva de los consumidores y usuarios, que llevó a los demandantes a calificar dichas cláusulas como abusivas conforme a la misma.

La demandada se allanó a la demanda al contestar a la misma en lo relativo a la cláusula que establecía una comisión de posiciones deudoras y la atribución de gastos, como se ha referido en el antecedente segundo.

En la audiencia previa la demandada se allanó también a lo solicitado respecto de la cláusula que establecía los intereses de demora, dictándose una sentencia en la que se estimó la demanda parcialmente y en cuyo fallo se obvió lo relativo a aquélla, declarándose la nulidad de la que establecía comisión de posiciones deudoras y la de atribución de gastos, condenando a abonar por la de la primera 684,31 euros, "...más los intereses legales desde los respectivos pagos...",sin imponer las costas a parte alguna, como se ha referido en el antecedente tercero.

Los demandantes han recurrido dicha sentencia en apelación, interesando que se revoque y se estime su demanda íntegramente, obviando que nada se había indicado en su fallo sobre la cláusula reguladora de los intereses de demora, condenando a la demandada a abonar las costas procesales, a lo que se ha opuesto esta última, como se ha indicado en los antecedentes cuarto y quinto.

Para determinar si asiste la razón a los demandantes en lo que toca a que nos encontramos ante un supuesto de abusividad debe partirse, como premisas, de lo que sigue:

a) No puede caber duda de que, aunque en la audiencia previa se aplicaron las previsiones del artículo 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incorrectamente, confundiendo los aspectos fácticos con jurídicos, no existe controversia alguna entre las partes, lo que le exime de la necesidad de ser probado conforme con el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre que el día 26/07/2007 se otorgó una escritura pública en la que se documentó que Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera entregaba, como así ocurrió, 208.508 euros a los demandantes, suma que habría de restituirse incrementada en un interés que se convino, en principio, en 444 mensualidades, constituyéndose simultáneamente lo que se calificó como una hipoteca sobre una vivienda, a fin de garantizar la devolución de lo convenido.

b) A tenor de lo expuesto en el apartado anterior se celebró un contrato de préstamo con garantía hipotecaria entre los demandantes y Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, conforme con los artículos 1.740, 1.753 a 1.756, 1.856 y 1.876 del Código Civil.

c) No existe controversia alguna entre las partes, entrando de nuevo en juego el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre que los demandantes actuaron al realizar la operación anterior con un propósito ajeno a cualquier actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Como consecuencia de lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 1.2 y 3 de la entonces vigente Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y hoy en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, los demandantes, como vinieron a sostener desde su demanda, tenían el carácter de consumidores al realizar la operación antes descrita.

d) Por el contrario, como subyace a la demanda y a la contestación, así como a la operación realizada, Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera tenía el carácter de empresaria cuando llevó a cabo la operación antes descrita, conforme con el artículo 1.2 y 3 de la entonces vigente Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, "a sensu contrario",y hoy con el artículo 4 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, puesto que se celebró el contrato crediticio en el ejercicio de su actividad empresarial.

e) Tampoco existe controversia entre las partes de que, por un mecanismo jurídico u otro, la demandada acabó asumiendo los derechos y obligaciones propios de Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera en la operación antes indicada.

f) No existe controversia tampoco entre las partes sobre que, en lo que se ha calificado como un préstamo hipotecario, se incluyeron entre sus diversas cláusulas las siguientes:

f.1) "... CUARTA.-Comisiones.-El presente préstamo devenga por una sola vez, en concepto de comisión de apertura, el 0,50 por ciento de su principal, que se liquida al inicio de la operación, con igual fecha que el presente otorgamiento. En todo caso, el prestatario deberá abonar, por este concepto, la cantidad mínima de 600, EUROS ...".

f.2) "...DECIMOTERCERA.-Cesión del Crédito.-La Entidad acreedora podrá ceder a favor de tercero el crédito hipotecario objeto de esta escritura sin necesidad de notificación a la parte prestataria, que renuncia expresamente a ello...".

g) No puede entenderse tampoco que existiera controversia entre las partes sobre que las cláusulas antes referidas no fueron negociadas individualmente y que estaban predispuesta para incorporarse en una pluralidad de contratos e impuestas por la entidad prestamista.

Nos encontramos ante esto último y lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación ante unas cláusulas así calificables, como contempla además de forma específica el artículo 10 bis.1 de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente el tiempo de celebrar el contrato, insertadas en un contrato de adhesión entre unos consumidores y una empresaria.

h) Partiendo de lo expuesto en los apartados anteriores, debe destacarse que la normativa tuitiva de los consumidores y usuarios contempla un régimen más o menos restrictivo de las cláusulas no negociadas individualmente, distinguiéndose entre las que definan el objeto principal del contrato y las que no, disponiéndose sólo en este último caso la posibilidad de realizar incondicionadamente un tiple control de incorporación, transparencia y contenido conforme con los 5 y 7 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación y el artículo 10 y 10 bis de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente el tiempo de celebrar el contrato, como entendió con toda lógica el Tribunal Supremo en sentencias como las de números 406/2012, de 18 de junio, y 241/2013, de 9 de mayo.

Ambas partes han asumido, en lo que no les falta la razón, que ninguna de las tres cláusulas antes indicada son de las que definen el objeto principal de los contratos.

SEGUNDO.- Improcedencia de anular la cláusula que establecía una comisión de apertura: Respecto de la cláusula que establecía una comisión de apertura que es incontrovertido que se incluyó en el contrato de préstamo celebrado en el presente caso, como se ha referido en el apartado f.1) del fundamente de derecho anterior, los demandantes sostuvieron que debía anularse porque con ella se engañaba a los consumidores por el carácter subrepticio y oscuro de su redacción, dado que se destacaba una cantidad en negrita para luego cobrarse una mayor, sin que, no siendo expertos financieros, pudieran comprender que el principal del préstamo era el capital prestado, tal como se ha referido en el antecedente cuarto.

Sentado lo anterior, los controles de incorporación y de transparencia referidos en el fundamento de derecho anterior tienen por objeto no sólo comprobar la cognoscibilidad por el consumidor y usuario del contenido del clausulado (incorporación) sino también que puedan llegar a comprender, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas y jurídicas (transparencia).

Sobre tal base, el artículo 5.5 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación en la redacción vigente cuando se celebró el contrato de préstamo, al que se aludió en el recurso para fundar su petición al respecto de la cláusula reguladora de comisión de apertura, establecía que "La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez".

Enlazado con lo anterior, el artículo 7.b) de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, al que también se aludió en el recurso, establece que "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

[..]

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato".

Concordando con este último precepto, el artículo 10 de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente cuando se celebró el contrato de préstamo establecía lo siguiente:

"1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual...".

Sobre tal base, no puede coincidirse en absoluto con lo alegado en el recurso, salvo que se califique a los propios recurrentes como personas que están por debajo de la media de la generalidad de la ciudadanía respecto de su formación y capacidad intelectual, por lo siguiente:

a) No puede calificarse de subrepticio ni oscuro una cláusula en la que se establece la comisión a través de un porcentaje sobre el capital prestado, señalándose que en cualquier caso la misma no sería inferior a una determinada cifra, por mucho que esta última se resaltase en negrita. Sólo quien no quisiera leerla ni entenderla podría sostener que tuviera dificultad para comprender lo que se estipulaba en ella.

b) El control de transparencia se tiene que realizar partiendo de un estándar mínimo, por debajo del cual no entran en juego las normas tuitivas de consumidores y usuarios, sin perjuicio de la aplicación de otros instrumentos jurídicos, que se sitúa, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plasmada en la ya referida sentencia de 20 de septiembre de 2017 (C-186/16), Ruxandra Paula Andriciuc y otros y Banca Româneasca SA., en un "...un consumidor medio, a saber, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz...".

Desde esta perspectiva, el concepto de "principal del préstamo"no se trata de una terminología propia de expertos financieros, como pretender hacer valer en el recurso, sino que es una expresión sinónima "capital prestado",como se asume en él, de uso común en el tráfico jurídico y económico, que, por los demás, cualquier persona que reuniese las características referidas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citada podría acertar a entender su alcance por el contexto en el que se empleó, incluso cuando no lo hubieran oído antes.

TERCERO.- Nulidad por abusividad de la cláusula de renuncia a la notificación de la cesión del crédito: Respecto de la cláusula que, como es incontrovertido, como se ha analizado en el apartado f.2) del fundamento de derecho primero, establecía la renuncia a la notificación de la cesión del crédito por la entidad prestamista, se sostuvo en el recurso que no podía calificarse de intrascendente, como se había hecho en la sentencia apelada, habiéndose errado, además, sobre la normativa aplicable en función de la fecha de celebración del contrato, como se ha expuesto en el antecedente cuarto.

A tenor de lo expuesto, lo que se viene a hacer en el recurso es insistir en la alegación de la demanda sobre la nulidad por abusividad de la cláusula referida que se sostenía remitiéndose a lo razonado por el Tribunal Supremo en su sentencia de número 792/2018, de 16 de diciembre, frente a lo que al oponerse al recurso la demandada se ha limitado a sostener su validez remitiéndose a la de número 581/2023, de 20 de abril.

Conforme a lo razonado con toda coherencia por el Tribunal Supremo en las dos sentencias referidas, tiene que coincidirse con los recurrentes por lo siguiente:

a) La cesión del crédito a la que se refiere la cláusula constituye un negocio jurídico bilateral en virtud del cual el acreedor transmite el derecho de crédito que tenga frente al deudor.

Se trata de un fenómeno de sustitución del acreedor, sin alteración en sí de la relación jurídica, que es susceptible de llevarse a cabo, aun cuando el derecho de crédito esté garantizado con una hipoteca, conforme con los artículos 1.112, 1.526 y 1.878 del Código Civil.

b) En el momento de celebrase el contrato de préstamo con garantía hipotecaria (26/07/2007) no había entrado en vigor, frente a lo razonado en la sentencia apelada, la ley 41/2007, lo que tuvo lugar el 08/12/2007.

c) El artículo 149 de la Ley Hipotecaria en su redacción original, que era la anterior a la entrada en vigor de la citada ley 41/2007 y, por lo tanto, la aplicable cuando se celebró el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, establecía lo siguiente:

"El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública, de la cual se dé conocimiento al deudor y se inscriba en el Registro.

El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente".

La actual redacción del precepto establece lo siguiente:

"El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil . La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente".

Como puede apreciarse fácilmente, la diferente entre ambas redacciones del precepto radica, esencialmente, en la eliminación del requisito de la comunicación de la cesión al deudor.

d) La comunicación de la cesión al deudor conforme con el artículo 149 de la Ley Hipotecaria en su redacción original no constituye, sin embargo, un requisito de validez de esta última, radicando sus efectos en lo siguiente:

d.1) El pago hecho por el deudor al acreedor originario antes de conocer la cesión libera al primero conforme con el artículo 1.527 del Código Civil.

d.2) La falta de comunicación de la cesión al deudor le habilita para oponer los créditos anteriores a ella y los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la misma, conforme con el artículo 1.198.parr.3º del Código Civil.

e) La renuncia a la notificación de la cesión que imponía el artículo 149 de la Ley Hipotecaria en la redacción que es aplicable al presente caso según lo ya expuesto supone materialmente la de poder oponer el pago liberatorio y la compensación establecidas en los artículos 1.527 y 1.198.parr.3º del Código Civil.

f) Una cláusula que priva a los demandantes, como deudores de un préstamo con garantía hipotecaria, de esas facultades jurídicas que le atribuirían de no mediar la misma los artículos 1.527 y 1.198.parr.3º del Código Civil es abusiva conforme con el artículo 10 bis y la Disposición Adicional primera, 11ª y 14ª de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente cuando se celebró el contrato de préstamo, que consideran como tales las que supusieran lo siguiente:

"...11ª.La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de créditos, así como de la de retención o consignación.

[...]

14ª.La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor..."

g) El que el artículo 242 del Reglamento Hipotecario establezca que "Del contrato de cesión de crédito hipotecario se dará conocimiento al deudor por los medios establecidos en el artículo 222, a menos que hubiera renunciado a este derecho en escritura pública o se estuviere en el caso del artículo 150 de la Ley"no obsta a la aplicación de la normativa tuitiva de los consumidores y usuarios referida en el apartado anterior por lo siguiente:

g.1) Lo relativo a la renuncia en escritura supone una disposición reglamentaria que se oponía a una norma de rango superior, como era la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente cuando se celebró el contrato de préstamo, ante lo que no cabría aplicarla en virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, más allá de que el segundo de los cuerpos legales fuera posterior y, ante ello, debieran entrar en juego las previsiones del artículo 2.2 del Código Civil.

g.2) No nos encontramos ante un supuesto del artículo 150 de la Ley Hipotecaria (hipoteca se hubiere constituido para garantizar obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador).

h) Siendo abusiva la cláusula, su efecto primario consiste en su nulidad, que tiene que declararse, como se solicitó por los demandantes, conforme con el artículo 10 bis.2 de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CUARTO.- Costas procesales de la primera instancia: Como consecuencia de lo expuesto en los fundamentos de derecho anteriores, con independencia de que no se hubiera llevado al fallo de la sentencia apelada lo relativo a la cláusula reguladora de los intereses de demora y aunque debe declararse la nulidad de la que establecía la renuncia a la notificación de la cesión del crédito, la demanda debe seguir entendiéndose que se estimó parcialmente, lo que habría de determinar, en principio, conforme con el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que cada parte abonase las costas procesales de la primera instancia generada por su actuación procesal, excepto las comunes, que lo serían por mitad.

No obstante lo anterior, a pesar de lo dispuesto en el artículo 394.2 del Código Civil asiste la razón a los recurrentes en que, en todo caso, aun estimándose la demanda parcialmente, habría que condenar a la demanda a abonar las costas procesales de la primera instancia.

Siguiendo la línea marcada por el Tribunal Supremo en sentencias como las de números 1.621/2023 de 21 de noviembre o 1.790/2023 de 19 de diciembre, entre otras, tienen que imponerse las costas a la parte demandada no sólo cuando se entiendan procedentes todas las peticiones anulatorias y no se hiciera lo propio con alguna o algunas de las restitutorias derivadas de ello sino incluso cuando se rechazasen algunas otras ejercitadas acumuladamente, aunque no pudiera calificarse la estimación de la demanda como sustancial. Como se razonó por el Tribunal Supremo en esas sentencias citadas, "...las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, sin obstaculizar el derecho conferido por la Directiva 93/13 a los consumidores a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales, conducen a que estimada en este caso la demanda respecto de la pretensión de nulidad por abusivas de varias cláusulas, proceda la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, sin que tampoco impida este pronunciamiento la no estimación de la totalidad de todas las cláusulas impugnadas o de las pretensiones restitutorias, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA...".

Ello no quiere decir, sin embargo, que no quepa excepcionar la aplicación de este criterio de imposición de costas cuando pueda apreciarse, que, aun con una estimación parcial de la demanda, pudiera haber atentado la parte demandante de una u otra forma contra la buena fe procesal a la que exige atender el artículo 247.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que ni siquiera se alegó que fuera el caso ni cabe apreciar.

QUINTO.- Costas procesales del recurso de apelación: Aunque procede estimar parcialmente el recurso de apelación de la demandada no cabe ordenar que cada parte abone las costas procesales generadas a su instancia con ocasión del mismo y las comunes por mitad, como impondría en principio el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción anterior, que es la aplicable al caso en virtud de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 6/2023.

En dicha materia las sentencias del Tribunal Supremo de número 1.785/2025 y 1.786/2025, ambas de 4 de diciembre, y la del Tribunal Constitucional de número 121/2025, de 26 de mayo, han introducido un cambio en la línea interpretativa del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la luz del derecho de la Unión y, más en concreto, de la Directiva 93/13/CEE, en la que está la génesis del cuerpo normativo esencial en el que se ha fundado la presente resolución.

Dicha nueva doctrina jurisprudencial, variando la sostenida anteriormente por este Tribunal ante su coherencia, conduce a que en los casos de estimación íntegra o parcial de un recurso de apelación interpuesto por un consumidor o usuario que tiene que acudir al mismo para no verse vinculado por una cláusula abusiva, como es el caso, las exigencias derivadas de los artículos 6.1 y 7.1 de la referida directiva y los principio de no vinculación y de efectiva del derecho de la Unión, imponen que se condene al profesional o empresario a abonar las costas procesales generadas con el mismo a pesar del tenor literal del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción anterior.

SEXTO.- Devolución de depósito constituido para recurrir: Al amparo de lo dispuesto en el apartado octavo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la estimación del recurso impone que se ordene la devolución del depósito constituido por los apelantes para interponerlo.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, procede resolver lo siguiente:

Fallo