Sentencia Civil 903/2023 Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 7, Rec. 1695/2022 de 19 de junio del 2023

PRIMERO. - Objeto del pleito

La parte actora presenta demanda ejercitando la acción de nulidad de condiciones generales de la contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación y artículo 83 TRLGDCU, con los efectos que a dicha declaración le son inherentes, solicitando la nulidad de las cláusulas de gastos contenidas en dos diferentes escrituras:

1.- Escritura de cancelación parcial de hipoteca compraventa y subrogación otorgada en fecha 13 de marzo de 2014 ante el Notario del Ilustre Colegio de Navarra Don Luis-María Pegenaute Garde con nº de protocolo 599 habiendo intervenido como parte compradora Don Joaquín y Doña Isidora y como entidad prestamista Caixabank, S.A.

En lo específico se interesa la nulidad de la cláusula 8ª de gastos.

2.- Escritura de novación otorgada en fecha 13 de marzo de 2014 ante el Notario del Ilustre Colegio de Navarra Don Luis-María Pegenaute Garde con nº de protocolo 600 habiendo intervenido como parte prestataria Don Joaquín y Doña Isidora y como entidad prestamista Caixabank, S.A.

En lo específico se interesa la nulidad de la cláusula "gastos" (folio 23 de la escritura).

La parte actora fundamenta su petición de nulidad indicando en primer lugar que estamos frente a condiciones generales de la contratación, actuando el actor en calidad de consumidor y habiendo impuesto la entidad demandada las cláusulas de gastos que nos ocupan.

La parte actora mantiene que ambas no superan el filtro de abusividad toda vez que impone de forma general y genérica todos los gastos a la parte prestataria, creando, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivadas del contrato en perjuicio de la consumidora. Interesa por ello la expulsión del contrato y la restitución de las siguientes cuantías:

Como consecuencia de dicha nulidad, la parte actora reclama los siguientes conceptos y cuantías:

Escritura con nº de protocolo 559

- 25% Aranceles de notario 177,04 euros.

- 50% Aranceles de registro 152,60 euros.

- 50% Gastos de gestoría 130,87 euros.

Por un total de 460,51 euros. Interesa además la restitución de los correspondientes intereses legales desde la fecha de abono por parte del actor hasta la fecha de interposición de la demanda, indicando que ascienden a 125,58 euros.

Escritura con nº de protocolo 600

- 50% Aranceles de notario 139,93 euros.

- 100% Aranceles de registro 112,77 euros.

- 100% Gastos de gestoría 154,50 euros.

Por un total de 407,20 euros. Interesa además la restitución de los correspondientes intereses legales desde la fecha de abono por parte del actor hasta la fecha de interposición de la demanda, indicando que ascienden a 110,80 euros.

La entidad se allana parcialmente a la demanda en cuanto a la nulidad de la cláusula de gastos de la escritura con nº de protocolo 600, así como a la restitución de los conceptos e importes reclamados de principal e intereses legales de dicha escritura.

Se opone sin embargo a todas las pretensiones actoras referentes a la escritura con nº de protocolo nº 559. Alega en primer lugar falta de legitimación pasiva, defendiendo que la estipulación impugnada regula única y exclusivamente los gastos de la compraventa y que en la escritura no intervino la entidad, sino sólo la parte compradora y vendedora. Afirma que las únicas partes interesadas en la subrogación son la parte vendedora y compradora, y que el Banco no debe de asumir ningún gasto que derive de dichas escrituras.

SEGUNDO. - Cláusulas de gastos de la escritura con nº de protocolo 600. Nulidad y consecuencias. Allanamiento.

La entidad demandada manifiesta allanarse a la nulidad de la cláusula de gastos de la escritura de novación con nº de protocolo 600.

Conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 LEC., cuando el demandado se allane a todas las pretensiones de la parte actora, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, salvo que el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre el allanamiento indicando que: "siendo el derecho civil, salvo los supuestos de objeto procesal indisponible (filiación, capacidad, estado civil) un derecho esencialmente disponible por las partes, implica que en los casos de allanamiento el juez tenga que dictar una sentencia condenatoria, de acuerdo con lo solicitado por las partes, es decir, por el actora que reclama, y con el demandado que expresa ser cierta esa pretensión y solicita se dicte sentencia conforme a las consecuencias jurídicas pedidas por el actora, con la solas limitaciones ya expresadas en el propio art. 21" y "con estas solas limitaciones, el allanamiento vincula al órgano judicial a dictar sentencia conforme a lo solicitado por las partes" ( STS Sala 1ª de 22 de octubre de 1991, recurso 1832/1989; SSTS 1135/2007, de 18 de octubre o 8/2009, de 28 de enero).

En este caso no se aprecia la existencia de fraude de ley, ni que la renuncia vaya contra el interés general o se haga en perjuicio de tercero, siendo la materia sobre la que recae disponible por las partes.

Por todo lo expuesto se declarará la nulidad de dicha estipulación.

Asimismo, conforme al allanamiento efectuado se condena a la entidad a abonar al actor el importe de principal de 407,20 euros y los correspondientes intereses legales hasta la fecha de interposición de la demanda que conforme al allanamiento realizado por la entidad y a las hojas de cálculos aportadas como documento nº 6 de la demanda, ascienden a 110,80 euros.

Desde la fecha de la sentencia y hasta el completo pago se devengarán los intereses regulados en el artículo 576 LEC.

TERCERO. - Escritura con nº de protocolo 559. Falta de legitimación pasiva ad causam de la entidad demandada.

La parte demandada alega que la entidad no intervino en la escritura y que la cláusula controvertida regula únicamente los gastos de compraventa debiéndose apreciar falta de legitimación pasiva ad causam de Caixabank, S.A.

No puede estimarse la excepción alegada por la entidad.

La escritura que nos ocupa es una escritura de compraventa y también de subrogación de préstamo hipotecario, es decir se regulan dos negocios jurídicos y el segundo obviamente referente al préstamo hipotecario.

La entidad interviene para autorizar dicha subrogación, en la cual tiene un interés claro y evidente, conforme a lo que se indica en las cláusulas 5ª y 6ª. El contrato de subrogación en el préstamo hipotecario supone una novación subjetiva del deudor y como tal debe ser necesariamente aceptada por la entidad. Esto conlleva que la entidad demandada es parte interesada en la subrogación y prestó su consentimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 1.205 CC. La entidad tiene un evidente interés en la subrogación porque así obtiene un nuevo cliente que paga un precio por el préstamo hipotecario concedido. La alternativa seria que el hoy prestatario hubiera obtenido el préstamo con otra entidad, pagado con ello el precio de la compraventa y la vendedora satisfacer y cancelar el préstamo hipotecario primigenio. La entidad se beneficia en el contenido de la cláusula en la parte que se refiere a los gastos de subrogación de préstamo hipotecario, que de hecho se asumen por la parte prestataria por lo establecido en dicha estipulación.

La consecuencia ineludible es que la entidad demandada ostenta legitimación pasiva frente a la acción de nulidad ejercitada en la demanda, dirigida a declarar la abusividad de la referida cláusula.

Por ello se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva, habiendo ejercitado el demandante correctamente la acción objeto del presente procedimiento.

CUARTO. - Cláusulas de gastos. Nulidad.

Analizada la prueba documental aportada, estamos ante una condición general de la contratación impuesta a la parte prestataria, no existiendo prueba alguna de negociación individual sobre dicha estipulación, en atención a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva 93/13 CEE del consejo y artículo 82.2 TRLGCU.

Estamos además frente a una cláusula nula por aplicación de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 89.3 TRLGCU, y a la doctrina pacifica del Tribunal Supremo establecida en la Sentencia nº 725/2018 de 12 de diciembre, las Sentencias nº 44, 46,47, 48 y 49/2019 de 23 de enero y en todas las Sentencias dictadas con posterioridad a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 y que luego se citarán para determinar la distribución de los gastos.

Como en todos los supuestos analizados por el Alto Tribunal, también la cláusula que hoy nos ocupa es nula por imponer todos los gastos a la parte prestataria, también lo que correspondían a la entidad, determinando un desequilibrio evidente entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes en exclusivo perjuicio del consumidor y aprovechando la entidad de su posición contractual de mayor fuerza, todo ello contra las exigencias de la buena fe.

Por ello se declara la nulidad de dicha estipulación que deberá expulsarse del contrato como si nunca hubiera existido.

QUINTO. - Consecuencia de la nulidad.

En lo que respecta a los efectos o consecuencias de la nulidad, la cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo con sus sentencias nº 725/2018 de 12 de diciembre y nº 44, 46, 47, 48 y 49/2019 de 23 de enero y más recientemente por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 y Sentencia del Tribunal Supremo nº 555/20 de 26 de octubre y nº 35/21 de 27 de enero.

Como indica el TJUE la consecuencia debe ser el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el consumidor de no haber existido dicha cláusula, lo cual conlleva, en aplicación del principio disuasorio, que sea la entidad quien deba abonar dichos gastos al cliente, salvo que disposiciones de derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de los gastos.

La parte actora reclama en concepto de aranceles de Notario, la cuantía de 177,04 euros.

La existencia de dicho gasto se acredita por la factura emitida por el notario y aportada como documento nº 2 de la demanda.

Del total de 708,19 euros la parte actora imputa a la subrogación el 50% del mismo, conforme al criterio reiterado de este juzgado, y de ello reclama la mitad.

A la luz de la jurisprudencia antes citada, se considera procedente estimar que la entidad abone el 50% de dichos gastos. Así en el presente supuesto sí que existe una disposición de derecho interno, debidamente interpretada por el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia 44/2019 de 23 de enero, que impone el abono de los gastos parcialmente al prestatario. Así el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, en la Anexo II norma Sexta dispone que: "La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de funciones los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente."

Como indica el Tribunal Supremo en el supuesto la intervención notarial interesa a ambas partes, el prestamista está interesado en obtener un título ejecutivo y un documento que permita la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad para que quede válidamente constituida, y el prestatario quiere obtener un préstamo que, dado que cuenta con una garantía hipotecaria, se concede normalmente a un interés menor que un préstamo personal.

Por ello procede condenar a la entidad bancaria que abone el importe de 177,04 euros.

En lo que respecta a los aranceles de Registro, la parte actora reclama 152,60 euros.

La existencia de dicho gasto se acredita por la factura emitida por el registrador de la Propiedad que se aporta como documento nº 2 de la demanda.

Del total de 305,21 euros, la parte actora imputa a la subrogación el 50% del mismo, conforme al criterio reiterado de este juzgado, y de ello reclama la totalidad.

La norma octava del Anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad indica que: " 1. Los derechos del Registrador se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya presentado el documento, pero en el caso de las letras b ) y c) del artículo 6 de la Ley Hipotecaria , se abonarán por el transmitente o interesado."

El art. 6 de la Ley Hipotecaria indica que: "La inscripción de los títulos en el Registro podrá pedirse indistintamente: a) Por el que adquiera el derecho. b) Por el que lo transmita. c) Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. d) Por quien tenga la representación de cualquiera de ellos."

Como ha venido reconociendo doctrina y jurisprudencia recaída sobre este tema, por ejemplo, Sentencia 49/2019 de 23 de enero del Tribunal, Supremo, es claro que el derecho real de hipoteca se inscribe a favor de la entidad prestamista. Es el prestamista la parte interesada en la inscripción, y, por ende, es quien tiene que asumir el pago del arancel registral.

El prestatario tiene interés en recibir la financiación y por lo tanto su finalidad primera es concluir el contrato de préstamo, el principal interesado en establecer la hipoteca como garantía sin embargo es el prestamista.

En virtud de ello la entidad bancaria debe de restituir a la parte demandante el importe de 152,60 euros.

En lo que se refiere a los gastos de gestoría, la parte actora reclama 130,87 euros.

La existencia del gasto de gestoría resulta acreditada por la factura aportada con la demanda como documento nº 2.

La prestataria reclama el 50% de la factura total, correspondiendo el restante 50% a la compraventa.

Conforme a lo indicado por el Tribunal Supremo en sus Sentencias nº 44/2019, nº 47/2019, nº 48/2019, nº 49/2019 todas de fecha 23 de enero de 2019, no existe en nuestro ordenamiento interno ninguna norma legal o reglamentaria que imponga expresamente a ninguna de las partes el pago de dichos gastos, y por ello, en aplicación de lo resuelto por el TJUE, deben de ser abonados por la entidad prestamista en su integridad. Dicha interpretación ha sido avalada por el TS en su Sentencia nº 555/20 de 26 de octubre.

Por ello la entidad demandada deberá abonar a la prestataria 130,87 euros.

En conclusión, debe estimarse la pretensión del demandante, debiendo obligar a la entidad bancaria a reintegrarle el importe de 460,51 euros.

SEXTO. - Intereses legales.

En cuanto a los intereses legales, la parte actora solicita que se condene a la entidad demandada al abono del interés al tipo legal del dinero desde la fecha del pago hasta la fecha de interposición de la demanda.

Dicha pretensión debe estimarse.

Como establece el Tribunal Supremo en su Sentencia 725/2018 de 19 de diciembre, " 4.- Desde este punto de vista, aunque el art. 1303 CC no fuera propiamente aplicable al caso, lo relevante es que la sentencia recurrida no ha respetado las consecuencias a las que obliga la declaración de abusividad, conforme al art. 6.1 de la Directiva 93/13 .

De lo que se trata es de la compensación o retribución al consumidor por un gasto que asumió en exclusiva y que, total o parcialmente, correspondía al profesional, pero que no recibió éste, sino que se pagó a terceros.

En consecuencia, para dar efectividad al tan mencionado art. 6.1 de la Directiva, en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1896 CC , puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a dicho precepto, cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el momento en que se recibió el pago indebido -en este caso, se produjo el beneficio indebido- ( sentencia 727/1991, de 22 de octubre ). A su vez, la sentencia 331/1959, de 20 de mayo , declaró, en un supuesto de pago de lo indebido con mala fe del beneficiado, que la deuda de éste se incrementa con el interés legal desde la recepción, así como que la regla específica de intereses del art. 1896 CC excluye, "por su especialidad e incompatibilidad", la general de los arts. 1101 y 1108 CC (preceptos considerados aplicables por la sentencia recurrida)."

En atención al a doctrina antes expuesta, la demandada deberá abonar los intereses legales desde la fecha del pago por parte de la demandante hasta la fecha de la demanda conforme a lo solicitado.

El actor aporta cálculos de los mismos como documento nº 5 de la demanda. Se estiman adecuados los cálculos efectuados respecto del gasto de notaría y gestoría, toda vez que, conforme a las fechas de las facturas, el día inicial se fija en el 20.3.2014 (notaria) y 13.5.2014 (gestoría).

Sin embargo respecto del gasto de registro la factura aportada no expresa fecha alguna que sea legible, por ello se debe indicar como fecha inicial la de la última factura, es decir 13.5.2014. Por ello los intereses legales ascienden a 40,93 euros.

Por ello el total a abonar es 124,56 euros.

Con posterioridad y hasta el completo pago se devengarán los intereses regulados en el artículo 576 LEC.

SÉPTIMO. - Costas.

Al estimarse la nulidad de las cláusulas controvertidas y estimando íntegramente la demanda, considerando lo resuelto por el TJUE en su Sentencia de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, se imponen las costas del presente procedimiento a la entidad demanda, considerando que el allanamiento es parcial.

Visto los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,