Sentencia CIVIL Nº 223/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, Rec 506/2017 de 15 de Abril de 2019

Encabezamiento

SENTÈNCIA núm 223/2019

Secció Catorze

Rotllo núm. 506/2017

Il lustres senyors magistrats:

Agustín Vigo Morancho

Esteve Hosta Soldevila

Sergio Fernández Iglesias

Barcelona, 15 dŽabril de 2019

VIST per la Secció Catorze d'aquesta Audiència Provincial el rotllo nº 506/2017 dimanant de les actuacions de procediment ordinari seguides amb el nº 920/2015-A2 pel Jutjat de Primera Instància nº 29 de Barcelona a instancia de la Sra. Andrea contra AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.), en virtut del recurs d'apel lació interposat per la part demandada contra la Sentència dictada el 7 d'abril de 2017 per la magistrada de l'expressat Jutjat.

Antecedentes

PRIMER.- La part dispositiva de la Sentència apel lada és del tenor literal següent:

'Estimo en parte la demanda interpuesta por el Procurador Francisco Ruíz Castel en representación de Andrea contra Agrupación Mutual Aseguradora y condeno a la parte demandada al pago de la suma de 100.916,51 euros más los intereses del artículo 20 de la LCS y en cuanto a las costas cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

SEGON.- La part demandada hi va interposar recurs d'apel lació, que fou admès a tràmit. La part actora es va oposar al recurs i les actuacions originals es van elevar a l'Audiència Provincial de Barcelona, que les va repartir a aquesta Secció Catorze, en la qual, seguits els corresponents tràmits processals, va tenir lloc la deliberació el dia 20 de desembre de 2018.

TERCER.- En la tramitació del present procediment s'han observat i complit les prescripcions legals, tot i que aquesta resolució no s'ha dictat en el termini legal de l' art. 465.2 de la LEC degut a causes estructurals, la qual cosa es fa constar als efectes de l' art. 211.2 de la LEC .

VIST, sent ponent el magistrat Sr. Esteve Hosta Soldevila.

Fundamentos

PRIMER.- Antecedents.

Andrea va presentar demanda contra Agrupación Mutual Aseguradora (en endavant, A.M.A.), com a asseguradora de la responsabilitat civil del ginecòleg Enrique , en reclamació del pagament d'una indemnització de 130.171,41 € per mala praxis mèdica del doctor, més els interessos moratoris de l' art. 20 de la LCA . La part demandada va contestar la demanda i va sol licitar la seva desestimació. La Sentència d'instància va estimar parcialment la demanda i va condemnar la demandada a pagar 100.916,51 € més els interessos de l' art. 20 de la LCA , sense imposició de costes.

Hi va interposar recurs d'apel lació la part demandada que va venir a al legar els següents motius: 1.- error en la valoració de la prova; 2.- pluspetició; i 3.- aplicació indeguda dels interessos moratoris de l' art. 20 de la LCA .

La part actora es va oposar al recurs i va sol licitar la seva desestimació.

SEGON.- La Sentència de primera instància.

S'accepta la seva fonamentació jurídica, tret que indiquem el contrari o resulti contradita o desvirtuada pel que indiquem als següents fonaments de dret. En particular s'accepten els fets fixats com no controvertits al fonament de dret quart de la Sentència, que no han estat impugnats per cap de les parts.

TERCER.- La manca de consentiment informat.

1.- Doctrina legal sobre el consentiment informat.

Està sintetitzada a la STS 698/2016, de 24 de novembre :

Con reiteración ha dicho esta Sala, que el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial ( SSTS 29 de mayo ; 23 de julio de 2003 ; 21 de diciembre 2005 ; 15 de noviembre de 2006 ; 13 y 27 de mayo de 2011 ; 23 de octubre 2015 ), constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más precisión, con la ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad.

Es un acto que debe hacerse efectivo con tiempo y dedicación suficiente y que obliga tanto al médico responsable del paciente, como a los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial, como uno más de los que integran la actuación médica o asistencial, a fin de que pueda adoptar la solución que más interesa a su salud. Y hacerlo de una forma comprensible y adecuada a sus necesidades, para permitirle hacerse cargo o valorar las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la intervención sobre su particular estado, y en su vista elegir, rechazar o demorar una determinada terapia por razón de sus riesgos e incluso acudir a un especialista o centro distinto.

El consentimiento informado , según reiterada jurisprudencia de esta Sala, incluye el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios, pero presenta grados distintos de exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la llamada medicina satisfactiva. En relación con los primeros puede afirmarse con carácter general que no es menester informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria ( SSTS de 28 de diciembre de 1998 , 17 de abril de 2007, rec. 1773/2000 , y 30 de abril de 2007, rec. 1018/2000 ). El art. 10.1 de la Ley 41/2002, de 24 de noviembre , reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP), incluye hoy como información básica los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgos probables y las contraindicaciones.

(A Catalunya, són d'aplicació els art. 6 i 7 de la Llei 21/2000, de 29 de novembre , que regulen la institució de manera similar a la Llei estatal).

Quant a les conseqüències jurídiques de la manca de consentiment informat, afegeix la STS 227/2016, de 8 d'abril :

Tanto esta Sala de la jurisdicción civil como la de la contencioso-administrativo del TS se ha ocupado de la omisión o deficiencia del consentimiento informado como una mala praxis formal del facultativo, en la que la relación de causalidad se establece entre la omisión de la información y la posibilidad de haber eludido, rehusado o demorado el paciente la intervención médica cuyos riesgos se han materializado.

Se ha venido distinguiendo entre supuestos en los que, de haber existido información previa adecuada, la decisión del paciente no hubiese variado y, en principio, no habría lugar a indemnización ( STS 29 de junio de 2007 ), sin perjuicio de que en ciertas circunstancias, se pudiese determinar la existencia de un daño moral, de aquellos otros en que, de haber existido información previa adecuada, la decisión del paciente hubiese sido negarse a la intervención, por lo que, al no existir incertidumbre causal, se concede la indemnización íntegra del perjuicio que se ha materializado ( SSTS 23 de abril de 1992 ; 26 de septiembre de 2000 ; 2 de julio de 2002 ; 21 de octubre de 2005 ). Así viene a reconocerlo la sentencia que se cita por el recurrente de 4 de marzo de 2011 .

Cuando no existe incertidumbre causal en los términos extremos antes expuestos, surge la teoría de la pérdida de oportunidad en la que el daño que fundamenta la responsabilidad resulta de haberse omitido la información previa al consentimiento y de la posterior materialización del riesgo previsible de la intervención, privando al paciente de la toma de decisiones que afectan a su salud ( SSTS de 10 de mayo de 2006 ; 30 de junio de 2009 y la citada en el recurso de 16 de enero de 2012 ).

Los efectos que origina la falta de información, dice la sentencia de 4 de marzo de 2011 , están especialmente vinculados a la clase de intervención: necesaria o asistencial, voluntaria o teniendo en cuenta las evidentes distinciones que la jurisprudencia de esta Sala ha introducido en orden a la información que se debe procurar al paciente, más rigurosa en la segunda que en la primera dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa ( SSTS de 12 de febrero de 2007 , 23 de mayo , 29 de junio y 28 de noviembre de 2007 ; 23 de octubre de 2008 ). Tienen además que ver con distintos factores: riesgos previsibles, independientemente de su probabilidad o porcentaje de casos, y riesgos desconocidos por la ciencia médica en el momento de la intervención ( SSTS 21 de octubre de 2005 - cicatriz queloidea -; 10 de mayo de 2006 -osteocondroma de peroné-); padecimiento y condiciones personales del paciente ( STS 10 de febrero de 2004 -corrección de miopía-); complicaciones o resultados adversos previsibles y frecuentes que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, incluidas las del postoperatorio ( SSTS 21 de diciembre de 2006 - artrodesis -; 15 de noviembre de 2006 - litotricia extracorpórea -; 27 de septiembre de 2010 - abdominoplastia -; 30 de junio de 2009 - implantación de prótesis de la cadera izquierda-); alternativas terapéuticas significativas ( STS 29 de julio de 2008 - extirpación de tumor vesical-); contraindicaciones; características de la intervención o de aspectos sustanciales de la misma ( STS 13 de octubre de 2009 - vitrectomia-); necesidad de la intervención ( SSTS 21 de enero de 2009 - cifoescoliosis -; 7 de marzo de 2000 -extracción de médula ósea-), con especialidades muy concretas en los supuestos de diagnóstico prenatal ( SSTS 21 de diciembre de 2005 y 23 de noviembre de 2007 -síndrome de Down-).

Todas estas circunstancias plantean un doble problema: en primer lugar, de identificación del daño: corporal, moral y patrimonial; en segundo, de cuantificación de la suma indemnizatoria, que puede hacerse de la forma siguiente:

(i) Por los totales perjuicios causados, conforme a los criterios generales, teniendo en cuenta el aseguramiento del resultado, más vinculado a la medicina necesaria que a la curativa, pero sin excluir ésta; la falta de información y la probabilidad de que el paciente de haber conocido las consecuencias resultantes no se hubiera sometido a un determinado tratamiento o intervención.

(ii) Con el alcance propio del daño moral, en razón a la gravedad de la intervención, sus riesgos y las circunstancias del paciente, así como del patrimonial sufrido por lesión del derecho de autodeterminación, integridad física y psíquica y dignidad.

(iii) Por la pérdida de oportunidades o de expectativas, en las que no se identifica necesariamente con la gravedad y trascendencia del daño, sino con una fracción del daño corporal considerado en su integridad en razón a una evidente incertidumbre causal sobre el resultado final, previa ponderación de aquellas circunstancias que se estimen relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad médica (gravedad de la intervención, virtualidad real de la alternativa terapéutica no informada, posibilidades de fracaso)'.'

Se apoya la Sala, pues, a la hora de identificar y cuantificar el daño en la teoría de la pérdida de oportunidad al tipo cirugía practicada y a la patología que padecía el actor y resto de circunstancias concurrentes.

Todas estas circunstancias se deben evaluar para, ante la ausencia de consentimiento informado , fijar la indemnización .

En definitiva, el consentiment informat és pressupost i element essencial de lalex artis, forma part de tota actuació assistencial i constitueix una exigència ètica i legal exigible als membres de la professió mèdica. L'obligació d'informació és més acusada en la medicina voluntària o satisfactiva que en la curativa o assistencial, per la raó que en la primera el pacient té un marge més gran de llibertat per a optar per refusar el tractament o cirurgia que se li proposa, degut a la seva manca de necessitat i/o urgència, que constitueixen els pressupostos de la segona.

2.- Aplicació de la doctrina legal anterior al cas litigiós.

El plet porta causa de la col locació d'un dispositiu intrauterí (DIU) del model Minera (de la firma Bayern) amb levonorgestrel (un progestagen anticonceptiu) pel ginecòleg Dr. Enrique a la Sra. Andrea el 30 de juliol de 2013; el seu intent d'extracció pel doctor el 7 de juliol de 2014; i la histerectomia (extirpació de l'úter) practicada d'urgència aquell mateix dia degut que un braç del DIU havia quedat enclavat al coll de l'úter, que havia erosionat l'òrgan, i va provocar una hemorràgia interna de la pacient.

La finalitat de la col locació del DIU en la pacient va ser doble: com a mètode anticonceptiu i per a remeiar les abundants metrorràgies (hemorràgies normalment d'origen hormonal produïdes a l'úter) i les disfuncions de la regla que venia patint la Sra. Andrea . En aquest tema de les metrorràgies no estem d'acord amb l'afirmació de la magistrada al full 14 de la Sentència que l'actora no les patia abans de la instal lació del DIU, perquè l'existència de metrorràgies prèvies s'afirma al full 2 de la demanda i alhora al full 2 de l'informe de la perit de la part actora, Dra. María Antonieta .

El fet sisè de la demanda imputa al Dr. Enrique la manca de consentiment informat de la pacient sobre els riscos de la DIU tant en la seva col locació com en la seva extracció.

El fonament de dret cinquè de la Sentència té per provat que aquest consentiment informat no es va produir.

Compartim aquesta conclusió de la magistrada perquè, efectivament, ha quedat acreditat que el ginecòleg no va presentar a la firma de la Sra. Andrea el document del consentiment informat abans de la col locació del DIU ni tampoc abans del seu intent d'extracció. Davant l'absència d'aquests documents, no tenim tampoc per acreditat que el ginecòleg facilités la informació verbalment, perquè l'única prova que s'ha practicat al respecte és la testifical del ginecòleg, les manifestacions del qual, a manca de l'interrogatori de part de l'actora que la part demandada no va proposar, entenem que, malgrat la relació de confiança que aleshores devia existir amb la pacient, no acrediten per si soles que el doctor li donés aital informació verbal.

Tanmateix, les nostres consideracions en relació a la manca del consentiment informat finalitzen aquí, per les següents raons: (i) la instal lació del DIU era la mesura ginecològica més adient com anticonceptiu que pretenia l'actora i alhora per a solucionar les metrorràgies que patia; (ii) per aquest motiu creiem que la Sra. Andrea hagués donat també el seu consentiment a la col locació del dispositiu encara que el ginecòleg l'hagués informat dels seus riscos i possibles complicacions; (iii) l'incompliment de lalex artispel ginecòleg per la manca de consentiment informat queda englobat dins de la seva mala praxis mèdica en l'extracció del DIU -que examinarem al fonament de dret quart-; i (iv) en la demanda la part actora no sol licita el pagament de cap indemnització per la pèrdua d'oportunitat de poder escollir que li va suposar no disposar de la informació, ja que la demanda reclama per dany moral, però per uns altres conceptes.

QUART.- La mala praxis mèdica en l'extracció del DIU.

1.- Doctrina legal.

Està sintetitzada a la STS 330/2015, de 17 de juny :

Dice la sentencia de 20 de noviembre de 2009 , y reiteran las de 3 de marzo de 2010 , 19 de julio 2013 y 7 de mayo de 2014 , que 'La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual ( SSTS 12 de marzo 2008 ; 30 de junio 2009 )'.

3.- Es asimismo doctrina reiterada de esta Sala que los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida (así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que son expresión las SSTS 25 de abril de 1994 , 11 de febrero de 1997 , 7 de abril de 2004 , 21 de octubre de 2005 , 4 de octubre de 2006 , 23 de mayo de 2007 , 19 de julio 2013 y 7 de mayo de 2014 ).

El dany fonamenta la responsabilitat i neix com conseqüència de la negligència mèdica. Com que l'obligació mèdica és de mitjans i no de resultats, la responsabilitat del facultatiu, està basada com en altres professions en el criteri tradicional de la culpa resultant de l' art. 1902 del CC , que imposa al pacient la prova de la relació o vincle de causalitat entre el dany i l'actuació mèdica, així com de la culpa, en el sentit que ha de quedar plenament acreditat que l'acte mèdic o quirúrgic es va realitzar amb infracció de les tècniques mèdiques exigibles a l'acte conforme a lalex artiso ciència mèdica del moment històric en què aquell es produeix. A la relació causal material o física ha d'afegir-se el retret culpabilístic, sense el qual no hi ha responsabilitat sanitària, tant en la medicina curativa com en la voluntària.

2.- Aplicació de la doctrina legal al cas litigiós.

En principi, conforme als dictàmens del perits de les parts (Dra. María Antonieta , de l'actora; i Dr. Celso , de la demandada), el DIU Mirena s'ha de poder extreure fàcilment tirant amb cura amb els dits dels fils que pengen d'ell a la vagina. Es corben els dos braços flexibles del dispositiu i el DIU és desprèn de la seva posició a l'úter i baixa sense dificultat.

Quan segons el relat del mateix ginecòleg els fils es van trencar a l'estirar d'ells, el que ja era un indici que el dispositiu estava d'alguna manera travat o encastat, la mala praxis del Dr. Enrique va consistir en forçar massa l'extracció amb l'ajut d'una pinça, quan el més prudent -com indica la perit Dra. María Antonieta - hauria estat parar per a efectuar una ecografia de la matriu o emprar un hesteroscopi que permetés determinar la posició exacta del DIU i la causa del problema. La insistència del ginecòleg en extreure amb la pinça el dispositiu sense establir abans la seva posició és el que provocar l'erosió de l'úter, l'hemorràgia interna subsegüent i al cap i a la fi la necessitat de la mesura terapèutica de l'extirpació de l'òrgan que el mateix Dr. Enrique va haver de practicar d'urgència per a frenar l'hemorràgia interna i extreure el dispositiu enclavat.

Tot i que en el full operatori de la histerectomia, el ginecòleg recull que no va observar la perforació uterina, l'enclavament del DIU en el canal cervical de la pacient ha quedat acreditat amb l'ecografia que li va practicar la Dra. Raimunda .

D'aquesta manera, l'actuació del ginecòleg al forçar l'extracció del DIU fou contrària a lalex artismèdica.

Tanmateix, no apreciem una mala praxis del doctor en la intervenció quirúrgica de la histerectomia, que vindria donada pel fet que dies després va saltar un punt de la sutura de l'úter, el que va provocar un nou sagnat de la pacient, que el 17 de juliol de 2014 fou intervinguda per aquest motiu de nou d'urgència a l'hospital Josep Trueta per a practicar-li uns altres punts, ja que entenem que va ser un imponderable que es pot produir en qualsevol acte mèdic, no imputable a una mala praxis del Dr. Enrique . De fet, després de la intervenció quirúrgica del 17 de juliol -que ja no va practicar el Dr. Enrique - va tornar a passar el mateix i fou necessària una tercera intervenció l'u d'agost.

La mala praxis mèdica del ginecòleg en l'intent d'extracció del DIU dona dret a l'actora a percebre una indemnització pels danys soferts, que és el que examinarem en el següent fonament de dret.

CINQUÈ.- La indemnització dels danys soferts per l'actora.

1.- El fet vuitè de la demanda reclama pels següents conceptes:

Seqüeles:

Pèrdua de l'úter .............................................. 79.800 €.

Disparèunia .................................................... 27,689,20 €

Cicatriu abdominal de 12 cm de longitud ....... 5.794,61 €

Dies de sanitat:

10 dies d'hospitalització ................................. 718.40 €

30 dies de curació .......................................... 1.168,20 €

Dany moral .................................................. 15.000 €

2.- La Sentència d'instància reconeix 431,04 € per 6 dies d'hospitalització; 584,10 € per 15 dies de sanitat; 79.800 € per la pèrdua de l'úter; 5.794,61 € pel perjudici estètic moderat de la cicatriu; 8.306,76 € per la disparèunia; i 6.000 € de dany moral. En total, 100.916,51 €.

3.- La part apel lant subsidiàriament formula pluspetició.

SISÈ.- Decisió de la Sala sobre la quantia de la indemnització.

1.- És d'aplicació per analogia el barem annex al text refós de la LRCACVM en el text vigent l'any 2014 i amb les quanties actualitzades aquell any.

2.- Els dies de sanitat.

El còmput que efectua la Sentència dels dies d'hospitalització i de sanitat (que la magistrada cataloga de no impeditius, perquè la demanda no indica que siguin impeditius) és correcte, i la seva valoració de 431,04 € i 584,10 € respectivament, conforme al barem.

3.- La pèrdua de l'úter:

Coincidim amb la Sentència d'instància que la pèrdua d'aquest òrgan mitjançant la histerectomia que el Dr. Enrique va haver de practicar d'urgència, porta causa de la mala praxis mèdica en l'extracció del DIU.

El barem assigna a aquesta seqüela una puntuació única de 40 punts si la pèrdua es produeix abans de la menopausa, com és el cas litigiós.

4.- La seqüela de disparèunia.

Consisteix en el dolor sexual que es pot produir durant o després de mantenir relacions sexuals.

Al contrari de la Sentència d'instància, no considerem acreditada la seqüela amb només l'esment que efectua el full 18 de l'informe de la perit de la part actora, Dra. María Antonieta , en el que afirma que en el curs de l'exploració ginecològica la Sra. Andrea li va relatar que en ocasions patia disparèunia, que la perit va considerar factible després de les reiterades intervencions realitzades en la cúpula vaginal. Per a tenir per acreditada la seqüela hauria calgut la pràctica d'una prova més convincent que confirmés la manifestació de l'actora a la perit com, per exemple, que corroborés la disparèunia el marit de l'actora -que va testificar en la vista, però al qual no es va preguntar al respecte- i/o el testimoni de referència d'alguna parenta pròxima o amiga íntima de la Sra. Andrea a la qual li hagués fet la confidència. Som conscients que és un tema sensible que afecta a la intimitat de l'actora, però entenem que la prova practicada no és suficient perquè puguem considerar acreditada la disparèunia.

Per tant, desestimem aquesta seqüela.

5.- El defecte estètic de la cicatriu abdominal de 12 cm.

La seqüela ha quedat acreditada amb la pericial de la part actora i la documentació mèdica obrant a les actuacions. És la cicatriu del tall que es va efectuar en l'abdomen per a portar a terme la histerectomia.

La demanda i la Sentència la valoren en 5.794,61 €, que no entenem d'on surten, perquè 6 punts del barem (que corresponen a la màxima valoració d'un perjudici estètic lleuger) serien 5.267,82 €, i 7 punts (que corresponen a la mínima valoració d'un perjudici estètic moderat) serien 6.269,41 €.

Ens quedem amb la valoració de 6 punts, ja que no podem reconèixer a la part actora una quantitat superior a la sol licitada.

6.- Els 40 punts de la pèrdua de l'úter més els 6 punts del perjudici estètic sumen 46 punts, als que, atesa l'edat de 32 anys de l'actora a la data dels fets, correspon una indemnització de 88.744,12 €.

7.- No apliquen el 10% del factor de correcció establert al barem per perjudicis econòmics perquè la demanda no el sol licita i la Sentència d'instància tampoc no l'aplica.

8.- El dany moral.

Deneguem la indemnització per dany moral ja que les taules del barem per dies de sanitat i seqüeles ja inclouen el possible dany moral patit pel perjudicat.

9.- Resum.

La indemnització dels dies de sanitat i la corresponent a les dues seqüeles suma 89.759,26 €, que és la quantitat per la qual estimem parcialment la pretensió indemnitzatòria exercitada a la demanda.

SETÈ.- Els interessos moratoris de l' art. 20 de la LCA .

La Sentència condemna també l'asseguradora demandada al pagament dels interessos moratoris de l' art. 20 de la LCA en la forma sol licitada a la demanda.

L'últim motiu del recurs de l'A.M.A. al lega que a tenor de la jurisprudència la condemna al pagament dels interessos no procedeix quan la quantia indemnitzatòria està basada en una causa no predeterminada amb exactitud pel que fa al seu origen, abast i efectes, i, subsidiàriament que conforme a l' art. 20.6è de la LCA la data inicial del còmput hauria de ser la de la reclamació de la perjudicada, que la recurrent situa al 19 de novembre de 2014 (quan la lletrada de la part actora li va remetre per e-mail la història clínica de la Sra. Andrea ).

1.- La procedència dels interessos de l' art. 20 de la LCA .

L' art. 20.8 de la LCA estableix que no hi haurà lloc a la indemnització per mora de l'assegurador quan la manca de satisfacció de la indemnització estigui fonamentada en causa justificada.

Tanmateix, la moderna jurisprudència ve efectuant una interpretació força restrictiva del precepte en el sentit que la mera existència d'un procés judicial per a establir l'import de la indemnització a abonar per l'assegurador no constitueix causa que justifiqui la seva manca de pagament, en atenció al caràcter sancionador que cap atribuir a la norma a l'efecte d'impedir que el procés s'utilitzi com a excusa per a dificultar o endarrerir el pagament als perjudicats.

La STS 73/2017 sintetitza aquesta doctrina:

Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [...].

En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar [...]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura [...].

Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho'.

En el cas litigiós, tenint en compte que la finalitat de l' art. 20 de la LCA és incentivar el pagament de la indemnització per l'asseguradora per tal d'impedir que el procés sigui utilitzat com a instrument per a endarrerir-lo; que la jurisprudència ve efectuant una interpretació restrictiva de l'apartat 8è del precepte, precisament per a limitar l'ús espuri de la seva invocació per l'asseguradora; i que hem estimat en un 69% l'import de la pretensió indemnitzatòria de la part actora; entenem que no concorre causa que justifiqui la manca de pagament de la indemnització per l'asseguradora.

Per tant, desestimem la primera al legació del motiu.

2.- La data d'inici del còmput.

També desestimem aquesta al legació, per extemporània, ja que no fou invocada a la contestació a la demanda, ni tampoc a l'audiència prèvia, que és el moment processal en què les parts han de fixar els temes de controvèrsia.

En tot cas, la liquidació d'interessos s'haurà de practicar en la forma indicada a la STS d'1 de març de 2007 esmentada al fet onzè de la contestació a la demanda.

VUITÈ.- Conclusió de la Sala. Estimació parcial del recurs de la part demandada.

Estimem parcialment el recurs i reduïm la quantia de la condemna de l'A.M.A. al pagament de 89.759,26 €.

NOVÈ.- Les costes d'aquesta alçada.

D'acord amb l' art. 398.2 de la LEC , atesa l'estimació parcial del recurs no pertoca imposar a cap dels litigants el pagament de les costes de l'apel lació.

Fallo

1.- Estimant parcialment el recurs d'apel lació interposat per la demandada AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) contra la Sentència dictada el 7 d'abril de 2017 pel Jutjat de Primera Instància nº 29 de Barcelona , reduïm a 89.759,26 euros l'import de la condemna a la demandada i mantenim la resta de pronunciaments.

2.- No s'efectua especial pronunciament de les costes de l'apel lació.

3.- Torneu a la part apel lant el dipòsit constituït per a recórrer.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació sempre que la resolució del recurs presenti interès cassacional, per escrit presentat davant d'aquest tribunal dintre del termini dels vint dies següents a la seva notificació. Un cop notificada la resolució, les actuacions seran retornades al jutjat d'instància, amb un testimoni seu, per a compliment.

Així ho pronunciem i signem.