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24/01/2019
Sentencia CIVIL Nº 299/2018, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 1, Rec 162/2018 de 18 de Octubre de 2018
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Orden: Civil
Fecha: 18 de Octubre de 2018
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Murcia
Ponente: SERRANO MONTESINOS, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 299/2018
Núm. Cendoj: 30030470012018100280
Núm. Ecli: ES:JMMU:2018:3395
Núm. Roj: SJM MU 3395:2018
Encabezamiento
AVD. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MÓDULO 2,2ª PLANTA, 30011 MURCIA
Equipo/usuario: JPS
Modelo: N04390
Procedimiento origen: /
DEMANDANTE D/ña. ROSALES GRUPO AVICOLA, S.L.
Procurador/a Sr/a. CONCEPCION MARTINEZ POLO
Abogado/a Sr/a. MARCEL RIERA REBERTE
DEMANDADO , DEMANDADO D/ña. AVICOLA ROMAN, S.L., Alejo
Procurador/a Sr/a. ,
Abogado/a Sr/a. ,
En Murcia, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Vis tos por mí, María Teresa Serrano Montesinos, Magistrada-Juez Sstta de Refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, los presentes autos de
Antecedentes
- Se condene solidariamente a la mercantil AVICOLA ROMÁN S.L. y a D. Alejo al pago a la actora de la cantidad de 17.658Â68 euros.
Y solidariamente se les condene al pago del interés de demora recogido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
- Más todas aquellas cuantías en concepto costas procesales, devengadas en el presente procedimiento.
Por dicha parte se solicitó el dictado de sentencia, de conformidad con el artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada que la única prueba propuesta era documental, accediendo la juzgadora a lo solicitado y quedando los autos pendientes de dictar sentencia.
1.- Que la mercantil demandada, AVICOLA ROMÁN S.L., tiene como objeto social la explotación avícola, pecuaria y de análoga naturaleza, siendo administrador único de la misma el demandado D. Alejo, cargo que ostenta en la actualidad.
2.- La mercantil demandante ROSALES GRUPO AVÍCOLA S.L. mantuvo relaciones comerciales con la mercantil demandada, en virtud de las cuales ésta vendió a la demandada una remesa de pollos a plena satisfacción, por un total de 22.111Â65 euros, según facturas, de las que sólo abonaron una de ellas por importe de 5.370 euros, quedando pendiente de pago la cantidad de 16.741Â01 euros, más 0Â34 euros de gastos de devolución, y 917Â33 euros presupuestados en concepto de intereses.
3.- Que las últimas cuentas anuales depositadas de la sociedad AVICOLA ROMÁN S.L. son las correspondientes al ejercicio 2015, con fecha 30 de agosto de 2016, sin que haya presentado ninguna otra más con posterioridad, por lo que la hoja abierta a la sociedad aparece cerrada.
4.- Que AVICOLA ROMÁN S.L. ha cesado en su actividad y carece de bienes, por lo que consta la situación de próxima a la insolvencia de la mercantil codemandada e impagos y reclamaciones judiciales.
5.- Que respecto la mercantil codemandada concurren las causas de disolución del artículo 363 LSC,1.e, así como concurren las circunstancias relativas para la declaración de concurso de acreedores. No consta que haya procedido a la disolución de la mercantil ni a instar la declaración de concurso.
5.-Que la causa de disolución de la mercantil codemandada es anterior a la relación comercial con la demandante, que data de las facturas referidas.
Fundamentos
La situación de rebeldía del demandado supone la pérdida de la posibilidad de alegar, en tanto que no comparezca, lo hechos impeditivos o extintivos de la obligación que se le reclama, pero no dispensa al demandante de la necesidad de probar los hechos constitutivos de la pretensión ejercitada. En el presente caso los hechos que se declaran probados en el antecedente de hecho cuarto se desprenden de la documentación acompañada a la demanda por la parte actora.
De conformidad a los dispuesto en el artículo 496 de la LEC y en consecuencia a lo expuesto en el párrafo anterior, la declaración de rebeldía no se considera ni allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos previstos en la Ley, que no es de los que se refiere este procedimiento.
La estimación de la demanda que se hará se ampara en el artículo 217 LEC y por considerar acreditados todos los hechos que se describen en la demanda, y que, como se han expuesto en los hechos probados, acreditan la existencia de la deuda con la mercantil actora, existiendo la concurrencia de las causas de disolución del artículo 363 LSC, junto con la existencia de los presupuestos para la declaración de concurso conforme al artículo 2 LSC, que no se ha dado.
Por tanto, la mercantil codemandada adeuda el importe reclamado al no haberse acreditado el pago por la misma, teniendo en cuenta la presunción iuris tantum que habría de haber desvirtuado la mercantil demandada.
Tod o ello así resulta acreditado a tenor de los documentos de los de la demanda, que no han sido impugnados.
En cuanto a la reclamación de cantidad contra la mercantil codemandada, procede la citada estimación de la demanda, al considerarse probada la existencia de la deuda, a tenor de los documentos que se acompañan a la demanda, document0 números 2 a 5, comprensivos de las facturas acreditativas de la deuda (año 2017), así como documentos 6 a 9, consistentes en albaranes de entrega.
Com o fundamento sustantivo para la estimación de esta pretensión, son los artículos 1.101 del Código Civil, en relación con el 1.124 del mismo texto legal, junto con los artículos 1.091, 1.254, 1.255, y 1.256 del CC en materia de contrato y sus obligaciones.
Ello dicho, no se ha acreditado el pago por La demandada AVÍCOLA ROMÁN S.L, como lo impone el artículo 217 de la LEC, la satisfacción o pago de la deuda reconocida de fecha 3 de noviembre de 2017.
En cuanto a los intereses, que ha de satisfacer la codemandada, ha de estarse no a los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 CC, sino como se pide en la demanda a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de 2004, a tenor de los artículos 3, 6 y 7 de la misma.
El díes a quo se fija en el de cada una de las facturas, y el tipo de interés el que resulta del artículo 7 de la citada Ley.
Dicha Ley 31/2014 no modificó el tratamiento procesal para exigir la responsabilidad de los administradores sociales, permaneciendo el sistema de acciones contra la sociedad de éstos inalterado: acción social de responsabilidad, acción individual subjetiva de responsabilidad y acción de responsabilidad objetiva o por deuda, y todo ello sin ser excluyente el régimen de la responsabilidad concursal, ni el ejercicio de acciones comunes. Tampoco se vio afectada la responsabilidad penal tributaria, laboral o administrativa, que mantiene su normativa específica.
La LSC recoge la responsabilidad de los administradores sociales, encargados de actuar en nombre y representación de la sociedad que dirigen o administran, cumpliendo con los deberes que vienen establecidos en los arts. 225 y siguientes de la misma, en el Capítulo V, la responsabilidad de los administradores, de su Título VI. No existe, sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico un régimen singular de responsabilidad, sino que, partiendo del régimen común de responsabilidad especial, dada la profesionalización y el ámbito en el que desarrollan su actividad los administradores, y la diligencia exigible a los mismos, nos encontramos con ciertas especialidades.
La normativa, por tanto, básica respecto a las acciones de responsabilidad mercantil se encuentran en el presupuesto general de la responsabilidad por daños del art. 1.902 del CC y el art. 236.1 de la LSC.
Y en ésta se distingue entre la acción social y la acción individual de responsabilidad en función del patrimonio que directamente haya sufrido el daño causado por la acción u omisión negligente del administrador: el patrimonio social o el patrimonio individual de un socio o de un tercero.
En todo caso y de conformidad al art. 241 bis LSC ambas acciones de responsabilidad social e individual prescriben a los cuatro años, estableciendo el
Como mero apunte de cada una de las acciones hasta ahora enumeradas, hay que referir:
- Acción social de responsabilidad del art. 238 a 240 de la LSC. La acción social de responsabilidad es una acción resarcitoria del patrimonio social perjudicado, causado por la acción u omisión negligente del administrador y, por tanto, para ejercitar esta acción el daño se debe causar directamente a la sociedad. Están legitimados para iniciar esta acción social de responsabilidad la propia sociedad, principalmente, y los socios o terceros (acreedores) de forma subsidiaria.
- Acción individual subjetiva de responsabilidad del art. 241 de la LSC. La acción individual subjetiva de responsabilidad es una acción indemnizatoria por los daños causados a terceros por la acción u omisión negligente del administrador social, causando un daño directo a los socios o acreedores, estando la acción u omisión y el daño en relación directa y orgánico, ya que ha de ser realizada por los administradores en su condición de tales. Esta acción puede ser iniciada por socios y terceros por el perjuicio que pueda sufrir su patrimonio por la acción u omisión negligente del administrador. Supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en el marco societario que cuenta con su regulación en el citado art. 241 de la LSC, que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1.902 del CC y, en línea de principio, permitiría una traslación de la evolución jurisprudencial en la interpretación de esta norma: inversión de la carga de la prueba sobre la base de una presunción de culpabilidad que hoy se proclama positivamente en el art. 236.1, párrafo segundo, LSC.
- Acción de responsabilidad objetiva o por deudas del art. 367 de la LSC en relación con el art. 363 de la misma. La acción de responsabilidad objetiva o por deudas es una acción protectora del crédito del acreedor societario o del incumplimiento del administrador de su deber de disolución de la sociedad cuando esté incursa en causa legal para ello, establecidas en el art. 363 de la LSC, pero con el matiz de que solo es válida para los créditos posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.
Por tanto, los presupuestos de la acción de responsabilidad objetiva o por deudas como protectora del crédito del acreedor societario por el incumplimiento del administrador de su deber de disolución de la sociedad, cuando está incursa en causa legal para ello debía estimarse, al concurrir el artículo 363 en relación con el 367 de la LCS, pero la jurisprudencia de nuestro TS señala que sólo es válida dicha acción de responsabilidad para los créditos posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.
Las causas de disolución del artículo 363 de la LSC son las siguientes;
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.
g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.'
con la indicada regulación la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales cuando concurra una causa de disolución de las previstas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital y no se proceda por dichos administradores a convocar la Junta General o a solicitar la disolución judicial de la entidad o el concurso de la sociedad. Siendo la responsabilidad establecida por estos artículos una responsabilidad objetiva en la que no es necesario probar la culpa sino que se produce cuando concurre el supuesto objetivo que determina la ley, en este sentido la senten cia del TS de 23-2-2004 (RJ 2004, 1138), indica que 'la acción 'ex' art. 265 no requiere ninguna culpa en el administrador, ni relación de causalidad alguna con el daño, basta el hecho objetivo del incumplimiento de las obligaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se desencadene el efecto sancionador' (en idéntico sentido, SSTS de 29-4-99 [ RJ 1999, 8697], 20-7- 2 001 [RJ 2001, 6865], 14-11-2002 [RJ 2002, 9762]).
Para analizar esta cuestión conviene recordar lo afirmado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 15 de abril de 2010 sobre la presunción del número 2 del artículo 367, cuando afirma que 'en aplicación de la presunción prevista en el artículo 105.5 de la LSRL, cualquier duda que pudiera surgir en cuanto al acaecimiento de la causa legal de disolución debe perjudicar al administrador.'
Igualmente, debe tenerse en cuenta la SAP de Barcelona de 18 de septiembre de 2008, que resume la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando afirma 'esto es algo que el Tribunal Supremo ya tiene resuelto, señalando que no es necesario esperar a la formulación de las cuentas anuales ni al cierre del ejercicio, naciendo el deber del administrador cuando advierte o cuando debió advertir el desequilibrio patrimonial: según la STS Sala 1ª, de 4 de julio de 2007 (rec. 4503/2000), 'la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la fecha inicial del cómputo del plazo bimensual del art. 262 LSA en sentido opuesto al que se propone en este motivo. Así, la sentencia de 30 de octubre de 2000 (recurso núm. 3341/95) declara que la obligación legal de convocar la Junta en el plazo de dos meses nace 'una vez conocida la situación económica que constituye el supuesto normativo' ( núm. 4, apartado 1 del art. 260 LSA); la sentencia de 18 de julio de 2002 (recurso núm. 328/97) toma como referencia la época en que los administradores 'no podían ignorar la grave situación de descapitalización' de la sociedad, 'sin necesidad de esperar al final del ejercicio económico'; la sentencia de 16 de diciembre de 2004 (recurso núm. 3375/98) establece que el plazo 'debe contarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de tal situación, siendo válido para determinar el desequilibrio patrimonial de la sociedad tanto un balance de comprobación como un estado de situación'; y la sentencia de 9 de marzo de 2006 (recurso núm. 2325/99) ratifica que el plazo bimensual comienza a correr desde que los administradores pueden conocer la situación de desequilibrio patrimonial.' La STS de 16 de julio de 2007 (rec. 1243/2000), como la de 20 de febrero de 2007 (rec. 3609/99), confirmó esta doctrina.'
La acción de responsabilidad objetiva o por deudas es, por tanto, una acción protectora del crédito del acreedor societario por incumplimiento del administrador de su deber de disolución de la sociedad, cuando esté incursa en causa legal para ello, que son las establecidas en el artículo 363 de la LSC, y que como señala el STS de 10 de marzo de 2016 es válido para aquellos créditos posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, y tiene un efecto desincentivador de la asunción de nuevas obligaciones contractuales por la sociedad, siendo relevante decidir si la obligación es anterior o posterior, atendiendo al nacimiento de la obligación y no a su completo devengo o exigibilidad, ni a la fecha de la sentencia que lo declare.
En este estado de cosas, alega la parte actora que procede la acción objetiva del citado artículo 367 de la LSC por la concurrencia de la siguiente causa de disolución de las previstas en el artículo 363 de la LSC: 1º) El incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales desde el ejercicio social de 2014, que implica el cierre registral ya decretado por el Registro Mercantil. Y, 2º) Incumplimiento de la solicitud de la declaración de concurso de acreedores conforme al artículo 2 de la Ley Concursal en relación con los artículos 365 y 367 de la LSC.
Y efectivamente debe entenderse que al menos concurren las causas invocadas respecto a la imposibilidad manifiesta de realización del fin social, incumplimiento de todas las obligaciones formales que le afectan, tanto por la propia paralización del órgano social, como por el depósito de las cuentas anuales que desde el año 2015 no constan depositadas, como no haber presentado la declaración de concurso no obstante la insolvencia en la que se encuentra inmersa la mercantil representada por el demandado.
En este sentido, la acción de responsabilidad objetiva o por deudas es una acción protectora del crédito del acreedor societario por el incumplimiento del administrador de su deber de disolución de la sociedad, cuando esté incursa en causa legal para ello, establecida en el artículo 363 de la LSC, pero con el matiz de que sólo es válida para los créditos posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Por tanto, la cuestión principal radica en determinar el elemento temporal, lo que no siempre es sencillo de precisar si la obligación social o deuda que se reclama es anterior o posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución. Así, destaca la sentencia del Tribunal Supremo 151/2016, de 10 de marzo , que se pronuncia por prime
La deuda contraída por la demandada, según la documental aportada, es de fecha posterior a la concurrencia de la causa de disolución, como acertadamente se indica en la demanda, y como también se dice en la jurisprudencia que se dice en dicho escrito, se desconoce la realidad patrimonial y contable de la sociedad, y constituye una fundada presunción de encontrarse incursa la mercantil en causa de disolución.
Para esta juzgadora, las causas que objetivan la responsabilidad se han producido una vez la mercantil estaba incursa en las causas de disolución mencionadas e invocadas por la parte actora.
Como resulta de la demanda, la situación de defecto de información por la inexistencia de cuentas depositadas en el Registro Mercantil, permite imputar la responsabilidad al demandado. La SAP de Barcelona de 18 de septiembre de 2008 resume la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando afirma 'esto es algo que el Tribunal Supremo ya tiene resuelto, señalando que no es necesario esperar a la formulación de las cuentas anuales ni al cierre del ejercicio, naciendo el deber del administrador cuando advierte o cuando debió advertir el desequilibrio patrimonial: según la STS Sala 1ª, de 4 de julio de 2007 (rec. 4503/2000), ' la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la fecha inicial del cómputo del plazo bimensual del art. 262 LSA en sentido opuesto al que se propone en este motivo. Así, la sentencia de 30 de octubre de 2000 (recurso núm. 3341/95 ) declara que la obligación legal de convocar la Junta en el plazo de dos meses nace 'una vez conocida la situación económica que constituye el supuesto normativo' ( núm. 4, apartado 1 del art. 260 LSA ); la sentencia de 18 de julio de 2002 (recurso núm. 328/97 ) toma como referencia la época en que los administradores 'no podían ignorar la grave situación de descapitalización' de la sociedad, 'sin necesidad de esperar al final del ejercicio económico'; la sentencia de 16 de diciembre de 2004 (recurso núm. 3375/98 ) establece que el plazo 'debe contarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de tal situación, siendo válido para determinar el desequilibrio patrimonial de la sociedad tanto un balance de comprobación como un estado de situación'; y la sentencia de 9 de marzo de 2006 (recurso núm. 2325/99 ) ratifica que el plazo bimensual comienza a correr desde que los administradores pueden conocer la situación de desequilibrio patrimonial.' La STS de 16 de julio de 2007 (rec. 1243/2000), como la de 20 de febrero de 2007 (rec. 3609/99), confirmó esta doctrina.'
En base a todo lo anterior, la demanda debe ser estimada en los términos que se establecen en la parte dispositiva de la presente resolución, toda vez que ha quedado acreditado el incumplimiento del administrador demandado de las obligaciones que le incumben conforme a los artículos 363, 365 y 367 de la LSC, como la disolución por falta de presentación de las cuentas anuales desde el año 2014 hasta la actualidad.
En consecuencia, no procede a entrar a analizar otras causas de responsabilidad objetiva que se invocan en la demanda cuando, como se ha dicho, la evolución de la mercantil que mantiene su actividad ha sido positiva; como tampoco analizar la posible responsabilidad del administrador por la vía de la acción individual subjetiva de responsabilidad del artículo 241 LSC.
e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.
En cuanto a los intereses, la cantidad objeto de condena devengará el interés moratorio conforme al artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que es el que se acoge a tenor de la redacción del suplico de la demanda.
El díes a quo se fija en la fecha de vencimiento de cada una de las facturas, y el tipo de interés el que resulta del artículo 7 de la citada Ley.
En cuanto a las costas, procede su imposición a los demandados solidariamente de conformidad al artículo 394 LEC, dada la estimación íntegra de la demanda.
Vis tos los preceptos legales citados y demás de concordante y general aplicación al caso de autos
Fallo
Not ifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar desde su notificación de conformidad con lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se le hace saber a las partes que para entablar el mencionado recurso deberán consignar el importe que, al efecto, señala la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha consignación deberá efectuarse en la cuenta de este Juzgado, mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente al órgano y procedimiento judicial en que se ha dictado, debiéndose especificar en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso', seguido del código y tipo de recurso de que se trate (00- Reposición; 01- Revisión de resoluciones Secretario Judicial, 02- Apelación y 03- Queja); caso contrario no se admitirá a trámite el recurso.
Así , por ésta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y cuyo original se incluirá en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.
2. Los administradores deberán convocar junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución. Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que convoquen la junta si, a su juicio, existe causa legítima para la disolución. 2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución. Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, siempre que la referida reducción determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el art. 2 de la Ley Concursal.