Sentencia Civil 269/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3187/2021 de 19 de febrero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D. Belarmino interpuso una demanda del art. 250.1.4.º LEC -en la redacción dada por la Ley 5/2018, de 11 de junio- contra «los ignorados ocupantes» de la vivienda de su propiedad -señalada con el n.º DIRECCION002, sito en Puerto de la Cruz-, solicitando su inmediata recuperación y entrega, con fundamento en los siguientes hechos: (i) la vivienda es de su propiedad; (ii) se encuentra ocupada sin su consentimiento y los ocupantes carecen de título habilitante; y (iii) pese a haberles requerido para el desalojo, se han negado a abandonarla.

2.D.ª Noemi y D. Borja reconocieron la propiedad del demandante sobre la vivienda litigiosa, pero se opusieron a la demanda alegando que la ocupaban en virtud de un título arrendaticio y con el beneplácito de quien consideraban legítimo propietario, D. Julio, a quien abonaban las rentas. Sostuvieron que no procedía la tutela sumaria de la posesión, al no concurrir -a su juicio- los elementos propios de una desposesión del legítimo propietario sin título alguno y sin contraprestación.

3.La sentencia de primera instancia estimó la demanda. El juzgado razonó en los siguientes términos:

«En el caso de autos, los demandados no niegan la propiedad del actor que además acredita conforme la documental obrante que autos que la ostenta desde el año 2.001. Alegan pues que se encuentran en el inmueble en virtud de título arrendaticio de fecha 1 de enero de 2019 con el beneplácito del que se suponía legítimo propietario. En la vista, el demandante alegó que había comprado la vivienda a la madre de quien arrendó la vivienda a los ocupantes, el cual se quedó en la misma en precario o en arrendamiento y quien figura indebidamente en el contrato aportado por los demandados como propietario. El demandado en su declaración reconoció que si bien creían que el que les alquiló la casa era propietario porque conocían que vivía allí es cierto que pensaban que podía haber otros propietarios.

»En todo caso, el título aportado no puede calificarse como "título suficiente frente al actor" ya que el actor, propietario de la vivienda lo es con anterioridad al citado contrato y no queda vinculado por él a diferencia de si hubiera adquirido la vivienda con posterioridad a la celebración del contrato, recordemos que el art. 29 LAU 29/1994 dispone que "el adquirente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador, salvo que concurran en el adquirente los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria". Los contratos salvo norma de protección de terceros como la indicada solo producen efectos inter partes ex 1.257 Cc, y por ende el titulo aportado no produce efecto alguno frente al actor. Procede por ello desestimar la excepción alegada y tener por acreditado que el actor fue desposeído de la posesión del inmueble de su propiedad sin disponer de título alguno que legitimara la posesión y declaro haber lugar a la recuperación de la posesión de la vivienda sita en el bloque DIRECCION003, Puerto de la Cruz al demandante, debiendo proceder al desalojo de los ocupantes; la ejecución de esta Sentencia tal y como establece el art. 441. LEC, se hará previa solicitud del demandante sin necesidad de la espera del plazo del art 548 LEC. » (sic).

4.Los demandados interpusieron un recurso de apelación por error en la valoración de la prueba, sosteniendo que de la practicada resultaba acreditado que:

«[...] no concurren en el presente los requisitos exigidos para la prosperabilidad de la acción de tutela sumaria de la posesión, puesto que:

»- El actor no ha acreditado la posesión real del inmueble objeto del mismo en el momento en que mis mandantes hicieron uso de la posesión en virtud de un contrato de arrendamiento. De hecho se ha acreditado lo contrario, el actor no era el poseedor del inmueble en la fecha del contrato.

»- No existen actos de despojo, puesto que el actor cedió la posesión al hijo de su difunta esposa (don Julio) en virtud de contrato de arrendamiento, y éste, a su vez, a los demandados por otro contrato de arrendamiento».

5.La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación interpuesto por los demandados y confirmó íntegramente la resolución apelada.

La Audiencia Provincial consideró probado que:

«el demandante, tras adquirir la vivienda en el año 2001, permitió que viviera en ella D. Julio, mediando un contrato de arrendamiento solo durante el año posterior al fallecimiento de la madre de D. Julio, pareja del demandante, quedado desde entonces D. Julio en situación de precario. Careciendo por tanto de título que amparara su posesión, el repetido D. Julio, en fecha 1 de enero de 2.019 suscribió un contrato de arrendamiento con los aquí demandados, figurando como propietario, hecho del que los demandados al menos sospechaban que no era cierto. Este contrato se hizo sin conocimiento ni desde luego consentimiento del actor».

Partiendo de ello, sostuvo, de un lado, que el demandante «está perfectamente legitimado para ejercitar la acción del art. 250.1.4.2° L.E.C. que ampara a quien pretenda la inmediata recuperación de una vivienda cuando haya sido privado de ella sin su consentimiento, legitimando para ello, entre otros a "la persona física que sea propietaria o poseedora legítima»; y, de otro, que «[f]rente al título de propiedad del demandante, el que esgrimen los demandados no es válido para justificar su posesión, por haberse suscrito un contrato de arrendamiento con persona que no tenía título alguno que le habilitara para ello (recordemos que estaba en situación de precario), siendo así además, como se dice en la sentencia, que tal contrato nunca podría vincular al demandante, pues solo produce efectos entre los propios contratantes».

6.Frente a dicha sentencia, los demandados han interpuesto un recurso de casación, que ha sido admitido.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Planteamiento del recurso. El recurso de casación, por interés casacional, se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción de los arts. 441, 446 y 1968.1, todos del CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial recogida en las SSTS 156/1979, de 21 de abril, 1110/2008, de 25 de noviembre, 79/2011, de 1 de marzo, y 683/2020, de 15 de diciembre. Los recurrentes alegan:

i) La falta de legitimación activa de la parte actora, al sostener que la acción de tutela sumaria de la posesión únicamente corresponde a quien ostenta la posesión efectiva del bien en el momento del despojo o perturbación, y no al mero propietario que carece de posesión. Afirman que la protección interdictal no tutela el derecho de dominio, sino una situación de hecho -la posesión pacífica-, por lo que el ius possidendiderivado del título de propiedad resulta insuficiente para fundar la legitimación activa. En el caso examinado, la propia parte actora reconoció no poseer ni haber poseído el inmueble desde el año 2001, habiendo cedido voluntariamente la posesión mediante contrato de arrendamiento, primero al Sr. Julio y, posteriormente, a los ahora demandados. Pese a ello, la resolución impugnada le reconoce legitimación activa por su sola condición de propietario, apartándose de la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo, que exige la posesión material para el ejercicio de acciones interdictales, y realizando una interpretación incorrecta del artículo 250.1.4 LEC, cuya finalidad, conforme a su Exposición de Motivos, no es otra que la actualización del tradicional interdicto de recobrar la posesión.

ii) La inexistencia del requisito del animus spoliandi,al sostener que para la prosperabilidad de la tutela sumaria de la posesión es imprescindible que los demandados hayan realizado actos de despojo o perturbación con la intención consciente y arbitraria de alterar el estado posesorio del actor, lo que exige la concurrencia de dolo o culpa y el conocimiento de que se actúa contra la posesión ajena. Señalan que la resolución recurrida realiza una valoración ilógica y contradictoria de la prueba testifical, atribuyendo a los demandados un conocimiento o sospecha sobre la falta de titularidad dominical del arrendador que no se desprende del interrogatorio practicado. En todo caso, afirman que, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, el animus spoliandino puede confundirse con la conciencia de ilegalidad y solo resulta relevante en supuestos de actuaciones ocasionales o equívocas, circunstancia que aquí no concurre, pues la eventual creencia errónea sobre la titularidad dominical del Sr. Julio no alteró la situación posesoria existente. Finalmente, sostienen que el actor no se hallaba en posesión del inmueble desde el año 2001, por lo que los actos imputados a los demandados no pudieron afectar a su estado posesorio, evidenciando que la resolución recurrida protege indebidamente el ius possidendidel actor, ajeno al ámbito de la acción interdictal.

iii) La caducidad de la acción por transcurso del plazo anual, al sostener que la tutela sumaria de la posesión está sujeta a un plazo de caducidad de un año, apreciable incluso de oficio, según doctrina pacífica del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales. Afirman que dicho plazo comienza a computarse desde el acto de despojo o perturbación, sin que su transcurso afecte al derecho dominical, pero sí impida su recuperación por la vía interdictal. Señalan que la resolución recurrida se aparta de este criterio al no identificar con precisión el momento del supuesto despojo, lo que imposibilita verificar el cumplimiento del plazo legal. Añaden que, en ningún caso, puede considerarse como acto de despojo la entrada de los demandados en la vivienda el 1 de enero de 2019 en virtud de un contrato de arrendamiento, ya que el propio actor nunca afirmó haber sido despojado de la posesión en ese momento. Por el contrario, la sentencia reconoce que el actor cedió voluntariamente la posesión en 2001 mediante contrato de arrendamiento, superándose con creces el plazo anual de caducidad, sin que pueda sostenerse una interpretación extensiva que permita entender cumplido este requisito esencial para el ejercicio de la acción interdictal.

En definitiva, los recurrentes sostienen que la resolución impugnada resuelve la controversia mediante una aplicación indebida de los artículos 441, 446 y 1968.1 CC, en contradicción con la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo, al reconocer indebidamente la legitimación activa del demandante para el ejercicio de la tutela sumaria de la posesión, apreciar erróneamente la concurrencia del animus spoliandiy considerar vigente una acción caducada por transcurso del plazo anual, objeciones que afirman haber planteado también tanto en la primera instancia como en el recurso de apelación, y que resultaron determinantes del fallo de la resolución recurrida, fundamentando el interés casacional invocado.

2. Decisión de la Sala. El motivo y, con él, el recurso, deben desestimarse por lo que exponemos a continuación.

En primer lugar, constituye doctrina jurisprudencial reiterada que es imprescindible que el recurso de casación se formule con claridad y precisión a través de una estructura ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, mediante el motivo correspondiente. Hemos declarado en este sentido que el escrito de recurso debe estructurarse en motivos, y que tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto, pues no cabe una argumentación por acarreo en la que se mezclan argumentos sobre las cuestiones más diversas (por todas, sentencia 1428/2024, de 30 de octubre).

En el presente caso, los recurrentes articulan un solo motivo en el que acumulan reproches heterogéneos: (i) la supuesta falta de legitimación activa del actor por no ostentar la posesión material; (ii) la inexistencia del animus spoliandi;y (iii) la caducidad de la acción por transcurso del plazo anual del art. 1968.1 CC.

Se trata de cuestiones distintas, que afectan a planos jurídicos diferenciados y que, conforme a la doctrina jurisprudencial citada, debieron articularse en motivos separados. Su acumulación en un único motivo vulnera las exigencias estructurales del recurso de casación y determina, por sí sola, su improcedencia.

Además, cuando los recurrentes razonan sobre la inexistencia del animus spoliandicuestionan la valoración de la prueba practicada, sosteniendo que la Audiencia Provincial incurre en una valoración ilógica o contradictoria de su interrogatorio al atribuirles sospecha sobre la falta de titularidad dominical de quien les arrendó la vivienda. Sin embargo, la sentencia recurrida declara expresamente probado que los demandados «al menos sospechaban» que el Sr. Julio no era el verdadero propietario del inmueble. Esta declaración fáctica constituye un hecho probado que vincula a esta Sala en casación. Como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 53/2025, de 13 de enero):

«[l]os motivos del recurso de casación [...] no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión)».

Por otro lado, tampoco puede ser atendida la denuncia relativa a la caducidad de la acción. Aunque los recurrentes afirman lo contrario, lo cierto es que tal cuestión no fue planteada ni en la primera instancia ni en la segunda, sin que conste referencia alguna a la caducidad en el recurso de apelación. Ello explica que el juzgado no efectuara pronunciamiento alguno sobre esta cuestión en la sentencia de primera instancia, sin que los ahora recurrentes denunciaran posteriormente falta de exhaustividad u omisión de pronunciamiento, ni solicitaran su subsanación, lo que confirma que la caducidad nunca fue introducida oportunamente en el debate procesal.

Esta Sala ha reiterado de forma constante que el recurso de casación no permite introducir cuestiones nuevas. Como hemos vuelto a recordar en la sentencia 695/2025, de 6 de mayo, por remisión a la 1469/2024, de 6 de noviembre:

«La jurisprudencia de esta sala veda plantear cuestiones per saltum,que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en la primera instancia y/o en la apelación ( sentencias 614/2011, de 17 noviembre; 632/2012, de 29 octubre; 32/2013, de 6 de febrero; 268/2013, de 22 de abril, entre otras muchas). No pueden plantearse en casación cuestiones que no hayan sido formuladas en la apelación, "pues el recurso de casación permite denunciar las infracciones legales en que el tribunal de apelación haya podido incurrir al resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, pero no permite hacer un nuevo planteamiento de la cuestión litigiosa, distinta a la que se sometió a la consideración del tribunal de apelación" ( sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015).».

En cualquier caso, el recurso de casación debe ser igualmente desestimado por inexistencia del interés casacional invocado.

Ninguna de las sentencias citadas por los recurrentes para justificar dicho interés interpreta y aplica el segundo párrafo del art. 250.1.4.º LEC, introducido por la Ley 5/2018, de 11 de junio, y que encuentra fundamento en lo dispuesto por el art. 441 CC y constituye la base normativa de la decisión recurrida. En consecuencia, no puede apreciarse contradicción jurisprudencial cuando el supuesto enjuiciado se resuelve conforme a una regulación legal que es distinta a la aplicada por la doctrina jurisprudencial que se considera conculcada.

Dicho precepto atribuye legitimación para instar la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, siempre que se haya producido una privación sin consentimiento, no solo al poseedor material, sino también a «la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título». Con la reforma de la ley mencionada, el legislador pretendió dotar de un cauce procesal civil ágil y eficaz a los titulares legítimos de vivienda que se ven privados ilegalmente de su posesión, superando las insuficiencias de los mecanismos tradicionales para hacer frente al fenómeno de la ocupación ilegal.

Este diseño normativo ha sido expresamente avalado por el Tribunal Constitucional, que en la STC 32/2019, de 28 de febrero, declaró que el proceso introducido por la Ley 5/2018 es un proceso sumario, de cognición limitada, que tiene por objeto exclusivamente la recuperación de la posesión de viviendas por razón de su ocupación fáctica, sin título jurídico alguno, en el que el órgano judicial debe resolver si procede acordar la inmediata recuperación de la posesión solicitada por quien se ha visto privado de ella sin su consentimiento, exigiendo al demandante la aportación del título que funde su derecho a poseer y constriñendo la oposición del demandado a negar la validez de dicho título o a acreditar que ostenta un título suficiente para poseer la vivienda reclamada, pues si el demandado puede aportar un título, cualquiera que sea, que justifique su situación posesoria -para lo cual la ley habilita un plazo suficiente-, ello le basta, sin necesidad de otro alegato, para oponerse eficazmente a la pretensión ejercitada por el actor en este proceso sumario.

Aplicando esta normativa y doctrina al caso enjuiciado, la sentencia recurrida se ajusta plenamente a derecho. Ha quedado probado que el demandante es propietario de la vivienda litigiosa; que ha sido privado de su posesión sin su consentimiento; y que los demandados la ocupan en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito con quien carecía de título habilitante para arrendar, al hallarse en situación de precario, haciéndose pasar como propietario sin serlo, circunstancia que los demandados al menos sospechaban y que se produjo sin conocimiento ni consentimiento del verdadero titular dominical.

De tales hechos se sigue sin dificultad la legitimación del demandante para instar la inmediata recuperación de la vivienda, así como la insuficiencia del título esgrimido por los demandados. Lo que la sentencia recurrida aprecia correctamente, aplicando el cauce legal específicamente previsto por el legislador para estos supuestos, dentro de los estrictos límites del proceso sumario diseñado por la Ley 5/2018, y sin vulneración alguna de la doctrina jurisprudencial, lo que excluye tanto la infracción legal como el interés casacional y determina la desestimación del recurso.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas de dicho recurso a los recurrentes, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).