Sentencia Contencioso-Administrativo 375/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 633/2022 de 19 de octubre del 2023

PRIMERO.- Con fecha 15 de diciembre de 2022 la Procuradora doña CARMEN PAOLA GÓMEZ MARRERO, en nombre y representación de la entidad "BONETE GARDEN S.L.", presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra -copiamos a la letra el pasaje correspondiente del referido escrito inicial- "la resolución de fecha 28/10/2022 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias por la que se desestima la Reclamación Económico-Administrativa n° 35-01194-2022 interpuesta frente a la Resolución denegatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos por el concepto de Impuesto de Sociedades, ejercicio 2020, por importe de 142.462.45 euros, con n° expte. 2022GRC30450016J, dictada por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria.".

SEGUNDO.- En el capítulo de antecedentes de hecho de la resolución recurrida figuran los que a continuación se exponen:

"PRIMERO.- Es objeto de la presente reclamación económico-administrativa, el acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación, en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020, en el cual se inadmiten las pretensiones de la entidad referenciada de modificar la declaración del tributo presentada en plazo.

En relación a dicha modificación/rectificación, argumentaba la solicitante, lo siguiente:

"Que, con posterioridad a la presentación, esta parte ha podido constatar en la misma la existencia de un error consistente en:

Los balances con los que se confeccionó y se determinó la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, no se corresponden con los aprobados por la JUNTA GENERAL universal de la mercantil celebrada el 30 de junio de 2021, y auditados con posterioridad.

Por lo tanto, hay un error en la determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades de 2020, y consiguientemente, en la declaración del modelo 200 presentado.

En la citada JUNTA, siguiendo el Orden del día, en su punto primero, se aprobaron las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2020, de acuerdo a las siguientes:

"El resultado del ejercicio es un BENEFICIO de 676.722,00 euros, de los que se destinará 590.000,00 euros a RESERVAS para INVERSIONES en CANARIAS, 11.196,39 euros a RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, y el resto, es decir, 75.525,61 euros a RESERVAS VOLUNTARIAS".

En los balances aprobados por la JUNTA GENERAL, más concretamente en la CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, el "Resultado antes de Impuestos" era el mismo, 701.913,87 euros, que el de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consignada en la declaración. La gran diferencia reside en que en la autoliquidación presentada no se ha tenido en cuenta la dotación a RESERVAS para INVERSIONES en CANARIAS por importe de 590.000,00 euros, aprobada por la JUNTA GENERAL de 30 de junio de 2021".

Con la aplicación de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) pretendida, por importe de 590.000 euros, la nueva cuota diferencial, a devolver, ascendería a un importe de 201.131,27 euros, frente a los 58.668,82 euros, también a devolver, inicialmente declarados, lo cual daría lugar a una diferencia de 142.462,45 euros, cantidad cuya devolución solicita la entidad a la Administración Tributaria.

SEGUNDO.- El referido acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación, en relación a la petición del obligado tributario, siguiendo la línea de lo expuesto en la previa propuesta de resolución de rectificación de autoliquidación, desestima la solicitud del mismo (argumentación recogida en las páginas 2 a 4 del acuerdo, a las que nos remitidos y damos por reproducidas), explicando, en síntesis, lo siguiente:

-El contribuyente alega que los datos contables se han transcrito con errores al modelo 200 del ejercicio 2020, que la Junta General que acuerda la distribución del resultado del ejercicio, contemplando la dotación de la RIC, ha sido celebrada en plazo, y que las cuentas anuales fueron depositadas fuera de plazo por haber observado el error señalado.

-Parece evidente que la sociedad observa que existen errores en las cuentas anuales con las que confecciona el modelo 200, presentado en plazo, el 25 de julio de 2021, por lo que las mismas se modifican con posterioridad a la presentación del mismo.

-No se puede verificar fehacientemente la fecha, dentro del plazo previsto por la normativa mercantil, del acuerdo de la Junta General en donde se acuerda la distribución del resultado del ejercicio, con la correspondiente dotación a la RIC, que se pretende hacer valer. El documento aportado con la solicitud está legitimado el 20 de enero de 2022, por lo que parece evidente que no se ha acordado en plazo.

-La fecha que consta en el documento privado del acuerdo de distribución del resultado del ejercicio, al no estar legitimada de acuerdo con el artículo 1.227 del Código Civil, no acredita fehacientemente que el acuerdo de distribución de resultados del ejercicio fue aprobado en el plazo establecido, y de que en él se acordó la dotación a la RIC.

A continuación, el acuerdo ahora reclamado reproduce la motivación de la propuesta de resolución de rectificación que le sirve de base, en la cual, partiendo de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1994, se entiende que no se ha cumplido con el requisito de dotación en plazo de la RIC:

"Es presupuesto necesario que los socios acuerden, dentro del plazo que marca la normativa mercantil, la distribución del resultado del ejercicio y en el contemplen la dotación de la RIC. Por ello, el acuerdo de distribución de resultados debe ser aprobado en el plazo establecido en el art. 164 del R.D. Legislativo 1/2010 que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y de que en él se acordó la dotación a la RIC, así mismo, las cuentas anuales en las que figure la firma del administrador certificando la distribución del resultado del ejercicio en el que se incluye la dotación a la RIC fueron formuladas y depositadas en el plazo que establecen los art. 253 y 279 del R.D. Legislativo 1/2010 que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Por lo que, para justificar fehacientemente la dotación en plazo de la misma, se debió aportar el Acta de la Junta general y las Cuentas Anuales debidamente depositadas en el Registro Mercantil y en el plazo legal dispuesto para ello, así como certificado del Registro Mercantil con la fecha de registro de dichas cuentas...".

Asimismo, dicha propuesta incidía en la falta de acreditación de que la modificación solicitada estuviese originada por un error en la transcripción de los datos contables a la autoliquidación del impuesto, trayendo a colación lo dispuesto en la norma de registro y valoración 22ª del Plan General Contable, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre:

"Así, si nos encontramos ante la subsanación de errores contables, en el ejercicio en que se detecta dicho error, el ajuste se imputará directamente en el patrimonio neto y, en concreto, en una partida de reservas. Si por el contrario nos encontramos ante un error en la transcripción de los datos contables, sí puede ser procedente la tramitación de la solicitud de rectificación de autoliquidación. Para el caso de que no se justifique el error en la transcripción de los datos contables a la autoliquidación del impuesto, el tratamiento de esta modificación se realiza conforme establece la norma de valoración 22ª del Plan General Contable y se deberá rectificar en el ejercicio susceptible de modificación, de acuerdo con la norma de valoración 23ª del Plan General Contable.".

Por último, se hacía constar la falta de presentación por el interesado de documentación suficiente que permitiera acreditar la realidad de los importes rectificados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y 108.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 126.5 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria.

TERCERO.- Disconforme la sociedad con el acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación, interpone la presente reclamación económico-administrativa, el 24/05/2022, en la cual argumenta, en síntesis, lo siguiente:

1.- PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2020. REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE POR APLICACIÓN DE LA RIC. HA QUEDADO ACREDITADA LA REALIDAD DE LOS IMPORTES RECTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA:

-Con posterioridad a la presentación de la autoliquidación esta parte fue consciente de la existencia de un error, consistente en que los balances con los que se confeccionó y determinó la Base Imponible del impuesto no se corresponden con los aprobados por la Junta General universal, celebrada el 30/06/2021, que posteriormente fueron auditados.

-Como consecuencia de ello, no se incluyeron los datos contables aprobados por la Junta General, entre los que se incluía la dotación a la RIC. En la citada Junta se aprobaron las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados de 2020, destinando 590.000 euros a la dotación de la RIC.

-Se aporta el Acuerdo de la Junta General en el que se acuerda la distribución del resultado del ejercicio y se contempla la dotación de la RIC, de fecha 30/06/2021. Asimismo, se aportaron los Balances de 2020 aprobados por la Junta General.

-Una vez advertido el error, se procedió a la rectificación de los libros de contabilidad, los cuales fueron aportados ante la Administración tributaria.

-Sin embargo, sostiene dicha Administración la imposibilidad de verificar la fecha del acuerdo de la Junta General.

Al respecto, cabe señalar que, con independencia de la fecha de la firma electrónica a la que hace referencia, lo trascendente es la fecha del acuerdo de los socios por el que se acuerda la distribución del resultado del ejercicio, contemplando la dotación a la RIC.

-Se aportan las Cuentas Anuales auditadas y debidamente depositadas en el Registro Mercantil. En el proceso de auditoría se apreció el error de transcripción de los datos contables al IS, lo cual condujo a la presentación tardía de las mismas.

-Tal y como se desprende del Informe de Auditoría, de 25/10/2021, incluido en las Cuentas Anuales aportadas, la dotación a la RIC fue aprobada por la Junta General con anterioridad al 20/01/2022 (concretamente el 30/06/2021).

-La Junta General por la que se acuerda la dotación a la RIC no pudo ser celebrada el 20/01/2022, como sostiene la Administración, por cuanto el Informe de Auditoría incluido en las Cuentas Anuales es de 25/10/2021 Y en el mismo ya se hace referencia al acuerdo por el que se dota la RIC.

-En dicho Informe se hace hincapié en el hecho de que la sociedad ha dotado una RIC que no ha tenido reflejo en el Impuesto sobre Sociedades autoliquidado. Por tanto, resulta incontrovertido que dicho acuerdo, que consta en el citado Informe, fue aprobado con anterioridad al 20/01/2022. Por el contrario, fue aprobado en la fecha que figura en el encabezamiento del Acta y, por tanto, en tiempo y forma. Como consecuencia de ello, el acuerdo de distribución de resultados ha sido aprobado dentro del plazo establecido en la normativa de aplicación ( artículo 164 del RDL 1/2010).

-De acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 19/1994 resulta posible que la sociedad aplique la RIC, reduciendo en la base imponible las cantidades que destine de sus beneficios a la misma, ya que el reparto de beneficios se ha efectuado antes de la presentación de la declaración del ejercicio.

-En relación a lo anterior, se hace referencia a la Sentencia 1207/2017 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10 de julio de 2017 (Rec. 1728/2016), a la luz de la cual, habiendo quedado probado que el acuerdo de los socios de la distribución del resultado se hizo dentro del plazo que marca la normativa mercantil, resulta evidente que se cumple con el requisito indispensable para beneficiarse de la RIC. Ello, por cuanto dicho reparto se efectuó antes de la presentación de la declaración del ejercicio correspondiente.

2.- PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2020. REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE POR APLICACIÓN DE LA RIC. ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS CONTABLES A LA AUTOLIQUIDACIÓN. AUSENCIA DE ERRORES CONTABLES:

-Procede la rectificación solicitada por cuanto la misma deriva de un error en la transcripción de los datos contables a la autoliquidación del IS, y no en una subsanación de errores contables. Los balances con los que se confeccionó y determinó la Base Imponible no se corresponden con los aprobados por la Junta General celebrada el 30 de junio de 2021.

-El hecho de que las cuentas anuales fueran depositadas en el Registro Mercantil con posterioridad no elimina su valor probatorio, ni impide que se compruebe el error cometido. Al respecto, Sentencia 130/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 24/03/2021 (Rec. 5/2020).

-Se hace referencia a la Sentencia 223/2010 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 27/04/2010 (Rec. 689/2008), que acepta la declaración tributaria rectificativa con el acuerdo de dotación de la RIC, al considerar correctamente dotada la RIC, por haber sido anterior a la presentación de la declaración complementaria.

-Extrapolado lo anterior a nuestro supuesto, se ha de permitir la rectificación de la autoliquidación, por cuanto el acuerdo de rectificación de la dotación de la RIC se realizó con anterioridad a la solicitud de rectificación.

-A sensu contrario, interesa destacar la Sentencia del Tribunal Supremo (Contencioso), Sección 2ª, de 26/04/2012 (Rec. 3357/2009), que determina los requisitos que deben cumplirse para realizar la dotación en forma efectiva. En el presente supuesto se han cumplido los requisitos previstos legalmente: la dotación a la RIC figura en los Balances del ejercicio 2020, aprobados por la Junta General el 30 de junio de 2021, con absoluta separación y titulo apropiado.

-Esta parte ha aportado la documentación que avala que la rectificación solicitada consiste en un error en la transcripción de los datos contables a la autoliquidación del impuesto, así como la realidad y veracidad de los importes rectificados.

[...].".

Y en el apartado de fundamentos jurídicos se consignan -- entre los relevantes-- los siguientes:

"SEGUNDO.- Partiendo de lo expuesto en los antecedentes previos, este órgano revisor, a los efectos de analizar la procedencia o no de la rectificación de autoliquidación pretendida por la actora, ha procedido a analizar la documentación aportada por la misma, a lo largo del procedimiento rectificativo que se ha venido desarrollando, así como en fase revisora, a los efectos de valorar si se han acreditado debidamente las circunstancias requeridas para la aceptación de sus pretensiones (respecto de dichas circunstancias no existe discrepancia alguna entre las partes). En concreto, las siguientes:

-La acreditación de que en este caso no concurren errores contables, sino que nos encontramos ante errores de transcripción de los datos contables a la autoliquidación del impuesto.

-La justificación de la celebración, dentro del plazo establecido por la normativa mercantil ( artículo 164.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: "La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado"), concretamente el 30/06/2021, de la Junta General de la sociedad en la que se acuerda la distribución del resultado del ejercicio y se determina la correspondiente dotación a la RIC.

Dicho lo cual, comenzamos señalando que el depósito extemporáneo de las Cuentas Anuales, debido según la reclamante a la detección de los errores invocados (balances contables con los que se elaboró la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades no se corresponderían con los aprobados por la Junta General con anterioridad, supuestamente, el 30/06/2021), pone de manifiesto la existencia de un Informe de Auditoría, fechado el 25/10/2021, en el que además de señalarse que dichas Cuentas se formulan el 15/09/2021, se ratifica el reparto de beneficios que pretende hacer valer la actora, en el que se incluye la dotación a la RIC invocada.

No obstante lo anterior, lo realmente relevante en supuestos como el presente, incluso en casos de extemporaneidad en la presentación de las autoliquidaciones del tributo, siguiendo la jurisprudencia en la materia (incluida la invocada por el contribuyente), es la efectiva acreditación de la existencia de acuerdo previo de la Junta General, dentro del plazo previsto por la normativa mercantil, en el que se determine la distribución del resultado del ejercicio, incluyendo la dotación a la RIC defendida (ya sea la declarada en autoliquidación extemporánea, ya sea, como en este caso, la ni tan siquiera recogida en autoliquidación presentada en plazo, que se pretenda incluir mediante el procedimiento de rectificación de autoliquidación).

En esta línea, resulta interesante recordar el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central en la materia, siendo buen ejemplo de ello la resolución de fecha 04/12/2018, que analiza la impugnación de la resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias en relación a las reclamaciones acumuladas 35/01541/2012 y 35/07370/2012.

Dicha resolución del Central, tras exponer lo establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como lo dispuesto por la legislación mercantil en relación a la exigencia de que "las Cuentas Anuales de una sociedad sean formuladas en el plazo máximo de tres meses a partir del cierre del ejercicio, aprobadas en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio social y depositadas en el Registro Mercantil en el plazo de un mes a partir de su aprobación", trayendo a colación y transcribiendo la resolución de esta Sala, de 26/06/2015, referida a las reclamaciones señaladas en el párrafo previo, expone en su fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto (los extractamos parcialmente) lo siguiente:

"Cuarto.- Frente a ello, alega la recurrente en primer lugar que la dotación a la RIC debe admitirse pues la misma se efectuó dentro de los plazos previstos en la normativa mercantil al haberse celebrado la Junta General en la que se acordó la distribución de los resultados el día 30-06-2007.

Y en relación con ello, cabe señalar que sin perjuicio de la presunción "iuris tantum" de prueba de la dotación de la RIC en plazo, recogida en el apartado 8 del antes transcrito artículo 27 de la Ley 19/1994, dicha prueba puede ser realizada mediante cualquier medio válido en derecho, admitiéndose en consecuencia la dotación a la reserva en aquellos supuestos en que se haya presentado la declaración por el Impuesto sobre Sociedades de forma extemporánea, siempre y cuando pueda acreditarse que la dotación se efectuó dentro del plazo previsto por la legislación mercantil para aprobar las cuentas y la aplicación del resultado del ejercicio.

Examinado el expediente administrativo remitido, se comprueba que la entidad presentó declaración relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo impositivo 2006 el día 28-03-2008, esto es, fuera del plazo establecido por la normativa del Impuesto (que en dicho ejercicio concluía el 30-07-2007).

Asimismo, se constata que el depósito de las cuentas anuales y la legalización de los libros contables correspondientes al ejercicio 2006 han incumplido los plazos establecidos en la normativa mercantil al haberse efectuado, respectivamente, los días 10-06-2008 y 24-05-2010.

Y respecto de la alegada Certificación de fecha 30-06-2007, que según alega la recurrente acredita que la Junta de accionistas en que se adoptó el Acuerdo de distribución de los beneficios se celebró en dicha fecha y, por tanto, dentro del plazo previsto en la legislación mercantil, hemos de señalar que aquella, en la medida en que no se trata de un documento autorizado por un notario o empleado público competente, tiene la condición de documento privado (cfr. artículo 1.216 del Código Civil), por lo que no surte efectos frente a terceros...

En definitiva, frente a terceros el documento privado por sí solo carece de valor de prueba legal, y en este sentido, se pronuncia el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en su sentencia 1962/1990, de 3 de marzo, donde señala que "el artículo 1.257 del Código Civil limita la eficacia de los contratos a las partes que los otorgan y sus herederos; aunque conste, de acuerdo con el artículo 1.227 del Código Civil, la fecha de ese documento privado ello no avala la veracidad intrínseca de las declaraciones en él contenidas".

Asimismo, este Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución de 05-10-2010 (RG: 7915/08 y 7917/08), motiva:...

Por lo tanto, en el presente caso, la fecha en que la adopción del Acuerdo de distribución de beneficios surte efectos frente a terceros, y por tanto frente a la Hacienda Pública, es la de la legitimación notarial de la firma de la Certificación, efectuada el día 19-02-2008, esto es, fuera del plazo establecido por la normativa mercantil.

Quinto.- Por otra parte, alega la entidad que el incumplimiento de los plazos previstos en la legislación mercantil en ningún caso puede implicar la pérdida del beneficio fiscal, siendo suficiente probar que la decisión de dotar la RIC se adoptó antes de la presentación de la autoliquidación.

Pues bien, la decisión de dotar la RIC antes de la presentación de la autoliquidación extemporánea únicamente queda acreditada frente a terceros, como hemos concluido en el fundamento de derecho anterior, desde el 19-02-2008, mediante la legitimación notarial de la firma de la Certificación que señala que la Junta General Ordinaria en la que se aprobaron las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2006 tuvo lugar el día 30-06-2007.

Y en relación con ello, debemos traer aquí la resolución de este Tribunal de fecha 02-03-2017 (RG 5061/14), en la que se mantiene el criterio recogido en anteriores resoluciones (entre otras, la de fecha 29-06-2006 (RG 4414/04) -citada por el TEAR de Canarias-, que fue confirmada por la SAN de 02-06-2008 (rec. n° 684/2006), a su vez confirmada por la STS de 09-03-2012 (rec. n° 5630/2008)), consistente en que no se admite la RIC si la autoliquidación ha sido presentada fuera de plazo, los libros de contabilidad también se han diligenciado fuera de plazo y la Junta General se ha celebrado asimismo fuera de plazo, siendo ello así aunque tanto el depósito de cuentas en el Registro Mercantil como la legitimación de firmas hayan sido anteriores a la presentación de la autoliquidación:...

En consecuencia, no habiéndose acreditado por ningún medio de prueba admitido en derecho que la dotación a la RIC se efectuó en el plazo previsto por la normativa mercantil para aprobar las Cuentas Anuales, y siendo irrelevante a estos efectos que la decisión de dotarla se adoptase antes de la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, no puede este Tribunal sino declarar incorrecta la dotación de dicha reserva y confirmar la liquidación girada por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006.".

En el expediente que nos ocupa, partiendo de la jurisprudencia consolidada en la materia, fácilmente se colige que la clave para la aceptación de la rectificación de autoliquidación pretendida (la RIC no se recogió en la autoliquidación presentada en plazo, pretendiendo su inclusión, extemporáneamente, mediante la solicitud planteada), teniendo en cuenta asimismo la extemporaneidad del Depósito de Cuentas Anuales, está ligada a la justificación fehacientemente, por parte de la entidad, de la dotación en plazo de la misma, a través del correspondiente acuerdo de la Junta General.

TERCERO.- Asentado lo anterior, la documentación inicialmente presentada, junto con el escrito de rectificación de autoliquidación, pone de manifiesto unas solicitudes registrales de legalización de los Libros contables y del Libro de Actas, de fechas 31/12/2021 y 21/01/2022, respectivamente, así como la existencia de Acta de la Junta General, en la que se aprueban las Cuenta Anuales y se propone la distribución de resultados del ejercicio 2020, que pese a recoger como fecha de celebración la de 30/06/2021, recoge una firma digital del Acta, por parte del administrador único de la mercantil, de fecha 20/01/2022. Tal y como expone en este sentido el acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación:

"El acuerdo de la Junta General en donde se acuerda la distribución del resultado del ejercicio y que en ella se contempla la dotación de la RIC aportado en alegaciones no se puede verificar fehacientemente la fecha del acuerdo, pues no está legitimado dicho acuerdo y teniendo en cuenta que mismo documento aportado con la solicitud de esta rectificación está legitimado con fecha 20 de enero de 2022, es por lo que parece evidente que no se ha acordado en plazo".

No obstante, insiste la reclamante en señalar que la detección del error con posterioridad a la presentación de la autoliquidación (los balances con los que se confeccionó la misma no se corresponden con los aprobados por la Junta General), dio lugar a la "rectificación de los libros de contabilidad, los cuales fueron aportados ante la Administración tributaria", matizando que, pese a que la Administración sostiene la imposibilidad de verificar la fecha del acuerdo de la Junta, "con independencia de la fecha de la firma electrónica a la que hace referencia, lo trascendente es la fecha del acuerdo de los socios por el que se acuerda la distribución del resultado del ejercicio, contemplando la dotación a la RIC".

En relación con ello, más allá de que sorprende que se señale que se llevó a cabo una rectificación de los libros de contabilidad (el fondo del alegato de la actora lo que viene a defender es una incorrecta transcripción de los mismos a la autoliquidación, y no la existencia de errores contables (errores que impedirían la tramitación de la rectificación pretendida)), y estando de acuerdo con el contribuyente en que lo realmente trascendente es la fecha del acuerdo de socios (Acta de la Junta General en la que se determinan los términos concretos de la distribución del resultado del ejercicio), lo cierto es que no puede compartirse con la reclamante que se haya probado debidamente la adopción, en el plazo previsto por la normativa mercantil, concretamente el 30/06/021, del acuerdo de la Junta en el que se incluiría la dotación a la RIC controvertida.

El Informe de Auditoría, de 25/10/2021, incluido en las Cuentas Anuales extemporáneas aportadas, pese a que recoja la distribución del resultado del ejercicio con la dotación a la RIC por importe de 590.000 euros, en modo alguno da fe oponible o invocable ante terceros, dada su condición de documento privado elaborado a instancia de parte, de la efectiva celebración de la Junta General en la fecha de 30/06/2021, así como del acuerdo supuestamente adoptado en la misma respecto a la distribución de los beneficios sociales.

El señalar que "la Junta General por la que se acuerda la dotación a la RIC no pudo ser celebrada el 20/01/2022, como sostiene la Administración, por cuanto el Informe de Auditoría incluido en las Cuentas Anuales es de 25/10/2021 y en el mismo ya se hace referencia al acuerdo por el que se dota la RIC", lo único que pone de manifiesto es un argumento carente de peso, que no prueba la consistencia del planteamiento defendido.

Desarrollando lo señalado en el párrafo previo hemos de decir, por un lado, que Administración no sostiene que la Junta fuese celebrada el 20/01/2022, dado que lo que explica el acuerdo administrativo es que dicha fecha es la única que consta en relación a la legitimación del acuerdo de la Junta (firma digital del Acta por parte del administrador social). Por otro lado, entender o inferir que el hecho de que el Informe de Auditoría sea de 25/10/2021 implica que el Acta con el acuerdo de la Junta en el que se dota la RIC es de 30/06/2021, es un hecho no sustentado con medio probatorio válido en Derecho, más allá de que pueda acreditar que extemporáneamente, meses después de la presentación de la autoliquidación, se advirtiese la no dotación de la RIC correspondiente y se intentase rectificar, tardíamente, la autoliquidación presentada en plazo.

En definitiva, en contra de lo alegado por el obligado tributario, no ha quedado justificado que el acuerdo de distribución de resultados fuese aprobado dentro del plazo establecido en la normativa mercantil de aplicación ( artículo 164 del RDL 1/2010), esto es, con anterioridad a la presentación de la declaración del ejercicio, en la cual no se declaró dotación a la RIC alguna.

Dicho lo cual, no habiéndose probado tampoco que la rectificación solicitada estuviese ligada a un simple "error en la transcripción de los datos contables a la autoliquidación del IS", y más allá de que resulte difícil dar credibilidad a la afirmación de que se utilizaron unos balances incorrectos ("los balances con los que se confeccionó y determinó la Base Imponible no se corresponden con los aprobados por la Junta General celebrada el 30 de junio de 2021"), situándonos ante una cuestión ligada a la existencia de carga de prueba suficiente en relación al hecho defendido ( artículos 105 y 108.4 de la Ley 58/2003, y 126.5 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio), en el supuesto que nos ocupa, como se ha puesto de manifiesto, no se ha aportado la prueba efectiva requerida que permita validar la rectificación de autoliquidación solicitada por la sociedad.

Por todo lo expuesto, debe considerarse ajustado a Derecho el acuerdo de rectificación de autoliquidación objeto de impugnación, debiendo de inadmitirse las pretensiones de anulación de la parte reclamante.".

TERCERO.- Presentado el recurso, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta sección 1ª, mediante la oportuna diligencia de ordenación, requirió a la Administración para que remitiese a esta Sala el expediente administrativo, ordenándole la práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción para que, cuantos apareciesen como interesados en el recurso pudiesen personarse como demandados en el plazo de nueve días.

CUARTO.- Una vez recibido el expediente se tuvo por personada a la Administración General del Estado, ordenándose hacer entrega de aquél al representante procesal de la entidad recurrente para que en el plazo de veinte días presentase la correspondiente demanda.

Este trámite lo efectuó el 16 de febrero de 2023 mediante escrito en el que, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó convenientes, termina con la "súplica" siguiente:

"[...] que se tenga por presentado en el debido tiempo y forma este escrito y, junto con sus copias, se tenga por formulada demanda en este Recurso Contencioso-Administrativo núm. 633/2022, interpuesto frente a la Resolución de fecha 30/06/2022 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, por la que se resuelve desestimar la Reclamación económico-administrativa n° 35-01194- 2022 interpuesta frente al acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020, presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por importe de 142.462,45 euros, por la diferencia entre la cuota diferencial a devolver de 58.668,82 euros y la cuota diferencia a devolver pretendida de 201.131,27 euros por la aplicación de la Reserva para Inversiones en Canarias. Todo ello haciendo expresa imposición de las costas de este procedimiento a la Administración demandada.".

QUINTO.- Presentada la demanda, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia dio traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a la parte demandada, concediendo a la representación procesal de la Administración General del Estado el plazo de veinte días para contestarla, llevándose a efecto con fecha 17 de abril de 2023.

En el correspondiente escrito expuso la Sra. Abogada del Estado los hechos y fundamentos jurídicos que consideró oportunos, terminando con la "súplica" de que se desestime el recurso y se confirme el acto recurrido, por ser ajustado a Derecho; aunque sin imposición de costas a ninguna de las partes, por presentar el tema serias dudas de Derecho.

SEXTO.- El recurso no se recibió a prueba, por las razones al efecto consignadas en el Auto de 27 de abril de 2023 (no cumplir la parte actora -única que propuso la apertura de tal fase- el deber de concreción que exige el art. 60.1 LJCA).

SÉPTIMO.- En esta última resolución se concedió a la representación de "BONETE GARDEN S.L." el plazo de diez días para presentar escrito de conclusiones sucintas, efectuándolo con fecha 22 de mayo de 2023, insistiendo -en términos generales- en el planteamiento de su escrito de demanda.

OCTAVO.- Recibido el escrito de conclusiones de la parte actora, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta sección 1ª dictó nueva diligencia confiriendo a la representación procesal de la demandada igual plazo de diez días para evacuar el trámite de conclusiones, lo que realizó la Sra. Abogada del Estado

el 22 de junio mediante escrito en el que nos remite al contenido del de contestación a la demanda.

NOVENO.- Declarado concluso el pleito, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para cuando por turno correspondiese, fijándose inicialmente para la votación y fallo del recurso la audiencia del día 7 de julio de 2023, si bien dicho acto tuvo efectivamente lugar en el día de la fecha de la presente (por lo que este ponente pide perdón a las partes y a sus compañeros del Tribunal), con observancia de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. don Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres.

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