Sentencia Social 339/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 127/2024 de 05 de marzo del 2024

PRIMERO: El presente procedimiento trae causa de la demanda presentada por la actora, quien presta servicios por cuenta del Servicio de Salud del Principado de Asturias demandado como médico interno residente mediante contrato celebrado al amparo de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud en fecha 25 de septiembre de 2.020, en virtud de la cual reclamaba el derecho a percibir las pagas extraordinarias correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2.022 mediante la sumar del importe íntegro de sueldo base y complemento de grado de formación más el complemento de atención continuada y, en consecuencia, a abonarle las diferencias retributivas que ascienden a la cantidad de 4.189,61 euros con los intereses legales correspondientes; así como que condene a la demandada a estar y pasar por esta declaración, con todas las consecuencias inherentes.

El fundamento de la demanda radica en considerar que el importe de las pagas extraordinarias debe corresponder con lo mismo que se abona mensualmente en concepto de sueldo y complemento de grado de formación, sumados a la media del complemento de atención continuada que deriva de la realización de guardias. Expone que las diferencias salariales que a falta de ello resultan en las citadas pagas extraordinarias carecen de fundamento según lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1146/2006 tanto porque dentro de la expresión "como mínimo" de su apartado 2 debería entenderse incluido el concepto retributivo de "complemento de atención continuada" por "jornada complementaria" según interpreta, como porque la normativa autonómica no puede modificar la regulación existente a nivel estatal para rebajar ese mínimo a que alude su dicción literal.

La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión y absuelve a la empleadora demandada . La razón de la desestimación radica, en síntesis, en la interpretación de esa literalidad del precepto invocado -el artículo 7.2 del RD 1146/2006- que el Juzgador a quo particularmente hace en la consideración de un precedente pronunciamiento del Tribunal Supremo a propósito de su interpretación en el marco de un conflicto colectivo resuelto por esta misma Sala de lo Social, en la vigencia de la norma estatal que amparaba la reducción de cuantías y en la adecuación a dicha vigencia en que se ampara su cuantificación por los acuerdos del Consejo de Gobierno autonómico, significando su competencia con arreglo a la remisión de la norma especial que alude a " lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos". En cualquier caso, a tenor de ello y de la singularidad de cada normativa autonómica, rechaza la interpretación que la demanda ofrece por varias sentencias invocadas de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

SEGUNDO: Frente a la desestimación de la demanda se alza en suplicación la representación letrada de la trabajadora para reiterar idéntica pretensión de su demanda por el cauce de la censura jurídica al amparo del artículo 193.c) LJS. El motivo de recurso formalmente plantea infracción en la aplicación de los artículos 3.3 y 31 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores e infracción de lo dispuesto en el artículo 7 apartados 1 y 2 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, a su vez en relación con el artículo 20.3 letra d) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, los artículos 15.3 y 21.2 letra d) del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada; y el artículo 37 letra d) Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005; así como en relación con el artículo 3.1 del Código Civil y el artículo 14 de la Constitución Española.

Las infracciones que se concretan por la recurrente guardan relación con la remisión del contrato de trabajo de la actora al Real Decreto 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y la remisión de éste, de manera supletoria, al Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral que le sea de aplicación, a los convenios colectivos y a la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo " sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al trabajador o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos" (artículo 1.4).

Por ello, de una parte, señala del contenido del Estatuto de los Trabajadores que las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa y " Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables" ( artículo 3.3 ET) y " El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones" ( artículo 31 ET). Y por otra, que "Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente, en los meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación" ( artículo 7.2 RD 1146/2006).

Es con arreglo a estos preceptos que considera " no existe duda alguna de que la trabajadora debería percibir en sus pagas extraordinarias, al menos, el importe íntegro de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación, por cuanto se trata de una norma de derecho necesario relativo, en cuanto admite la mejora desde la perspectiva del trabajador, pero no su empeoramiento". Del resto de normas citadas - artículo 20.3.d) de la Ley 44/2003, artículos 15.3 y 21.2.d) del Real Decreto 183/2008 y artículo 37 letra d) Real Decreto 1837/2008- nada dice o lleva de aplicación al caso, si bien conciernen simplemente al desarrollo de funciones, las rotaciones y formación, incluidas guardias, que deberán ser objeto de retribución adecuada. Se trata de

El planteamiento del motivo de censura jurídica, en realidad, se complementa en el cuerpo del escrito mediante la discrepancia de la parte con dos aspectos que guardan relación con otros pronunciamientos judiciales. En primer lugar, con la propia sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2.016 que fue dictada con ocasión del recurso de casación interpuesto contra la de conflicto colectivo de esta Sala que resolvió acerca de la limitación efectuad en las retribuciones del mismo personal como consecuencia del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo. Entiende que ni aquélla ni éste pueden seguir resultando de aplicación en el contexto actual " muy diferente al haber trascurrido más de 8 años desde su dictado", que la limitación presupuestaria no significa que no haya que dejar espacio para la negociación colectiva y que el resto de empleados públicos al servicio de la Administración del Principado de Asturias no observan dicha reducción salarial, vulnerando así el principio de igualdad.

En su argumentación destaca la fundamentación no de la sentencia del Alto Tribunal, sino de la sentencia dictada por esta Sala en el referido conflicto colectivo, subrayando de la misma que el objeto de aquel Real Decreto Ley era una reducción que operó tanto las retribuciones básicas como las de carácter complementario y era de obligada aplicación a todas las administraciones públicas como consecuencia de la necesidad de adoptar medidas para la reducción del déficit público. Por ello y tras transcribir el tenor del artículo 24 de dicho Real Decreto Ley -relativo al personal de sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario-, opone como prueba de que ha quedado superado la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado en cuanto, bajo el título de restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en las normas básicas del estado, faculta a las administraciones que hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido.

En segundo lugar, trae a colación varias sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reivindicar que demandas formuladas en idéntico sentido al enjuiciado en el presente caso han sido estimadas al concluir tanto las pagas extraordinarias en ningún caso puedan tener una cuantía que resulte inferior a la suma resultante de aunar los conceptos retributivos correspondientes a una mensualidad de sueldo y las referidas al complemento de grado de formación, como que el concepto retributivo de "complemento de atención continuada" y "jornada complementaria" debe ser incluido igualmente dentro de la expresión "como mínimo", del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1146/2006. Son las sentencias de 15 de septiembre de 2.022 (rsu. 626/2022), con cita de precedentes de 9 de junio de 2.020 y 18 de enero de 2.021, así como más recientemente la de 8 de noviembre de 2.023 (rsu. 311/2023).

Expone con arreglo a ello que las limitaciones retributivas implantadas para el personal al servicio de la Administración por el Real Decreto-Ley 8/2020 y, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años siguientes, al ser restrictivas de derechos han de aplicarse en sus propios y estrictos términos y no constituyen una autorización para que las administraciones puedan regular libremente el marco retributivo del personal a su cargo, desconociendo el principio de norma más favorable del artículo 3.3 del estatuto de los Trabajadores. Añade que la reducción salarial de las pagas extraordinarias -en conceptos y cuantía según se expone-, en definitiva, infringe el derecho de igualdad, el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente con vulneración de los artículos 14, 31 y 35 de la Constitución Española.

El recurso ha sido impugnado de contrario para interesar su desestimación. En su escrito de impugnación el Letrado del Servicio demandado opone al éxito del recurso tanto sentencias previas de esta Sala de lo Social desfavorables a similares pretensiones, como la conformidad con las razones de la desestimación en la instancia. Reivindicando a su vez la legalidad presupuestaria y el amparo normativo de la cuantificación autonómica de las retribuciones del personal a su servicio mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2022 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, solicita la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.

A dicha impugnación fueron evacuadas alegaciones por la recurrente en el sentido que obran en autos, limitándose a reiterar sintéticamente los preceptos y su interpretación por las sentencias del Tribunal Superior cuya infracción denuncia el recurso.

TERCERO: Conviene tener presente que el recurso de suplicación interpuesto no hace sino reiterar ante esta Sala la pretensión de su demanda que vio desestimada en la instancia: la reclamación de cantidad según los conceptos retributivos que considera deben integrar la retribución mínima que garantiza el artículo 7.2. RD 1146/2006 y según la que debe ser su cuantificación.

Si bien la cuestión ahora suscitada no es plenamente idéntica, es cierto que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya ha tenido ocasión de examinar anteriormente otras reclamaciones relativas al importe de las pagas extraordinarias de los trabajadores contratados por el Servicio Público de Salud del Principado de Asturias bajo la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. Las sentencias de 6 de julio de 2.021 (rsu, 1382/2021), de 13 de octubre de 2.021 ( rsu. 1648/2021), de 19 de octubre de 2.021 ( rsu. 1826/2021), de 15 de febrero de 2.022 ( rsu. 2899/2021), de 22 de febrero de 2.022 ( rsu. 2873/2021) y de 19 de julio de 2.022 (rsu. 746/2022) abordan la cuestión centrada en las pagas extraordinarias correspondientes a diciembre de 2.019 y junio de 2.020, no siendo concretadas en la más reciente de 7 de febrero de 2.023 (rsu. 2614/2022).

En todas ellas -tras despejar a su favor una recurribilidad que hace tiempo ya no se cuestiona por afectación general y que aquí por la cuantía ni siquiera surgiría-, dimos respuesta solo a la cuestión que concierne al importe de dos conceptos retributivos -sueldo y complemento de grado de formación-, advirtiendo estrictamente nos ceñíamos a un planteamiento " que ni en la instancia ni en suplicación se discute la vigencia de la norma presupuestaria o sus acuerdos de aplicación -tampoco la vigencia de las medidas de reducción salarial por remisión al Real Decreto-ley 8/2010 o la eventual persistencia de las circunstancias que lo motivaron-, sino exclusivamente que la reducción del importe de las pagas extraordinarias pueda válidamente acordarse en aquéllas al contravenir la preferencia que, merced a la interpretación de la norma que la parte pretende, tendría la regulación del Real Decreto 1146/2006 en detrimento de lo que se determine en la respectivas leyes de presupuestos" y que " eminentes razones de seguridad jurídica compelen a mantener una interpretación contraria a esta tesis, la interpretación del Alto Tribunal, en tanto la cuestión no puede ser afrontada o matizada en nuestro caso desde otro enfoque que el que la parte postula lastrado a la censura jurídica ofrecida".

Como decíamos entontes, el apartado c) del artículo 193 LRJS tiene por exclusivo objeto examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia según las concretas normas del ordenamiento jurídico o dicha jurisprudencia que se consideren infringidas y según sus razones, pues difícilmente puede el Tribunal acometer el análisis de una infracción legal o jurisprudencial que puede comprender distintas facetas si esta no se argumenta adecuadamente. La cuestión que ahora suscita la parte difiere parcialmente en objeto y fundamento, pues no solo concierne de nuevo expresamente a la minoración de cuantías, sino que el suplico del recurso -por remisión al de la demanda- también añade la consideración de la inclusión de otro concepto retributivo bajo el concepto de "mínimo garantizado".

Ahora bien, el objeto del recurso de suplicación recordemos que no es el objeto del litigio librado por las partes, sino la sentencia dictada. Por eso lo que hemos de considerar son las razones de su desestimación con arreglo a la censura jurídica denunciada. En otras palabras, en un recurso extraordinario como el que nos ocupa es evidente que la Sala no resuelve el pleito de instancia, sino la infracción o no por la sentencia recurrida de la censura jurídica denunciada.

En síntesis, para reclamar una retribución de las pagas extraordinarias con arreglo a los artículos 3.3 y 31 ET la argumentación del recurso pone al mismo nivel dos aspectos distintos como son conceptos retributivos y su correspondiente importe. De una parte, principalmente porque entiende la actora que la cantidad a percibir en las pagas extraordinarias ha de comprender la retribución derivada de la media del complemento de atención continuada y jornada complementaria, no solamente el sueldo y complemento de grado de formación. De otra, porque el importe mínimo de estos últimos no podría ser ya alterado por las disposiciones presupuestarias cuya vigencia expresa la sentencia recurrida. En ambos casos, la parte concluye ambos aspectos acorde a la interpretación más favorable al trabajador del artículo 7.2 RD 1146/2006 que defiende como una norma de derecho necesario relativo, en cuanto admite la mejora desde la perspectiva del trabajador, pero no su empeoramiento y, menos aún, por limitaciones presupuestarias.

La clave de toda la censura jurídica parte, a la postre por tanto, del artículo 7 RD 1146/2006 -del que es trasunto y al que se remite el clausulado del contrato- cuyo tenor literal recordaremos que dice:

« 1. La retribución de los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, comprenderá los siguientes conceptos:

a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario delos servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

b) Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir del segundo curso de formación. Estará destinado a retribuir el nivel de conocimientos así como la progresiva adquisición de responsabilidades en el ejercicio de las tareas asistenciales. Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. [...]

c) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar la atención a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.

d) Se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.

2. Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente, en los meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación».

La infracción se complementa, según hemos anticipado, porque en definitiva el recurso invoca sentencias de la Sala de lo Social de otro Tribunal Superior de Justicia para sostener una determinada interpretación que, favorable a su tesis, postula sea acogida en el presentes procedimiento. Sin embargo, conviene precisar que las sentencias de Tribunales Superiores de Justicia no pueden -como tampoco podrían nuestras propias sentencias más allá de cuanto nos vinculen por seguridad jurídica- servir plenamente a los efectos del motivo de censura jurídica porque, aun sin menoscabo del respeto y valor que la doctrina judicial de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia merece, obviamente no integran el concepto de jurisprudencia que ex artículo 1.6 del Código Civil exige aquél. Por otra parte y aunque poco podemos presumir más allá de la disparidad de causas y circunstancias que pueda subyacer entre los enjuiciados, ciertamente esta Sala tampoco puede compartir los argumentos en que el recurso se funda con arreglo a las mismas.

Hechas estas precisiones, un orden lógico del examen del recurso exige primero abordar los conceptos incluibles y, solo una vez determinados éstos, su eventual cuantía.

CUARTO: El primer aspecto de la reclamación -esto es, que dentro de la expresión "como mínimo" del apartado 2 del artículo 7 RD 1146/2006 se incluye la media del complemento de atención continuada que deriva de la realización de guardias- no puede merecer favorable acogida por varias razones.

Las retribuciones pactadas en el contrato para la formación celebrado al amparo del citado Real Decreto 1146/2006 lo fueron con arreglo mismo, pues los conceptos -salario base y complementos- que la sentencia refleja al hecho probado primero no son sino trasunto de los que su artículo 7.1 enumera y cuya clausulado contempla mediante una norma de cierre: " Las retribuciones previstas en esta cláusula se actualizarán de acuerdo con las previsiones contenidas en las leyes anuales de presupuestos y con lo que establezca el convenio colectivo que resulte de aplicación. En ningún caso la remuneración correspondiente a la jornada ordinaria podrá ser inferior a la establecida en los apartados 1 a) y b) y 2 de este artículo". Los hechos probados ofrecen el importe de las pagas extraordinarias devengadas en diciembre de 2.021 y junio de 2.022 -las dos únicas que aparecen reflejadas en la litis- (artículo segundo) y la media de las guardias (artículo tercero).

De entrada pues, a la principal pretensión de la demanda de entrada se opone la propia literalidad del artículo 7 del Real Decreto 1146/2006 con arreglo a la que no es posible atender una reclamación por otros conceptos cuando la retribución en este punto es acorde a la propia norma en la que el recurso pretende ampararse. Lo que a los efectos retributivos controvertidos se prevé que comprenda una paga extraordinaria como mínimo no incluye todos los complementos de ordinario devengados, particularmente no el complemento de atención continuada. En este punto traemos a colación la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.023 (rcud. 2196/2022) en la medida en que, incluso salvando las peculiaridades que la regulación en cada comunidad autónoma pueden determinar la respuestas judicial, establece doctrina de plena aplicación al supuesto que nos ocupa en los siguientes términos:

«TERCERO.- 1.- Los arts. 2.1.j ) y 31 del ET disponen:

"Art. 2.1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:

j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud."

"Art. 31. El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión delas fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones [...]".

2.- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece que el Gobierno regulará la relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación [art.20.3.f ) y disposición adicional primera].

3.- El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

a) Su art. 1.4 establece las fuentes de esta relación laboral especial:

"Art. 1.4. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral de carácter especial de residenciase regularán por este real decreto y, con carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley del Estatuto delos Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por la demás legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos y por la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al trabajador o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos."

b) Su art. 7 regula las retribuciones del personal sanitario en formación:

"Art. 7.1 La retribución de los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, comprenderá los siguientes conceptos:

a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario delos servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

b) Complemento de grado de formación [...]

c) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar la atención a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.

d) Se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.

2. Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente, en los meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación [...]".

4.- Los arts. 42.1.c ), 43.2.d ) y 48 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, acuerdan:

"Art. 42.1. Las retribuciones básicas son:

c) Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino."

"Art. 43. 2. Las retribuciones complementarias podrán ser:

d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada."

"Art. 48.1. 1. Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada [...] el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos desarrollará una jornada complementaria en la forma en que se establezca a través de la programación funcional del correspondiente centro.

La realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley venían realizando una cobertura de la atención continuada mediante la realización de guardias u otro sistema análogo [...]".

[...]

CUARTO.- 1.- La sentencia del TS 891/2016, de 25 de octubre (rec. 3/2016 ) explica que "[l]os residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, perciben su retribución de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos.

Su sueldo es equivalente al asignado, en concepto de sueldo base, al personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión."

2.- La sentencia del TS 257/2023, de 11 de abril (rec. 170/2021 ) rechaza que el personal sanitario residente que presta servicios para la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana tenga derecho a que se integre en la cuantía de las pagas extraordinarias el complemento de atención continuada que perciben por la realización de guardias. Esta Sala argumentó:

a) El art. 7.2 del Real Decreto 1146/2006 no establece que las pagas extras se correspondan con la íntegra retribución mensual ordinaria de estos trabajadores.

b) En el mismo sentido debe interpretarse el art. 31 del ET , de aplicación subsidiaria, que se remite a lo que disponga el convenio colectivo sobre su cuantía.

c) No hay una norma legal que imponga la equiparación de las horas extras con la retribución mensual ordinaria. El importe de las pagas extraordinarias queda en todo caso supeditado a lo que específicamente pueda establecer la Ley, singularmente cuando se trata de las retribuciones del personal al servicio del sectorpúblico sometidas a las previsiones presupuestarias al efecto.

d) La sentencia del TS de 26 de octubre de 2010, rcud. 2836/2009 , abordó las peculiaridades de este colectivo en lo que se refiere a la percepción de trienios, [...]

e) La sentencia del TS 891/2016, de 25 de octubre (rec. 3/2016 ) explica que, aunque el apartado 2 del art.7 del Real Decreto 646/2006 es un apartado autónomo del anterior, ello no significa que las pagas extras necesariamente deban regularse por ese real decreto y no por la Ley de Presupuestos. Las propias exigencias constitucionales de jerarquía normativa y el principio de sucesión conducen a que normas de rango bastante puedan alterar lo querido por otra precedente.

f) Las normas presupuestarias que regulan el importe de las pagas extraordinarias de los empleados públicos no incluyen necesariamente la totalidad de los complementos salariales percibidos ordinariamente como retribución mensual.

g) El art. 22.1.B) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año2021, evidencia que la cuantía de las pagas extraordinarias se rige por unos criterios específicos que no se ajustan exacta y necesariamente a los de las retribuciones mensuales ordinarias.

h) No se puede apreciar una diferencia sustancial entre el complemento de atención continuada de los residentes y del personal estatutario titular. El art. 5 del Real Decreto 1146/2006 califica la realización de guardias como "jornada complementaria" en los mismos términos que lo hace el art. 48 de la Ley 55/2003 , para el personal estatutario. Para los residentes es obligada la realización de guardias conforme a lo que establezca el programa formativo, pero esa circunstancia no altera esa naturaleza jurídica en orden a su calificación como jornada complementaria retribuida mediante el abono de dicho complemento. [...]».

Aquí, igual que allí, el personal sanitario en formación es una relación laboral especial que se rige por el Real Decreto 1146/2006, siendo de aplicación supletoria el Estatuto de los Trabajadores según el mismo artículo 1.4 RD 1146/2006 invocado por la recurrente. El artículo 7.1 RD 1146/2006 se remite a las leyes de presupuestos y regula en apartados distintos el sueldo, el complemento de grado de formación, el complemento de atención continuada y el plus de residencia.

El artículo 7.2 RD 1146/2006 lo que añade es que el importe de cada paga extraordinaria " será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación". Y según se interpreta por la citada sentencia del Tribunal Supremo, " se trata de una norma de derecho necesario relativo, es decir, que admite la mejora desde la perspectiva del trabajador, pero no su empeoramiento. Dicha mejora se articula a través de la autonomía colectiva o individual. La mención contenida en el art. 7.2 del Real Decreto 1146/2006 al "sueldo" debe ponerse en relación con elart. 7.1 de la misma norma, que establece que la cuantía del sueldo es equivalente al sueldo base asignado al personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión. En consecuencia, la regulación de esta relación laboral especial establece como derecho necesario relativo que la cuantía de cada paga extraordinaria será de una mensualidad de los apartados a ) y b) del art. 7.1 del Real Decreto 1146/2006 , que mencionan el sueldo y el complemento de grado de formación. En la presente litis, no consta que las leyes de presupuestos, ni la autonomía colectiva, ni la individual, hayan mejorado la cuantía de las pagas extraordinarias de estos trabajadores, por lo que los demandantes tienen derecho a que las pagas extras incluyan el sueldo y el complemento de grado de formación. Pero no incluyen el complemento de atención continuada, por así disponerlo el Real Decreto 1146/2006".

Consecuentemente, el artículo. 7.2 RD 1146/2006 garantiza una cuantía mínima " pero no impone la obligada inclusión del complemento de atención continuada". Atendiendo a ello, el motivo de recurso debe en este sentido ser desestimado.

QUINTO: El segundo aspecto de la reclamación -esto es, que la previsión del apartado 2 del artículo 7 RD 1146/2006 impide la minoración de la cuantía del sueldo y complemento de grado en las pagas extraordinarias- tampoco puede merecer favorable acogida.

La cuantificación del sueldo y complemento de grado de formación, de nuevo, exige partir de que el personal sanitario en formación en nuestro ámbito es una relación laboral especial que se rige por el Real Decreto 1146/2006. Aunque sea de aplicación supletoria el Estatuto de los Trabajadores, la literalidad del artículo 7.1 RD 1146/2006 no deja lugar a dudas en cuanto a que se remite a las leyes de presupuestos. Al respecto basta recordar sucintamente cuanto ya hemos dicho en anteriores ocasiones con arreglo a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2.016 (rco. 3/2016). La pretensión allí frente al mismo Servicio Público de Salud demandado era similar, si bien deducida a través del conflicto colectivo para plantear el derecho de los trabajadores en formación -comprensivo de la plantilla de trabajadores en formación (médicos, DUE, psicólogos, físicos, químicos, biólogos, etc) que en todas las áreas sanitarias tiene dicho Servicio contratados- a percibir las dos pagas extraordinarias que se devengan al año en los meses de junio y diciembre en cuantía, como mínimo, del sueldo y del complemento de grado de formación, también entonces afectada por la reducción derivada de las medidas adoptadas en el año 2.010 para reducir el déficit público recogida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y llevada a efecto en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico de 15 de abril de 2.015.

Desestimada la pretensión de instancia por sentencia de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 25 de septiembre de 2.015 (Cco. 19/2015), desestima asimismo el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto con una argumentación en torno a la retribución del personal sanitario en formación y a la reducción de las pagas extraordinarias en la que se contienen las razones de una interpretación del artículo 7.2 RD 1146/2006 que ha llegado hasta nuestros días: los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, perciben su retribución de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos. Y es que de la vigencia de dicha interpretación jurisprudencial no dudan las más recientes sentencias del Alto Tribunal, no solo la ut supra transcrita de 9 de mayo de 2.023 (rcud. 2196/2022 ), sino también la de 11 de abril de 2.023 (rco. 170/2021) a que aquella se remite y destacando que aquella primera sentencia añadía una consideración singularmente relevante al especificar respecto al contenido de aquel art. 7.2 RD 646/2006 que " Al ser un apartado autónomo del anterior puede pensarse que las pagas extras no se perciben en función de lo querido por la Ley de Presupuestos, sino que necesariamente ha de estarse a lo previsto en el Real Decreto. Interesa desechar de inmediato esta última idea. Las propias exigencias constitucionales de jerarquía normativa y el principio de sucesión conducen a que normas de rango bastante puedan alterar lo querido por otra precedente".

Sentado cuanto antecede, la última de las sentencias del Tribunal Supremo citadas -si bien dictada en conflicto colectivo también acerca de la inclusión en la cuantía de las pagas extraordinarias del complemento de atención continuada por la realización de guardias- pone en la pista de las premisas a considerar en cada caso por más que sea forzoso reparar en que " la retribución de los residentes que prestan servicio en las entidades dependientes del Sistema Nacional de Salud se rigen por lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, mientras que para los residentes contratados por entidades privadas se remite a lo previsto en el convenio colectivo que resulte aplicable, con la especial trascendencia que esto hade detener en materia de cuantía de las pagas extraordinarias por estar sometida a la regulación convencional que pudiere existir al efecto".

Según la referida sentencia de 11 de abril de 2.023 (rco. 170/2021) podemos resumir dichas premisas en que « [...] los residentes tienen derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año, pero no así que la cuantía de las mismas haya de incluir todos los complementos retributivos que ordinariamente perciban en cada mensualidad.

Bien al contrario, lo que establece el precitado art. 7.2, es que el importe de tales pagas debe incluir necesariamente una mensualidad de sueldo y el complemento de grado de formación, pero en ningún caso impone que haya de corresponderse con la íntegra retribución mensual ordinaria de los trabajadores.

Lo que el precepto garantiza es una cuantía mínima de tales pagas, pero de ninguna forma las equipara a la de una mensualidad ordinaria.

Y en esa misma dirección se mueve el art. 31 ET , cuya subsidiaria aplicación no permite alcanzar un resultado distinto, en tanto que se remite a lo que disponga el convenio colectivo sobre su cuantía.

Como bien dice la sentencia recurrida y contra lo que sostiene apriorísticamente el recurso, no hay una norma legal que necesariamente imponga la equiparación del importe de las pagas extraordinarias con la retribución mensual ordinaria del trabajador.

[...] En lo que es la clara expresión de la inexistencia de una norma legal de derecho necesario que imponga la equiparación de las pagas extraordinarias con la cuantía del salario mensual ordinario percibido por el trabajador, debiendo prevalecer lo que al respecto pueda establecer el convenio colectivo.

A lo que podemos añadir que, con mayor razón, el importe de las pagas extraordinarias quedará en todo caso supeditado a lo que específicamente pueda establecer la Ley, singularmente, cuando se trata de las retribuciones del personal al servicio del sector público sometidas a las previsiones presupuestarias al efecto, como ya hemos visto que establece el art. 7.1 RD 1146/2006 para los trabajadores a los que afecta este litigio.

[...] la STS 891/2016, de 25 de octubre (rec. 3/2016 ), [...] añade una consideración singularmente relevante a los efectos del presente litigio, al especificar respecto al contenido de aquel art. 7.2 RD 646/2006 : "Al ser un apartado autónomo del anterior puede pensarse que las pagas extras no se perciben en función de lo querido por la Ley de Presupuestos, sino que necesariamente ha de estarse a lo previsto en el Real Decreto.

Interesa desechar de inmediato esta última idea. Las propias exigencias constitucionales de jerarquía normativa y el principio de sucesión conducen a que normas de rango bastante puedan alterar lo querido por otra precedente"».

Conviene reparar en que para el Alto Tribunal esta consideración « de inmediato nos remite a las normas presupuestarias que regulan el importe de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, para constatar que la cuantía de las mismas no incluye necesariamente la totalidad de los complementos salariales percibidos ordinariamente como retribución mensual.

Baste citar al efecto el art. 22. 1 letra B) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, vigente a los efectos de este litigio y referido a las retribuciones de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP -que se reitera en términos similares en las sucesivas leyes presupuestarias-, para constatar que la cuantía de las pagas extraordinarias se rige por unos criterios específicos que no se ajustan exacta y necesariamente a los de las retribuciones mensuales ordinarias, quebrando de esta forma el silogismo en el que se sustenta el recurso para sostener que deben incluirse todos los conceptos retributivos de percepción mensual.

En lo que es buena prueba de ello la previsión contenidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, anteriormente transcrita, que en su art. 43.2 letra c ) tampoco integra dentro de las pagas extraordinarias la retribución correspondiente al complemento de atención continuada, lo que, como bien señala la sentencia recurrida, daría lugar a la paradoja de que se aplicar aun mejor trato a los residentes que al personal estatutario titular. [...]».

En este punto resulta forzoso entonces reparar en la relevancia a estos efectos de las citadas leyes de presupuestos precisamente porque el recurso pasa por alto un nada irrelevante aspecto en que la sentencia recurrida repara y en cuya pista nos pone particularmente la referida sentencia del Tribunal Supremo: las limitaciones retributivas para el personal al servicio de la Administración que arrojan las sucesivas leyes presupuestarias. Hasta el Real Decreto Ley 8/2010, la ley de presupuestos del ejercicio inmediatamente anterior no preveía limitación alguna a la cuantía de las pagas extraordinarias a percibir en los meses de junio y diciembre por el personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario ( artículo 24.1.a) Ley 26/2009, de 23 de diciembre, en su redacción original). A partir de entontes paso a regularse por remisión a determinadas cuantías minoradas. Ello es expresivo de su influencia en las retribuciones a considerar, al igual que de su vigencia -que la sentencia recurrida afirma y el recurso a la postre no discute- son igualmente expresivos los mismos artículos de las leyes de presupuestos para los años 2.021 y 2.022 que conciernen a las pagas extraordinarias del hecho probado segundo.

Reiteramos que las citadas sentencias del Tribunal Supremo advierten de la propia peculiaridad de las previsiones contenidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuyo artículo 42.2 contempla que las cuantías del sueldo y los trienios a que se refiere el apartado anterior por las que integran las pagas extraordinarias se determinarán, cada año, en las correspondientes Leyes de Presupuestos y coincidirán igualmente con las establecidas cada año en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos. Se añade " al efecto el art. 22.1 letra B) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, vigente a los efectos de este litigio y referido a las retribuciones de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP -que se reitera en términos similares en las sucesivas leyes presupuestarias-, para constatar que la cuantía de las pagas extraordinarias se rige por unos criterios específicos que no se ajustan exacta y necesariamente a los de las retribuciones mensuales ordinarias".

Ciertamente el artículo 22 y el artículo 23 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, y la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, respectivamente, refieren en análogos términos cada una de las pagas extraordinarias a las cuantías concretamente fijadas en los artículos 18.Cinco.2 y 19.Cinco.2 de cada una, donde es palmario que la cuantía del sueldo a efectos de las pagas extraordinarias está minorada en los importes que recoge. Nuestras leyes de presupuestos autonómicas son trasunto de las mismas previsiones ( artículo 20.b) de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, y artículo 21.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre). Y son cuantías de las que los respectivos Acuerdos del Consejo de Gobierno por los que se fijan las de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias -como el de 2.022 que la impugnación reivindica- no se apartan. En cualquier caso, adicionalmente interesa destacar también como forzosa consecuencia que ello desmerece la relevancia que la DT 30ª de la ley de presupuestos para el año 2.023 que invoca el recurso y ya estaba presente en las precedentes - DT 36ª en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, y DT 33ª en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre- habilita a un restablecimiento de las retribuciones minoradas que no solo es facultativo, sino para las cuantías no previstas en normas básicas del Estado.

Con arreglo a todo ello hemos de concluir que cuanto discute el recurso soslaya que la concreta cuantía de los concretos conceptos retributivos es abonada según normas presupuestarias a las que los acuerdos retributivos autonómicos - que contemplan idéntica minoración en las pagas extraordinarias de la cuantía del sueldo base y complemento del grado de formación devengados- simplemente se atienen. Por más que el recurso reivindique un espacio a la negociación colectiva, no consta mejora convencionalmente acordada y la vigencia de las limitaciones que mantienen las leyes presupuestarias determina, en los términos a que remite el propio artículo 7 RD 1146/2006, su importe mínimo. Por ello, el motivo no alcanza a desautorizar la desestimación desde esta perspectiva y debe ser desestimado.

Cuanto antecede conlleva la desestimación del recurso, debiendo confirmar de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,