Sentencia Social 161/2025 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 1, Rec. 8/2024 de 06 de julio del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe explicitar el razonamiento probatorio, partiendo de que los hechos probados, o bien tienen la naturaleza de hechos admitidos o conformes, al ser alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez, ( artículos 87.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , o bien resultan del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica, habiéndose acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio oral, exclusivamente documental.

En el presente caso, los hechos declarados probados lo son en virtud de la apreciación conjunta de la prueba documental obrante en autos, interrogatorio practicado en la vista del juicio, y de las alegaciones de las partes comparecientes.

La referencia concreta a los medios de prueba tenidos en cuenta a los efectos de lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se contiene entre paréntesis en cada uno de los hechos probados, para mayor claridad expositiva.

La parte actora interpone demanda en la que solicita que se declare que la resolución dictada en vía administrativa mediante la cual se impone el recargo de prestaciones a la empresa demandante no es ajustada a derecho, y en consecuencia solicita que se deje sin efecto.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General del Seguridad Social, así como la persona trabajadora accidentada, se oponen a la demanda sobre la base de los fundamentos propios de la resolución administrativa impugnada, interesando la desestimación.

SEGUNDO.- 1.Con carácter general y en cuanto al recargo de prestaciones de la Seguridad Social, establece el artículo 164.1 de la Ley General de la Seguridad Social que "todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentaran según la gravedad de la falta de un 30 al 50%, cuando la lesión se produzca por maquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Son, por tanto, tres los requisitos precisos para que proceda la responsabilidad empresarial: que un trabajador sufra lesiones en un accidente de trabajo o enfermedad profesional, (presupuesto de hecho); que el empresario haya incumplido alguna norma de seguridad, (presupuesto virtual o jurídico); y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el accidente de trabajo, al haber sido ese incumplimiento elemento decisivo en la producción de la lesión.

2.En cuanto al primero de los requisitos, el trabajador ha de sufrir un daño como consecuencia del accidente o la enfermedad profesional que genere su derecho a cualquier tipo de prestación económica o asistencial del sistema de la Seguridad Social, sobre las que ha de girar el recargo: si no existe prestación, obviamente no se produce recargo. En el presente caso ha quedado acreditado, por no resultar controvertido, tanto el hecho del accidente de trabajo sufrido por la persona trabajadora, aquí codemandada, como el reconocimiento al mismo de prestaciones derivadas del mismo.

3.El segundo de los requisitos consiste en el incumplimiento empresarial, el cual se manifiesta, en los propios términos de la norma citada:

1. Cuando la lesión se produce como consecuencia de la carencia de los dispositivos de precaución reglamentarios en las máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo, o cuando los tengan inutilizados o en malas condiciones.

2. O cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de prevención de riesgos en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo.

Conforme a la tesis interpretativa restrictiva de este requisito, se considera que no es suficiente la base de cualquier incumplimiento empresarial, pues, en último extremo, detrás de cada accidente siempre es posible detectar un fallo o fracaso en la adopción de la medida de seguridad que hubiera servido para prevenirlo, lo que supondría tener que admitir el recargo para todos los accidentes de trabajo, y tendría un claro efecto disuasorio respecto del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios si los mismos debieran responder en todo caso ante cualquier siniestro laboral, con independencia de que hubiesen observado o no las prescripciones legales o convencionales en la materia. Se afirma así que el recargo por falta de medidas de seguridad tiene un eminente carácter sancionador desde la perspectiva empresarial, por lo que ha de ser aplicado en forma restrictiva y con referencia exclusiva a aquellos supuestos en que se haya producido una infracción de normas generales o particulares exigibles en la actividad laboral, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible al normalmente prudente empleador, ( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2003).

Se concluye, conforme a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001, que la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995, propicia un "enjuiciamiento riguroso (...) de la vulneración de las normas de seguridad",como así resulta de lo dispuesto en sus artículos 14.2 , 15.4 y 17.1, sin que ello implique, no obstante, desnaturalizar, frente a la exigible responsabilidad civil del empresario, su eminente carácter "sancionador",de tal manera que la aplicación de aquella normativa "no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones",( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2002).

En esta misma línea se pronuncia la sentencia de dicho Tribunal de 18 de marzo de 2003 al exigir la "constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención";reiterándose, así, el criterio mantenido por la sentencia de 4 de marzo de 2003 al insistir conforme a consolidada jurisprudencia en que "el carácter punitivo que tiene el recargo"determina su restrictiva aplicación "previa demostración de que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, así tipificada, y que el resultado lesivo o dañoso esté ligado, en lógica relación de causalidad, con aquella";siendo, por ello, "necesario que exista una inequívoca predeterminación de la conducta omitida, o lo que es lo mismo, una tipificación previa positiva o negativa de las medidas, actos y situaciones que deban cumplirse, y la infracción de los cuales sea susceptible de ser sancionada",( Sentencias de 7 de julio de 1992 y 19 de febrero de 2003).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 1.714/2019, sentencia de fecha 2 de abril, después de transcribir los presupuestos necesarios para la apreciación del recargo de prestaciones derivado de accidente de trabajo indica "...Por otra parte, y sin llegar a aplicar la teoría de la imposición objetiva del recargo de prestaciones en base exclusivamente al daño sufrido por el trabajador, el recargo únicamente se puede dejar de imponer en los supuestos en que: 1) haya concurrido fuerza mayor extraña al trabajo, en el sentido de fuerza de la naturaleza sin ninguna relación con el trabajo, (...); 2) se trate de un caso fortuito no previsible y que si lo fuera, sería inevitable, (...); 3) La actuación dolosa o negligente de un tercero ajeno a la empresa o sin relación con la misma, (...); 4) Sea el propio trabajador accidentado quien actúa con temeridad o desprecio del instinto de conservación y clara conciencia y patente menosprecio del riesgo, corriéndose riesgos innecesarios impropios de una persona normal, siempre contrarios a las órdenes del empresario; aunque, no obstante, la concurrencia de culpa de la víctima no evita o sólo puede evitar la imposición del recargo de prestaciones cuando sea de tal entidad y magnitud que se sobreponga sobre todas las demás causas eventuales del accidente y las anule".

4.Ha resultado acreditado que la persona trabajadora había recibido la formación en materia de prevención de riesgos laborales precisa para el desempeño de su labor, así como los equipos de protección individual necesarios para ello, los cuales tenía a su disposición.

También ha quedado acreditado que no existe un protocolo específico para la realización de las tareas de entoldado y desentoldado en supuestos de fuertes rachas de viento.

No ha quedado acreditado las concretas funciones de D. Alberto en la mercantil codemandada, como tampoco su intervención en la causación del accidente, dado que lo declarado en el acto de la vista por D. Casiano no consta ni en su declaración ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ni en su declaración prestada como testigo perjudicado en sede de instrucción, declaración que fue reproducida en el acto de la vista.

No puede considerarse que D. Casiano estuviese efectuando trabajos de altura en el momento de ocurrencia del siniestro, según él mismo declaró ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y en sede judicial durante la instrucción de las correspondientes Diligencias Previas, puesto que ha quedado acreditado que únicamente se subió al primer escalón de la escala fija, la cual tiene una altura total de 1,80 metros, por lo que, necesariamente, la persona trabajadora debía estar a una altura inferior. Por tanto, no tenía carácter obligatorio la utilización de casco y arnés de seguridad, fundamento de la propuesta de recargo efectuada por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

5.No constando infringida ninguna norma de seguridad o de prevención de riesgos de imperativa observancia por parte de la mercantil sancionada, procede estimar la demanda, revocando las Resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fechas 5 de septiembre y 17 de noviembre de 2023.

TERCERO.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 97.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición.

En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.