Sentencia Social Nº 43/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5159/2013 de 08 de Enero de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

EL

IL·LM. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

Barcelona, 8 de gener de 2014

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 43/2014

En el recurs de suplicació interposat per Juan Antonio a la sentència del Jutjat Social 3 Girona (UPSD social 3) de data 12 d'abril de 2013 , dictada en el procediment núm. 912/2010, en el qual s'ha recorregut contra la part Catalana de Occidente, SA i Aconda Paper S.A., ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer.En data 1 d'octubre de 2010, va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre reclamació quantitat, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 12 d'abril de 2013 , que contenia la decisió següent:

'Que, desestimando la demanda interpuesta por D/Dª. Esther contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NOSI MAR SL y UNION DE MUTUAS UNIMAT, absuelvo a las demandadas de las pretensiones en su contra ejercitadas. '

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

'PRIMERO.- El trabajador demandante Don Juan Antonio , con DNI NUM000 , nacido el día NUM001 -1979, prestaba sus servicios para la empresa codemandada ACONDA PAPER, S.A. con la categoría profesional de conductor máquina cortadora. (Incontrovertido).

SEGUNDO.- El día 9 de septiembre de 2008, el trabajador demandante sufrió un accidente calificado como de trabajo, realizando las funciones que le habían sido encomendadas se encontraba operando con una máquina compuesta por 4 bobinas, dos situadas arriba y dos abajo. Al realizar el circuito de descarga de la máquina del actor el actor procedió a abrir el desbobinador de una de las bobinas inferiores le cayó encima una bobina de 600 kgs provocándole lesiones de gravedad. (Incontrovertido)

TERCERO.- El accidente se produjo cuando el trabajador se disponía a realizar las operaciones de descarga de las bobinas y una de ellas, ubicada en la parte superior del módulo de descarga había resultado defectuosa y conservaba aproximadamente la mitad del papel, con un peso no inferior a 400 kgs. Concretamente, el trabajador abrió los soportes de los desbobinadores inferiores e hizo lo mismo con los superiores, que no estaban bloqueados por el sistema de retardo. Al hacerlo, la bobina defectuosa quedó en un equilibrio muy precario, cayendo sobre el trabajador que en ese momento había accedido a una zona peligrosa para retirar los mandriles de los desbobinadores. (Hecho segundo de la demanda, Acta de infracción de la inspección de trabajo de los folios 70 a 78, informe pericial de los folios 461 a 470).

CUARTO.- En la evaluación de riesgos de la empresa figura el riesgo materializado en el accidente en el plan de prevención de riesgos de la empresa Aconda Paper, S.A. del folio 244. En el que figura la formación de 1,5 horas sobre manipulación de cargas con puente-grúa y de 1 hora de formación en manipulación manual de cargas. (Plan de prevención de riesgos de los folios 293 a 328, Certificación de la formación del trabajador de los folios 299 a 300 y 323 a 332).

QUINTO.- El Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Jaime recoge en su informe que el accidente se produjo por una manipulación inadecuada e incorrecta del cuadro que permite accionar el mecanismo, inutilizando el mecanismo de retardo, saltándose todas las medidas de seguridad y prevención que la máquina siniestrada tiene al respecto, además de una ejecución del trabajo por parte del trabajador, Sr. Juan Antonio , al situarse dentro de una zona no permitida por seguridad, concretamente, debajo de la zona de alcance de una bobina de papel que no estaba asegurada previamente. (Folios 461 a 470)

SEXTO.- Como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por el actor la Inspección de Trabajo levantó a la empresa codemandada acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales (actas de la Inspección, folios 70 a 78).

La Direcció de Serveis Territorials de Treball i Industria dictó resolución en 29 de julio de 2005 por la que se impone a la empresa codemandada una sanción de 8.196,00 euros por infracción en materia de prevención de riesgos laborales (resolución obrante a los folios 70 a 78).

SÉPTIMO.- La empresa codemandada concertó en su día con CATALANA OCCIDENTE, S.A. una póliza de responsabilidad civil, la número 8-8.548.511-Z, prorrogable de año en año, vigente en el momento del accidente del demandante, por importe de 200.000.000 pesetas (1.200.000 euros) por siniestro y 150.000 Euros por víctima. (Póliza obrante a los folios 111 a 124 y alegaciones de dicha compañía aseguradora en contestación a la demanda)

OCTAVO.- El actor a consecuencia del accidente sufrió lesiones consistentes en 'fractura metafisoepifisaria de tibia derecha y fractura de cóndilo femoral interno derecho, intervenidas quirúrgicamente. Trastorno adaptativo'. (hecho sexto de la demanda, extremos no controvertidos, resolución de la dirección provincial de la Seguridad Social, folios 138 y 139, informe del médico forense, folios 47 a 49)

El actor inició proceso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el día 9 de septiembre de 2008, siendo declarado afecto de Lesiones permanentes no invalidadantes por resolución de 8 de octubre de 2009 y declarándose que no se ha producido modificación de dicha declaración por resolución de 16 de junio de 2011. (Folios 138 a 139)

NOVENO.- El actor a consecuencia del accidente de trabajo sufrido presenta las siguientes secuelas: limitación de la movilidad en el tobillo derecho, trastorno depresivo reactivo, material de osteosíntesis en el fémur y tibia derecha, cicatrices en región mentoniana, tobillo derecho, pierna derecha y discreta atrofia muscular en el muslo derecho más perjuicio estético moderado (Informe Médico Forense de los folios 233 y 234). El informe del Dr. Luis María recoge como secuelas: Artrosis postraumática, limitaciones funcionales y dolor, material de osteosíntesis en fémur y tibia, trastorno depresivo reactivo y perjuicio estético moderado. (Folios 171 a 209)

DÉCIMO.- Aconda Paper, S.A. se encuentra en situación de concurso de acreedores. (Incontrovertido)

UNDÉCIMO.- En fecha 3 de mayo de 2010 se interpuso demanda de conciliación extrajudicial, celebrándose el intento en fecha 20 de mayo de 2010, sin avenencia, respecto de Catalana Occidente e intentada sin efecto, respecto de Aconda Paper. (Folio 7).'

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i el va impugnar Catalana Occidente S.A. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.-Per la via de l'apartat b) de l' art. 193 LRJS postula en els motius inicials de suplicació la part actora la modificació del relat fàctic de la sentència. En concret, se'ns demanen les següents modificacions:

-Del fet provat tercer, en relació als documents dels folis 89 a 97, 284 a 298 i 57 a 85, amb la següent proposta de redacció alternativa: 'El accidente se produjo cuando el trabajador se disponía a realizar las operaciones de descargas de las bobinas y una de ellas, ubicada en la parte superior del módulo de descarga había resultado defectuosa y conservaba aproximadamente la mitad del papel, con un peso no ínferíor a 400 Kgs. Cuando sobrevino el siniestro, el equipo de trabajo carecía de dispositivos adecuados para impedir el acceso a las zonas peligrosas y neutralizar o minimizar el riesgo de caída de objetos, ya que el temporizador había sido inutilizado para cumplir su cometido. El trabajador procedió a abrir los 2 desbobinadores (inferior y superior) de forma prácticamente simultánea (al no funcionar el retardo), del examen de las circunstancias concurrentes resulta que el sistema de alimentación de la máquina cortadora de papel carecía de protecciones adecuadas para eliminar o reducir y controlar los riesgos que ocasionaron los hechos. La investigación del siniestro realizada por la empresa corrobora lo anterior, al afirmar que la causa del accidente es la desactivación 'de una parte de los mecanismos de seguridad asociados a la apertura de los desbobinadores'. En el decir del informe 'se detectó durante la investigación una manipulación grave de los mecanismos de seguridad existentes que consistió en la rotura del cierre de los cuadros de mando para acceder a los mecanismos internos y la desconexión del sistema de temporizacíón de apertura del desbobinado superior'

-Del fet provat vuitè, en relació als documents dels folis 47 a 49 i 171 a 209, amb la següent proposta de redacció alternativa:

'El actor inició proceso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el día 9 de setiembre de 2008 acreditando 299 días impeditivos y 66 días hospitalarios.

El actor tiene declarada situación de incapacidad permanente Total (Informe médico forense, folio 47), que además le ocasionó un lucro cesante'

-Del fet provat novè, en relació als documents dels folis 168 a 208, amb la següent proposta de redacció:

'De acuerdo con el baremo de la Ley 34/2003 se establecen las siguientes secuelas

- Artrosis postraumática, limitaciones funcionales y dolor 10

- Material de osteosíntesis femur 4

- Material de osteosíntesis tibia 6

- Artrosis postraumática sin antecedentes con dolor 6

-Trastorno depresivo reactivo 7

- Perjuicio estético moderado 12'

Començant la nostra anàlisi pel canvi proposats respecte el fet provat vuitè caldrà indicar que lògicament, en el supòsit que la Sala apreciés la concurrència de culpabilitat empresarial i atesos els termes de la demanda, la concreció de la durada de la incapacitat temporal, els dies impeditius i els d'hospitalització seria un element transcendent a efectes de quantificació de la indemnització, per bé que lògicament no podem acceptar un redactat predeterminant de la part dispositiva com és l'existència de lucre cessant i sense que podem acceptar d'una incapacitat permanent total, atès que a la resolució administrativa al a què es fa esment en el redactat de la sentència consta la declaració de lesions permanents no invalidants i sense que per obvis motius el document en el què es basa el dit canvi -el del foli 47- sigui apreciable en la quantificació de la indemnització, atès que es tracta merament de l'opinió del metge forense en les actuacions penals seguides al respecte. I pel que fa al fet provat novè haurem d'insistir en la reflexió ja feta en relació a que la concreció de la puntuació del barem seria rellevant en quant la concreció de la indemnització, però això determina lògicament que prèviament fem l'anàlisi corresponent a la responsabilitat de l'empresa. Per tant escau estar a les reflexions en aquest punt.

Doncs bé, allò que en la determinació del judici de culpabilitat és del tot rellevant és el canvis que se'ns proposa en quant l'ordinal tercer. La modificació que pretén l'actor no s'aparta substancialment del contingut dels diferents informes, això és: el de la Generalitat de Catalunya, el de la Inspecció de Treball i el de l'empresa (més enllà de l'accés a la zona vetada, que consta en tots els informes que es citen i que el recorrent nega formalment). En tots ells es constata l'existència de dos elements determinants: d'una banda, que l'actor estava situat en una àrea de risc degudament senyalitzada; d'altra, que el temporitzador havia estat inutilitzat. Des d'aquest punt de vista, més enllà de lleugeres diferències, és clar que el redactat de la sentència i el que se'ns proposa no són substancialment diferents, d'aquí que el dit canvi hagi de ser desestimat.

Volem destacar ja des d'ara, no obstant, que l'incompliment per part del treballadors dels protocols de seguretat no comportaria per si mateix la falta de culpabilitat per part de l'empresa en les dites circumstàncies, sinó, en el seu cas, únicament, la compensació de culpes, amb la corresponent minoració de la indemnització postulada. Ara bé, ocorre que en el present cas el jutjador del primer grau arriba a la conclusió en el fonament jurídic tercer que la manipulació del temporització és imputable a l'actor en base a dos elements fàctics: d'una banda, que el senyor Juan Antonio era l'única persona que es trobava en lloc dels fets; d'altra, que l'esmentat instrument de seguretat era revisat periòdicament. Ens trobem, per tant, davant una presumpció judicial, la qual cosa té una importància cabdal en les presents actuacions, com veurem posteriorment.

SEGON.-1. Per la via de l'apartat c) de l' art. 193 LRJS denuncia el demandant la infracció d'allò previst als articles 19, 14 , 15 i 42.1 LPRL, l'Annex I apartat 1.4 del RD 1215/1997 i l'apartat 1.2 de l'Annex II del mateix reglament. I, alhora, en un submotiu integrat en el segon, es denuncia l' article 96.2 LRJS , en relació a les regles de la càrrega que allà es contemplen. És obvi que ens trobem davant dos arguments vinculats, d'aquí la seva anàlisi conjunta.

2. Conforme constant i pacífica doctrina per a que concorri la indemnització addicional per culpa contractual és del tot precís que apareguin els següents elements conformadors: a) un subjectiu, entès com un incompliment empresarial d'alguna mesura de seguretat, general o especial, de tal manera que el dit incompliment ha d'estar suficientment acreditat, sense que es puguin adduir simples incompliments genèrics; b) un segon, objectiu, doncs ha d'existir culpa o negligència en l'incompliment o omissió, de tal manera que s'ha d'atendre criteris de normalitat i raonabilitat, pel que no tot tipus d'incompliment o accident dóna lloc al rescabalament aquí analitzat, per bé que sí és exigible al causant una actuació ajustada a la diligència necessària, ateses les circumstàncies del cas concret de les persones, el lloc i el temps ( STS 07.12.1987 ): i c) finalment, és precís que existeixi un nexe de causalitat entre la infracció i el dany (per tant, la conclusió de que si aquella primera no s'hagués produït, tampoc aquest darrer), el què també ha de ser provat, sense que es puguin establir presumpcions de part, de tal manera que la dia infracció es constitueix com condició necessària i adequada per produir l'efecte ( STS 30.09.1997 ). D'aquesta manera, el nexe de causalitat ha estat interpretat per la jurisprudència civilista ( SSTS 1ª 31.07.1999 , 02.03.2000 , 30.06.2000 , etc) en els següents i concrets termes: 'para observar la responsabilidad del agente es preciso que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de su voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquélla propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso; una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es necesaria la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo'

3. Allò que esdevé clau en els de responsabilitat civil derivada d'accidents de treball, la qual cosa justifica la importància de la vesant objectiva de la dita responsabilitat, és la noció de risc il lícit. El propi treball comporta una evident realitat de risc per a la integritat física i psíquica de les persones. I aquest risc serà il lícit quan la seva actualització tingui com causa un incompliment o omissió empresarial de qualsevol mesura preventiva de l'empresari, en l'exercici de l'activitat que al respecte li atorga la llei, actuant com a un 'prudent ocupador'( STS 26.03.1999 ). O, per utilitzar els termes de la doctrina comunitària a la STJCEE de 14 de juny de 2007 , assumpte Convenio Colectivo de Empresa de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A./2005, allò que és exigible a l'empresari és una garantia de seguretat i prevenció 'raonablement viable'.Pel contrari, el risc serà lícit quan es correspongui amb allò que pot ser caracteritzat com a 'inevitable', entès com aquells supòsits en els què la seva prevenció sigui impossible, en l'estat actual de la ciència i de la tècnica. No obstant, aquesta darrera afirmació ha de ser matisada en aquells casos en els què la pròpia activitat -per sí mateixa- sigui perillosa ( STS UD 07.02.2003 ), doncs aquí és exigible en especial zel empresarial en l'adopció de les oportunes mesures preventives.

I, en aquest sentit, volem recordar que la doctrina unificada ve considerant ( STS UD 07.02.2003 ) que:

'Sobre los términos en que se plantea la cuestión dadas las distintas posturas de las sentencias de comparación, conviene analizar la doctrina unificada de esta Sala, partiendo de la sentencia de 30 de septiembre de 1997 (recurso 22/97 ), que ante la tesis de 'una responsabilidad cuasiobjetiva por los daños causados, al ser estos previsibles y producidos por una actividad con riesgo de originarlos y en beneficio del empresario, causante de esta situación', señala que 'Esta responsabilidad cuasiobjetiva se construye, acentuando el caracter complementario y subsidiario de la responsabilidad de los artículos 1902 a 1910 del Código Civil de la responsabilidad contractual y la posibilidad de la concurrencia de ambas en yustaposición, acercando el regimen de la responsabilidad aquiliana a la responsabilidad por riesgo con la aminoración del elemento estrictamente moral y subjetivo de la culpa en sentido clásico, con valoración predominante de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico, y consiguiente imputación de los daños causados a quien obtiene el beneficio por estos medios creadores de riesgo. A esta construcción jurídica se le añade la inversión en la carga de la prueba y se alcanza prácticamente una responsabilidad objetiva. Este enfoque de la cuestión tiene pleno sentido cuando, desde la creación de riesgos por actividades ventajosas para quienes las empleen, se contemplan daños a terceros ajenos al entramado social que se beneficia de este progreso y desarrollo, es decir cuando los riesgos sociales son valorados frente a personas consideradas predominantemente de modo individual, como sucede en el derecho civil, pero la cuestión cambia radicalmente de aspecto cuando el avance tecnológico alcanza socialmente tanto al que emplea y se beneficia en primer lugar de las actividades de riesgo -empresarios- como a quien los sufre, trabajadores, el puesto de trabajo es un bien nada desdeñable, en este caso la solución es la creación de una responsabilidad estrictamente subjetiva, que garantizando los daños sufridos por estas actividades peligrosas, previene al tiempo los riesgos económicos de quienes al buscar su propia ganancia crean un bien social, como son los puestos de trabajo. Este justo equilibrio, es el que desde antiguo se ha venido consiguiendo, con la legislación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y con toda la normativa a ella aneja, adecuada no solo al conjunto social de empresas y trabajadores, sino que permite mediante las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, acomodar en cada empresa las ganancias del empresario con la indemnización de los daños sufridos por los trabajadores en accidentes laborales y enfermedades profesionales . ..Las consideraciones hechas en el fundamento precedente evidencian que en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que gozan de una protección de responsabilidad objetiva, venir a duplicar esta por la vía de la responsabilidad por culpa contractual o aquiliana, que nunca podrá ser universal como la prevenida en la legislación social ni equitativa entre los distintos damnificados, como la legislada, más que ser una mejora social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad.Por ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas e instauradas, con más seguridad y equidad'.

Esta doctrina se reitera en sentencia de 2 de febrero 1998 (recurso 124/97 ) afirmando que 'en el ámbito de actuación empresarial que es objeto de examen (es decir, el del citado artículo 97.3), la responsabilidad del empresario (responsabilidad llamada civil y depurada en el marco de la Jurisdicción Social ), con fundamento en la cual pueda hacerse efectiva la indemnización postulada en la demanda, es la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional'.También se manifiestan en estos términos las sentencias de 18 de octubre de 1999 y 22 de enero de 2002 ( recursos 315/99 y 471/01 ), que aún cuando desestiman el recurso por falta de contradicción, parten de que la base de la responsabilidad descansa en la culpa o negligencia. Incluso añade la última de estas resoluciones, que en cualquier caso el recurso no podría tener acogida por falta de contenido casacional, pues la tesis que se mantiene es contraria a la doctrina unificada establecida por la sentencia de 30 de noviembre de 1997 y reiterada en la de 2 de febrero de 1999 .'

Cal destacar, en conseqüència, que, com més amunt s'apuntava, la responsabilitat que exigeix la jurisdicció social en supòsits com el present no és -a diferència dels tribunals civils- objectiva. I aquesta diferenciació té raó en el fet que en la relació laboral la responsabilitat objectiva ja ve establerta pel Sistema de Seguretat Social ( SSTS 30.09.1997 , 13.07.1999 , etc.). D'aquí que en la nostra disciplina es demani quelcom més que l'existència d'un any i un nexe amb una responsabilitat genèrica, essent exigible una conducta mínimament culposa.

4. Doncs bé, escau constatar com el jutjador del primer grau ha desestimat la demanda per considerar que no concorre culpa de cap tipus per part de l'ocupador, per inexistència d'incompliment de norma preventiva. En aquest sentit es destaca, en primer lloc, que l'àrea de perill estava degudament senyalitzada, la qual cosa comporta d'entrada que difícilment hom pugui considerar que existeix incompliment dels preceptes citats en el recurs del RD 1215/1997. Tanmateix, com s'ha dit, aquesta concurrència de culpa del demandant no determinaria en cap moment la desestimació de la demanda, sinó únicament la minorització de la indemnització per concurrència de culpes si existissin altres incompliments. Ara bé, allò que resulta aquí del tot essencial és la concreció de qui va manipular el temporitzador. Des d'aquest punt de vista caldrà referir com en altres àmbits jurisdiccionals s'ha declarat com no provat aquest fet. La qual cosa no limita -a diferència del cas contrari- que aquesta jurisdicció pugui entrar en aquesta qüestió. Doncs bé, com hem vist el jutjador del primer grau ha arribat a la conclusió que la dita manipulació és imputable al recorrent, en base als dos elements fàctics abans esmentats. Per tant caldrà reiterar que ens trobem davant una presumpció judicial.

I és obvi que l' article 96.2 LRJS no enerva aquesta conclusió. En efecte, allò que el precepte esmentat contempla en forma expressa és que en matèria de responsabilitats derivades d'accidents de treball i malalties professional correspondrà als deutors de seguretat -en aquest cas, l'empresari demandat- provar l'adopció de les mesures necessàries per tal de prevenir o evitar el risc, així com qualsevol altre factor excloent o minorador de la seva responsabilitat. Doncs bé, és del tot evident que la dita presumpció judicial redunda en aquesta acreditació per part de la demandada de la inexistència de responsabilitat.

Caldrà observar que les presumpcions judicials estan regulades en forma expressa en l' article 386 LEC . I així, en el seu apartat 1 el dit precepte contempla que ' A partir d'un fet admès o provat, el tribunal pot presumir la certesa, als efectes del procés, d'un altre fet, si entre el fet admès o demostrat i el presumpte hi ha un enllaç precís i directe segons les regles del criteri humà',per afegir tot seguit: 'La sentència en què s'apliqui el paràgraf anterior ha d'incloure el raonament en virtut del qual el tribunal ha establert la presumpció'(aspecte aquí concorrent, tal i com hem vist). I en el seu apartat segon refereix el precepte que 'Davant de la possible formulació d'una presumpció judicial, el litigant perjudicat sempre pot practicar la prova en contra a què es refereix l'apartat 2 de l'article anterior'(en relació a les presumpcions legals i la possibilitat de provar 'tant (...) la inexistència del fet presumpte com a demostrar que en el cas de què es tracti no hi ha l'enllaç que hi ha d'haver entre el fet que es presumeix i el fet provat o admès que fonamenta la presumpció'

Les presumpcions judicials ( praesumptio hominis) per tant, consisteixen en una tècnica (assimilable a un sil logisme) en virtut de la qual el jutge arriba a una determinada conclusió fàctica que no ha estat del tot acreditada. I ho fa a través d'una deducció, aplicant les regles del raonament humà, per simple vinculació amb altres fets que sí han estat provats. S'afirma així a la STS UD 30.06.2003 -rec. 2403/2002 -: 'las presunciones (...) permiten que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano'(en sentit similar, les SSTS 17.06.1986 , Id CENDOJ STS 4492/1986, 04.07.1988 , Id CENDOJ STS 5171/1988, 25.10.1989 , Id CENDOJ STS 5765/1989, 23.11.1989 , Id CENDOJ STS 6649/1989 , etc)

D'aquesta forma, conforme constant i abundant doctrina cassacional, com ara les SSTS 13.03.1986 (Id. CENDOJ STS 1260/1986), 17.06.1986 (Id. CENDOJ: STS 12596/1986), 27.11.1986 (Id CENDOJ: STS 6588/1986), 09.12.1986 (Id CENDOJ STS 6853/1986), 28.01.1987 (Id. CENDOJ STS 449/1987), 31.03.1987 (Id CENDOJ STS 2282/1987), 26.07.1988 (Id. CENDOJ ) 23.06.1989 (Id CENDOJ STS 3784/1989), 22.06.1991 -rec. 98/1991 -, 22.07.1991 -rec. 98/1991-26.04.1993 -rec- 1516/1991-, 16.04.2004 -rec. 1675/2003-, 23.12.2010 -rec. 4380/2009-, etc, en seu de suplicació les presumpcions judicials es poden atacar per dues vies: a) en primer lloc, destruint el substrat fàctic en relació als fets provats, per la via de l'apartat b) de l' article 193 LJRS, posant en evidència que ha existit un error en la valoració de la prova; o b) en segon lloc, denunciant la infracció de l ' art. 386 LEC per la via de l'apartat c) de l' art. 193 LRJS , posant en evidència que la conclusió del jutjador del primer grau no s'adequa a un raonament lògic i resulta aliè a les regles del criteri humà, resultant absurd, il lògic o inversemblant.

És conscient la Sala que la conclusió del jujtador del primer grau pot ser discutible. No obstant, caldrà insistir en el fet que ens trobem davant una presumpció judicial,

que ni ha estat destruïda per una modificació fàctica alternativa (com ara, que el temporitzador portava temps manipulat, o que no existiren controls periòdics o que el darrer s'havia realitzat fa temps o que l'empresa era coneixedora de l'avaria, etc) que destruís els paràmetres de fet sobre els què s'ha construït. I, en tot cas, és del tot evident que la conclusió final és raonable, en termes de pensament humà.

D'aquí que els dits motius hagin de ser desestimats i, amb ells, el recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Juan Antonio contra la sentència dictada pel jutjat del social número 3 dels de Girona en data 12 d'abril de 2013 , recaiguda en les actuacions 912/2010, en virtut de demanda deduïda per la dita part actora contra ACONDA PAPER, SA i CATALANA DE OCCIDENTE en reclamació de quantitat i, en conseqüència, hem de confirmar i confirmem íntegrament la dita resolució.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.