Sentencia Social 4708/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5412/2024 de 22 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda interpuesta por la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., dirigida contra INSS, TGSS y Balbino, y confirma la resolución del INSS de 30.3.2022, confirmatoria, a su vez, de la de 26.10.2021, en la que dicha entidad, a instancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), acuerda imponerle un recargo del 35% sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido por el señor Balbino el 27.8.2020 mientras prestaba servicios para la demandante con la categoría profesional de especialista.

En la demanda, la demandante solicita, por orden de subsidiariedad, la nulidad de pleno derecho de la resolución que impone el recargo, la anulabilidad de la misma, la revocación del recargo y la reducción de su porcentaje al 30%.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, el señor Balbino sufrió el accidente de trabajo al quedarle atrapado el pie izquierdo con la máquina transpaleta que estaba manejando. Todo ello, como consecuencia de un fallo en el pulsador de marcha atrás de la máquina, que provocó un desplazamiento incontrolado de la misma. También se sigue del relato fáctico que la transpaleta había sido arrendada a la demandante por la empresa ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP (en adelante, ULMA).

La sentencia de instancia, tras desestimar las peticiones de nulidad y anulabilidad, considera, al igual que la ITSS, que el accidente de trabajo se produjo porque la demandante no cumplió su obligación de prevenir los riesgos derivados de la utilización de la máquina por parte de los trabajadores. Todo ello, según la sentencia, "sin que el tipo de relación jurídica entre la empresa demandante y la mercantil ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP sea óbice para que en el presente procedimiento se determine la responsabilidad de la primera para con su trabajador como consecuencia del accidente objeto del presente procedimiento"(fundamento jurídico tercero). Por todo lo expuesto, la sentencia declara que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, al igual que el porcentaje fijado por el INSS, que considera adecuado a las circunstancias del caso.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y que el recargo se deje sin efecto. Subsidiariamente, solicita que su porcentaje se fije en el 30%. Articula el recurso con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por el señor Balbino, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, el motivo de revisión fáctica, en el que la recurrente solicita adicionar un pasaje al hecho probado tercero de la sentencia de instancia, de manera que el mismo pase a tener la siguiente redacción (destacamos en negrita, como la recurrente, el pasaje que propone añadir):

<En dicho contrato ULMA se compromete a llevar a cabo los servicios periódicos de mantenimiento especificados por el fabricante del material arrendado, entre los que se encuentra la limpieza del mecanismo que provocó el accidente ya que, expresamente, se recoge la tarea de "crear el suficiente espacio para que las partículas de aluminio no puedan clavar el acelerador". Se pacta un mantenimiento y revisión de todos los puntos importantes de las transpaletas en cada 600 horas de servicio. El historial de mantenimiento de la máquina accidentada es en los meses de 7/17, 12/17, 1/19, 7/19, 2/20, 7/20, siendo la última revisión un mes antes del accidente. Según la guía del fabricante, es aconsejable reemplazar cada 1000 horas los microinterruptores. El desmontaje, acceso y tareas de mantenimiento de los micorinterruptores está prevista a las 1.000h de utilización de la transpaleta, y es una actividad técnicamente compleja que no pertenece al grupo de comprobaciones diarias que realiza el personal de la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., según la tabla de comprobaciones y operaciones de la guía de mantenimiento del fabricante".>>

La recurrente fundamenta dicha adición en los documentos obrantes a los siguientes folios de los autos: 302 (página del contrato de arrendamiento en la que figuran las obligaciones del arrendador), 306 y reverso (gráfico de la máquina), 307 (historial de revisiones), 368 (página del "manual de empleo mantenimiento y repuestos"en la que se aconseja reemplazar, cada 1.000 horas, las piezas que indica), 369 (gráfico contenido en el citado manual) y 383 (tabla de comprobaciones contenida en el citado manual). La recurrente destaca los aspectos de cada folio que considera relevantes y señala que se trata de documentos no impugnados e incluso valorados parcialmente por la magistrada de instancia, razones por las que, en su opinión, no hay duda de su veracidad y valor probatorio.

En justificación de la adición, la recurrente, en síntesis, alega que la misma es relevante a efectos de revocar el recargo o reducir su porcentaje porque muestra que la causa del accidente quedaba fuera de su alcance y de cualquier control por su parte, teniendo en cuenta que no se dedica al mantenimiento de las transpaletas y que había contratado dicho mantenimiento con la empresa propietaria de la máquina, ULMA, que es la que cuenta con los medios materiales y humanos adecuados para efectuar dicho mantenimiento. Según la recurrente, entender lo contrario implicaría afirmar que la responsabilidad de la que deriva el recargo es meramente objetiva.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los documentos que invoca la recurrente no justifican error de la magistrada de instancia al valorarlos y que la nueva redacción que propone para el hecho probado tercero es contradictoria con la del hecho probado quinto, que recoge el contenido del acta de infracción levantada por la ITSS. Además, advierte de que la posible derivación de responsabilidad hacia la empresa propietaria de la transpaleta ya ha sido rechazada por la sentencia de instancia, de la que transcribe algunos pasajes.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar previamente que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

CUARTO.-El presente motivo de revisión fáctica no se ajusta a la doctrina expuesta porque ninguno de los documentos invocados evidencia que la magistrada de instancia, a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas practicadas, haya cometido error que pueda justificar la revisión fáctica con arreglo a dicha doctrina. Por el contrario, la adición que la recurrente propone incorporar al relato fáctico de la sentencia es fruto de su propia valoración de los documentos invocados, de la que extrae el texto a incorporar, proceder vedado en este recurso extraordinario, el cual, a diferencia del de apelación, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, en consecuencia, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos. Debemos señalar, por otra parte, que la cuestión referida a la no impugnación de los documentos invocados no obsta a las facultades de la magistrada de instancia a la hora de valorarlos.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso que tiene por objeto la censura jurídica de la sentencia de instancia, en el que la recurrente denuncia infracción del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS) en relación con el artículo 156.4 del mismo cuerpo legal, y aplicación incorrecta del artículo 14, puntos 1, 2 y 3, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

En el presente motivo, la recurrente, en síntesis, sostiene que el recargo de prestaciones es improcedente porque el accidente de trabajo no fue debido a ningún incumplimiento de dicha empresa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, señala que ni la sentencia ni el expediente administrativo recogen algún incumplimiento por su parte, más allá del propio hecho del accidente, y que cumplió con las obligaciones referidas a formación e información al trabajador, dotación de equipos de protección individual, evaluación del riesgo y adopción de medidas preventivas. Respecto de estas últimas, la recurrente dice que contrató el mantenimiento con la empresa ULMA, con lo que cumplió con las obligaciones de identificación de las personas responsables de dicho mantenimiento, planificación del mismo, control del estado de la maquinaria y tener al personal debidamente instruido y formado sobre la misma, razones por las que considera que su actuación se adecuaba a lo dispuesto en el artículo 16.2.a) LPRL y que, en consecuencia, no concurren los requisitos que exige el artículo 164 LGSS para la imposición del recargo.

Subsidiariamente, la recurrente solicita que el porcentaje de recargo se reduzca al mínimo del 30%, dado que no podía controlar técnicamente el motivo por el que se produjo el accidente, circunstancia que, a su juicio, atenúa la gravedad del incumplimiento.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la sentencia de instancia ya descarta la derivación de responsabilidad hacia la empresa ULMA, que considera independiente de la de la recurrente. Además, según el recurrido, las causas del fallo del pulsador de marcha atrás que la propia recurrente alega en la demanda apuntan a su responsabilidad, al igual que el informe del accidente confeccionado por ULMA. Por otra parte, el recurrido alude a la resolución administrativa confirmatoria de la sanción impuesta a la recurrente y a diversas pruebas practicadas en el acto de juicio, de las que, en su opinión, se deduce la responsabilidad de la recurrente.

Finalmente, el recurrido se opone a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje de recargo alegando, en síntesis, que la recurrente no ha presentado prueba alguna que desvirtúe el porcentaje impuesto y que el mismo es correcto, atendiendo al informe de la ITSS, cuya presunción de certeza no ha sido desvirtuada, y a la sentencia de instancia.

SEXTO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos resolver, en primer lugar, si el recargo de prestaciones impuesto por el INSS y confirmado por la sentencia de instancia es ajustado a derecho.

Para ello, es necesario empezar recordando que el artículo 164 LGSS regula el recargo de prestaciones de Seguridad Social derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los siguientes términos, iguales a los de su antecedente normativo, que es el artículo 123 LGSS 1994:

<<1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.>>

Dicho precepto, al igual que su antecedente normativo, ha dado lugar a una copiosa doctrina jurisprudencial, aplicada por innumerables sentencias de nuestra Sala, entre las que puede citarse la de 24.2.2020 (RS 5841/2019), que sintetiza dicha doctrina jurisprudencial en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

(...)

<[se refiere al artículo 164 LGSS] existe una abundante doctrina jurisprudencial, que ha destacado el carácter sancionador y no indemnizatorio del recargo y ha venido mantenido que la imposición del mismo exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad, general o especial, y que ello resulte cumplidamente acreditado; b) Que medie relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, lo que ha de resultar ciertamente probado, porque una obligada interpretación restrictiva (tiene naturaleza sancionadora) determina que esa relación de causalidad no se presuma; c) Que exista culpa o negligencia por parte de la empresa -a veces se requiere que sea exclusiva y otras veces se admite que sea compartida-, porque la responsabilidad no es objetiva; y d) Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la vista de la diligencia exigible, que resulta ser la propia de un prudente empleador, atendidos criterios de normalidad y razonabilidad.

Es cierto también, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 , que "La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social el requisito esencial para poder apreciar la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo es la existencia del nexo causal entre el siniestro y la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo. Dicho nexo causal implica que la falta de aquellas medidas, cuyo cumplimiento corresponde al empresario al recaer sobre él la obligación de seguridad en el trabajo, deben haber contribuido a la producción del accidente, salvo que la causa eficiente del mismo obedezca únicamente a la conducta del accidentado en cuyo caso procede excluir la responsabilidad empresarial. Y ello sin ignorar la reciente jurisprudencia que en la materia declara que "la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], y que " ..." La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - incluso- de las exigencias reglamentarias". En cuanto a la carga de la prueba se ha dicho que, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta] " y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente". ( STS de 30 de junio de 2010, rcud 4123/2008 ). Esta doctrina jurisprudencial se ha visto reflejada posteriormente en el art. 96.2 de la LRJS , que dispone que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".>>

SÉPTIMO.-La aplicación de dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, dado que el motivo de revisión fáctica ha sido desestimado y el recurrido no ha formulado ninguna petición de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

Ello, ya de entrada, impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo, pues parten de la estimación del motivo de revisión fáctica y, por tanto, de hechos atinentes a la eventual responsabilidad de la empresa ULMA, propietaria de la transpaleta.

Por el contrario, los hechos que la sentencia de instancia declara probados, sustancialmente iguales a los que la ITSS considera constatados en el acta de infracción, obligan a afirmar que el accidente de trabajo se produjo por un fallo en el pulsador de marcha atrás de la transpaleta debido a falta de limpieza de las piezas que indica el informe emitido por ULMA, documento al que se refiere la ITSS y que la sentencia de instancia recoge en el hecho probado cuarto. En consecuencia, como afirman la ITSS y la sentencia de instancia, la recurrente, al poner a disposición del trabajador un equipo de trabajo que no funcionaba correctamente, infringió las obligaciones generales de prevención de riesgos laborales previstas en los artículos 14 (apartados 1, 2 y 3), 15 y 17.1 LPRL, y las específicas previstas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo(concretamente, artículo 3 en relación con el punto 2 del apartado 1 del anexo I y puntos 1, 2 y 7 del anexo II), incumplimientos que son causa del accidente, en sentido jurídico, pues si la máquina hubiera funcionado correctamente, existe una probabilidad, rayana en la certeza, de que el accidente no se habría producido.

Frente a ello, no cabe oponer una posible responsabilidad de la empresa ULMA en el mantenimiento de la máquina, pues quien responde frente al trabajador del incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales es su empleadora, esto es, la recurrente, con independencia de la relación mercantil que esta pueda mantener con ULMA y de las acciones derivadas de dicha relación, que no son competencia de este orden jurisdiccional.

Debemos señalar, finalmente, que el artículo 156.4 LGSS, que la recurrente considera infringido por la sentencia de instancia, no tiene ninguna relación con el objeto de este proceso, pues la calificación de accidente de trabajo no se discute y, además, la recurrente, a lo largo del motivo, no desarrolla mínimamente dicha denuncia normativa.

Por todo lo expuesto, la confirmación del recargo de prestaciones impuesto por el INSS es ajustada a derecho.

OCTAVO.-Visto que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, debemos dar respuesta ahora a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje del mismo al 30%.

Para ello, es necesario empezar recordando que, en materia de graduación del porcentaje de recargo, esto es, entre el mínimo del 30% y el máximo del 50% que prevé el artículo 164 LGSS, la jurisprudencia ha venido estableciendo que el órgano judicial de instancia posee un amplio margen de apreciación, si bien revisable en fase de recurso. En este sentido, la conocida STS -Sala 4ª- 19.1.1996 (RCUD 536/1995) dice (fundamento jurídico segundo):

< art. 93.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1974 -LGSS 74-, que es el aplicable al caso (y la misma redacción tiene el art. 123.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 -LGSS 94-) establece un recargo "de un 30 a un 50 por 100" de las prestaciones económicas por riesgos profesionales cuando ha existido infracción de las normas preventivas de tales riesgos. El precepto no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con ésta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía porcentual mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador.>>

En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, esta Sala, a la hora de fijar los criterios que deben servir para graduar el recargo, ha acudido a los que figuran en el artículo 39.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para graduar las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales (véanse, por ejemplo, sentencias de 26.7.2013 -RS 65/2013- y 19.6.2014 -RS 2294/2014-), pero rehuyendo implícitamente cualquier automatismo entre el escalado de las faltas laborales (leves, graves y muy graves) y el porcentaje de recargo. En este último sentido, pueden citarse las sentencias de 25.7.2013 (RS 4607/2012), 24.2.2014 (RS 5857/2013) y 29.4.2014 (RS 239/2014), que gradúan el recargo sin automatismo alguno y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

NOVENO.-A la hora de aplicar dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso, debemos partir de que la ITSS, valorando todas las circunstancias del caso, propone imponer a la recurrente un recargo del 35%, es decir, un 5% por encima del mínimo, porcentaje que la sentencia de instancia considera adecuado. Frente a ello, la recurrente, como hemos expuesto, alega únicamente que es más ajustado imponer el 30% porque no podía controlar técnicamente el motivo por el cual se produjo el accidente. Dichas alegaciones no pueden ser acogidas porque parten de la hipotética responsabilidad de ULMA en la producción del accidente, la cual, como hemos visto, se basa en la estimación del motivo de revisión fáctica y, en cualquier caso, no afectaría a la responsabilidad de la recurrente como empleadora del señor Balbino. En consecuencia, no hay razón objetiva alguna que justifique imponer un porcentaje de recargo inferior al establecido en la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la indicada sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida del depósito efectuado por la recurrente, al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204.4 LRJS) .

UNDÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado del señor Balbino, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda interpuesta por la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., dirigida contra INSS, TGSS y Balbino, y confirma la resolución del INSS de 30.3.2022, confirmatoria, a su vez, de la de 26.10.2021, en la que dicha entidad, a instancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), acuerda imponerle un recargo del 35% sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido por el señor Balbino el 27.8.2020 mientras prestaba servicios para la demandante con la categoría profesional de especialista.

En la demanda, la demandante solicita, por orden de subsidiariedad, la nulidad de pleno derecho de la resolución que impone el recargo, la anulabilidad de la misma, la revocación del recargo y la reducción de su porcentaje al 30%.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, el señor Balbino sufrió el accidente de trabajo al quedarle atrapado el pie izquierdo con la máquina transpaleta que estaba manejando. Todo ello, como consecuencia de un fallo en el pulsador de marcha atrás de la máquina, que provocó un desplazamiento incontrolado de la misma. También se sigue del relato fáctico que la transpaleta había sido arrendada a la demandante por la empresa ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP (en adelante, ULMA).

La sentencia de instancia, tras desestimar las peticiones de nulidad y anulabilidad, considera, al igual que la ITSS, que el accidente de trabajo se produjo porque la demandante no cumplió su obligación de prevenir los riesgos derivados de la utilización de la máquina por parte de los trabajadores. Todo ello, según la sentencia, "sin que el tipo de relación jurídica entre la empresa demandante y la mercantil ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP sea óbice para que en el presente procedimiento se determine la responsabilidad de la primera para con su trabajador como consecuencia del accidente objeto del presente procedimiento"(fundamento jurídico tercero). Por todo lo expuesto, la sentencia declara que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, al igual que el porcentaje fijado por el INSS, que considera adecuado a las circunstancias del caso.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y que el recargo se deje sin efecto. Subsidiariamente, solicita que su porcentaje se fije en el 30%. Articula el recurso con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por el señor Balbino, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, el motivo de revisión fáctica, en el que la recurrente solicita adicionar un pasaje al hecho probado tercero de la sentencia de instancia, de manera que el mismo pase a tener la siguiente redacción (destacamos en negrita, como la recurrente, el pasaje que propone añadir):

<En dicho contrato ULMA se compromete a llevar a cabo los servicios periódicos de mantenimiento especificados por el fabricante del material arrendado, entre los que se encuentra la limpieza del mecanismo que provocó el accidente ya que, expresamente, se recoge la tarea de "crear el suficiente espacio para que las partículas de aluminio no puedan clavar el acelerador". Se pacta un mantenimiento y revisión de todos los puntos importantes de las transpaletas en cada 600 horas de servicio. El historial de mantenimiento de la máquina accidentada es en los meses de 7/17, 12/17, 1/19, 7/19, 2/20, 7/20, siendo la última revisión un mes antes del accidente. Según la guía del fabricante, es aconsejable reemplazar cada 1000 horas los microinterruptores. El desmontaje, acceso y tareas de mantenimiento de los micorinterruptores está prevista a las 1.000h de utilización de la transpaleta, y es una actividad técnicamente compleja que no pertenece al grupo de comprobaciones diarias que realiza el personal de la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., según la tabla de comprobaciones y operaciones de la guía de mantenimiento del fabricante".>>

La recurrente fundamenta dicha adición en los documentos obrantes a los siguientes folios de los autos: 302 (página del contrato de arrendamiento en la que figuran las obligaciones del arrendador), 306 y reverso (gráfico de la máquina), 307 (historial de revisiones), 368 (página del "manual de empleo mantenimiento y repuestos"en la que se aconseja reemplazar, cada 1.000 horas, las piezas que indica), 369 (gráfico contenido en el citado manual) y 383 (tabla de comprobaciones contenida en el citado manual). La recurrente destaca los aspectos de cada folio que considera relevantes y señala que se trata de documentos no impugnados e incluso valorados parcialmente por la magistrada de instancia, razones por las que, en su opinión, no hay duda de su veracidad y valor probatorio.

En justificación de la adición, la recurrente, en síntesis, alega que la misma es relevante a efectos de revocar el recargo o reducir su porcentaje porque muestra que la causa del accidente quedaba fuera de su alcance y de cualquier control por su parte, teniendo en cuenta que no se dedica al mantenimiento de las transpaletas y que había contratado dicho mantenimiento con la empresa propietaria de la máquina, ULMA, que es la que cuenta con los medios materiales y humanos adecuados para efectuar dicho mantenimiento. Según la recurrente, entender lo contrario implicaría afirmar que la responsabilidad de la que deriva el recargo es meramente objetiva.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los documentos que invoca la recurrente no justifican error de la magistrada de instancia al valorarlos y que la nueva redacción que propone para el hecho probado tercero es contradictoria con la del hecho probado quinto, que recoge el contenido del acta de infracción levantada por la ITSS. Además, advierte de que la posible derivación de responsabilidad hacia la empresa propietaria de la transpaleta ya ha sido rechazada por la sentencia de instancia, de la que transcribe algunos pasajes.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar previamente que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

CUARTO.-El presente motivo de revisión fáctica no se ajusta a la doctrina expuesta porque ninguno de los documentos invocados evidencia que la magistrada de instancia, a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas practicadas, haya cometido error que pueda justificar la revisión fáctica con arreglo a dicha doctrina. Por el contrario, la adición que la recurrente propone incorporar al relato fáctico de la sentencia es fruto de su propia valoración de los documentos invocados, de la que extrae el texto a incorporar, proceder vedado en este recurso extraordinario, el cual, a diferencia del de apelación, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, en consecuencia, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos. Debemos señalar, por otra parte, que la cuestión referida a la no impugnación de los documentos invocados no obsta a las facultades de la magistrada de instancia a la hora de valorarlos.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso que tiene por objeto la censura jurídica de la sentencia de instancia, en el que la recurrente denuncia infracción del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS) en relación con el artículo 156.4 del mismo cuerpo legal, y aplicación incorrecta del artículo 14, puntos 1, 2 y 3, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

En el presente motivo, la recurrente, en síntesis, sostiene que el recargo de prestaciones es improcedente porque el accidente de trabajo no fue debido a ningún incumplimiento de dicha empresa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, señala que ni la sentencia ni el expediente administrativo recogen algún incumplimiento por su parte, más allá del propio hecho del accidente, y que cumplió con las obligaciones referidas a formación e información al trabajador, dotación de equipos de protección individual, evaluación del riesgo y adopción de medidas preventivas. Respecto de estas últimas, la recurrente dice que contrató el mantenimiento con la empresa ULMA, con lo que cumplió con las obligaciones de identificación de las personas responsables de dicho mantenimiento, planificación del mismo, control del estado de la maquinaria y tener al personal debidamente instruido y formado sobre la misma, razones por las que considera que su actuación se adecuaba a lo dispuesto en el artículo 16.2.a) LPRL y que, en consecuencia, no concurren los requisitos que exige el artículo 164 LGSS para la imposición del recargo.

Subsidiariamente, la recurrente solicita que el porcentaje de recargo se reduzca al mínimo del 30%, dado que no podía controlar técnicamente el motivo por el que se produjo el accidente, circunstancia que, a su juicio, atenúa la gravedad del incumplimiento.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la sentencia de instancia ya descarta la derivación de responsabilidad hacia la empresa ULMA, que considera independiente de la de la recurrente. Además, según el recurrido, las causas del fallo del pulsador de marcha atrás que la propia recurrente alega en la demanda apuntan a su responsabilidad, al igual que el informe del accidente confeccionado por ULMA. Por otra parte, el recurrido alude a la resolución administrativa confirmatoria de la sanción impuesta a la recurrente y a diversas pruebas practicadas en el acto de juicio, de las que, en su opinión, se deduce la responsabilidad de la recurrente.

Finalmente, el recurrido se opone a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje de recargo alegando, en síntesis, que la recurrente no ha presentado prueba alguna que desvirtúe el porcentaje impuesto y que el mismo es correcto, atendiendo al informe de la ITSS, cuya presunción de certeza no ha sido desvirtuada, y a la sentencia de instancia.

SEXTO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos resolver, en primer lugar, si el recargo de prestaciones impuesto por el INSS y confirmado por la sentencia de instancia es ajustado a derecho.

Para ello, es necesario empezar recordando que el artículo 164 LGSS regula el recargo de prestaciones de Seguridad Social derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los siguientes términos, iguales a los de su antecedente normativo, que es el artículo 123 LGSS 1994:

<<1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.>>

Dicho precepto, al igual que su antecedente normativo, ha dado lugar a una copiosa doctrina jurisprudencial, aplicada por innumerables sentencias de nuestra Sala, entre las que puede citarse la de 24.2.2020 (RS 5841/2019), que sintetiza dicha doctrina jurisprudencial en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

(...)

<[se refiere al artículo 164 LGSS] existe una abundante doctrina jurisprudencial, que ha destacado el carácter sancionador y no indemnizatorio del recargo y ha venido mantenido que la imposición del mismo exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad, general o especial, y que ello resulte cumplidamente acreditado; b) Que medie relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, lo que ha de resultar ciertamente probado, porque una obligada interpretación restrictiva (tiene naturaleza sancionadora) determina que esa relación de causalidad no se presuma; c) Que exista culpa o negligencia por parte de la empresa -a veces se requiere que sea exclusiva y otras veces se admite que sea compartida-, porque la responsabilidad no es objetiva; y d) Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la vista de la diligencia exigible, que resulta ser la propia de un prudente empleador, atendidos criterios de normalidad y razonabilidad.

Es cierto también, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 , que "La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social el requisito esencial para poder apreciar la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo es la existencia del nexo causal entre el siniestro y la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo. Dicho nexo causal implica que la falta de aquellas medidas, cuyo cumplimiento corresponde al empresario al recaer sobre él la obligación de seguridad en el trabajo, deben haber contribuido a la producción del accidente, salvo que la causa eficiente del mismo obedezca únicamente a la conducta del accidentado en cuyo caso procede excluir la responsabilidad empresarial. Y ello sin ignorar la reciente jurisprudencia que en la materia declara que "la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], y que " ..." La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - incluso- de las exigencias reglamentarias". En cuanto a la carga de la prueba se ha dicho que, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta] " y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente". ( STS de 30 de junio de 2010, rcud 4123/2008 ). Esta doctrina jurisprudencial se ha visto reflejada posteriormente en el art. 96.2 de la LRJS , que dispone que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".>>

SÉPTIMO.-La aplicación de dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, dado que el motivo de revisión fáctica ha sido desestimado y el recurrido no ha formulado ninguna petición de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

Ello, ya de entrada, impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo, pues parten de la estimación del motivo de revisión fáctica y, por tanto, de hechos atinentes a la eventual responsabilidad de la empresa ULMA, propietaria de la transpaleta.

Por el contrario, los hechos que la sentencia de instancia declara probados, sustancialmente iguales a los que la ITSS considera constatados en el acta de infracción, obligan a afirmar que el accidente de trabajo se produjo por un fallo en el pulsador de marcha atrás de la transpaleta debido a falta de limpieza de las piezas que indica el informe emitido por ULMA, documento al que se refiere la ITSS y que la sentencia de instancia recoge en el hecho probado cuarto. En consecuencia, como afirman la ITSS y la sentencia de instancia, la recurrente, al poner a disposición del trabajador un equipo de trabajo que no funcionaba correctamente, infringió las obligaciones generales de prevención de riesgos laborales previstas en los artículos 14 (apartados 1, 2 y 3), 15 y 17.1 LPRL, y las específicas previstas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo(concretamente, artículo 3 en relación con el punto 2 del apartado 1 del anexo I y puntos 1, 2 y 7 del anexo II), incumplimientos que son causa del accidente, en sentido jurídico, pues si la máquina hubiera funcionado correctamente, existe una probabilidad, rayana en la certeza, de que el accidente no se habría producido.

Frente a ello, no cabe oponer una posible responsabilidad de la empresa ULMA en el mantenimiento de la máquina, pues quien responde frente al trabajador del incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales es su empleadora, esto es, la recurrente, con independencia de la relación mercantil que esta pueda mantener con ULMA y de las acciones derivadas de dicha relación, que no son competencia de este orden jurisdiccional.

Debemos señalar, finalmente, que el artículo 156.4 LGSS, que la recurrente considera infringido por la sentencia de instancia, no tiene ninguna relación con el objeto de este proceso, pues la calificación de accidente de trabajo no se discute y, además, la recurrente, a lo largo del motivo, no desarrolla mínimamente dicha denuncia normativa.

Por todo lo expuesto, la confirmación del recargo de prestaciones impuesto por el INSS es ajustada a derecho.

OCTAVO.-Visto que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, debemos dar respuesta ahora a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje del mismo al 30%.

Para ello, es necesario empezar recordando que, en materia de graduación del porcentaje de recargo, esto es, entre el mínimo del 30% y el máximo del 50% que prevé el artículo 164 LGSS, la jurisprudencia ha venido estableciendo que el órgano judicial de instancia posee un amplio margen de apreciación, si bien revisable en fase de recurso. En este sentido, la conocida STS -Sala 4ª- 19.1.1996 (RCUD 536/1995) dice (fundamento jurídico segundo):

< art. 93.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1974 -LGSS 74-, que es el aplicable al caso (y la misma redacción tiene el art. 123.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 -LGSS 94-) establece un recargo "de un 30 a un 50 por 100" de las prestaciones económicas por riesgos profesionales cuando ha existido infracción de las normas preventivas de tales riesgos. El precepto no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con ésta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía porcentual mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador.>>

En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, esta Sala, a la hora de fijar los criterios que deben servir para graduar el recargo, ha acudido a los que figuran en el artículo 39.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para graduar las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales (véanse, por ejemplo, sentencias de 26.7.2013 -RS 65/2013- y 19.6.2014 -RS 2294/2014-), pero rehuyendo implícitamente cualquier automatismo entre el escalado de las faltas laborales (leves, graves y muy graves) y el porcentaje de recargo. En este último sentido, pueden citarse las sentencias de 25.7.2013 (RS 4607/2012), 24.2.2014 (RS 5857/2013) y 29.4.2014 (RS 239/2014), que gradúan el recargo sin automatismo alguno y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

NOVENO.-A la hora de aplicar dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso, debemos partir de que la ITSS, valorando todas las circunstancias del caso, propone imponer a la recurrente un recargo del 35%, es decir, un 5% por encima del mínimo, porcentaje que la sentencia de instancia considera adecuado. Frente a ello, la recurrente, como hemos expuesto, alega únicamente que es más ajustado imponer el 30% porque no podía controlar técnicamente el motivo por el cual se produjo el accidente. Dichas alegaciones no pueden ser acogidas porque parten de la hipotética responsabilidad de ULMA en la producción del accidente, la cual, como hemos visto, se basa en la estimación del motivo de revisión fáctica y, en cualquier caso, no afectaría a la responsabilidad de la recurrente como empleadora del señor Balbino. En consecuencia, no hay razón objetiva alguna que justifique imponer un porcentaje de recargo inferior al establecido en la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la indicada sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida del depósito efectuado por la recurrente, al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204.4 LRJS) .

UNDÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado del señor Balbino, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda interpuesta por la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., dirigida contra INSS, TGSS y Balbino, y confirma la resolución del INSS de 30.3.2022, confirmatoria, a su vez, de la de 26.10.2021, en la que dicha entidad, a instancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), acuerda imponerle un recargo del 35% sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido por el señor Balbino el 27.8.2020 mientras prestaba servicios para la demandante con la categoría profesional de especialista.

En la demanda, la demandante solicita, por orden de subsidiariedad, la nulidad de pleno derecho de la resolución que impone el recargo, la anulabilidad de la misma, la revocación del recargo y la reducción de su porcentaje al 30%.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, el señor Balbino sufrió el accidente de trabajo al quedarle atrapado el pie izquierdo con la máquina transpaleta que estaba manejando. Todo ello, como consecuencia de un fallo en el pulsador de marcha atrás de la máquina, que provocó un desplazamiento incontrolado de la misma. También se sigue del relato fáctico que la transpaleta había sido arrendada a la demandante por la empresa ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP (en adelante, ULMA).

La sentencia de instancia, tras desestimar las peticiones de nulidad y anulabilidad, considera, al igual que la ITSS, que el accidente de trabajo se produjo porque la demandante no cumplió su obligación de prevenir los riesgos derivados de la utilización de la máquina por parte de los trabajadores. Todo ello, según la sentencia, "sin que el tipo de relación jurídica entre la empresa demandante y la mercantil ULMA SERVICIOS DE MANUTENCIÓN S.COOP sea óbice para que en el presente procedimiento se determine la responsabilidad de la primera para con su trabajador como consecuencia del accidente objeto del presente procedimiento"(fundamento jurídico tercero). Por todo lo expuesto, la sentencia declara que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, al igual que el porcentaje fijado por el INSS, que considera adecuado a las circunstancias del caso.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y que el recargo se deje sin efecto. Subsidiariamente, solicita que su porcentaje se fije en el 30%. Articula el recurso con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por el señor Balbino, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, el motivo de revisión fáctica, en el que la recurrente solicita adicionar un pasaje al hecho probado tercero de la sentencia de instancia, de manera que el mismo pase a tener la siguiente redacción (destacamos en negrita, como la recurrente, el pasaje que propone añadir):

<En dicho contrato ULMA se compromete a llevar a cabo los servicios periódicos de mantenimiento especificados por el fabricante del material arrendado, entre los que se encuentra la limpieza del mecanismo que provocó el accidente ya que, expresamente, se recoge la tarea de "crear el suficiente espacio para que las partículas de aluminio no puedan clavar el acelerador". Se pacta un mantenimiento y revisión de todos los puntos importantes de las transpaletas en cada 600 horas de servicio. El historial de mantenimiento de la máquina accidentada es en los meses de 7/17, 12/17, 1/19, 7/19, 2/20, 7/20, siendo la última revisión un mes antes del accidente. Según la guía del fabricante, es aconsejable reemplazar cada 1000 horas los microinterruptores. El desmontaje, acceso y tareas de mantenimiento de los micorinterruptores está prevista a las 1.000h de utilización de la transpaleta, y es una actividad técnicamente compleja que no pertenece al grupo de comprobaciones diarias que realiza el personal de la empresa GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., según la tabla de comprobaciones y operaciones de la guía de mantenimiento del fabricante".>>

La recurrente fundamenta dicha adición en los documentos obrantes a los siguientes folios de los autos: 302 (página del contrato de arrendamiento en la que figuran las obligaciones del arrendador), 306 y reverso (gráfico de la máquina), 307 (historial de revisiones), 368 (página del "manual de empleo mantenimiento y repuestos"en la que se aconseja reemplazar, cada 1.000 horas, las piezas que indica), 369 (gráfico contenido en el citado manual) y 383 (tabla de comprobaciones contenida en el citado manual). La recurrente destaca los aspectos de cada folio que considera relevantes y señala que se trata de documentos no impugnados e incluso valorados parcialmente por la magistrada de instancia, razones por las que, en su opinión, no hay duda de su veracidad y valor probatorio.

En justificación de la adición, la recurrente, en síntesis, alega que la misma es relevante a efectos de revocar el recargo o reducir su porcentaje porque muestra que la causa del accidente quedaba fuera de su alcance y de cualquier control por su parte, teniendo en cuenta que no se dedica al mantenimiento de las transpaletas y que había contratado dicho mantenimiento con la empresa propietaria de la máquina, ULMA, que es la que cuenta con los medios materiales y humanos adecuados para efectuar dicho mantenimiento. Según la recurrente, entender lo contrario implicaría afirmar que la responsabilidad de la que deriva el recargo es meramente objetiva.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los documentos que invoca la recurrente no justifican error de la magistrada de instancia al valorarlos y que la nueva redacción que propone para el hecho probado tercero es contradictoria con la del hecho probado quinto, que recoge el contenido del acta de infracción levantada por la ITSS. Además, advierte de que la posible derivación de responsabilidad hacia la empresa propietaria de la transpaleta ya ha sido rechazada por la sentencia de instancia, de la que transcribe algunos pasajes.

TERCERO.-El examen del presente motivo del recurso obliga a recordar previamente que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

CUARTO.-El presente motivo de revisión fáctica no se ajusta a la doctrina expuesta porque ninguno de los documentos invocados evidencia que la magistrada de instancia, a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas practicadas, haya cometido error que pueda justificar la revisión fáctica con arreglo a dicha doctrina. Por el contrario, la adición que la recurrente propone incorporar al relato fáctico de la sentencia es fruto de su propia valoración de los documentos invocados, de la que extrae el texto a incorporar, proceder vedado en este recurso extraordinario, el cual, a diferencia del de apelación, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, en consecuencia, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos. Debemos señalar, por otra parte, que la cuestión referida a la no impugnación de los documentos invocados no obsta a las facultades de la magistrada de instancia a la hora de valorarlos.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso que tiene por objeto la censura jurídica de la sentencia de instancia, en el que la recurrente denuncia infracción del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS) en relación con el artículo 156.4 del mismo cuerpo legal, y aplicación incorrecta del artículo 14, puntos 1, 2 y 3, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( LPRL).

En el presente motivo, la recurrente, en síntesis, sostiene que el recargo de prestaciones es improcedente porque el accidente de trabajo no fue debido a ningún incumplimiento de dicha empresa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, señala que ni la sentencia ni el expediente administrativo recogen algún incumplimiento por su parte, más allá del propio hecho del accidente, y que cumplió con las obligaciones referidas a formación e información al trabajador, dotación de equipos de protección individual, evaluación del riesgo y adopción de medidas preventivas. Respecto de estas últimas, la recurrente dice que contrató el mantenimiento con la empresa ULMA, con lo que cumplió con las obligaciones de identificación de las personas responsables de dicho mantenimiento, planificación del mismo, control del estado de la maquinaria y tener al personal debidamente instruido y formado sobre la misma, razones por las que considera que su actuación se adecuaba a lo dispuesto en el artículo 16.2.a) LPRL y que, en consecuencia, no concurren los requisitos que exige el artículo 164 LGSS para la imposición del recargo.

Subsidiariamente, la recurrente solicita que el porcentaje de recargo se reduzca al mínimo del 30%, dado que no podía controlar técnicamente el motivo por el que se produjo el accidente, circunstancia que, a su juicio, atenúa la gravedad del incumplimiento.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la sentencia de instancia ya descarta la derivación de responsabilidad hacia la empresa ULMA, que considera independiente de la de la recurrente. Además, según el recurrido, las causas del fallo del pulsador de marcha atrás que la propia recurrente alega en la demanda apuntan a su responsabilidad, al igual que el informe del accidente confeccionado por ULMA. Por otra parte, el recurrido alude a la resolución administrativa confirmatoria de la sanción impuesta a la recurrente y a diversas pruebas practicadas en el acto de juicio, de las que, en su opinión, se deduce la responsabilidad de la recurrente.

Finalmente, el recurrido se opone a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje de recargo alegando, en síntesis, que la recurrente no ha presentado prueba alguna que desvirtúe el porcentaje impuesto y que el mismo es correcto, atendiendo al informe de la ITSS, cuya presunción de certeza no ha sido desvirtuada, y a la sentencia de instancia.

SEXTO.-A la vista de las alegaciones de las partes, debemos resolver, en primer lugar, si el recargo de prestaciones impuesto por el INSS y confirmado por la sentencia de instancia es ajustado a derecho.

Para ello, es necesario empezar recordando que el artículo 164 LGSS regula el recargo de prestaciones de Seguridad Social derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los siguientes términos, iguales a los de su antecedente normativo, que es el artículo 123 LGSS 1994:

<<1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.>>

Dicho precepto, al igual que su antecedente normativo, ha dado lugar a una copiosa doctrina jurisprudencial, aplicada por innumerables sentencias de nuestra Sala, entre las que puede citarse la de 24.2.2020 (RS 5841/2019), que sintetiza dicha doctrina jurisprudencial en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

(...)

<[se refiere al artículo 164 LGSS] existe una abundante doctrina jurisprudencial, que ha destacado el carácter sancionador y no indemnizatorio del recargo y ha venido mantenido que la imposición del mismo exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad, general o especial, y que ello resulte cumplidamente acreditado; b) Que medie relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, lo que ha de resultar ciertamente probado, porque una obligada interpretación restrictiva (tiene naturaleza sancionadora) determina que esa relación de causalidad no se presuma; c) Que exista culpa o negligencia por parte de la empresa -a veces se requiere que sea exclusiva y otras veces se admite que sea compartida-, porque la responsabilidad no es objetiva; y d) Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la vista de la diligencia exigible, que resulta ser la propia de un prudente empleador, atendidos criterios de normalidad y razonabilidad.

Es cierto también, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 , que "La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social el requisito esencial para poder apreciar la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo es la existencia del nexo causal entre el siniestro y la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo. Dicho nexo causal implica que la falta de aquellas medidas, cuyo cumplimiento corresponde al empresario al recaer sobre él la obligación de seguridad en el trabajo, deben haber contribuido a la producción del accidente, salvo que la causa eficiente del mismo obedezca únicamente a la conducta del accidentado en cuyo caso procede excluir la responsabilidad empresarial. Y ello sin ignorar la reciente jurisprudencia que en la materia declara que "la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], y que " ..." La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - incluso- de las exigencias reglamentarias". En cuanto a la carga de la prueba se ha dicho que, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta] " y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente". ( STS de 30 de junio de 2010, rcud 4123/2008 ). Esta doctrina jurisprudencial se ha visto reflejada posteriormente en el art. 96.2 de la LRJS , que dispone que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".>>

SÉPTIMO.-La aplicación de dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, dado que el motivo de revisión fáctica ha sido desestimado y el recurrido no ha formulado ninguna petición de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

Ello, ya de entrada, impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo, pues parten de la estimación del motivo de revisión fáctica y, por tanto, de hechos atinentes a la eventual responsabilidad de la empresa ULMA, propietaria de la transpaleta.

Por el contrario, los hechos que la sentencia de instancia declara probados, sustancialmente iguales a los que la ITSS considera constatados en el acta de infracción, obligan a afirmar que el accidente de trabajo se produjo por un fallo en el pulsador de marcha atrás de la transpaleta debido a falta de limpieza de las piezas que indica el informe emitido por ULMA, documento al que se refiere la ITSS y que la sentencia de instancia recoge en el hecho probado cuarto. En consecuencia, como afirman la ITSS y la sentencia de instancia, la recurrente, al poner a disposición del trabajador un equipo de trabajo que no funcionaba correctamente, infringió las obligaciones generales de prevención de riesgos laborales previstas en los artículos 14 (apartados 1, 2 y 3), 15 y 17.1 LPRL, y las específicas previstas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo(concretamente, artículo 3 en relación con el punto 2 del apartado 1 del anexo I y puntos 1, 2 y 7 del anexo II), incumplimientos que son causa del accidente, en sentido jurídico, pues si la máquina hubiera funcionado correctamente, existe una probabilidad, rayana en la certeza, de que el accidente no se habría producido.

Frente a ello, no cabe oponer una posible responsabilidad de la empresa ULMA en el mantenimiento de la máquina, pues quien responde frente al trabajador del incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales es su empleadora, esto es, la recurrente, con independencia de la relación mercantil que esta pueda mantener con ULMA y de las acciones derivadas de dicha relación, que no son competencia de este orden jurisdiccional.

Debemos señalar, finalmente, que el artículo 156.4 LGSS, que la recurrente considera infringido por la sentencia de instancia, no tiene ninguna relación con el objeto de este proceso, pues la calificación de accidente de trabajo no se discute y, además, la recurrente, a lo largo del motivo, no desarrolla mínimamente dicha denuncia normativa.

Por todo lo expuesto, la confirmación del recargo de prestaciones impuesto por el INSS es ajustada a derecho.

OCTAVO.-Visto que el recargo de prestaciones es ajustado a derecho, debemos dar respuesta ahora a la petición subsidiaria de reducción del porcentaje del mismo al 30%.

Para ello, es necesario empezar recordando que, en materia de graduación del porcentaje de recargo, esto es, entre el mínimo del 30% y el máximo del 50% que prevé el artículo 164 LGSS, la jurisprudencia ha venido estableciendo que el órgano judicial de instancia posee un amplio margen de apreciación, si bien revisable en fase de recurso. En este sentido, la conocida STS -Sala 4ª- 19.1.1996 (RCUD 536/1995) dice (fundamento jurídico segundo):

< art. 93.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1974 -LGSS 74-, que es el aplicable al caso (y la misma redacción tiene el art. 123.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 -LGSS 94-) establece un recargo "de un 30 a un 50 por 100" de las prestaciones económicas por riesgos profesionales cuando ha existido infracción de las normas preventivas de tales riesgos. El precepto no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con ésta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía porcentual mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador.>>

En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, esta Sala, a la hora de fijar los criterios que deben servir para graduar el recargo, ha acudido a los que figuran en el artículo 39.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para graduar las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales (véanse, por ejemplo, sentencias de 26.7.2013 -RS 65/2013- y 19.6.2014 -RS 2294/2014-), pero rehuyendo implícitamente cualquier automatismo entre el escalado de las faltas laborales (leves, graves y muy graves) y el porcentaje de recargo. En este último sentido, pueden citarse las sentencias de 25.7.2013 (RS 4607/2012), 24.2.2014 (RS 5857/2013) y 29.4.2014 (RS 239/2014), que gradúan el recargo sin automatismo alguno y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

NOVENO.-A la hora de aplicar dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso, debemos partir de que la ITSS, valorando todas las circunstancias del caso, propone imponer a la recurrente un recargo del 35%, es decir, un 5% por encima del mínimo, porcentaje que la sentencia de instancia considera adecuado. Frente a ello, la recurrente, como hemos expuesto, alega únicamente que es más ajustado imponer el 30% porque no podía controlar técnicamente el motivo por el cual se produjo el accidente. Dichas alegaciones no pueden ser acogidas porque parten de la hipotética responsabilidad de ULMA en la producción del accidente, la cual, como hemos visto, se basa en la estimación del motivo de revisión fáctica y, en cualquier caso, no afectaría a la responsabilidad de la recurrente como empleadora del señor Balbino. En consecuencia, no hay razón objetiva alguna que justifique imponer un porcentaje de recargo inferior al establecido en la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la indicada sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida del depósito efectuado por la recurrente, al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204.4 LRJS) .

UNDÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado del señor Balbino, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,