Sentencia Social 202/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 341/2022 de 02 de febrero del 2023

PRIMERO. - 1. El trabajador demandante, encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, con una antigüedad desde el 16-02-2006, viene prestando sus servicios con la categoría profesional de Oficial de Iª electricista, con centro de trabajo en Huércal (Almería), por cuenta de la empresa VEINSUR SAU.

2. El indicado trabajador, sufrió accidente laboral el día 18-05-2017, al usar unas escaleras que existían en el taller, procediendo a bajar, apoyándose en cada uno de los peldaños, soltándose un peldaño en el que se apoyaba, por falta de sujeción de uno de los tornillos, estando también, algunos puntos de soldadura sueltos, cayendo al suelo, lesionándose la rodilla derecha (fractura meseta tibial; rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de rodilla derecha), iniciándose proceso de incapacidad temporal, siendo posteriormente declarado por Resolución del INSS de fecha salida 25-07-2018, afecto del grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, por accidente laboral.

3. Tanto por Informe de la Inspección de Trabajo de fecha 21-02-2019, como por Resolución del INSS de fecha 12-11-2019, en virtud de expediente a instancia de parte, se denegó el recargo de prestaciones solicitado, al no apreciarse responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad.

4. Agotada la vía previa administrativa, se formuló demanda por dicho trabajador, en cuyo suplico se pedía: "dicte sentencia declarando la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo por faltas de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y condenando a la demandada empresa a un recargo en las prestaciones en un porcentaje del 30 %, condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, así como a las consecuencias inherentes al tal pronunciamiento. Es justicia."

5. La sentencia dictada en la instancia, estima la demanda, sustentando su pronunciamiento en los siguientes hechos relevantes, para resolver el recurso de suplicación formulado:

* Describe el modo de acaecer el accidente, en el hecho probado sexto: "...uno de los peldaños de las escaleras se soltó por falta de un tornillo de sujeción, motivando la caída de aquél al suelo,"

( ... ).

Según declaró el Delegado de Prevención al Inspector actuante "algunos de los puntos de soldadura del peldaño estaban algo sueltos.".

* La formación e información del trabajador sobre prevención de riesgos laborales, y el mantenimiento de los equipos de trabajo, se expone en el hecho probado séptimo:

"En el momento de acaecer el siniestro laboral el mantenimiento de los equipos de trabajo estaba contratado con una tercera empresa.

La empresa ha impartido formación e información al trabajador demandante sobre prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el trabajador ha sido objeto de sucesivos reconocimientos médicos en materia de prevención de riesgos laborales."

* Los riesgos contemplados en el plan de evaluación, se indicaban en el hecho probado octavo:

"Como riesgos derivados del puesto de trabajo de Electro-Mecánico se contempla la "caída de personas a distinto nivel" objetivando como causas la " falta de mantenimiento o revisión de las escaleras con plataformas" y el " uso inadecuado de las escaleras con plataforma."

* En el hecho probado noveno, se expresaba la conclusión del informe elaborado por la empresa, diciendo que la causa del accidente fue debido a la:

"falta de revisión del andamio por el operario antes de su uso y falta de mantenimiento por los responsables."

* En el hecho probado décimo, se exponía que, en el tablón de anuncios del centro, se recordaba la obligación de los trabajadores de: " revisar las escaleras y los andamios antes de su uso, así como las medidas de seguridad a observar en el uso de plataformas de trabajo."

(...)

"esta información había sido entregado copia al trabajador con anterioridad al accidente de trabajo."

6. A aquellos hechos, la sentencia recurrida, aplica, en síntesis, los siguientes razonamientos para llegar al pronunciamiento estimatorio de la demanda:

* La responsabilidad empresarial, la basa, según el fundamento octavo, en " la falta de mantenimiento o revisión de las escaleras con plataforma." Riesgo contemplado en el Plan de Evaluación de Riesgos Laborales.

"El no revisar adecuadamente los equipos de trabajo no se puede equiparar a una actuación temeraria del trabajador..."

En la ficha de investigación del accidente de trabajo, se reconoce por la empresa " que el accidente de trabajo viene motivado por la falta de mantenimiento y, al mismo tiempo, por la falta de revisión de las escaleras empleadas."

Se invoca diversos preceptos sobre la protección del trabajador, y la obligación del empresario, entre otros, de aplicar las medidas necesarias para el mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo ( arts. 3.5 y 4 del RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre los equipos de trabajo). Y el artículo 16 del convenio 155 de la OIT.

El empresario, ha omitido el deber de mantenimiento adecuado de la escalera, cuya carga de la prueba en sentido contrario, le impone el art. 96.2 LJS.

La empresa puso a disposición del trabajador aquella escalera. No se comprobó por la empresa, previo a su uso, su buen estado. Y se invoca la STS 8-10-2001 (Rec 4403/2000).

* En el fundamento noveno, se rechaza la imprudencia temeraria del trabajador, exponiendo que de conformidad con el artículo 4.5 del reiterado RD 1215/1997, de 18 de julio, la responsabilidad de comprobar el buen estado de los equipos de trabajo, es del empresario, no del trabajador. "el cual no reúne la cualificación profesional adecuada para ello, sino que incumbe realizar las tareas de comprobación y de mantenimiento al personal cualificado.".

Y se admite, a nivel teórico, la posibilidad de una concurrencia de culpas, cuando no se aprecia la imprudencia temeraria ( SSTS 8-10-2001 y 12-07-2007). Pero se declara, en el presente caso, que no existe culpa alguna en el trabajador, "porque el defecto que adolecía la escalera era difícil ser apreciado a simple vista por el ojo humano, porque estamos hablando de un tornillo de sujeción de uno de los peldaños de la escalera, así como de pequeños puntos de soldadura sueltos en el peldaño (según refiere el Delegado de Prevención a la Inspección de Trabajo)."

"Más bien, el defecto que adolecía el equipo de trabajo solo podía ser objetivado por personal competente con ocasión de una adecuada comprobación técnica."

Y se imputa a la empresa como infringidos, los siguientes preceptos:

- Artículos 4.2.d) y 19.1 ET.

- Artículos 14, 15, 16 y 17 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (LPRL).

- Artículos 3 y 4 del RD 1215/1997 de 18 de julio, de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

* En el fundamento décimo, se admite la relación de causalidad entre la infracción cometida por la empresa y el daño ocasionado al trabajador ( SSTS 2-10-2000 y 3-10-1995), " la causa directa de la producción del accidente de trabajo, ..., se debe a una falta de comprobación del equipo de trabajo empleado por el actor, siendo que el deber legal de una adecuada comprobación viene impuesta por las normas de prevención de riesgos laborales a la empleadora."

Y se concluye, por aplicación del artículo 217.3 LEC en relación con el artículo 96.2 LJS, no haberse probado por la empresa, el cumplimiento de las medidas de seguridad, por lo que procede a declarar la responsabilidad del accidente en la empresa, con un recargo del 30%.

* Por último, en el fundamento undécimo, fija la fecha de efectos de aquel recargo, conforme al artículo 53.1.2 LGSS, en los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud.

7. Contra la indicada sentencia, la empresa VEINSUR SAU, formuló recurso de suplicación basado en dos motivos destinados a la revisión de los hechos probados y a la censura jurídica, al amparo respectivamente de los apartados b) y c) del artículo 193 LJS, concluyendo con la súplica de " estimar el Recurso de Suplicación interpuesto, dicte resolución por la que, revocando los términos de la sentencia 334/2021 del Juzgado de lo Social nº 2 de Almería , que trae su causa en el Recurso 123/2021 y Autos Origen 344/ 2021 J.S. nº 2 Almería deje la misma sin efecto, declarando que no concurre responsabilidad empresarial alguna, y por tanto dejando sin efecto el recargo de prestaciones impuesto, con devolución de la consignación y depósito efectuado para el recurso referido."

8. El indicado recurso, fue impugnado por el trabajador demandante.

SEGUNDO. - 1. Revisión del hecho probado segundo, proponiendo como redacción definitiva del mismo, el siguiente texto:

"SEGUNDO. - Por el Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se redactó informe en fecha 21 de febrero del año 2019, estableciendo que la empresa ha investigado el accidente, y se hace constar QUE EXISTÍAN OTRAS PLATAFORMAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR, que ha recibido información y formación preventivas. Se añade que nadie vio el accidente, y que después de ocurrir un compañero de trabajo apretó el tornillo del segundo escalón. ENTRE OTRAS INSTRUCCIONES, EN LA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA CONSTA LA INDICACIÓN DE QUE ANTES DE USAR LAS PLATAFORMAS DEBE COMPROBARSE EL BUEN ESTADO DE RUEDAS, ESCALONES, BASE DE TRABAJO Y BARANDILLAS, Y EN GENERAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, en virtud del cual concluía que EN LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO NO HEMOS APRECIADO LA OMISION DE NORMAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CAUSALMENTE CON EL ACCIDENTE".

Basa el recurrente su pretensión fáctica, en el Informe de la Inspección de Trabajo, que obra en el expediente administrativo. Aduciendo que, en cualquier caso, a los efectos de este recurso, lo encontramos en el documento 29 del expediente judicial, que se corresponde con el expediente administrativo que contiene 92 páginas, y a su vez en la página 14 de 92.

2. La revisión solicitada no puede ser estimada, por los siguientes razonamientos:

* El accidente laboral se produjo el día 18-05-2017, el informe de la Inspección de Trabajo que se invoca es de fecha 21-02-2019, es decir, un año y medio después de ocurrido, es cuando se produce la investigación in situ del mismo, sin que previamente se hubiese precintado los equipos y herramientas de trabajo del día de los hechos.

* El informe de la Inspección de Trabajo, sin perjuicio de la probidad y objetividad de que está investido, no es un medio documental apto para revisar los hechos probados, máxime, cuando se incorporan valoraciones del Inspector actuante. Dicho informe, es expresamente valorado en el fundamento sexto de la recurrida, sin error alguno.

En todo caso, el valor iuris tantum que se le otorga al mismo, es sobre los hechos apreciados directamente o deducidos de estos, por el inspector actuante, lo que provoca que se esté en presencia de una prueba testifical para poder corroborar aquellos extremos.

* En los hechos probados noveno y décimo, ya se narra lo que ahora se pretende por la empresa recurrente, lo que conlleva una reiteración innecesaria, máxime, cuando además es valorada la señalada conducta imprudente del actor, en el fundamento noveno de la recurrida, rechazando que la responsabilidad de comprobación de las herramientas de trabajo (escaleras, andamios), sea competencia del trabajador accidentado ( art. 4.5 RD 1215/1997, de 18 de julio), invocando entre otros, el art. 17.1 LPRL ( "1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse...Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

(...)

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.")

TERCERO. - 1. Revisión del hecho probado noveno, proponiendo la siguiente redacción:

" HECHO PROBADO NOVENO. - Por la empresa se elaboró un informe del accidente, que firma el trabajador, en el cual se llega a la conclusión de que la causa del accidente fue debido a la "FALTA DE REVISION DEL ANDAMIO POR EL OPERARIO ANTES DEL USO y falta de mantenimiento por los responsables. EL TRABAJADOR CONOCE EL RIESGO O PELIGRO IDENTIFICADO y CONOCE LA MEDIDA PREVENTIVA APLICABLE TAL COMO RECONOCE CUANDO CONTESTA QUE "SÍ" A DICHAS PREGUNTAS Y CON SU FIRMA EN EL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL ACCIDENTE".

Se pretende, por la recurrente, la modificación del hecho probado noveno, sustentado en el mismo documento referido por el Juez, alegándose que la redacción incompleta, supone un error en la dicción y valoración del hecho probado, de especial relevancia para resolver el ulterior motivo de recurso. Dicho documento obra en el expediente digital como documento nº 3, si bien, dentro del expediente digital se corresponde con el número 38.

Por tanto, queda establecido el texto revisorio, su pertinencia, el concreto documento que lo sustenta, el texto alternativo a incorporar, y la conformación del texto del nuevo hecho probado propuesto.

2. Intrascendente por irrelevante que exista la firma del trabajador sobre un documento que, contraviene los preceptos legales que imponen la obligación de controlar el mantenimiento de los equipos de trabajo, al empresario.

La sentencia de instancia, expresamente analiza las consecuencias de dicha conducta del trabajador en el fundamento noveno, no apreciándose ningún error de valoración de los medios de prueba, ni de las obligaciones legales que se le impone al empresario, como creador del riesgo con los medios de producción.

Por los razonamientos expuestos, se desestima el motivo del recurso destinado a la revisión de los hechos probados.

CUARTO. - 1. En el segundo motivo destinado a la censura jurídica, se invoca la infracción de los artículos. 156 y 164 del vigente Texto Refundido LGSS en relación con el art. 217 de la L.E.C., 1.104 y 1.105 CC y 14, 15 y 17 LPRL, artículos 4-2, y 16, entre otros del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981 en relación con el art. 5 de la Directiva 89/391/CEE que lo implementa en nuestro Derecho. Así como el art. 4.2.d LET y 3.1, 3.4 y 3.5 RD 1215/1997 indebidamente aplicados.

En síntesis, el recurrente fija los hechos que considera de interés, señala los requisitos generales del recargo que se desprende del artículo 164 LGSS, y expone que, del anterior relato se desprende realmente que la causa del accidente fue la conducta del trabajador accidentado, debiéndose reconducir la cuestión a determinar si esta conducta culposa es suficiente para exonerar a su empresa de toda responsabilidad a los efectos que nos ocupan, entendiendo que sí, invocando a tal efecto la STS 28 de febrero de 2019, (rcud, 508/2017), estimando que la responsabilidad empresarial exigible, debe ser interpretado a la luz de los artículos 4-2 , y 16, entre otros del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981, así como del art. 5 de la Directiva 89/391/CEE que obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores en la medida en que sea razonable y viable, lo que se ha cumplido ampliamente en nuestro caso.

Diferente es el supuesto en el que haya existido imprudencia temeraria del trabajador accidentado o de un compañero, como en este caso. De salida conviene señalar que la imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad, conforme a los artículos 115-4 y 123-1 de la LGSS (hoy art. 156-4 y 164- 1 del vigente Texto Refundido de esa ley), en relación con el 15-4 de la LPRL. A igual solución debe llegarse en los supuestos de dolo o imprudencia temeraria de otro empleado, porque esa actuación dolosa o temeraria era difícil de prever y de evitar, como nos muestra el art. 15-4 de la LPRL cuando no obliga al patrono a prever ese tipo de actuaciones imprevisibles. ES DIFÍCIL DE PREVER QUE UN TRABAJADOR con su experiencia, formado, capacitado e instruido para la realización de trabajos utilizando plataformas y escaleras, omita realizar su principal misión, según el protocolo de actuación establecido, REVISAR LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS A REALIZAR CON ELLAS, acción omisiva que fue la causa del accidente. Esta acción puede calificarse de temeraria porque violó una norma que le imponía primero advertir la inminencia y gravedad del peligro y segundo actuar de acuerdo con el protocolo establecido para evitar el riesgo existente para él, esto es, INFRINGIÓ LOS DEBERES OBJETIVOS QUE TENÍA Y LAS ÓRDENES EXPRESAS RECIBIDAS QUE LAS MÁS ELEMENTALES NORMAS DE PRUDENCIA LE OBLIGABAN A CUMPLIR, LO QUE FUE LA CAUSA DEL DAÑO PRODUCIDO, ACTUACIÓN CALIFICABLE DE TEMERARIA, grave según el Código Penal vigente (artículos 5 , y otros), calificación concreta que no procede hacer aquí, aunque si dejar constancia de que obró con omisión de las más elementales normas de prudencia que deben observarse cuando existe riesgo para la integridad física de otros y propia, omisión que dio lugar a su accidente y que, en cualquier caso, ROMPE EL NEXO DE CAUSALIDAD EXIGIBLE. Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del trabajador, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado, dado que, de haber actuado como se le indicó, se habría evitado el riesgo, y por ende el accidente. Pues bien, es este caso la causa del accidente se debió a la imprudencia temeraria del trabajador accidentado, pues aparte de que no consta ningún incumplimiento por parte de la empresa en normas de formación o prevención, el trabajador accidentado desoyó las instrucciones emanada de la empresa, que a la postre produjo el accidente, ya que se estaba realizando sin adoptar las medidas de seguridad precisas, conducta esta de despreciar los avisos (recordados a través de abundante cartelería que además había recibido) que supone un incumplimiento de las más elementales normas de diligencia, por lo que se concluye que es constitutiva de una imprudencia temeraria que rompe el nexo causal en cualquier responsabilidad que pudiera imputarse a la empresa, y que debe librarnos del recargo, ya que la culpa fue exclusiva del trabajador, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado. Incluso, hemos de alegar, que no cabe tampoco culpa "in vigilando", ya que la responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa. Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados. En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que DEBEN TOMARSE MEDIDAS "RAZONABLES Y FACTIBLES". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se utilizó una escalera plataforma sin revisarla previamente, existiendo otras a su disposición, estando formado e informado en prevención y conociendo el trabajador el riesgo y las medidas para evitarlo, debemos preguntarnos si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, o bastaba con haber formado e informado al personal, suficientemente cualificado, y con un protocolo de actuación conocido por todos los trabajadores. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17, que no parece que se violara en el presente caso, usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio, sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección, tal y como infiere el Juzgador, cuando se concentra en una presunta falta de mantenimiento que no existe (CONTRATADO CON UNA TERCERA EMPRESA, QUE LO REVISA SEMANALMENTE Y CON VARIAS ESCALERAS Y PLATAFORMAS A SU DISPOSICIÓN), pero que de haber existido, tampoco habría sido la causa del accidente, dado que, de haber observado el trabajador sus obligaciones se habría evitado el accidente. Por tanto, tampoco concurre el nexo causal entre la presunta infracción empresarial y el accidente sufrido. En definitiva, tal y como se ha desarrollado, sobre uno hechos probados claros, no cabe imponer el recargo de prestaciones a la empresa, ya que ha cumplido con todas sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En contraposición, el trabajador accidentado, con experiencia y cualificación, junto con la formación e información necesaria, conociendo el riesgo y las medidas aplicar para evitarlo, desobedece sin justificación una orden en esta materia, que provoca el accidente. De haber cumplido con su deber y obligación dimanante del contrato de trabajo, y teniendo a su disposición otros equipos, habría evitado el accidente. No puede verse recompensada la falta de obediencia del trabajador al cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales que habría evitado el accidente. Tampoco podemos olvidar que, una empresa externa revisaba semanalmente los equipos de trabajo para evitar estos accidentes. Por tanto, la falta de culpa empresarial, la imprudencia culposa del accidentado, la participación de un tercero y en cualquier caso, el hecho fortuito, deben implicar que, este recurso tenga favorable acogida, y revoque la sentencia de instancia, dejando sin efecto el recargo de prestaciones impuesto a la recurrente.

2. La censura jurídica esgrimida, no puede ser estimada, partiendo para ello de que el empresario es el garante eficiente de la seguridad del trabajador en la prestación de los servicios por cuenta de aquel, utilizando los equipos de trabajo puestos a su disposición.

Así lo viene a establecer, entre otros, los artículos 4 y 19.1 del ET como derecho laboral básico del trabajador y en la prestación de servicios, proyectando la declaración contenida en el artículo 40.2 CE, al disponer:

Art. 4.

"d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales."

Art. 19.

"1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo."

Como se desprende del artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la obligación de seguridad le compete al empresario, al decir:

" Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales."

Esa protección debe ser "eficaz", hasta el punto de que las " las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador." ( art. 15.4 LPRL)

3. Dicha obligación compete al empresario, no al trabajador, lo contrario supondría:

* Adoptar medidas opuestas a la normativa de seguridad e higiene.

* Normativa de carácter imperativo, no susceptible de disponibilidad por la autonomía de la voluntad de las partes ( art. 1.275 CC).

* Una indebida renuncia por el trabajador de sus derechos ( art. 3.5 ET).

* Convertir al trabajador en garante de su propia integridad física, cuando el riesgo lo crea el empresario, con los medios de producción puestos a disposición de aquel, es contrario a los principios que informan la seguridad e higiene en el trabajo ( art. 14 LPRL).

4. Obligación específica del empresario de garantizar la seguridad y salud del trabajador, en la utilización de los equipos de trabajo puestos a su disposición. Así se desprende de:

* DIRECTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), en cuyo artículo 5.2 relativo a los equipos de trabajo, se dispone:

" 2. Con objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y que los deterioros que puedan provocar situaciones peligrosas sean detectados y remediados a tiempo, el empresario se preocupará de que los equipos de trabajo sometidos a influencias generadoras de tales deterioros estén sujetos a:

a) comprobaciones periódicas y, en su caso, pruebas periódicas efectuadas por personal competente con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales;"

Y a fin de acreditar que, se realizan las oportunas revisiones del equipo de trabajo, documentando las mismas, se dispone en el apartado 3 de aquel precepto, que:

"3. Los resultados de las comprobaciones se anotarán y estarán a disposición de la autoridad competente. Se conservarán durante un tiempo apropiado."

* A nivel nacional, de conformidad con el artículo 17.1 LPRL:

"1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse...Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

(...)

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello."

* Obligación empresarial que es reiterada en el artículo 3.1 del referido RD 1215/1997, de 18 de julio, al disponer:

"1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo."

* La específica obligación empresarial del mantenimiento de los equipos de trabajo, viene contemplada en los referidos artículos 3.5; 4.2; 4.3; 4.4 de aquel RD 1215/1997, al disponer:

Art. 3.

"5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1."

Art. 4.

" 2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros."

"3. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente."

"4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos."

5. Aquella obligación no se ha cumplido, como así se desprende del hecho probado sexto, al no haberse llevado a cabo la revisión documentada de aquella escalera, acreditando el mantenimiento de la misma, con lo que se hubiese evitado que el peldaño de la escalera se hubiese soltado (tornillo y puntos de soldadura).

Obsérvese, que "algunos puntos de soldadura estaban algo sueltos" y, además, "un tornillo", que aseguraban la fijación de aquel peldaño, es decir, dos medios de sujeción no revisados.

A consecuencia de la falta de revisión y por ende del mantenimiento ( quien es causa de la causa, es causa del mal causado), se produjo un daño en el trabajador, que, en aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, conlleva la directa responsabilidad empresaria por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que en los presentes hechos, pueda descargar su obligación hacia terceras empresas, de las que no se interesó su traída al procedimiento, y por ende, no se esgrimió la excepción de litisconsorcio pasivo.

6. Por último, al no existir obligación que cumplir por el trabajador, en directa conexión con el accidente de trabajo sufrido por aquel, no puede haber ninguna compensación de causas concurrentes en el resultado dañoso.

QUINTO. - De conformidad con el artículo 235 LJS por el que se consagra el principio del vencimiento en materia de costas devengadas en el presente recurso de suplicación, a excepción del proceso de conflicto colectivo, se excluye de la condena a los que gozaren del beneficio de justicia gratuita.

Dichas costas incluyen los conceptos que se mencionan en el artículo 241.1 LEC, especificando el artículo 235 LJS que, respecto de los honorarios del abogado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso, dichos honorarios no podrán superar la cantidad de 1.200.00 euros, en el recurso de suplicación.

Por las razones que anteceden, y habiendo actuado la empresa demandada en su condición de empleadora, siendo desestimatorio el recurso de suplicación formulado, se condena al abono de los honorarios del letrado impugnante del recurso en 300 euros.

Por los razonamientos expuestos se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.