Sentencia Social 393/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 323/2022 de 10 de mayo del 2023

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- Al demandante, nacido en 1968, cuya profesión habitual era la de controlador aéreo, se le reconoció por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en agosto de 2019 una incapacidad permanente total por un cuadro de intolerancia cutánea a prótesis de miembro inferior izquierdo amputado en la infancia y trastorno adaptativo depresivo ansioso, con limitación para actividades de alta carga psíquica o de atención- concentración, así como para las de deambulación o bipedestación mantenida y sin apoyos. En la demanda rectora de los presentes autos pide que la contingencia se declare derivada de accidente de trabajo, por síndrome de "burn- out", y que además se revise el grado, para que se declare que procede la incapacidad permanente absoluta. La sentencia de instancia confirma el origen común de las patologías diagnosticadas en el demandante, por tener el actor antecedentes personales ajenos al trabajo que influyeron en la aparición del trastorno adaptativo, pero reconoce la incapacidad permanente absoluta al considerar probado que el actor está limitado para permanecer en bipedestación o sedestación, caminar cortas distancias, subir o bajar rampas o escaleras, mantener flexión de rodillas, o permanecer de pie en transportes públicos, y que además presenta falta de concentración, pérdida de atención y de memoria. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea una revisión de los hechos probados, por el 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y luego un motivo de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil).

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- La entidad gestora pretende la modificación del hecho probado 9º, para que se cambien las limitaciones orgánicas y funcionales del demandante, de manera que éstas vengan a coincidir con las reconocidas por el Equipo de Valoración de Incapacidades, amparándose para ello tanto en el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades como en el informe médico de síntesis, folios 59, 61 y 62 de las actuaciones. El texto que propone es el siguiente: "El actor presentó osteosarcoma en el miembro inferior izquierdo en la infancia que precisó de la amputación total del miembro. Porta prótesis con intolerancia cutánea que le ha ocasionado edemas, escoraciones y ulceraciones en la zona de inserción protésica. Padece de síndrome de miembro fantasma que requiere de tratamiento analgésico de segundo escalón a demanda y en la noche. Padece de un trastorno asiosodepresivo adaptativo en tratamiento".

SEXTO.- Aunque el texto que se propone resulta de forma directa de los documentos invocados, lo cierto es que se trata de una modificación un tanto inútil, por cuanto en la misma no se concretan las limitaciones orgánicas y funcionales que presentaría el actor. Esencialmente se limita a recoger el diagnóstico y algunos de los síntomas y tratamientos, pero nada más, y en particular no concreta la incidencia funcional del trastorno adaptativo. Pero, en cualquier caso, la modificación ha de ser rechazada por no revelar los documentos un error patente de la juzgadora en la valoración global de la prueba, dado que la convicción de la juzgadora de instancia en relación a las patologías y limitaciones que presenta el actor ha resultado, y se apoya, en otros informes médicos y periciales, que arrojan conclusiones distintas de las alcanzadas por el Equipo de Valoración de Incapacidades. En estos casos de prueba contradictoria ha de respetarse en principio la valoración global llevada a cabo en instancia, cuando la misma no se evidencia como absurda o completamente irrazonable (y en este caso no puede afirmarse la existencia de tales defectos groseros de razonamiento), porque dar más valor a unos informes o periciales que a otros forma parte de la valoración global de la prueba, y cualquier error que pudiera apreciarse lo sería por medio de un nuevo examen probatorio de tipo global, lo cual no es posible efectuar en suplicación.

SÉPTIMO.- En el motivo de censura jurídica, la entidad gestora denuncia infracción de los artículos 193 y 194.1.c de la Ley General de la Seguridad Social, alegando que conforme al dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades el demandante solo estaría limitado para actividades de alta carga psíquica y con alta necesidad de atención y/o concentración, así como para actividades que precisen de bipedestación y/o deambulación mantenida y sin apoyos, pero que esto no le impide desarrollar tareas de carácter livianas y sedentarias.

OCTAVO.- Como mantiene la jurisprudencia, en interpretación del artículo de la Ley General de la Seguridad Social que define la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo como aquella "que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio" (actualmente, el 194.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción aplicable conforme a su Disposición transitoria 26ª), deberá declararse en situación de invalidez absoluta a quien no puede realizar la mayor parte de las profesiones u oficios, matizando que ello implica no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada y efectuar allí la prestación de un trabajo que, siquiera sea liviana, requiera un cierto grado de atención y se ha de llevar a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en relación con los quehaceres de otros compañeros de trabajo ( SSTS de 3 de marzo y 12 de junio de 1986), por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención que son indispensables en el más simple de los oficios y en la mas baja de las categorías profesionales ( STS de 9 de marzo de 1989). Esta Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife también ha señalado ( sentencia de 4 de abril de 2017, recurso 519/2016) que no obsta al reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta el hecho de que el beneficiario pueda presentar una capacidad laboral absolutamente marginal y limitada a puestos especialmente adaptados a su discapacidad, pues tal circunstancia precisamente evidencia que el beneficiario, por las limitaciones que presenta, no puede concurrir en condiciones de igualdad al mercado de trabajo y necesita unas condiciones muy particulares que no reúnen la mayor parte de las profesiones u oficios, debiéndose calificar estos puestos especialmente adaptados como actividades compatibles con el estado del inválido, a efectos del artículo 141.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social vigente al momento del hecho causante de estos autos (artículo 198.2 del texto refundido de 2015).

NOVENO.- La valoración de la capacidad laboral, en cualquier caso, se realiza solamente en atención a la capacidad física e intelectual residual que pueda quedar delimitada por las limitaciones orgánicas y funcionales objetivadas y acreditadas, limitaciones éstas que se establecen según criterios médicos, con abstracción de otros como edad, nivel formativo, etc. O, como señala la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1986 (ECLI:ES:TS:1986:13470), aunque en materia de grados de invalidez han de apreciarse casuísticamente las secuelas, para tal valoración "sólo cabe tener en cuenta las secuelas clínicas prescindiendo de las personales - edad, falta de cultura- y ambientales y sociológicas" (en análogo sentido, la sentencia de 20 de octubre de 1989, ECLI:ES:TS:1989:5580), y ello porque, como vienen a señalar otras sentencias del Alto Tribunal (5 de noviembre de 1980, ECLI:ES:TS:1980:1287; 24 de septiembre de 1981, ECLI:ES:TS:1981:3095; 11 de octubre de 1988, ECLI:ES:TS:1988:16141) en la legislación aplicable, desde 1972, la eventual influencia de esas circunstancias ya se tiene en cuenta por la propia norma legal (en forma del complemento de un 20% o "incapacidad permanente cualificada", regulado en el artículo 196.2 de la Ley General de la Seguridad Social y 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, y que se ha establecido en atención a la "edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia") y no pueden ser objeto de valoración diferente.

DÉCIMO.- La censura jurídica deducida por la entidad gestora parte, fatalmente, de la revisión fáctica que había previamente planteado y que no ha podido ser estimada. Y al no haberse modificado el relato de hechos probados, la aplicación de la normativa y jurisprudencia referente al grado de incapacidad permanente absoluta ha de llevarse a cabo por la Sala sobre las limitaciones orgánicas y funcionales que se recogen en hechos probados de la sentencia recurrida, en cuyo ordinal 9º, de manera exhaustiva pero un tanto repetitiva se indica que el demandante presenta como principales patologías un trastorno de estrés postraumático de carácter crónico, así como depresión y ansiedad severas, con diversas somatizaciones, falta de concentración, pérdida de atención y de memoria y enlentecimiento psicomotor, apatía, falta de energía, desmotivación, o frecuencia al suicidio; a lo que se añade la amputación del miembro inferior izquierdo en la infancia con intolerancia al uso de prótesis del miembro, y que ha terminado provocando alteraciones en la otra extremidad inferior (dolor por sobrecarga mecánica) y columna (escoliosis lumbo sacra), teniendo pautada analgesia con derivados de la morfina. Todo eso, según el mismo hecho probado 9º, limita al demandante para permanecer en bipedestación o sedestación, caminar cortas distancias, por rampas, subir y bajar escalones, adoptar la posición de rodillas o de cuclillas, salvar escalones de transportes públicos colectivos y mantenerse de pié, en los mismos, aparte de presentar falta de concentración, pérdida de atención, y de memoria.

UNDÉCIMO.- El cuadro de limitaciones orgánicas y funcionales que resulta del hecho probado 9º no solo limitarían al actor para actividades de alta exigencia mental o intelectual, o que requieran una bipedestación o deambulación mantenida y sin apoyos (lo que implica incapacidad para cualquier trabajo que no sea de tipo sedentario), sino que evidencian importantes dificultades para llevar a cabo los necesarios desplazamientos hasta el lugar de trabajo y dentro del lugar de trabajo, pues se ha estimado que el demandante no está en condiciones de caminar ni siquiera cortas distancias, o subir o bajar escalones. En esas condiciones, incluso el desempeño de una actividad sedentaria y poco exigente desde el punto de vista mental exigiría para el demandante un importante sacrificio para el mismo hecho de tener que acudir hasta el centro de trabajo, y solo estaría, tal vez, en condiciones de realizar trabajos especialmente adaptados a sus limitaciones; pero, como se ha indicado, que solo se conserve la capacidad de desempeñar una actividad profesional especialmente adaptada a la discapacidad lo que evidencia es que el actor no puede concurrir en condiciones de igualdad al mercado de trabajo y necesita unas condiciones muy particulares que no reúnen la mayor parte de las profesiones u oficios y que además le tienen que ser especialmente adaptadas, situación esta que no puede enervar la incapacidad permanente absoluta, pues no se estaría en condiciones de realizar de manera normalizada ninguna profesión u oficio. Habiéndolo entendido de igual manera la sentencia recurrida, procede desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de instancia.

DUODÉCIMO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser entidad gestora de la seguridad social ( artículo 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.