Fecha de efectos de la IPA reconocida en juicio tras agravación

La STS n.º 396/2026, de 16 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1819, resuelve una cuestión de notable trascendencia práctica en materia de incapacidad permanente: cuál debe ser la fecha de efectos económicos de una incapacidad permanente absoluta (IPA) cuando el INSS la denegó inicialmente por insuficiencia de las lesiones y, posteriormente, la jurisdicción social la reconoce atendiendo a una agravación de las dolencias ya existentes o a la aparición de nuevas lesiones relevantes antes del juicio.

El núcleo del litigio se sitúa en la interacción entre el art. 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS) y las reglas reglamentarias sobre hecho causante contenidas en el art. 6.3 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, y en el art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996. La sentencia descarta que, en estos supuestos, opere automáticamente la retroacción al primer dictamen-propuesta del EVI o a la fecha de extinción de la incapacidad temporal, y fija doctrina en favor de la fecha en la que quedan acreditadas las limitaciones funcionales invalidantes que sustentan el grado reconocido.

Nuestra entrada de hoy en la revista Iberley analiza la determinación de la fecha de efectos económicos de la incapacidad permanente absoluta cuando la prestación fue denegada en vía administrativa y reconocida judicialmente por agravación o nuevas lesiones.

Marco normativo aplicable

El punto de partida del Tribunal Supremo es el art. 193.1 de la LGSS, precepto que define la incapacidad permanente contributiva como la situación de la persona trabajadora que, tras el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Desde esta premisa, la Sala enfatiza que la norma legal sustantiva no permite reconocer efectos económicos por un período en el que todavía no concurrían las limitaciones con entidad invalidante suficiente. En otras palabras, si en la fecha del expediente administrativo denegatorio no se había objetivado aún la gravedad necesaria para el grado de IPA, no cabe anticipar los efectos a ese momento por la sola circunstancia de que la pretensión judicial termine siendo estimada tiempo después.

La sentencia examina expresamente dos normas reglamentarias:

• Art. 6.3 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, conforme al cual la calificación de la invalidez permanente se entiende producida en la fecha de la resolución del director provincial del INSS, previendo determinados supuestos de retroacción de efectos económicos.
• Art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, que distingue entre: (i) la fecha de extinción de la incapacidad temporal de la que derive la invalidez permanente; y (ii) si no existe incapacidad temporal previa o esta no se ha extinguido, la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades.

Ahora bien, el Tribunal Supremo subraya que estas previsiones reglamentarias no pueden prevalecer sobre la definición legal del presupuesto sustantivo de la incapacidad. Por ello, cuando el estado incapacitante no existía todavía en la fecha de referencia reglamentaria y solo queda acreditado con posterioridad, la fijación de efectos debe acomodarse al momento en que realmente se produce la situación protegida.

Supuesto enjuiciado y cuestión controvertida

En el caso resuelto, el INSS dictó resolución de 27 de diciembre de 2021, previa propuesta de 22 de diciembre de 2021, denegando la incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones gravedad suficiente. Posteriormente, en un segundo informe de la UMEVI de 28 de noviembre de 2022, constaban ya nuevas circunstancias clínicas de entidad invalidante, destacadamente un síndrome parkinsoniano/enfermedad de Parkinson, junto con una mayor limitación funcional osteoarticular.

La sentencia de instancia reconoció la IPA derivada de enfermedad común con efectos económicos desde el 30 de noviembre de 2022. El TSJ de Cantabria, sin embargo, retrotrajo los efectos al 22 de diciembre de 2021, acudiendo a la doctrina sobre el hecho causante y a la idea de que la ampliación de alegaciones en juicio no debía perjudicar al beneficiario.

La controversia resuelta por el Tribunal Supremo consistía, precisamente, en decidir si los efectos económicos debían anudarse a la fecha del primer dictamen-propuesta, pese a que entonces no concurría la gravedad invalidante, o a la fecha posterior en la que las lesiones alcanzaron efectivamente entidad incapacitante.

La Sala ordena el debate en torno a tres posibles fechas:

1. La fecha de agotamiento de la incapacidad temporal, conforme al primer inciso del art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996.
2. La fecha de emisión del dictamen-propuesta del EVI, o la que en él se indique, conforme al segundo inciso del mismo precepto.
3. La fecha de constatación de la existencia de incapacidad permanente, entendida no como la del juicio oral en sentido formal, sino como aquella en la que la sentencia considera acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente. La doctrina unificada se inclina por esta tercera opción.

Doctrina jurisprudencial fijada por la STS n.º 396/2026, de 16 de abril, rec. 4041/2024, ECLI:ES:TS:2026:1819

«En aquellos supuestos como el presente, en los que se cuestiona una resolución administrativa que deniega la incapacidad permanente por no estar acreditado en el momento en que se dicta la concurrencia de limitaciones que impidan el desarrollo del trabajo, y después en fecha posterior se constata la existencia de las mismas, debemos entender que la fecha de efectos económicos es la del momento en que se produce dicha constatación, por ser dicha fecha igualmente la del hecho causante; bien entendido que por fecha de constatación no nos referimos al momento del juicio oral, sino a la fecha en que la sentencia que reconoce la nueva situación entiende que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente».

La sentencia razona en términos de jerarquía normativa. El art. 193.1 de la LGSS contiene la configuración sustantiva de la contingencia protegida, mientras que el art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996 regula aspectos instrumentales o de desarrollo. En consecuencia, no cabe aplicar mecánicamente la fecha del dictamen-propuesta si en ese momento la incapacidad permanente, en el grado posteriormente reconocido, aún no se había producido.

Esta precisión es capital: la fecha de efectos económicos no depende exclusivamente del expediente originario impugnado, sino del momento material de consolidación y acreditación de las reducciones anatómicas o funcionales graves que anulan la capacidad laboral.

No toda estimación judicial comporta retroacción al primer expediente

La Sala niega que el reconocimiento judicial de la IPA permita, por sí mismo, retrotraer siempre los efectos a la fecha del primer examen del EVI. Esa solución solo sería compatible con el sistema si en ese momento ya concurriesen las lesiones invalidantes con la intensidad exigible.

Cuando lo que sucede es que la incapacidad se reconoce porque entre la denegación administrativa y el juicio se ha producido una agravación o han aparecido nuevas lesiones con incidencia funcional suficiente, el hecho causante queda desplazado a ese momento ulterior.

Alcance de la doctrina: denegación inicial y reconocimiento de grado superior

El Tribunal Supremo precisa que esta doctrina no se limita al caso de denegación total inicial seguida de reconocimiento judicial de IPA. También se proyecta sobre aquellos supuestos en los que la resolución administrativa reconoce un grado inferior y la sentencia posterior declara un grado superior, siempre que tal superioridad derive de una agravación o de nuevas lesiones acreditadas en un momento posterior.

Relación con la doctrina previa sobre alegación de dolencias nuevas o agravadas

La sentencia se apoya en la evolución jurisprudencial que ha flexibilizado la consideración de hechos nuevos en los procesos de incapacidad permanente. En particular, recuerda la doctrina de la STS n.º 392/2023, de 31 de mayo, rec. 1909/2022, ECLI:ES:TS:2023:2720, según la cual no cabe considerar ajenas al expediente las dolencias que constituyan agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades ya existentes que se manifiesten después, ni siquiera las no detectadas por los servicios médicos durante la tramitación administrativa.

«Al haber quedado fuera del ámbito de discusión no podemos fijar doctrina acerca de los efectos temporales que posea la valoración de esas dolencias no puestas de relieve con anterioridad, pero sí que han de cohonestarse con el momento en que queden evidenciados».

Sin embargo, la admisibilidad procesal de esas dolencias no resuelve por sí sola la cuestión temporal de los efectos económicos. La novedad de la STS n.º 396/2026 reside en conectar expresamente esa posibilidad de alegación y valoración con la exigencia de que los efectos se sitúen en el momento en que las limitaciones incapacitan realmente.

La sentencia de 2026 toma esta reflexión y la desarrolla de manera concluyente: la fecha relevante no es la del expediente inicial, sino aquella en la que la sentencia considera acreditado que las dolencias ya tienen carácter invalidante.

Diferencia con la doctrina sobre RETA y continuidad en la cotización

El TS también distingue los precedentes relativos a personas trabajadoras autónomas que, aun reconocida la incapacidad permanente total, continuaban de alta o cotizando en el RETA. En ese ámbito, la controversia giraba sobre si la permanencia en cotización equivalía a continuidad laboral y sobre la fecha inicial del cobro de la pensión, no sobre el momento en que surgían por primera vez las lesiones invalidantes.

En este punto cita la STS, rec. 2034/2014, de 23 de julio de 2015, ECLI:ES:TS:2015:4358, y la STS n.º 1010/2021, de 13 de octubre, ECLI:ES:TS:2021:3859, dejando claro que tales precedentes no resuelven el problema ahora examinado porque su base fáctica es distinta.

Implicaciones prácticas de la doctrina unificada

La consecuencia práctica principal es que, en litigios sobre incapacidad permanente en los que el cuadro clínico evoluciona durante la pendencia del proceso, resulta imprescindible individualizar con precisión la fecha en que las limitaciones alcanzan intensidad incapacitante. No basta invocar el expediente inicial ni la mera posterior estimación judicial.

Desde el plano probatorio, adquieren especial relevancia:

• Informes de la UMEVI/EVI posteriores al expediente denegatorio.
• Informes clínicos de especialistas que documenten la evolución o agravación.
• Pruebas diagnósticas objetivas con referencia temporal concreta.
• Datos funcionales sobre deambulación, bipedestación, destreza, riesgo de caídas o necesidad de ayuda de tercera persona, según el caso.

La fijación de una fecha posterior de efectos económicos puede tener impacto directo sobre:

• El inicio del devengo de la pensión de incapacidad permanente.
• La posible concurrencia con situaciones de incapacidad temporal.
• La coordinación con otras prestaciones, como la jubilación, especialmente cuando, como en el supuesto resuelto, el beneficiario ya había pasado a ser pensionista de jubilación desde el 1 de diciembre de 2022.
• Las diferencias económicas reclamables y, en su caso, las revalorizaciones aplicables desde la fecha finalmente reconocida.

En términos procesales, la doctrina evita retroacciones automáticas a períodos en los que el presupuesto material de la prestación aún no concurría, lo que reduce el riesgo de reconocer efectos económicos desvinculados del verdadero hecho causante.

Incidencia en la estrategia procesal

Para la parte actora, esta jurisprudencia obliga a distinguir entre dos planos: de un lado, la viabilidad de introducir y valorar dolencias agravadas o nuevas; de otro, la concreta petición de fecha de efectos, que deberá sustentarse con prueba médica cronológicamente consistente.

Para el INSS y la TGSS, la doctrina proporciona un criterio de oposición sólido frente a pretensiones de retroacción al expediente originario cuando la propia prueba revele que la incapacidad permanente solo se consolidó después.

Puntos controvertidos y delimitación del criterio jurisprudencial

La «fecha de constatación» no es necesariamente la del juicio

Uno de los extremos más relevantes de la sentencia es que la «fecha de constatación» no se identifica sin más con la celebración del juicio oral. El Tribunal Supremo precisa que debe atenderse a la fecha en que la sentencia entiende acreditadas las limitaciones incapacitantes. Esto permite, en función de la prueba, fijar un momento anterior al juicio pero posterior a la resolución denegatoria.

La consecuencia es doble: no hay automatismo ni a favor de la retroacción al primer dictamen ni a favor de la fecha de la vista. El órgano judicial debe motivar por qué sitúa el hecho causante en una fecha concreta.

Agravación frente a nueva patología

Aunque la sentencia contempla tanto la aparición de nuevas lesiones como la agravación de las existentes, en el caso enjuiciado destaca que no se trataba estrictamente de una patología enteramente nueva en todos sus elementos, sino de una evolución del cuadro clínico y funcional hasta alcanzar la gravedad suficiente. Ello refuerza la idea de que la fecha decisiva depende del grado de afectación laboral acreditado, no de la mera denominación diagnóstica.

Conclusión

La STS n.º 396/2026, de 16 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1819, fija como doctrina que, cuando una incapacidad permanente es denegada en vía administrativa por no existir entonces limitaciones invalidantes suficientes y posteriormente se reconoce judicialmente por agravación de las dolencias o aparición de nuevas lesiones, los efectos económicos de la prestación no deben retrotraerse de forma automática ni a la fecha de agotamiento de la incapacidad temporal ni al primer dictamen-propuesta del EVI.

La fecha correcta es aquella en la que la sentencia considera acreditado que se produjo la situación incapacitante, por ser ese momento el verdadero hecho causante conforme al art. 193.1 LGSS. La doctrina refuerza así una lectura material de la incapacidad permanente: el devengo de la pensión se vincula al momento en que la reducción funcional grave, objetiva y previsiblemente definitiva adquiere entidad invalidante suficiente, y no al mero encuadre procedimental del expediente originario.

CUESTIÓN

Si el INSS deniega la incapacidad permanente y en el juicio se reconoce una IPA porque las lesiones se agravaron después, ¿los efectos económicos se retrotraen siempre al primer dictamen del EVI?

No. Conforme a la STS n.º 396/2026, de 16 de abril, rec. 4041/2024, ECLI:ES:TS:2026:1819, los efectos económicos deben fijarse en la fecha en que quede acreditado que las limitaciones alcanzaron entidad incapacitante suficiente. Solo cabría situarlos en el primer dictamen si ya en ese momento concurrieran efectivamente los requisitos del art. 193.1 LGSS.