Ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo

El Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ ofrece las siguientes definiciones de la ejecución de sentencia contencioso-administrativa: “Fase procesal por la que se procede al cumplimiento, en sus justos términos, de las sentencias dictadas en el orden contencioso-administrativo por los juzgados y tribunales de dicho orden jurisdiccional”. Su regulación legal se encuentra en los Art. 103-113 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y de la misma se puede extraer todo lo que se establece a continuación.

Competencia y deber de cumplimiento y colaboración

El apartado 1 del Art. 103 ,Ley 29/1998, de 13 de julio establece que la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.

Por su parte, los apartados 2 y 3 del Art. 103 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señalan que las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.

De este modo, tal y como indica el apartado 4 del Art. 103 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Y será, de acuerdo con el apartado 5 del Art. 103 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia quien declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del Art. 109 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en el Título I de la Ley.

Deber de llevar a "puro y debido efecto" el fallo de la sentencia

Así se expresa el Art. 104 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:

• Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.
  
  
• Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme a la letra c) del apartado 1 del Art. 71 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
  
  
• Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

En este punto cabe detenerse a analizar el alcance de este deber de llevar a puro y debido efecto el fallo y delimitar cuáles son los propios términos de la sentencia; así, como señala la Tribunal Constitucional, nº 240/1998, de 15/12/1998, Rec. Recurso de amparo 2.726/1995, no basta con atender al fallo o a la parte dispositiva, sino que es es imprescindible acudir a su fundamentación jurídica: 

“el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) incluye, sin lugar a dudas, el derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios términos, pero el alcance. de las posibilidades de control, por parte de este Tribunal, del cumplimiento de la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 C.E.) no es ilimitado. En cuanto componente que es del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la ejecución de las Sentencias y demás decisiones judiciales firmes también queda satisfecho, en principio, con una resolución judicial razonada y fundada en Derecho que entre en el fondo de la pretensión ejecutiva, y que no sea arbitraria o irrazonable (SSTC 205/1987 y 219/1994, entre otras), y que se canalice a través del incidente adecuado (STC 167/1987). De manera que la interpretación del sentido de los fallos, en orden a su ejecución, corresponde a los propios órganos judiciales, y que este Tribunal tan sólo ha de velar por que no se produzcan apartamientos del sentido de aquéllos claramente incongruentes, arbitrarios o irrazonables (SSTC 125/1987, 167/1987, 148/1989, 153/1992, 194/1993 y 247/1993). (…) es necesario partir del examen de tales pronunciamientos que, plasmados en el fallo o parte dispositiva, son consecuencia de la fundamentación jurídica de dicha resolución judicial, en una línea secuencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora, con la fundamentación jurídica y argumentación que funda la Sentencia, para desembocar en el fallo y concretos pronunciamientos en ésta contenidos. La función jurisdiccional de decir el Derecho, presupuesto necesario de la ejecución, no permite una consideración aislada de cada uno de dichos momentos y actos procesales, sino que requiere su valoración unitaria o global, pues ésta es la que permite extraer, con mayor grado de certeza, el genuino alcance. y significación de las determinaciones del órgano jurisdiccional y de los efectos jurídicos, de naturaleza formal o material, que deben producir aquéllas”.

Imposibilidad de cumplimiento de la sentencia

La regla general es que no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. Sin embargo, esa regla tiene la siguientes excepciones (apdos. 2 y 3 del Art. 105 ,ley 29/1998, de 13 de julio):

• Imposibilidad material o legal de ejecución: Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del Art. 104 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.
  
  
• Expropiación de derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración: Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las causas citadas se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, así como de las Entidades de Derecho público y Corporaciones dependientes de una y otras.
  
  La declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecución señalará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo.

Reglas para la fijación de la cantidad líquida a pagar

El Art. 106 ,Ley 29/1998, de 13 de julio se expresa en los siguientes términos:

• Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
  
  
• La cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.
  
  
• No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 104 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.
  
  
• Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla.
  
  
• Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta Ley.
  
  
• Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con créditos que la Administración ostente contra el recurrente.

Efectos

• Anulación total o parcial del acto o disposición impugnados (Art. 107 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):
  
  
  •  Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicación sea en periódicos privados, se deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique.
    
    
  • Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.
    
    
• Condena de hacer (Art. 108 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):
  
  
  • Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento:
    
    
    • Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.
      
      
    • Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada.
      
      
  • Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.
    
    
  • El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Incidentes de ejecución 

Según se expresa en el Art. 109 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:

• La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:
  
  
  • Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.
  • Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran.
  • Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.
    
    
• Del escrito planteando la cuestión incidental el Secretario judicial dará traslado a las partes para que, en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que estimen procedente.
  
  
• Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión planteada.

Reglas específicas  en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado (Art. 110 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

• En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
  
  
  • Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
    
    
  • Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
    
    
  • Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.
    
    
• La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos.
  
  
• La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este Art. 110 ,ley 29/1998, de 13 de julio.
  
  
• Antes de resolver, en los veinte días siguientes, el Secretario judicial recabará de la Administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. Una vez evacuado el trámite, el Juez o Tribunal resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
  
  
• El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  
  
  • Si existiera cosa juzgada.
  • Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el Art. 99 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.
  • Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo.
    
    
• Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
  
  
• El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas en el Art. 80 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

Suspensión de la tramitación de uno más recursos y extensión de los efectos de la sentencia

El Art. 111 ,Ley 29/1998, de 13 de julio establece lo siguiente:

• Cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de uno o más recursos con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del Art. 37 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con carácter preferente, el Secretario judicial requerirá a los recurrentes afectados por la suspensión para que en el plazo de cinco días interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso.
  
  
• Si se solicitase la extensión de los efectos de aquella sentencia, el Juez o Tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 5 del Art. 110 ,Ley 29/1998, de 13 de julio o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el Art. 69 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

Medidas a adoptar para el cumplimiento del fallo

• Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado (párrafo 1 del Art. 112 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):
  
  
• Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala podrán (párrafo 2 Art. 112 ,Ley 29/1998, de 13 de julio)::
  
  
  • Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el Art. 48 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.
    
    
  • Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Plazo para instar la ejecución forzosa en caso de terminación por acuerdo

Según dispone el Art. 113 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

• Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el apartado 3 del Art. 77 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (acuerdo que implique la desaparición de la controversia), cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa.
  
  
• Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podrá requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa.