Los Juzgados de lo Social con criterios distintos sobre los ERTE por Covid-19 en despachos de abogados

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Según un Juzgado de lo Social de Zamora, en tanto en cuanto la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal ydefensa jurídica, considerada como actividad esencial, no existe la posibilidad de realizar ERTE por fuerza mayor ante el impacto del COVID-19. En contraposición, otro Juzgado de lo Social de Burgos, reconoce la existencia de fuerza mayor a un abogado para la suspensión del contrato de su única empleada.

  • Materias: Laboral
  • Fecha: 02/07/2020

coronavirus

Se deniega ERTE por Covid-19 a un despacho de abogados por tratarse de actividad esencial

SJS Zamora Nº 161/2020, Sección 1, Sala de lo Social, de 27 de marzo de 2020, Rec. 101/2020,  ECLI: ES:JSO:2020:1762

Presentado por el despacho de abogados expediente para la suspensión colectiva de contratos de trabajo, al amparo del art. 22 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se ha acordado la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, dicha solicitud fue denegada mediante resolución de la Autoridad Laboral de fecha 31/03/2020. Dicha denegación se fundamentó, en no constatarse la causa de fuerza mayor alegada por no encontrarse que la actividad de servicios de abogacía se encontrase dentro de las recogidas en el art. 10 del citado Real Decreto 463/2020.

Se confirmar la resolución denegatoria de la Autoridad Laboral, dado que la única actividad  de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la relación de actividades esenciales para el acceso al ERTE por fuerza mayor COVID-19.

El art. 22 del Real Decreto 463/2020, ha establecido como causa de fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19, estableciéndose a continuación como especialidades de la normativa reguladora del procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, la necesidad de que la empresa solicitante acompañe un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa, debiendo a continuación ser constatada por la autoridad laboral la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos, en iguales términos que los ya establecidos en el art. 31 del Reglamento del procedimiento de despido colectivo, suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada.

  • Memoria explicativa y justificación de la fuerza mayor

El despacho demandante presentó en su memoria, alegando como causa de la solicitud es la fuerza mayor «no ser la abogacía servicio básico e indispensable de conformidad con la regulación del estado de alarma». Sin embargo, a juicio del Juzgado de lo Social, el referido Real Decreto especifica como fuerza mayor, a fin de poder acogerse con base al estado de alarma a la regulación de la suspensión temporal como la que se pretende de los contratos de trabajo, "la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19"; posteriormente, y en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se establecen las actividades consideradas esenciales, y «en lógica consecuencia», excluidas de la suspensión o cancelación derivadas del estado de alarma, recogiéndose entre las mismas la actividad de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes que asistan a los actos procesales no suspendidos por el Real Decreto 463/2020, cumpliendo con los servicios esenciales fijados para la Administración de Justicia, así como personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales en materia de seguridad laboral.

  • Únicamente las actividades suspendidas por el estado de alarma, excluidas las especificadas en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se pueden acoger al ERTE por fuerza mayor derivada de la declaración de la alarma sanitaria.

La Sala de lo Social confirma la resolución impugnada, en tanto en cuanto la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la relación de actividades esenciales, sin perjuicio de que, como igualmente se señala en la resolución administrativa, la empresa pudiere solicitar la autorización del ERTE con fundamento en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con cumplimiento de los requisitos, presupuestos y procedimiento aplicable para dichas causas.

Se admite ERTE por fuerza mayor de un abogado para su secretaria justificado por el parón judicial

SJS Burgos Nº 103/2020,, Sección 3, Rec 233/2020 de 08 de Mayo de 2020, Ecli: ES:JSO:2020:1813

En este procedimiento se impugna la resolución de la Autoridad Laboral, por la que se deniega el ERTE por fuerza mayor por el COVID-19, solicitado por un abogado que tenía como única empleada una secretaria encargaba de citar a clientes y responder llamadas.

Solicita el Letrado demandante la estimación de las pretensiones de la demanda por silencio positivo y subsidiariamente por entender que concurre un supuesto de fuerza mayor, toda vez que la trabajadora para la que se ha solicitado el ERTE no puede realizar sus funciones como consecuencia de la disminución sustancial de la actividad del Letrado para el que presta servicios.

Para la Sala de lo Social, el ERTE por fuerza mayor está justificado porque la actividad a la que se dedica el letrado “ha quedado suspendida casi en su totalidad, como consecuencia de la práctica paralización de la actividad jurisdiccional, y ha quedado exclusivamente limitada a las actuaciones urgentes consideradas servicios esenciales tales como, en el orden penal, asistencia a detenidos, órdenes de protección y actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, así como medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer menores; en el orden Contencioso-Administrativo, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley; en el orden social, en el que no actúa el letrado demandante, a los procedimientos de conflicto colectivo para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, ampliándose con posterioridad a las impugnaciones de ERTE, conciliación de la vida familiar y laboral derivada del COVID-19 y medidas cautelares; y en el orden civil, la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico previsto en el artículo 763 de la LEC y la adopción de medidas de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil".

 

Aunque ninguno de los fallos analizados sienta jurisprudencia, evidencian la dificultad que encontrarán las empresas que reclamen ante la denegación de ERTE por fuerza mayor en caso de que su actividad se considere servicio esencial.

Suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTE).

Fuerza mayor
ERE temporal
Autoridad laboral
Reducción de jornada laboral
Despido colectivo
Suspensión del contrato de trabajo
Suspensión colectiva de contratos de trabajo
Servicios esenciales
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
Silencio administrativo positivo
Violencia
Conflicto colectivo laboral
Vigilancia penitenciaria
Protección de los derechos fundamentales
Tutela
Derechos fundamentales
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Jurisdicción contencioso-administrativa
Autorización judicial
Internamiento

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1483/2012 de 29 de Oct (Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 30/10/2012 Fecha de entrada en vigor: 31/10/2012 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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