Bienes de dominio público o demaniales

El patrimonio de las Administraciones públicas y su composición

Los bienes de dominio público, o demaniales, son una clase de bienes que integran el patrimonio de las Administraciones públicas. Cabe recordar, que según el art. 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (LPAAPP), dicho patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de que es titular la Administración.

Art. 3 de la Ley del Patrimonio de las AA. PP.

«1. El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

2. No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería».

Delimitado el concepto de «patrimonio de las Administraciones públicas», el art. 4 de la LPAAPP clasifica los bienes que lo conforman en dos grandes categorías:

• Bienes de dominio privado, o patrimoniales (regulados en los arts. 7 y 8 de la LPAAPP) .
• Bienes de dominio público, o demaniales (arts. 5 y 6 de la LPAAPP) .

Los bienes de dominio público

El art. 5 de la LPAAPP, define con precisión:

• qué se entiende por bienes y derechos de dominio público (demaniales),
• cuáles son siempre demaniales en el ámbito estatal, y
• qué régimen jurídico se les aplica.

A TENER EN CUENTA. El Código Civil, en su art. 339, contiene una definición según la cual, son bienes de dominio público:

«1º. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos.

2º. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión».

Criterio general: titularidad pública y afectación al uso general, o imperativo legal

El apartado 1 del art. 5 delimita el concepto general de bien/derecho de dominio público, señalando como demaniales:

• Los que cumplen estos dos requisitos acumulativos:
  • Ser de titularidad pública (pertenecen a una Administración).
  • Estar afectos (destinados jurídicamente) bien al uso general (utilización por la colectividad: calles, plazas, caminos, etc.), bien a un servicio público (bienes necesarios para que la Administración preste un servicio: edificios, instalaciones, etc.).

A TENER EN CUENTA. La «afectación» es la decisión (normativa o administrativa o por hechos previstos en el art. 66) mediante la cual un bien pasa a estar vinculado a un uso general o a un servicio público y entra en el dominio público.

• Aquellos a los que, aun no cumpliendo los anteriores requisitos, una ley les otorga expresamente ese carácter.

Demanialidad estatal constitucionalmente predeterminada

El apartado 2 del art. 5 de la LPAAPP remite al artículo 132.2 de la Constitución, que enumera ciertos bienes que en todo caso son demaniales y estatales (dominio público estatal), a saber: «(...) los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

Demanialidad de determinados inmuebles administrativos

Asimismo, el apartado 3 del art. 5 de la LPAAPP considera, en todo caso, bienes de dominio público los siguientes inmuebles administrativos:

• Los de titularidad de la Administración General del Estado (AGE) o de sus organismos públicos dependientes o vinculados.
• Los que alojan servicios, oficinas o dependencias de:
  • órganos o unidades de la propia AGE y sus organismos públicos, o
    
  • órganos constitucionales del Estado (Cortes Generales, Tribunal Constitucional, etc.).
    

Es decir, no solo los utilizados para uso general, sino también los inmuebles administrativos donde se prestan funciones públicas estatales o constitucionales. La ley atribuye a estos bienes carácter demanial siempre, sin necesidad de acto adicional de afectación.

El régimen jurídico de los bienes demaniales y sus efectos

El art. 5 de la LPAAPP establece, en su apartado 4, una jerarquía de fuentes para regular los bienes de dominio público:

• Derecho especial aplicable a cada categoría de bien demanial (por ejemplo , Ley de Costas, leyes de Aguas, de Carreteras, etc.).
• Régimen general: LPAAPP y sus normas de desarrollo o complemento.
• Derecho supletorio:
  • las normas generales del Derecho administrativo, y
  • en su defecto, las normas de Derecho privado (civil o mercantil).

Efectos de la demanialidad

El carácter demanial de un bien o derecho lo excluye del tráfico jurídico-privado, sometiéndolo a un régimen jurídico de especial protección, en virtud del cual se considera: 

• Inalienable. No puede ser objeto de venta, donación ni de cualquier otra forma de enajenación mientras permanezca afectado al uso general o al servicio público.

• Imprescriptible. No puede ser adquirido por terceros mediante prescripción adquisitiva (usucapión), independientemente del tiempo transcurrido.

• Inembargable. No puede ser objeto de embargo judicial ni de procedimientos de ejecución, garantizando así su exclusión del tráfico jurídico privado.

CUESTIONES

1. ¿Todo bien de titularidad pública es, por ello solo, de dominio público?

No. Para que un bien de titularidad pública sea demanial debe estar afectado al uso general o al servicio público, o bien haber sido expresamente calificado como tal por una ley. En otro caso tendrá, como regla general, carácter patrimonial.

2. ¿Los edificios donde se ubican oficinas y dependencias de la Administración General del Estado son patrimoniales o demaniales?

Son demaniales. El artículo 5.3 de la LPAP establece expresamente que los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado tienen, en todo caso, la condición de bienes de dominio público.

Aspectos objeto de estudio en el presente bloque

A lo largo de los próximos temas se analizan separadamente los siguientes aspectos de la demanialidad:

• • Concepto de dominio público

  • Utilización de los bienes de dominio público

  • Afectación, desafectación y mutación de los bienes y derechos de dominio público