La custodia compartida en casos de violencia de género o sobre los menores

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 14/12/2020

Hemos de partir de la premisa de que la institución de una guarda y custodia compartida es una modalidad incompatible con la violencia de género o con la violencia que se ha podido ejercer sobre los menores. Sin embargo, sentada la anterior consideración, la existencia de dicha circunstancia no puede llevar a la automática denegación de dicha institución, sino que se requiere que, analizadas las circunstancias concretas del caso, la decisión adoptada responda al principio del interés del menor. 

a) Guarda y custodia compartida en situaciones de violencia

Pese a que en virtud de la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales, la institución de un sistema de guarda y custodia compartida se ha convertido en el sistema normal e incluso deseable, si, atendidas las circunstancias particulares del caso, estas son favorables al establecimiento de la misma, ante situaciones de violencia, el legislador ha regulado su inaplicación de forma expresa.

Es en el artículo 92.7 del Código Civil donde nuestro ordenamiento jurídico recoge de forma clara y taxativa aquellos supuestos en los que no procederá la fijación de una guarda y custodia compartida: 

"No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica".

Hemos de partir, en consecuencia, de la premisa de que la institución de una guarda y custodia compartida es una modalidad incompatible con la violencia de género o con la violencia que se ha podido ejercer sobre los menores. Sin embargo, sentada la anterior consideración, la existencia de dicha circunstancia no puede llevar a la automática denegación de dicha institución, sino que se requiere dilucidar en cada caso las circunstancias concretas adoptando la decisión en atención al principio rector en la materia que nos ocupa, el interés del menor.

Así pues, y pese a que nuestro ordenamiento jurídico es claro y taxativo, la evolución jurisprudencial ha ido en la línea de flexibilizar los estrictos términos legales, en el sentido de entender que la mera denuncia no basta para excluir la guarda compartida, ni incluso para excluir la guarda individual a favor del progenitor denunciado.

Esta tendencia flexibilizadora ha sido acogida por las normas autonómicas: 

País Vasco: Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores

La regulación del País Vasco incluye dentro de la prohibición legal tanto la guarda como las estancias y comunicaciones con el progenitor encausado por violencia de género o violencia intrafamiliar, pero exige para que la prohibición legal sea aplicable, que exista una condena penal firme por delitos de violencia doméstica o de género, e incluso existiendo tal condena, prevé la posibilidad de que, con carácter excepcional, se puedan fijar estancias o un régimen de relación o de mera comunicación, en atención al interés de los menores, a la entidad y gravedad del delito, a la naturaleza y duración de la pena fijada y al carácter reincidente o no del progenitor así como su peligrosidad. 

En este sentido resulta de interés traer a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya N.º 841/2018, de 30 de noviembre, ECLI:ES:APBI:2018:2707 , mediante la que se resuelve a favor del mantenimiento de la custodia individual paterna pese a existir diligencias abiertas contra este en materia de violencia de género, al no existir condena toda vez que como dice la sentencia "no consta que haya alcanzado tal estado procesal, ni que haya habido juicio". 

Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo

La legislación navarra también regula las decisiones que han de tomarse en materia de guarda y custodia en situaciones de violencia. Lo hace flexibilizando la normativa estatal toda vez que, de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de la Ley Foral 21/2019, la mera denuncia no es suficiente para impedir un pronunciamiento de guarda compartida o individual a favor del progenitor denunciado, sino que tal prohibición legal exige un razonamiento sobre la existencia de indicios fundados y racionales de violencia doméstica o de género, razonamiento que deberá recogerse en la resolución civil que se dicte. 

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia

El legislador catalán va un paso más allá y exige la condena firme para excluir la posibilidad de atribuir la guarda compartida o individual a favor de progenitor incurso en el proceso penal por violencia. Además, se requiere que, ante la existencia de esa condena, se valorarse si los menores han sido o puedan ser víctimas directas o indirectas del delito.

Ahora bien, también contempla la legislación navarra la exclusión de la guarda compartida en interés de los menores cuando sin condena firme haya indicios fundamentados de que se han cometido actos de violencia familiar o machista de los cuales los hijos hayan estado o puedan ser víctimas directas o indirectas. (Artículo 233.11.3 de la Ley 25/2010).

Aragón: Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón

Por su parte, la legislación aragonesa, establece una regulación similar a la prevista en Navarra, excluyendo la guarda compartida y la individual cuando haya indicios fundados de violencia doméstica o de género. Así, en su Artículo 80.6 Ley 6/2016 el legislador navarro establece que: 

"No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género".

Conforme a lo expuesto y, si bien es cierto que tal y como hemos afirmado anteriormente, por parte de nuestros tribunales se tiende hacia una flexibilización a la hora de aplicar las consideraciones previstas por el artículo 92.7 del Código Civil, exigiendo, en cierta medida, la existencia de indicios de criminalidad, hemos de tener en cuenta que en materia de custodia compartida constituye doctrina jurisprudencial que el establecimiento de este sistema conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales, que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de estos se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

En este sentido, es necesario partir de la premisa de que pese a encontrarnos ante situaciones de violencia, la relación existente entre los cónyuges, por sí sola, no es relevante si esta no perjudica el interés del menor tal y como señaló la Sala Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia del Tribunal Supremo N.º 579/2011, de 22 de julio, ECLI:ES:TS:2011:4924 al establecer como doctrina que:

"En cualquier caso, debe repetirse, como ya lo ha hecho esta Sala en anteriores Sentencias (Ver S.S.T.S., entre otras, de 10 octubre 2010 y 11 febrero 2011 ) que lo que importa garantizar o proteger con este procedimiento es el interés del menor, que si bien es cierto que tiene derecho a relacionarse con ambos progenitores, esto ocurrirá siempre que no se lesionen sus Derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, libertad , educación, intimidad, etc. De donde todos los requerimientos establecidos en el Art. 92 CC han de ser interpretados con esta única finalidad. Y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había acordado en un momento anterior.

De aquí que las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor."

Ahora bien, lo cierto es que las situaciones de violencia son incompatibles con la "relación pacífica" entre los progenitores que, jurisprudencialmente, se ha venido estableciendo como requisito esencial para la adopción de la institución de la modalidad de guarda y custodia compartida. La postura mantenida por nuestro Alto Tribunal ante tales circunstancias es clara en este sentido:

Sentencia del Tribunal Supremo N.º 36/2016, de 4 de febrero, ECLI:ES:TS:2016:188  

“(...) sus razones no pueden dejar sin repuesta hechos indiscutidos de violencia en el ámbito familiar, con evidente repercusión en los hijos, que viven en un entorno de violencia, del que son también víctimas, directa o indirectamente, y a quienes el sistema de guarda compartida propuesto por el progenitor paterno y acordado en la sentencia les colocaría en una situación de riesgo por extensión al que sufre su madre, directamente amenazada. Es doctrina de esta Sala (SSTS 29 de abril de 2013 ; 16 de febrero y 21 de octubre 2015), que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

Y es que una cosa es la lógica conflictividad que puede existir entre los progenitores como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se vea tachado por una injustificable condena por un delito de violencia de género que aparta al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre, lo que van a imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental adecuado al interés de sus dos hijos".

Sentencia del Tribunal Supremo N.º 350/2016, de 26 de mayo, ECLI:ES:TS:2016:2304

"En el caso de autos consta un auto de incoación de procedimiento abreviado (no firme) en el que se concretan los indicios existentes de un delito de violencia doméstica, unido a que en la propia sentencia recurrida se declara que «pues si bien es cierto que el padre mantiene con la madre una relación de falta total de respeto, incluso abusiva y dominante, ello no es relevante para determinar la guarda y custodia compartida».

Partiendo de delito sometido a enjuiciamiento y de las actitudes del padre, ejerciendo una posición irrespetuosa de abuso y dominación, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida que exige, como la jurisprudencia refiere, un mínimo de respeto y actitud colaborativa, que en este caso brilla por su ausencia, por lo que procede casar la sentencia por infracción de la doctrina jurisprudencial, dado que la referida conducta del padre, que se considera probada en la sentencia recurrida, desaconseja un régimen de custodia compartida, pues afectaría negativamente al interés del menor, quien requiere un sistema de convivencia pacífico y estable emocionalmente".

CUESTIONES

1.- ¿La prohibición de comunicación de uno de los progenitores con otro, impide la adopción del sistema de custodia compartida?

Como hemos dicho, los tribunales deben llevar a cabo un exhaustivo análisis de las circunstancias existentes en cada caso concreto con el fin de determinar qué sistema se erige como el más apropiado en atención al interés del menor. Si embargo y dado que jurisprudencialmente se requiere una mínima relación de mutuo respeto entre los progenitores, que permitan llegar a cierto consenso en relación las decisiones en la vida del menor, la prohibición de comunicación puede constituirse como causa que obste el establecimiento de esta medida toda vez que la misma conlleva a una absoluta imposibilidad de diálogo entre los progenitores. (En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo N.º 23/2017, de 17 de enero, ECLI:ES:TS:2017:161 ).

2.- ¿La sentencia absolutoria de uno de los progenitores por la denuncia presentada por el otro en relación a un delito violencia de género y/o en el ámbito familiar, puede erigirse como cambio de circunstancias que permita la revisión del sistema de guarda establecido y que había sido denegado por aplicación del art. 92.7 del Código Civil?  

Si, toda vez que dicha absolución constituye un cambio significativo de las circunstancias. La Sentencia del Tribunal Supremo N.º 251/2016, de 13 de abril, ECLI:ES:TS:2016:1638 , se pronuncia ante un supuesto de estas circunstancias en el que la Sala reconoce la existencia de un cambio significativo de las circunstancias, al quedar el padre absuelto del delito de maltrato habitual y amenazas por los que lo denunció su esposa, dado que esta circunstancia había sido uno de los elementos que motivaron la denegación de la custodia compartida. 

En definitiva, podemos concluir que, ante situaciones de violencia en materia de guarda y custodia de menores, no debe excluirse un régimen de custodia compartida, (ni tan siquiera de custodia individual) de manera automática sino, que nuestros tribunales deben examinar las circunstancias concretas del caso en atención al interés del menor. En este sentido, resulta de interés traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra N.º 4/2019, de 29 de marzo,  ECLI:ES:TSJNA:2019:157 , mediante la que la Sala anula la resolución en relación con la guarda y custodia de los menores tomada por la Audiencia Provincial, al conceder la custodia de los dos hijos menores a la madre, sin valorar por un lado, la idoneidad de esta y por de otra, excluir la posibilidad de otorgarla al padre por existir contra el mismo una condena penal por la comisión de un delito de maltrato no habitual (en aquel momento no firme pero sí firme en el momento en el que se resuelve el recurso de casación).

En este sentido, razona la Sala del TSJ de Navarra que: 

"es necesario analizar, en todo caso, la situación existente, y ello por varios motivos. Por un lado, por lo anteriormente expuesto, es decir, porque habiendo sentencia penal firme que no suspende la guarda del padre, no cabe derivar tal suspensión de normas civiles, es decir, que la guarda se le podría haber otorgado a él, y esta circunstancia no fue valorada por la Audiencia Provincial. Por otro lado, porque aunque el criterio de la Audiencia respecto a las normas civiles fuese aplicable, lo cierto es que también debería haberse hecho tal valoración del interés de los menores, y ello porque parece otorgar de forma automática la guarda a la madre por el simple hecho de que entiende que no puede hacerlo con el padre, como si no existieren otras opciones, o lo que es lo mismo, que la idoneidad de la madre para obtener la guarda también debió ser valorada".

De conformidad con el estudio de las diferentes resoluciones examinadas por el CGPJ para la publicación de la Guía de criterios de actuación judicial en materia de guarda y custodia compartida, podemos decir que, constituyen criterios generales que deben ser tenidos en consideración por nuestros tribunales a la hora de tomar decisiones sobre patria potestad y/o custodia en situaciones de violencia sobre la mujer o violencia sobre menores los siguientes:

  • Graves y reiterados incumplimientos de las obligaciones familiares.
  • La gravedad de los hechos penales acontecidos.
  • El tipo penal, la reiteración de los hechos, y la situación concreta de la pareja en el momento en que los hechos penales tienen lugar.
  • Comisión de los hechos denunciados en presencia del menor (supondría un claro ataque a la integridad moral del menor y al desarrollo de su personalidad).
  • La declaración de la denunciante (importante para valorar la entidad de los hechos, el contexto en el que se produjeron, el entorno, etc.).
  • Existencia de patologías mentales en el investigado que impidan o dificulten el efectivo ejercicio de sus derechos y obligaciones como progenitor.
  • La actitud del investigado (con el objetivo de obtener información sobre la vinculación del progenitor investigado con sus hijos y la preocupación por su interés y protección).
  • Los antecedentes del progenitor investigado.
  • La opinión de los menores.
  • El informe del equipo psicosocial.

Asimismo, el CGPJ también hace mención a ciertos criterios que, en su opinión, deben tenerse en cuenta de manera particular si se plantea la posibilidad de adoptar una custodia compartida ante supuestos de violencia sobre la mujer y/o menores: 

  • Prioridad de aplicación, con fundamentación en cada caso concreto, del principio de interés del menor.
  • Distinción entre la alta conflictividad con la existencia de episodios de violencia, aun cuando casos de alta conflictividad puedan terminar con episodios violentos (Sentencia del Tribunal Supremo N.º 36/2016, de 4 de febrero, ECLI:ES:TS:2016:188 , anteriormente meritada).
  • La mera existencia de una denuncia no es suficiente para denegar la posibilidad de una guarda compartida. De acuerdo con lo expresado por el CGPJ, "una medida limitadora de derechos, como es la recogida en el artículo 92.7 del Código Civil, ha de ser interpretada restrictivamente".
  • El contenido de los hechos denunciados, con especial referencia al tipo penal encuadrado en la violencia ejercida y la valoración acerca de la posibilidad de una reiteración delictiva.
  • La consideración de los menores de victima directa o indirecta.
  • Imposibilidad de atribución de una custodia compartida o una custodia monoparental a favor del investigado cuando se ha impuesto una orden de protección tras la presentación de la denuncia.
  • La audiencia de los menores como requisito esencial a la hora de tomar este tipo de decisiones.

b) Régimen de estancias, visitas y comunicaciones en situaciones de violencia

Al contrario de lo que ocurría con las medidas relativas a adoptar en relación a la guarda y custodia en situaciones de violencia, ni el legislador nacional ni los autonómicos han llevado a cabo una previsión legal tan concreta en relación con las visitas y estancias de los hijos con el progenitor que tenga un procedimiento abierto por actos de violencia de género o violencia intrafamiliar, o incluso una condena por actos de violencia doméstica o de género.

A TENER EN CUENTA. La normativa vasca constituye una excepción de lo antedicho al incluir dentro de su normativa, una prohibición legal tanto de guarda como de las estancias y comunicaciones con el progenitor encausado por violencia de género o violencia intrafamiliar siempre que exista una condena penal firme por delitos de violencia doméstica o de género. Si bien, aun para el caso de que exista tal condena se prevé la posibilidad de que, con carácter excepcional, se puedan fijar estancias o un régimen de relación o de mera comunicación en atención al interés de los menores, la entidad y gravedad del delito, la naturaleza y duración de la pena fijada y, la reincidencia y peligrosidad del progenitor.  

En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil reconoce el derecho del progenitor no custodio a relacionarse con sus hijos menores contemplando, asimismo, la posibilidad de suspensión o limitación de las visitas y comunicaciones, a discreción del juzgador, si se dieran graves circunstancias o incumplimientos graves o reiterados de deberes impuestos judicialmente, pero sin que exista  una referencia expresa a que existan procedimientos de violencia abiertos, indicios de violencia doméstica o de género o bien condenas, como ocurre en las previsiones respecto de la custodia. Así, el artículo 94 del Código Civil establece que: 

“El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial".  

La postura mantenida en los últimos años por nuestros órganos jurisdiccionales en relación con el régimen de estancias, visitas y comunicaciones ante supuestos de violencia, sigue la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo N.º 680/2015, de 26 de noviembre, ECLI:ES:TS:2015:4900

Así pues, mediante esta sentencia se fija y establece la distinta normativa y premisas que han de tenerse en cuenta a la hora de resolver en la materia y circunstancias a las que venimos haciendo alusión:

Sienta el Alto Tribunal, como base de su fundamentación jurídica, la previsión contemplada en el artículo 94 del Código civil, el cual permite al Juez limitar o suspender el derecho de visita.

Por su parte, el art. 66 de la Ley Orgánica 1/2004, autoriza la suspensión o restricción del derecho de visita y comunicación.

  • Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y la Carta Europea de Derechos del Niño.

La Sala, hace mención a que, por su parte, el art. 3 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño establece, como primordial la consideración del interés del menor. En idéntico sentido, la Carta Europea de Derechos del Niño de 1992 que establece como esencial la salvaguardia de intereses del niño.

En último término, la Sala hace mención al concepto de interés del menor desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los hechos, pero, tal y como se afirma en la citada resolución "sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que "se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares", se protegerá "la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas"; se ponderará "el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo"; "la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten..." y a que "la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

Igualmente el art. 2 de la mencionada LO 8/2015 exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno 'libre de violencia' y que 'en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir".

En aplicación de la normativa antedicha, el Tribunal Supremo resuelve el concreto caso de autos fijando las siguientes estipulaciones Sentencia del Tribunal Supremo N.º 680/2015, de 26 de noviembre, ECLI:ES:TS:2015:4900 :

  • Establece la debida restricción de contactos del menor con su progenitor toda vez que este ha sido condenado por malos tratos a otro de sus hijos, estableciendo que, a la hora de fijar estos contactos, debe predominar la cautela en virtud del factor de riesgo más evidente (menor con escasas posibilidades de defensa).
  • Aplica el art. 94 del Código Civil y art. 65 de la Ley Orgánica 1/2004 y resuelve que no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante con su hija Sofía , sin perjuicio de que, cuando cumpla la pena impuesta, pueda instar el establecimiento de medidas, en procedimiento contradictorio, con las garantías y cautelas propias que preserven el interés de la menor para que pueda descartarse absolutamente el riesgo para Sofía, dados los antecedentes existentes de agresión para con su madre y con su hermana.
  • Fija como doctrina jurisprudencial que el Juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes.

En este sentido, resulta de interés traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo N.º 598/2015, de 27 de octubre, ECLI:ES:TS:2015:4452 mediante la que la Sala rechaza el establecimiento de un sistema de visitas restrictivo solicitado por la recurrente al no constar datos suficientes para entender que un sistema normalizado de visitas pueda generar una situación de riesgo o perjuicio de las menores, centrando su valoración en los factores de riesgo existentes de conformidad con la doctrina expresada por la Sala.  

Así pues, tal y como hemos dicho anteriormente, la línea jurisprudencial seguida por nuestros órganos jurisdiccionales en los últimos años es la establecida por el Tribunal Supremo. En este sentido, destaca el Consejo del Poder Judicial que de las sentencias que fueron objeto de estudio para la publicación de la guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, la mayor parte de las resoluciones en las que se da por probada la existencia de violencia de género, introducen medidas de restricción de las visitas y estancias con el progenitor contra el que se sigue causa por violencia de género o violencia familiar, sobre todo a través de la intervención de los puntos de encuentro familiar.

Asimismo, cabe resaltar que, de acuerdo con lo expresado por el Consejo General del Poder Judicial debe irse "más allá de la aplicación formal de la norma a la hora de establecer regímenes de visita en supuestos en que existan antecedentes de violencia sobre la mujer, evitando aplicar un patrón de actuación que obedezca a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad meramente formal entre los progenitores. Por el contrario, debe de tomarse en consideración la existencia de un contexto de violencia en las decisiones sobre dichos regímenes de visita, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores, integrando en definitiva la perspectiva de género en la aplicación de las normas". 

Por último, cabe destacar que el CGPJ establece aquellas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de resolver de forma adecuada sobre el régimen de estancias y comunicaciones del menor en aquellos supuestos en los que el progenitor se encuentre inmerso en un proceso penal por violencia de género, advirtiendo de que estos, en su mayoría, resultan coincidentes con los ya por ellos expuestos (y aquí recogidos) para resolver sobre la custodia, el CGPJ establece que constituyen criterios que permiten la suspensión o limitación de visitas y comunicaciones:

  • La gravedad de los hechos denunciados, particularmente en lo referido a la instrumentalidad de los menores para cometer los hechos, esto es, si estos han sido utilizados como instrumento para ejercer el dominio y la violencia sobre la mujer.
  • La presencia de los hijos en los hechos investigados y la existencia de una violencia estructural.
  • El tipo penal concreto denunciado. En este sentido, destaca el CGPJ que resulta relevante destacar que, "en los casos de delitos de acoso u hostigamiento (art 172 ter del CP) o en los de quebrantamiento de orden de protección (art 468 del CP) las medidas de suspensión, restricción y control de las visitas, estancias y comunicaciones resulta particularmente necesaria".
  • El respeto a las órdenes de incomunicación impuestas (en su caso) al progenitor respecto a la madre.

Por su parte, deberán ser tenidas en cuenta para tomar una decisión correcta en este sentido: 

  • La vinculación y grado de relación existente entre el padre y los menores.
  • La opinión del menor.
  • El contenido del informe emitido por el equipo psicosocial.

 

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Compilación del Derecho Civil Catalán (Código Civil de Cataluña) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número: 3798 Fecha de Publicación: 13/01/2003 Fecha de entrada en vigor: 02/02/2003 Órgano Emisor: Presidencia De La Generalidad

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