Los derechos fundamentales en el proceso penal

Los artículos 24 y 25 de la Constitución Española reconocen toda una serie de principios procesales que se aplican íntegramente en el proceso penal, así como en otros órdenes jurisdiccionales, cuyo papel fundamental, con independencia de su carácter informador de esa rama del derecho (Cc 1.4), es limitar el ius puniendi del Estado, salvaguardando de esa forma los derechos fundamentales de los investigados, en realidad, son como las dos caras de una misma moneda, pues acatar los principios generales del Derecho penal –fórmulas científicas y preceptos de la razón– presupone garantizar los derechos de los inculpados, siendo el ejemplo más paradigmático la presunción de inocencia, principio básico del Derecho penal moderno y derecho fundamental de todo ciudadano, quien entra inocente en el plenario.

Esta relación biunívoca entre principios y derechos fundamentales, bien pronto fue puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional que, en una de sus primeras sentencias, la número 13/1982, de 1 de abril, refiriéndose al citado principio de presunción de inocencia, señaló: “Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”. Esos principios procesales, también se aplican a la actuación de la Administración pública, en lo que ahora importa, la policía queda vinculada a la ley y al derecho, la cual debe servir con objetividad los intereses generales, absteniéndose sus miembros de toda actuación arbitraria y debiendo garantizar la ley la imparcialidad en el ejercicio de sus cargos (CE 103).

El conjunto de principios y derechos fundamentales recogidos en la Constitución, nos permite afirmar que el proceso penal español es garantista, si bien los derechos fundamentales reconocidos a todos los ciudadanos en los artículos 24 y 25 de la Carta Magna, protegen en esencia al delincuente, pues aunque es indubitado que la verdad nunca puede ser obtenida a cualquier precio y que la justicia no puede fundamentar sus fallos en hechos que, al propio tiempo, sean constitutivos de delito –la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia-, lo cierto y verdad es que la víctima solo goza del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, con lo cual mal podemos hablar del principio de igualdad entre las partes que intervienen en el proceso penal, sin que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito haya corregido la situación de desamparo en que se encuentran las víctimas.

A través de este bloque sobre "los derechos fundamentales en el proceso penal" podrán conocer con más detalle los siguientes derechos:

• Los derechos fundamentales del detenido
• El derecho a la presunción de inocencia
• El derecho a guardar silencio
• El derecho a la tutela judicial efectiva
• El derecho de defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes
• El derecho a la igualdad y a la contradicción
• El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías
• El derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley
• El derecho a la intimidad
• Los derechos fundamentales de las personas jurídicas

Como también trataremos la entrada y registro en lugar cerrado, el registro de libros y papeles, la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales, la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, y los registros remotos sobre equipos informáticos.