Preambulo se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social

I

Desde que comenzara el año 2022, se han aprobado un total de nueve paquetes de acciones y medidas que han perseguido mitigar el impacto y las consecuencias que la invasión de Rusia en Ucrania está teniendo en España. Estas políticas públicas han contemplado tanto medidas normativas como no normativas, que se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social por la que ha atravesado durante estos años nuestro país.

El primer conjunto de actuaciones se abordó por medio del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que tenía como premisas fundamentales la contención de la evolución de los precios de la energía que impactó de lleno en la ciudadanía y empresas, junto al decidido apoyo público a los sectores más afectados por el conflicto bélico y colectivos más vulnerables. Entre otras medidas, se redujeron impuestos en el ámbito eléctrico, se estableció una bonificación al precio de los carburantes y se reforzó el escudo social para proteger a los más vulnerables.

Posteriormente, mediante el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, se aprobó un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. El llamado «mecanismo ibérico», se tradujo en un notable aminoramiento de los costes de la electricidad en España y Portugal, salvaguardando así de los efectos más nocivos de la guerra en la economía y en el conjunto de la sociedad.

Un segundo paquete de actuaciones fue aprobado por medio del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

Con este segundo bloque de medidas se dio continuidad a las principales medidas temporales para reducir los precios de la energía, la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables, incluidas en el primer paquete de ayudas. Asimismo, se incorporaron nuevas medidas adicionales, tales como la congelación del precio de la bombona de butano o la subvención de hasta un 30 % de los títulos transporte multiviaje de transporte público.

La persistencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania propició que se aprobase durante el período estival de ese año el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, impulsor de un elenco de medidas orientadas a promover el ahorro energético, destacando entre otras, la gratuidad del transporte público de media distancia y el incremento de ayudas directas para el transporte.

El siguiente paquete de medidas fue adoptado gracias al Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.

Con esta norma, entre otras actuaciones, se acordó la bajada del IVA del gas natural de forma temporal para abaratar la factura energética de consumidores e industrias. Meses más tarde, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Este nuevo bloque de medidas continuó con la senda del ahorro energético, a fin de preparar la economía española de cara al invierno, dada la persistencia del conflicto ucranio-ruso.

Estos primeros paquetes de medidas implicaron un notable esfuerzo fiscal que fue consistente con los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública del Gobierno de España, teniendo a su vez un efecto muy positivo sobre la evolución de la inflación y las principales variables económicas.

La inflación en España logró moderarse sensiblemente en la última parte del año 2022. De hecho, tras alcanzar un máximo en julio, la tasa de inflación descendió cuatro puntos hacia finales de 2022, situándose por debajo de la media de la zona euro. Las medidas de apoyo a las familias de menor renta permitieron además compensar alrededor de 3,5 puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo, evitando un deterioro de los indicadores de desigualdad. Al mismo tiempo, la economía española mostró una notable solidez en este entorno complejo: la actividad económica y el empleo mantuvieron un fuerte crecimiento, el sector exterior aportó positivamente, y se continuó reduciendo el déficit y la deuda públicos. Estos resultados evidencian la eficacia de las medidas adoptadas para capear la crisis energética de 2022.

Sin embargo, a finales de 2022 la moderación de los precios energéticos fue contrarrestada con aumentos de precios de otros bienes fundamentales como los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios. Este encarecimiento se explicó principalmente por el impacto de la guerra en las cadenas de suministro y producción globales, así como por los anteriores aumentos de costes energéticos. Como referencia, algunos productos de primera necesidad llegaron a registrar subidas interanuales cercanas al 40%. Aunque también se estabilizaron los precios del gas natural y los carburantes hacia finales de 2022, persistían factores que hacían temer nuevos repuntes de los costes energéticos en 2023.

Ante este contexto económico, el Gobierno continuó por la senda de adopción de medidas para evitar que se produjera un efecto rebote de la inflación al inicio de 2023, a la vez que seguía protegiendo a los colectivos más afectados y vulnerables. Todo ello debía lograrse sin poner en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales para 2023.

En consecuencia, por medio del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, se aprobó el sexto paquete de medidas, movilizando unos 10.000 millones de euros de recursos públicos para articular la respuesta de política económica frente a la guerra de Ucrania a partir del 1 de enero de 2023, concentrando su actuación en los colectivos vulnerables al incremento en el precio de los alimentos y otros bienes de primera necesidad y en los sectores más afectados por la subida de la energía.

Durante el primer trimestre de 2023, como consecuencia de la prolongación de la guerra y de la persistencia de las presiones al alza inflacionistas sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios, algunas de las medidas puestas en marcha fueron prorrogadas y actualizadas mediante el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Desde mediados del año 2023, no obstante, los precios de los alimentos, de las materias primas y de los bienes intermedios se fueron suavizando y los mercados se adaptaron a la incertidumbre geopolítica persistente. En este contexto, por medio del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, y por primera vez desde el inicio de la guerra, se procedió, de forma prudente y evitando posibles efectos rebote en los precios, a la retirada gradual y progresiva de algunas de las medidas extraordinarias hasta entonces adoptadas pero sin desproteger a los colectivos sensibles, todo ello sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni los objetivos de reducción de déficit y deuda.

Durante el año 2024 el crecimiento de los precios generales se estabilizó tal y como refleja la evolución del IPC: desde el 6,0% interanual registrado en febrero de 2023 hasta el 2,4% en noviembre de 2024. La inflación subyacente también ha seguido una trayectoria descendente. Esta moderación de los precios ha permitido que se vayan desactivando paulatinamente algunas de las medidas excepcionales adoptadas en el pico de la crisis inflacionaria, por ejemplo, la retirada progresiva de las rebajas fiscales temporales sobre la electricidad, el gas natural o determinados combustibles.

Posteriormente, por medio del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, se continuó con la senda de retirada gradual de medidas y el sostenimiento de otras, pero con el mismo objetivo general de seguir dando respuesta a la persistencia de los distintos conflictos internacionales con efectos globales.

De este modo, se continuó con la protección de los sectores estratégicos de nuestra economía, en línea con las iniciativas que se han venido adoptando a nivel europeo y nacional orientadas a garantizar la seguridad económica, se continuó avanzando en la descarbonización y sostenibilidad del sector del transporte, impulsando nuevamente el sistema de ayudas al transporte terrestre colectivo urbano o interurbano, y garantizando la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2025, a fin de mantener el poder adquisitivo de los más de nueve millones de pensionistas, entre otras medidas.

Además, el Gobierno de España ha aprobado otras medidas económicas relevantes durante el año 2025, tales como el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025, o el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, con el objeto de hacer frente al impacto de la política arancelaria de la administración de los Estados Unidos.

Actualmente, la evolución de los precios generales y del índice de precios al consumo subyacente se ha estabilizado plenamente. En esta línea, según el último informe del Banco de España de junio de 2025, sobre las proyecciones macroeconómicas para España 2025-2027, los niveles de inflación se situaron en 2024 en el 2,9 % y se espera que esta tendencia descendente continúe en los próximos años previendo niveles de inflación del 2,4 % en 2025 y 1,7 % en 2026, para luego repuntar ligeramente en 2027 hasta el 2,5 %. No obstante, cabe señalar que esta senda ha empeorado ligeramente respecto a lo previsto hace unos meses, cuando se esperaba que la inflación se situara en el 1,9 % en 2025.

Actualmente, y de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación anual del IPC del mes de noviembre en 2025 se situó en el 3,0%, por lo que la variación mensual del índice general fue del 0,2%.

De acuerdo con las previsiones del Banco de España, se espera que en el año 2026 se inicie una senda de desaceleración gradual apoyada en la moderación progresiva de los precios de los alimentos y de la inflación subyacente. El repunte de la inflación general esperado en 2027 se debe, fundamentalmente, a la introducción prevista en ese año de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea.

Las circunstancias descritas, junto con la persistencia de conflictos internacionales complejos, como la guerra en Ucrania, con ya más de tres años de duración, justifican que mediante el presente real decreto-ley se prorroguen ciertas medidas de carácter social, de forma acompasada con la evolución y ritmo de la economía general española.

Junto a lo anterior, en este real decreto-ley se adoptan también medidas en materia de pensiones y Seguridad Social, tributarias y en el ámbito de la financiación territorial.

II

La norma consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en seis capítulos, 23 artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y tres anexos.

El capítulo I, relativo a medidas en materia de vivienda, persigue atender la realidad social y económica de los hogares ante el actual contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda, así como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler. A tal fin, se extienden determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En particular, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos; y, en consonancia, la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

En consonancia con lo anterior, se establece que la referencia al 31 de diciembre de 2025 que se realiza en la disposición transitoria tercera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se entenderá hecha al 31 de diciembre de 2026.

El capítulo II, relativo a medidas en materia energética, incorpora la prórroga de determinadas previsiones que, de no ser adoptadas, decaerían a 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con la evaluación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, los precios energéticos se han venido moderando tras la crisis de precios de 2021-2022, y se ha constatado la eficacia de las distintas medidas desplegadas para proteger a los consumidores, en particular los más vulnerables. Así, los datos indican que los hogares españoles, en particular aquellos deciles de menor renta, dedican una menor proporción de sus ingresos.

Sin embargo, se constata que siguen existiendo colectivos con dificultad para cubrir sus necesidades energéticas. Por ello, el Gobierno ha elaborado una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con un horizonte temporal hasta 2030, que construya sobre las medidas adoptadas hasta el momento y profundice en mejoras estructurales para continuar abordando esta problemática. No obstante, hasta la puesta en marcha de las medidas de la futura estrategia, existe la necesidad de proteger a los consumidores vulnerables, que podrían acaecer a partir del 1 de enero de 2026 en caso de no adoptarse nuevas medidas.

En particular, se incluye la prórroga, hasta el 31 de diciembre 2026, de los valores extraordinarios de los descuentos del bono social, aprobados en el contexto de crisis energética, a través de una nueva extensión de la senda decreciente hasta que las circunstancias permitan alcanzar el régimen permanente previsto por el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.

Asimismo, se incluye la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, correspondiente a la garantía de suministro de agua y energía a consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del citado Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

El capítulo III de este real decreto-ley incorpora medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas.

En aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 determina la prórroga automática de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, hasta la aprobación de la nueva ley. De acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado, la revalorización de las pensiones no es, como regla general, objeto de la prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por lo que, en tal situación, el Gobierno, si quiere proceder a la actualización de las pensiones públicas, debe acudir a la aprobación de un real decreto-ley al amparo del artículo 86 de la Constitución Española.

Ante este escenario, resulta absolutamente urgente y necesaria la aprobación de este real decreto-ley, que aborda como cuestión urgente y prioritaria la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026 en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior, expresado con un decimal, resultando un 2,7 por ciento. Garantizar la revalorización de las pensiones públicas para mantener su poder adquisitivo se considera una medida de extraordinaria y urgente necesidad, tal como exige el artículo 86 de la Constitución Española, que debe abordarse, en cualquier caso, sin esperar a que se pueda aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

En concreto, en este capítulo se fija el límite de la cuantía inicial de las pensiones públicas durante el año 2026, de conformidad con el artículo 57 y la disposición transitoria trigésima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Este mismo tratamiento es aplicable al Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.5 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en su disposición transitoria décima quinta.

Igualmente, se establece la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado; el importe del complemento aplicable a esas pensiones para la reducción de la brecha de género, la actualización de las pensiones no contributivas y de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

También se determina la actualización de las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer previstas en el tercer párrafo del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; de las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y del Régimen Especial de la Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado; de las prestaciones familiares de la Seguridad Social; de los subsidios económicos contemplados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; y de las ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Se regula, así mismo, la determinación de la cuantía mínima de las pensiones tanto del sistema de la Seguridad Social como de Clases Pasivas del Estado y los requisitos para su reconocimiento.

De otro lado, se prevé la actualización del tope mínimo y máximo de las bases de cotización del sistema. De igual forma, se procede a actualizar la cotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conforme a la disposición transitoria cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, además, se fija la cuota adicional de solidaridad para el año 2026, de conformidad con la disposición transitoria cuadragésima segunda del mismo texto legal. En lo que se refiere al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se establece que durante el año 2026 la tabla general y la tabla reducida para los citados trabajadores serán las previstas en la disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 13/2022, de 26 de julio, para el año 2025, no obstante, se actualiza la base máxima de los tramos 11 y 12 de acuerdo con el tope máximo de cotización previsto para el Régimen General de la Seguridad Social para el año 2026.

También se actualiza el límite de ingresos para proceder al reintegro de cuotas de autónomos en pluriactividad.

El capítulo IV se dedica a medidas urgentes en materia de empleo. Así, en primer lugar, se incluye la prórroga de la vigencia del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, durante el periodo necesario para fijar, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional para 2026.

Aunque, como ha señalado la Dirección General de Trabajo, la fijación del salario mínimo interprofesional no decae por el mero transcurso del plazo de vigencia del real decreto anual que lo fija, pues el ordenamiento jurídico laboral no contempla la existencia de períodos carentes de salario mínimo interprofesional, la seguridad jurídica aconseja despejar cualquier duda interpretativa sobre su eficacia. Por ello, dado que la disposición final tercera del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, establece como su periodo de vigencia el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, para garantizar tanto la seguridad jurídica como la continuidad de la función del salario mínimo interprofesional, se estima necesario mantenerlo transitoriamente a partir del próximo 1 de enero, y hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026.

En segundo lugar, se disponen las medidas de acompañamiento necesarias para asegurar la protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo. De este modo, y siguiendo la senda del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, y del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por un lado, las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

Y, por otro, las que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

El capítulo V, referido a las medidas tributarias, establece la prórroga de determinados incentivos fiscales, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Y ello por cuanto que la actual situación de prórroga presupuestaria no constituye un obstáculo para la adopción de medidas fiscales de estímulo de la economía española, de apoyo a los colectivos más vulnerables o de mantenimiento de la justicia financiera entre los distintos entes territoriales.

Así, para mantener un marco tributario estable para los pequeños autónomos, se prorrogan los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.

En paralelo, y de forma coordinada, se prorrogan los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace necesario, a su vez, establecer un plazo para las renuncias o revocaciones del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, pues los contribuyentes afectados por estas modificaciones han podido tomar las decisiones correspondientes desconociendo los límites excluyentes que van a estar en vigor en 2026 y, además, con la finalidad de no crear nuevas obligaciones formales, se concede validez a las renuncias y revocaciones presentadas a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido o al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el mes de diciembre de 2025, sin perjuicio de que el contribuyente que lo desee pueda modificar su decisión en el plazo previsto.

En segundo lugar, en línea con el Plan España Auto 2030 y para contribuir a la lucha contra el cambio climático, se prorrogan también otros incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades.

En este sentido, con la finalidad de incentivar la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y puntos de recarga se amplía en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito temporal de aplicación de la deducción prevista al efecto en la normativa del Impuesto, con lo que se dispone de un mayor plazo para poder adquirir tales vehículos, así como los correspondientes puntos de recarga; y, en el Impuesto sobre Sociedades, se prorroga el incentivo destinado a promover las inversiones en nuevos vehículos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en nuevas instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos y, la posibilidad de amortizar libremente las inversiones efectuadas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilizasen energía procedente de fuentes renovables y sustituyesen instalaciones que consumiesen energía procedente de fuentes no renovables fósiles.

En otro orden, con el objeto de evitar la tributación de los afectados por los incendios forestales y otras emergencias de protección civil acaecidos entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025, se declaran exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas concedidas a los mismos por daños personales.

Por su parte, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se abordan las siguientes medidas: se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando su ámbito temporal de aplicación; se mantiene el porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias con objeto de evitar un incremento de la tributación derivado de la tenencia de inmuebles en 2025 respecto de la tributación que, en relación con tales inmuebles, se aplicó en 2024; y, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se actualizan para 2026 los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, según el periodo de generación del incremento de valor.

También se adoptan medidas financieras y fiscales en relación con los afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Estas medidas suponen una extensión a las entidades sin personalidad jurídica que realizan actividades económicas de la línea de ayudas directas del artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, así como la aprobación de exenciones de determinadas ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana.

Otra medida que contempla este real decreto-ley es la posibilidad de una renuncia extraordinaria a la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y baja extraordinaria en el registro de devolución mensual para el año 2026.

Igualmente, este real decreto-ley incluye en su capítulo VI medidas en materia de financiación territorial.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial, a través de las entregas a cuenta que se deben transferir.

Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados, contrarios a la lógica financiera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ello es así porque impediría trasladar a las comunidades autónomas y a las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la considerada para el año 2023, que corresponderían en prórroga presupuestaria en 2026, y la actualizada para el año 2025 conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Adicionalmente, la no actualización generaría distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado, que devendrían en graves e irreversibles en ausencia de las medidas contempladas en este real decreto-ley.

Por el contrario, su cálculo con las previsiones de ingresos conforme a las que se realizó la actualización de las entregas a cuenta de 2025 permite minimizar el referido desfase y dar un mejor cumplimiento a la finalidad perseguida con el sistema de entregas a cuenta, que no es otra que asegurar en el tiempo la cobertura de la financiación de los servicios de las administraciones territoriales.

Ello forma parte, en consecuencia, del margen de decisión del Estado en el marco de sus funciones de coordinación general de la actividad financiera del Estado y de sus propias competencias en materia de Hacienda Pública, de conformidad con el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.

Esta actualización de las entregas a cuenta en prórroga para 2026 sobre la base de la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión contenidos en el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, mucho más acordes con las circunstancias actuales, no altera el régimen financiero actual de las comunidades autónomas, sino que, por el contrario, se basa en la aplicación de los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Tampoco altera el régimen financiero actual de las entidades locales, sino que simplemente mantiene para 2026 la determinación de los importes de las entregas a cuenta correspondientes al año 2025.

Así, este real decreto-ley contempla, por un lado, las entregas a cuenta de las comunidades autónomas en 2026 en situación de prórroga presupuestaria. Para ello, se establece que, desde el 1 de enero de 2026 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, el cálculo de las entregas a cuenta en situación de prórroga presupuestaria tendrá como base las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales contenidas en el artículo 1 del referido Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio; y regula los suplementos de crédito necesarios para financiar estas entregas a cuenta de 2026 en situación de prórroga presupuestaria.

Igualmente, se regula el régimen excepcional de endeudamiento autonómico en 2026 y se mantiene también de forma excepcional, que en 2026, el Estado podrá autorizar a la Comunitat Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Por lo que se refiere al ámbito de la financiación de las entidades locales, se regula la actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2026 para la mejor aplicación de los modelos de participación de las entidades locales en tributos del Estado en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, en el que en 2025 se habían actualizado mediante el citado Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado de las entidades locales. De este modo, se asignan las mismas entregas a cuenta de 2025 y se aprueban suplementos de crédito sobre los presupuestos prorrogados de 2023, por idénticos importes a los recogidos en el artículo 7 del indicado Real Decreto-ley 6/2025.

La norma se completa con una serie de disposiciones adicionales, derogatoria y finales.

La disposición adicional primera mantiene la vigencia en 2026 de los títulos IV y VIII de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, y sus normas de desarrollo, con las modificaciones y excepciones previstas en este real decreto-ley. Con ello, se garantiza la seguridad jurídica en la aplicación de las disposiciones sobre las pensiones y las cotizaciones sociales en 2026, en la situación actualmente existente de prórroga presupuestaria.

Por su parte, la disposición adicional segunda establece un nuevo plazo de diez años para la cancelación de determinados préstamos a la Seguridad Social cuyo vencimiento se ha producido en los ejercicios 2024 y 2025, y amplía, en diez años también, el plazo para la cancelación de otro préstamo cuyo vencimiento se producirá durante el ejercicio 2026.

La disposición adicional tercera establece el tipo de cotización adicional a aplicar a los bomberos forestales y a los agentes forestales y medioambientales del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo la persona trabajadora.

La disposición adicional cuarta prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19, de forma que, para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Esta medida, de carácter transitorio, permitirá que las pérdidas provocadas por determinados hechos, de carácter sobrevenido y extraordinario, sean absorbidas en un tiempo prudencial con el fin de favorecer que empresas viables que atraviesan ciertas dificultades ocasionadas por aquellos hechos, puedan seguir operando en el tráfico jurídico y económico.

La disposición adicional quinta contempla la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos que han podido percibir los municipios, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil como consecuencia de sentencias judiciales firmes.

Las disposiciones adicionales sexta y séptima abordan medidas urgentes para la necesaria adaptación de los parámetros retributivos que afectan a los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.

La actividad de generación de energía eléctrica que se desarrolla en los sistemas eléctricos no peninsulares es objeto de una regulación singular que atiende a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, su dimensión y carácter aislado, que determina que su remuneración sea regulada, a diferencia de la generación en el sistema peninsular, donde viene determinada por el mercado de producción. En particular, con el objeto de tener en cuenta los sobrecostes específicos de estos sistemas, asegurar precios para la demanda equivalentes a los peninsulares y evitar un perjuicio para los consumidores situados en las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, dichos sobrecostes se repercuten al 50% entre los Presupuestos Generales del Estado y los cargos del sistema eléctrico que son repercutidos al conjunto de los consumidores del sistema eléctrico en todo el territorio nacional.

Estando próximo el inicio del tercer periodo regulatorio, comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2031, resulta necesario actualizar ciertos parámetros retributivos de instalaciones de generación ubicadas en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional.

En concreto, se actualiza el valor de la tasa de retribución financiera para la actividad de producción de electricidad en los territorios no peninsulares, siguiendo las propuestas metodológicas y numéricas para estas actividades realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en respuesta a la petición cursada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fecha 29 de agosto de 2025.

Según se establece en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, esta actualización requiere de su aprobación antes del inicio del nuevo periodo retributivo y por norma con rango de ley.

Igualmente se prevé que, excepcionalmente, el resto de los parámetros retributivos de aplicación a la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares puedan aprobarse mediante orden ministerial antes del 28 de febrero de 2026, con efectos desde el inicio de nuevo periodo. Esta extensión del plazo resulta necesaria para asegurar la compatibilidad de estos parámetros con el valor de la tasa de retribución financiera y permitir la adecuada tramitación de la orden ministerial que los revisa. El nuevo plazo, por otro lado, resulta coherente con el que está establecido con carácter general para la revisión de los parámetros de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, cuya tasa de rentabilidad también se acomete en este real decreto-ley.

La disposición adicional octava prevé el análisis de los sobrecostes de generación y de las condiciones y precios de suministro eléctrico en los territorios no peninsulares, con carácter periódico y, en todo caso, en cada semiperiodo regulatorio, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La disposición derogatoria única procede a la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley y, en concreto, la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

La disposición final primera en sus dos primeros apartados, por medio de la supresión de la letra k) de los artículos 271.1 y 299.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, persigue evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. Resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, pues su alcance actual no supone solo una obligación formal. Ello excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.

En el ámbito de las prestaciones de Seguridad Social, se incorporó una obligación similar a la prevista para la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de alinear ambas regulaciones. No obstante, existen diferencias sustanciales tanto en la normativa aplicable como en la finalidad de cada prestación. Las prestaciones por desempleo tienen como propósito sustituir las rentas salariales dejadas de percibir debido a la pérdida del empleo, la suspensión del contrato o la reducción de la jornada. En el caso de los subsidios, su función es complementaria, sin que ello implique dejar de cumplir los requisitos de activación establecidos en el acuerdo de actividad. Por estas razones, se desaconseja incorporar esta obligación formal, que además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora.

Por otra parte, los datos necesarios para la comprobación de las declaraciones responsables de las personas solicitantes de subsidios por desempleo deberán ser comprobados por la entidad gestora de la prestación a través de consultas a los datos tributarios de las personas beneficiarias.

Asimismo, es oportuno que esta disposición se apruebe con anterioridad al cierre del ejercicio fiscal 2025, de forma que pueda tener la adecuada publicidad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener conocimiento de la medida con la debida antelación, así como para que los organismos tributarios puedan planificar adecuadamente los trabajos previos al inicio de la campaña de renta 2025.

A su vez, se introduce una nueva disposición adicional sexagésima primera en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se regula la denominada tarifa de primas para la cotización por contingencias profesionales. La aprobación del Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025), hace necesaria la actualización con carácter urgente de la tarifa de primas de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social, puesto que dicha cotización obtiene su valor en función de la clasificación de la actividad económica del sistema.

Además, como novedad se incluye esta tarifa de primas en el propio texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo tanto de evitar la dispersión normativa en la materia, así como de evitar la vigencia indefinida de un precepto de una norma de claro carácter temporal, como es la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007; derogando expresamente esa previsión legal mediante la disposición derogatoria única.

También introduce una disposición transitoria cuadragésima quinta en el mencionado texto refundido, con el objetivo de regular la transición de la CNAE 2009 a la CNAE 2025.

Finalmente, modifica el apartado 1 de la disposición transitoria trigésima quinta [sic] de dicho texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para ampliar durante un año más que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo.

La disposición final segunda salvaguarda el rango de aquellas disposiciones reglamentarias que son objeto de modificación en este real decreto-ley.

La disposición final tercera recoge los títulos competenciales que amparan al Estado para la aprobación de las distintas medidas de este real decreto-ley.

La disposición final cuarta habilita al Gobierno y a las personas titulares de los distintos Departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en esta norma.

Por último, la disposición final quinta dispone la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, el capítulo III producirá efectos desde el día 1 de enero de 2026, y la modificación de la disposición transitoria trigésima quinta [sic].1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que lo hará con efectos desde el 29 de diciembre de 2025.

Como complemento al articulado de este real decreto-ley, se añaden los anexos I y II, en los que se recogen las cuantías mínimas de pensión, límites de ingresos y otras pensiones públicas para el año 2026. Resulta imprescindible detallar las cuantías de 2026 puesto que las cuantías mínimas de pensión no tienen la consideración de pensiones, sino de importes no consolidables a garantizar a los y las pensionistas que cumplen unos determinados requisitos de rentas. Por ello, lo que se revalorizan son las pensiones que tiene reconocidas cada pensionista y posteriormente, si se cumplen los requisitos establecidos, se reconoce un complemento por mínimos hasta alcanzar la cuantía mínima correspondiente. El complemento no es consolidable. Este hecho determina la necesidad de establecer una tabla de cuantías mínimas, cuantías que se incrementan anualmente con arreglo a un porcentaje previamente establecido legalmente.

A su vez, se hace necesario incluir en este real decreto-ley la actualización de la base máxima de cotización al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria trigésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Igualmente, se establece la cotización para el año 2026 de las personas trabajadoras autónomas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

También se incluye un anexo III que contiene los haberes reguladores para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas del Estado que han de ser aplicados en el año 2026.

III

Las medidas recogidas en esta norma reúnen los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.

El artículo 86 de la Constitución Española habilita al Gobierno aprobar reales decretos-leyes «en caso de urgente y extraordinaria necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación directa o de congruencia», que en el caso de una catástrofe natural como la descrita es sobradamente notoria.

Del mismo modo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019), centradas en el cumplimiento y desarrollo de medidas de marcado carácter social. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

En suma, el uso de la figura del real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia del Alto Tribunal exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4, 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).

Ambas circunstancias son la razón evidente que justifica que se implementen las medidas que se concretan en el real decreto-ley. Al tratarse de modificaciones legales, requieren que se apliquen en una norma con este rango, y la propia situación de urgencia obliga a acometerlas con la máxima celeridad, lo que no permite la tramitación de una ley ordinaria.

Comenzando por las medidas establecidas en el capítulo I, la grave situación en el ámbito económico y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la extensión de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que es necesario salvaguardar la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional hasta el 31 de diciembre de 2026 para garantizar la referida protección social.

Debe destacarse, asimismo, la difícil situación económica de muchas personas y familias que residen en una vivienda en régimen de alquiler a precio de mercado en nuestro país. Uno de los aspectos que caracterizan en la actualidad el mercado del alquiler de vivienda en España es la fuerte sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler. Según los últimos datos de Eurostat, el 28,1 % de los hogares que residían en alquiler a precios de mercado en 2024 en nuestro país destinaban al pago del alquiler más del 40 % de los ingresos. A pesar de haberse reducido de forma significativa desde el 39,4 % del año 2022, aún se encuentra unos 9 puntos por encima de la media de la Unión Europea, en la que el 19,2% de los hogares en alquiler de mercado están sujetos a sobrecarga financiera.

A ello se suma el particular impacto de las dinámicas de crecimiento de precios de la vivienda que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al segundo trimestre de 2025, han alcanzado un incremento interanual del 12,7 %, muy por encima de la variación interanual del Índice de Precios de Consumo en ese mismo periodo, situada en el 2,3 %.

De acuerdo con todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad garantizar a las personas en situación de vulnerabilidad su seguridad habitacional, así como a los propietarios afectados la correspondiente compensación.

Continuando con las medidas previstas en el capítulo II en materia energética, siguen existiendo colectivos con dificultad para cubrir sus necesidades energéticas y que justifican la acción del Gobierno para proteger a los consumidores vulnerables, que podrían verse perjudicados de no adoptarse la prórroga de las medidas que vencerían el 31 de diciembre del presente año.

La evaluación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 confirma que las medidas adoptadas en la materia han sido determinantes para amortiguar los impactos de las crisis recientes y evitar un deterioro mucho más intenso de las condiciones de vida de los hogares vulnerables. Sin embargo, dicho análisis evidencia también que la pobreza energética no constituye un fenómeno coyuntural plenamente superado, sino una realidad persistente para determinados colectivos que, aun en un contexto de moderación de precios, mantienen una elevada sensibilidad ante cualquier alteración en las condiciones de acceso a los suministros básicos, especialmente aquellos hogares con menor capacidad de adaptación económica o residencial.

En este escenario, la expiración automática, a 31 de diciembre de 2025, de las medidas extraordinarias de protección vigentes implicaría una pérdida inmediata de cobertura para cientos de miles de hogares vulnerables, vulnerable severos y en riesgo de exclusión social, generando una situación de desprotección incompatible con los objetivos de cohesión social y continuidad de la acción pública. Dado que la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030 se encuentra en fase de despliegue y requiere de un periodo necesario para la aprobación y aplicación efectiva de sus medidas estructurales, resulta imprescindible evitar cualquier discontinuidad normativa que comprometa los avances alcanzados.

Estas circunstancias configuran de manera clara la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que habilita la adopción del presente real decreto-ley, como instrumento indispensable para garantizar la protección inmediata de los colectivos afectados hasta la plena entrada en vigor de las medidas previstas en el nuevo marco estratégico.

La extraordinaria y urgente necesidad del capítulo III, relativo a las medidas en materia de pensiones y otras prestaciones públicas, queda más que justificada, ya que el retraso en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 determina la prórroga automática de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, conforme prevé el artículo 134.4 de la Constitución Española, ante la necesidad de actualizar las pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Constitución Española.

La revalorización de las pensiones públicas está destinada a garantizar su poder adquisitivo, considerándose de extraordinaria y urgente necesidad, tal como exige el citado artículo 86 de la Constitución Española, ya que dicha revalorización debe abordarse, en cualquier caso, sin esperar a que se pueda aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Igualmente, la doctrina del Consejo de Estado en su dictamen 1119/2016, de 29 de diciembre de 2016, consolida el real decreto-ley como cauce idóneo para la revalorización de las pensiones en situaciones de prórroga presupuestaria.

En atención a la doctrina expuesta, emitida en situaciones similares en las que no se pudo aprobar en el plazo constitucionalmente establecido la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, resulta evidente la idoneidad del real decreto-ley como instrumento para proceder a dicha revalorización, cuya urgente necesidad es evidente.

Asimismo, tanto la actualización de las bases de cotización del sistema de la Seguridad Social como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota adicional de solidaridad así como otras cuestiones en materia de cotización, está justificada su extraordinaria y urgente necesidad, para salvaguardar la obligada proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo como cotizante y la pensión percibida, de tal manera que se garantice el equilibrio financiero futuro entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado que supone la financiación sostenible de las pensiones resultantes de la reforma operada por el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

En lo que respecta a las medidas en materia de empleo contenidas en el capítulo IV, también concurren las notas de extraordinaria y urgente necesidad.

Por un lado, la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional de 2025, cumple con el presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución Española, dado que el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, dejará de producir efectos formales el 31 de diciembre de 2025; lo que, por las razones ya descritas en este expositivo, hace necesario mantener transitoriamente su vigencia a partir del próximo 1 de enero de 2026.

La necesidad de su prórroga deriva así de la obligación de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de la función del salario mínimo interprofesional, hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026. Por su parte, las medidas vinculadas con el disfrute de ayudas públicas comparten el objetivo de mantener el apoyo a las personas trabajadoras y a colectivos vulnerables, en las actuales circunstancias económicas, considerando que la no aplicación de estas normas de protección social abocaría al agravamiento de la situación de vulnerabilidad, que es necesario evitar. Por ello, solo mediante un instrumento de carácter extraordinario como el real decreto-ley, se puede alcanzar este objetivo.

La extraordinaria y urgente necesidad de las medidas sobre materia tributaria contempladas en el capítulo V se justifica en que muchas de ellas decaerían próximamente, lo que conllevaría un perjuicio para los colectivos de contribuyentes que vienen beneficiándose de ellas; mientras que no se ha producido un cambio significativo en las condiciones en que se adoptaron las mismas, por lo que resulta urgente aprobar su mantenimiento.

En particular, cabe destacar la adopción urgente de las medidas que permiten evitar el incremento para los pequeños autónomos de sus obligaciones formales y de facturación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido que supondría la decaída de los límites aplicables en 2025, lo que implica prever un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones del método de estimación objetiva o la urgencia de la extensión temporal de las deducciones «verdes» en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, por cuanto su próximo vencimiento podría penalizar a sus beneficiarios en el mantenimiento de las conductas que se pretenden incentivar.

En relación con la extraordinaria y urgente necesidad de la ampliación de los efectos de la disposición adicional quincuagésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que regula la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, cabe destacar que se justifica en la extensión temporal de una de las deducciones «verdes» vigentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cuanto su próximo vencimiento podría penalizar a sus beneficiarios y desincentivar la puesta en marcha o continuación de proyectos para poder acometer tales obras que permiten reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración en las viviendas.

Otras medidas, que, con un carácter más social, aprueban exenciones fiscales para colectivos especialmente afectados por catástrofes recientes, como los incendios acaecidos este verano o los afectados por la DANA en 2024, comportan claramente la excepcionalidad y la urgencia para ser objeto de inclusión en este real decreto-ley, ya que la reparación del daño debe producirse de la forma más rápida posible.

Asimismo, el mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias para evitar un incremento en la tributación de las mismas requiere de una adopción urgente ya que de otro modo se producirá indefectiblemente el citado incremento y la aprobación de la actualización de los importes de los coeficientes aplicables en el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana debe producirse antes del 1 de enero del ejercicio en el que los mismos deben tener efectos para la determinación de la base imponible del impuesto a la fecha de devengo correspondiente, garantiza que no haya distorsiones en la aplicación de los criterios recogidos en la normativa del impuesto para la determinación de la base de tributación, lo que también requiere una acción normativa inmediata.

Por último, la renuncia a la llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de baja en el registro de devolución mensual para el año 2026, requiere de una acción normativa urgente que permita devolver a los obligados tributarios al marco normativo en el que se encontraban antes de la aprobación del reciente Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

En cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas en materia de financiación territorial, previstas en el capítulo VI, viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2026 de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del propio Estado, si se tuvieran que abonar durante ese ejercicio y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado las cuantías correspondientes a 2023, en lugar de las actualizadas conforme a la previsión de ingresos del Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio. Este impacto afectaría a las disponibilidades mensuales de tesorería de las administraciones territoriales, pudiendo repercutir negativamente en su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia.

Otra consecuencia de esta situación consistiría en que las insuficiencias tesoreras generadas por los menores recursos recibidos producirían un incremento de los plazos del pago a proveedores. En efecto, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado sin actualización de las entregas a cuenta afectaría al sector privado, repercutiendo en los proveedores que contratan con las administraciones territoriales, dado que podrían verse obligados a asumir alargamiento en los plazos de cobro por sus servicios. En este sentido es necesario tener en cuenta que España continúa realizando esfuerzos para reducir la morosidad de las administraciones públicas. El respeto a los plazos establecidos en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hace necesario revertir cualquier efecto perjudicial que la prórroga de los presupuestos generales del Estado pudiera tener en la tesorería de las administraciones territoriales y, en segunda instancia, en sus plazos medios de pago a proveedores.

De manera adicional, el alargamiento del período medio de pago a proveedores podría tener consecuencias presupuestarias perjudiciales en algunas administraciones, que se podrían ver obligadas a la adopción de medidas como consecuencia de un periodo medio de pago excesivo, que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas serían más graves en el caso de aquellas comunidades autónomas que ya tienen un periodo medio de pago a proveedores por encima de los treinta días.

Estas dificultades financieras y de tesorería también se podrán superar habilitando la regulación del régimen excepcional de endeudamiento de las comunidades autónomas y la adhesión al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas en los casos de que no se pueda verificar el cumplimiento de los objetivos fiscales de las comunidades autónomas a nivel individual siempre que se cumpla el período medio de pago a proveedores. Además, para garantizar que la Comunitat Valenciana pueda financiar sus necesidades en relación con el impacto de la DANA se regula que en 2026 puedan recibir asignaciones del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas o autorizaciones de endeudamiento con esa finalidad.

En definitiva, el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente preciso, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Tanto la disposición adicional primera como segunda responden a la extraordinaria y urgente necesidad de completar el régimen jurídico de las normas sobre pensiones y cotizaciones sociales para 2026 previstas en este real decreto-ley, lo que determina que su aplicación deba producirse desde el 1 de enero de 2026.

La disposición adicional tercera introduce una cotización adicional para los bomberos forestales a quienes, de acuerdo con la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, les ha sido reconocido un coeficiente reductor de la edad de jubilación, siendo urgente el establecimiento de esta cotización adicional en norma con rango de ley para su correcta aplicación desde el 1 de enero de 2026.

De igual forma, se establece una cotización adicional para los agentes forestales y medioambientales, a quienes mediante el Real Decreto 919/2025, de 15 de octubre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas, se les ha reconocido un coeficiente reductor de la edad de jubilación, si bien se supedita su entrada en vigor y, por tanto, su aplicación práctica a que una norma con rango de ley establezca una cotización adicional para este colectivo; motivo que sin duda justifica la urgencia y necesidad de la aprobación de dicha cotización adicional.

La medida contemplada en la disposición adicional cuarta, relativa a la ampliación del plazo para la absorción de las pérdidas causadas por el COVID-19, reviste de las notas constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, en vista de que, de manera inminente, expirarán los efectos de la ampliación acordada en virtud del artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril. Los mismos motivos que justificaron el esfuerzo desplegado para conservar el tejido productivo abultadamente afectado por el COVID-19 aconsejan que las compañías que siguen siendo consideradas viables puedan conservar la expectativa de una plena recuperación, sin que la misma se vea abortada prematuramente por la mera aplicación de una regla contable que no es indicativa, por sí sola, de la capacidad de la empresa de continuar con su actividad. Por ello debe aprobarse, con carácter urgente, la prórroga de la causa de disolución por pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio 2026.

En cuanto a la disposición adicional quinta, relativa a la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil, en la actualidad el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, prevé mecanismos de compensación y reintegro (Regla 17.ª, apartado Cuatro), pero no contempla expresamente el supuesto de devoluciones realizadas por el Estado a las compañías de telefonía móvil tras sentencias firmes.

Sin una norma que excluya la exigibilidad de devolución por parte de las entidades locales, se abre la puerta a reclamaciones judiciales y conflictos competenciales.

Es por ello que el Estado debe actuar con la mayor celeridad para evitar incurrir en incumplimiento de la normativa vigente sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, y prevenir las consecuencias negativas que, de otro modo, se producirían de forma inmediata. Las devoluciones de ingresos indebidos por cuotas nacionales de telefonía móvil pueden implicar importantes cantidades que, si se exigieran a municipios y diputaciones, generarían un impacto presupuestario negativo a nivel de tesorería difícil de asumir.

Por todo ello, es imprescindible aprobar de forma urgente una disposición legal por la que no se exija a las entidades locales la devolución de los ingresos por cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en años anteriores como consecuencia de sentencias judiciales firmes.

Por su parte, y en lo que concierne a las disposiciones adicionales sexta y séptima relativas al establecimiento de la tasa de retribución financiera para la actividad de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional para el tercer periodo regulatorio 2026-2031, es necesario que esta medida entre en vigor antes del inicio del periodo regulatorio 2026-2031 para evitar, en aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la prórroga automática del valor vigente, que supondría una retribución por debajo de la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para actividades de bajo riesgo. La ausencia de regulación supondría una gran incertidumbre sobre los ingresos futuros de las instalaciones de estos territorios, lo cual no solo afectaría a las plantas existentes, sino que a su vez dificultaría la financiación de nuevos proyectos que permitan garantizar la seguridad de suministro en los territorios no peninsulares, al no recoger la retribución el coste actualizado de financiación en los mercados de capitales. Esta medida es especialmente relevante en el contexto de los procedimientos de concurrencia competitiva que deben desarrollarse al amparo del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Asimismo, concurre la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86.1 de la Constitución Española en las distintas modificaciones puntuales que la disposición final primera lleva a cabo en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

En primer lugar, y en relación con la supresión de la letra k) en los artículos 271.1, y 299,1, debe recordarse que, con el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, se incluyó por primera vez en el ámbito de las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, una obligación similar a la que se había establecido anteriormente en la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital con la idea de alinear las obligaciones con las existentes en este último.

No obstante, desde que entró en vigor esta reforma, se ha observado que esta previsión no ha resultado adecuada, y que concurren motivos que justifican su supresión ya en el año 2026.

Por un lado, la declaración responsable que se incorporó en la regulación y, por otro, el refuerzo de la interoperabilidad con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, han permitido prescindir de esta obligación legal de presentar la declaración correspondiente.

A su vez, se ha demostrado que mantener esta obligación conlleva aumentar considerablemente las cargas administrativas en contra de aproximadamente dos millones y medio de personas nuevas que acceden al a la prestación por desempleo, a lo que hay que añadir lo que supondría para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tener que gestionar este volumen de declaraciones adicionales.

Asimismo, la obligación perjudica a los progenitores que cobran una deducción por persona con discapacidad a cargo, ya que el artículo 81 bis.1.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establece, por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58, una deducción de hasta 1.200 euros anuales. En lo que respecta al mínimo por descendientes, la regla 2.ª del artículo 61 de la misma ley establece que no procederá la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, cuando los ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros. Sentado lo anterior, debe tenerse en cuenta que esta nueva obligación de presentar la declaración incluyó a más de 2.500.000 de contribuyentes como nuevos obligados a declarar el IRPF 2024. El 75 % de estos declarantes obtienen rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros.

Por ello, la extensión de la obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo no supone solo una obligación formal, sino que además implica que muchos de estos contribuyentes tengan obligación de autoliquidar e ingresar una cuota tributaria a la que no estarían obligados de acuerdo con la normativa estrictamente tributaria.

Adicionalmente, el establecimiento de esta obligación puede suponer la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente o de las deducciones del artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Todo lo anterior justifica la necesidad de suprimirla de forma inmediata.

Por otro lado, en la incorporación de la nueva disposición adicional sexagésima primera en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social concurre el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, dado que la aprobación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 y su comunicación por parte de los empresarios a la Tesorería General de la Seguridad Social hacen necesaria y urgente la actualización de dicha tarifa a esa nueva CNAE.

En consonancia con la actualización de la nueva CNAE-2025, se hace necesario establecer una nueva disposición transitoria cuadragésimo quinta en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de posibilitar un adecuado tránsito del CNAE-2009 al CNAE-2025.

Se aprecia también este presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad en la modificación de la disposición transitoria trigésima quinta [sic].1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ya que de no prorrogar la compatibilidad de la pensión de jubilación y el ejercicio de la actividad de los médicos de atención primaria y pediatras, dicha medida decaería el 28 de diciembre de 2025, con las importantes consecuencias que ello provocaría en los Servicios Públicos de Salud ante la falta de personal sanitario en dichas áreas.

Por último, debe destacarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la consolidada doctrina constitucional se resume en la STC 139/2016, de 21 de julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos» (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)». En particular, el carácter específico y muy delimitado de las medidas tributarias del presente real decreto-ley, en el que además todas ellas tienen contenido favorable para los contribuyentes, permite afirmar que dichas medidas no suponen una afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución Española, según lo ha interpretado la jurisprudencia constitucional.

En este sentido, dentro del título I de la Constitución Española se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley -constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué elementos del mismo -esenciales o no- resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).

En lo que respecta al régimen de las comunidades autónomas, se trata de un límite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC 23/1993, de 21 de enero (FJ 2):

«… ha de tenerse en cuenta que el artículo 86.1 C.E. utiliza un término "régimen de las Comunidades Autónomas" más extenso y comprensivo que el mero de "Estatutos de Autonomía", por lo que dicha expresión ha de ser interpretada, como ha dicho la STC 29/1986 «en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución».

De ese «régimen constitucional» forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero también se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del artículo 150.1 C.E., las Leyes de armonización del artículo 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el artículo 150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al artículo 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas.

Más allá de ese «régimen constitucional» el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas».

En definitiva, por su objeto, finalidad y por el contexto de urgencia y exigencia temporal descrito en el que se dicta la norma, caben concluir que se respetan los presupuestos y límites establecidos en el artículo 86 de la Constitución Española.

IV

El presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado acreditado gracias a la justificación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por parte del Gobierno de reales decretos-leyes, y que ha quedado detallado en el apartado anterior de esta parte expositiva.

La protección del interés general exige de un vehículo jurídico eficaz, siendo así el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. Igualmente, la norma resulta acorde con el principio de proporcionalidad, por cuanto se trata de la regulación mínima e indispensable, como ya fuera señalado, para la consecución de los objetivos descritos. Del mismo modo, el principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado por cuanto la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico.

Ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible de muchas de las medidas a implementar y ante las alternativas posibles, hacen que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente.

Por lo que al principio de transparencia se refiere, y si bien la norma está exenta de la realización de los trámites de consulta pública y audiencia e información pública, tal y como establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los objetivos que pretende este real decreto-ley están nítidamente explicados tanto la parte expositiva del mismo como en la Memoria que lo respalda. Igualmente, el principio de transparencia se materializa por medio de la publicación de la norma en el «Boletín Oficial del Estado» y con su posterior remisión al Congreso de los Diputados para su convalidación en debate público.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en las reglas 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de legislación mercantil; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas; legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; bases del régimen estatutario de los funcionarios, y bases del régimen minero y energético.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y de las Ministras y Ministros de Hacienda; de Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Vivienda y Agenda Urbana; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2025,

DISPONGO: