DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. - Boletín Oficial de Bizkaia de 30-07-2009

Se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, que se incorpora como Anexo al presente Decreto Foral.

(SIN CONTENIDO)

El plazo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por el Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, para la sustitución de las declaraciones específicas del Impuesto sobre Actividades Económicas por la presentación de las declaraciones censales en aquellos sujetos pasivos que resulten exentos del citado Impuesto, se prorroga hasta el 1 de enero de 2011.

Se modifica el primer apartado del artículo 9 del Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión, que quedará redactado de la siguiente forma:

«1. Las propuestas previas de tributación se presentarán ante la Administración tributaria con anterioridad a la realización del hecho imponible y, en el caso de los tributos con período impositivo, antes de la finalización de aquél en que deba ser de aplicación el contenido de la propuesta.»

A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedarán derogadas las siguientes disposiciones:

- Decreto Foral 145/1990, de 4 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

- Disposición Adicional Tercera del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 228/2005, de 27 de diciembre.

- Orden Foral 3324/2003, de 21 de octubre, por la que se regula el suministro de información a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos de cesión de datos a terceros previstos en la Norma Foral General Tributaria.

- Orden Foral 3623/2000, de 11 de diciembre, por la que se establece la regulación y funcionamiento del Servicio Bizkaibai, para la utilización de medios telefónicos y telemáticos en las relaciones con el Departamento de Hacienda y Finanzas.

- Orden Foral 3960/2002, de 23 de diciembre, por la que se regula la representación en el Servicio BizkaiBai y se desarrollan determinados aspectos telemáticos.

- Orden Foral 1268/2007, de 8 de mayo, por la que se establece y regula el procedimiento para el uso de la firma electrónica reconocida en las relaciones de carácter tributario con el Departamento de Hacienda y Finanzas.

- Disposición Adicional única de la Orden Foral 124/2009, de 13 de enero, por la que se regula el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se habilita al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas para dictar las normas que sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Foral y en el Reglamento que por medio de él se aprueba.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2009.

1. El presente Reglamento regula las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria en desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de cada tributo.

2. Este Reglamento será de aplicación a la gestión recaudatoria en lo no previsto en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

3. Las actuaciones y procedimientos de Inspección se regirán por lo previsto en el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante el Decreto Foral 5/2012, de 24 de enero. En defecto de regulación específica, se aplicarán supletoriamente las disposiciones previstas en el presente Reglamento.

4. El presente Reglamento será de aplicación al procedimiento sancionador en materia tributaria en lo no previsto en el Reglamento Sancionador Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio, en las demás normas específicas de desarrollo del procedimiento sancionador en materia tributaria y en las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

1. A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por órganos de gestión tributaria los de carácter administrativo que ejerzan las funciones previstas en el artículo 115 de la Norma Foral General Tributaria, siempre que tengan atribuidas competencias en materia de gestión tributaria en las normas de organización específica.

2. En el ámbito de la Subdirección de gestión tributaria, y a efectos del presente Reglamento, se entenderá por órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes de los procedimientos de gestión:

a) El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, el Director General de Hacienda y el Subdirector de Gestión Tributaria, cuando se establezca expresamente su competencia.

b) La Jefatura de los Servicios de Tributos Directos, Tributos Indirectos y Control Censal y Tributos Locales que integran la Subdirección de Gestión Tributaria.

3. No obstante, con carácter general, la tramitación de los procedimientos de gestión corresponderá, en el ámbito de sus competencias, a la Jefatura de cada una de las Secciones que integran la Subdirección de Gestión Tributaria, que formalizarán la propuesta de resolución y darán traslado de la misma a la Jefatura del Servicio.

En los supuestos en los que alguno de los órganos que se indican en la letra a) del apartado anterior deban dictar la resolución que ponga fin al procedimiento, la Jefatura del Servicio, remitirá, con carácter general, a éstos la mencionada propuesta de resolución.

4. Entre otras facultades, corresponderá a las Jefaturas de Sección dependientes de los respectivos Servicios la emisión de los requerimientos de documentación o información, así como los de presentación de las correspondientes declaraciones o autoliquidaciones.

5. Los órganos de gestión de los tributos podrán realizar las actuaciones que sean necesarias para la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales.

Cuando la resolución haya ordenado la retroacción de las actuaciones continuará el procedimiento de gestión de los tributos en el que se hubiera dictado el acto anulado hasta su terminación, conforme a lo establecido en su normativa reguladora.

1. Las facultades que puedan ejercerse en las distintas actuaciones y procedimientos de gestión de los tributos corresponderán a los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que intervengan en dichas actuaciones y procedimientos.

2. Las normas de organización específica podrán regular la intervención en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de gestión de los tributos de funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desempeñen puestos de trabajo en órganos con funciones distintas.

1. Las autoridades y entidades a que se refiere el artículo 93 de la Norma Foral General Tributaria, y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a prestar a los funcionarios y demás personal de los órganos de la Administración tributaria el apoyo, concurso, auxilio y protección que les sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

2. Cuando el personal al servicio de la Administración tributaria conozca en el curso de sus actuaciones hechos de los que pudieran derivarse indicios de fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, los harán constar en diligencia y lo pondrán en conocimiento del órgano competente o, en su caso, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

Asimismo, el personal al servicio de la Administración tributaria pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal por medio de la autoridad competente los hechos que conozcan en el curso de sus actuaciones que puedan ser constitutivos de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

1. El Departamento de Hacienda y Finanzas podrá celebrar convenios de colaboración con Entidades públicas o privadas con el fin de determinar los requisitos, el contenido, los plazos y condiciones en los que tales entidades deben proporcionar la información que están obligadas a suministrar en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Norma Foral General Tributaria, cuando tales extremos no estén suficientemente regulados reglamentariamente.

2. Dichos convenios podrán incorporar, además, la forma en que el Departamento de Hacienda y Finanzas debe ceder o comunicar a otras Administraciones Públicas los datos que obren en su poder, por estar obligada a ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Norma Foral General Tributaria, en cuyo caso revestirán la forma de convenios de intercambio de información.

3. Corresponde al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas la facultad de suscribir los Convenios de colaboración a que se refiere el presente artículo.

1. Todo el personal al servicio de la Administración tributaria estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes que conozca por razón de su cargo o puesto de trabajo.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia dicha información tendrá carácter reservado y sólo podrá ser cedida o comunicada a quienes por razón de sus competencias intervengan en el procedimiento de que se trate, así como publicada en los supuestos establecidos por la normativa de la Unión Europea.

Los resultados de las actuaciones podrán ser utilizados en todo caso por el órgano que las haya realizado y por otros órganos de la Administración tributaria en orden al adecuado desempeño de sus funciones respecto del mismo o de otros obligados tributarios.

3. Los funcionarios y el personal al servicio de la Administración tributaria no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos perseguibles únicamente a instancia de parte, cuando no pudieran hacerlo sin violar el deber de sigilo que estén obligados a guardar.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el curso de las actuaciones podrán cederse o comunicarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando sea necesario para la emisión de informes, peritajes o asistencias solicitadas a otros órganos, Administraciones, personas o entidades, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94.1 de la Norma Foral General Tributaria.

b) Cuando sea necesario para la asistencia en la prestación de los servicios propios del Departamento de Hacienda y Finanzas solicitada a otras entidades con las que se haya formalizado el correspondiente contrato o convenio de colaboración.

c) Cuando se pongan en conocimiento del obligado tributario, durante el trámite de audiencia, y, en su caso, en el de alegaciones, los documentos, datos, informes o antecedentes obtenidos de otros obligados tributarios que figuren en el expediente y vayan a ser tenidos en cuenta en la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de los datos que no les afecten.

d) En los casos previstos en el artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria en los términos indicados en los artículos siguientes.

1. La cesión o comunicación de los datos con transcendencia tributaria a los que se refiere el artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria se regirá, en todo caso por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su legislación de desarrollo, y además por los siguientes principios y reglas:

a) Adecuación de los datos cedidos o comunicados a las funciones y competencias del cesionario.

b) Relevancia y utilidad de la información para los fines que justifican la cesión o comunicación.

c) Proporcionalidad entre los datos cedidos o comunicados a los fines para los que se solicitan.

d) Seguridad de los medios de transmisión y acceso empleados.

e) Eficiencia y minimización de costes.

f) Estricta afectación a los fines que justifican y para los que se solicitan los datos, sin que la información tributaria pueda utilizarse en perjuicio del interesado o afectado en ningún otro caso.

g) Intransferibilidad de los datos cedidos o comunicados, sin que el destinatario pueda volver a cederlos a terceros, salvo en los casos expresamente previstos en los contratos o convenios.

h) Prohibición del tratamiento ulterior de datos por el cesionario, salvo consentimiento del afectado o autorización legal.

2. El Departamento de Hacienda y Finanzas podrá denegar o limitar la cesión o comunicación de datos solicitada cuando la información recabada no se adecue a lo previsto en el presente Capítulo, pueda vulnerar los principios y reglas de cesión o comunicación de información tributaria a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, o no existieran las garantías previstas en el artículo 12 de este Reglamento.

3. La información podrá ser cedida o comunicada en soporte papel o magnético o mediante transmisión telemática o cualesquiera técnicas automatizadas de tratamiento y transmisión de datos, en función del volumen de la información, medios instrumentales disponibles y demás circunstancias técnicas que hayan de ser tenidas en cuenta en cada caso concreto, atendiendo a las posibilidades técnicas tanto del Departamento de Hacienda y Finanzas como de la Administración, órgano, autoridad o entidad cesionaria, que podrán convenir en cada caso concreto lo que estimen más conveniente.

4. Cuantas autoridades y funcionarios tengan conocimiento de los datos o información cedida o comunicada estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales, administrativas y civiles en que pudiera incurrirse por el inadecuado uso o acceso a dicha información y sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Agencia de Protección de Datos o a los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma Vasca, el Departamento de Hacienda y Finanzas podrá suspender o limitar el acceso o la cesión de datos cuando advirtiere anomalías o irregularidades en su utilización, así como si se incumplieran los principios, reglas y garantías establecidos en este artículo y en el artículo 12 del presente Reglamento, o convenidos al efecto.

Los datos cedidos y comunicados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización.

No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la Administración Tributaria se facilitarán éstos.

Asimismo, el Departamento de Hacienda y Finanzas podrá efectuar especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos cedidos o comunicados.

1. El órgano, autoridad, entidad o Administración que recabe las solicitudes de cesión o comunicación de información tributaria dirigirá la correspondiente petición al Departamento de Hacienda y Finanzas.

2. En la petición de información deberán especificarse, en su caso, los datos identificativos de las personas físicas o jurídicas a que se refiera la información recabada, indicando la finalidad para la que serán utilizados, de conformidad con los supuestos de cesión o comunicación autorizados del apartado 1 del artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria, excepto el supuesto de la letra l) del citado apartado.

Igualmente se concretará la información que se entiende necesaria para atender la finalidad que justifica la cesión o comunicación.

3. Para la cesión o comunicación de información en los casos previstos en el apartado 1 del artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria, excepto el supuesto de la letra l), no se requerirá previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.

1. En los supuestos de cesión de datos con previa autorización del obligado tributario a que se refiere la letra l) del apartado 1 del artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria, en la petición de información habrán de especificarse los datos identificativos de los interesados a que se refiera la información recabada y detallarse tanto la finalidad de la cesión o comunicación como el contenido que se estima necesario para el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas la Administración solicitante.

2. La Administración que recabe la información tributaria dirigirá la correspondiente solicitud al Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente del Departamento de Hacienda y Finanzas.

3. En la solicitud de información tributaria se hará constar, además de lo indicado en el apartado 1 de este artículo, que los interesados a los que se refiera aquélla han autorizado expresamente la cesión o comunicación de datos a la Administración solicitante, cuya justificación el Departamento de Hacienda y Finanzas puede requerir en cualquier momento.

Respecto a dicha autorización, la Administración solicitante tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La autorización habrá de referirse al procedimiento en el que participe el interesado o para el ejercicio de las funciones que, en particular, puedan afectarle y para cuyo desarrollo se solicita la información de carácter tributario.

b) No se admitirán autorizaciones genéricas para cualesquiera procedimientos o funciones que pueda desarrollar la Administración solicitante.

c) No podrá condicionarse la resolución de los procedimientos o el ejercicio de las funciones al otorgamiento de dicha autorización, cuando el cumplimiento de los requisitos, en su caso exigidos, pueda acreditarse por otro medio válido en derecho.

d) Se abstendrá de solicitar datos referidos al interesado si éste hubiera revocado la autorización inicialmente prestada.

1. Cuando la cesión o comunicación de datos haya de efectuarse periódicamente o de forma continuada en el tiempo, cuando el volumen de información solicitada, la amplitud o trascendencia de su contenido o cuando dichos datos afecten a un elevado número de interesados, el Departamento de Hacienda y Finanzas podrá celebrar los contratos o convenios de colaboración con las Administraciones Públicas, autoridades o entidades, que puedan ser cesionarias de información de carácter tributario. Dichos contratos o convenios podrán incorporar las garantías a las que se refiere el apartado siguiente.

2. El Departamento de Hacienda y Finanzas adoptará las medidas que permitan garantizar un adecuado uso de los datos, las cuales podrán consistir, entre otras, en las siguientes:

a) La constitución de comisiones mixtas integradas por representantes del Departamento de Hacienda y Finanzas y de la entidad, autoridad o institución cesionaria que velen por el adecuado uso de la información cedida, sin perjuicio de otras funciones que se le pudieran asignar.

b) La aceptación por el cesionario del sometimiento a actuaciones de comprobación a cargo del Departamento de Hacienda y Finanzas, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que fueran de aplicación.

3. Si no constara al Departamento de Hacienda y Finanzas la competencia del órgano que solicita la información tributaria, se cursará oficio al órgano directivo de la Administración o entidad de la que aquél dependa, al objeto de que certifique dicha competencia o, en su caso, ratifique la solicitud cursada.

1. En los contratos o convenios que se celebren entre el Departamento de Hacienda y Finanzas y los cesionarios de información a los que se refiere el artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria se especificará el objeto de los datos cedidos y la finalidad para la que se efectúa la cesión, la competencia del destinatario para el ejercicio de las facultades o el desarrollo de las funciones que justifican la información que se recabe, la periodicidad de dicha cesión y la forma en que se materialice.

Asimismo, se indicará su duración y, en su caso, las condiciones de su renovación o prórroga.

En los supuestos de cesión a que se refiere el artículo 11 del presente Reglamento, igualmente se hará constar la necesidad de la previa autorización de los interesados a la Administración cesionaria, sin la cual dicha Administración se abstendrá de cursar peticiones de información referidas a los mismos.

2. En los contratos o convenios de colaboración deberá especificarse el procedimiento, las competencias y las garantías por las que habrá de regirse la cesión de información. Suscrito un Convenio con una Administración Pública, sólo los órganos administrativos dependientes de la misma podrán hacer uso de los datos recibidos.

No obstante, si así se previera expresamente, el destinatario final de los datos podrá ser un organismo o entidad dependiente de dicha Administración Pública, que haya de ejercer las funciones o instruir los procedimientos para los que se cedan aquéllos.

3. En todo caso las condiciones y cláusulas que se establezcan habrán de regirse por los principios contenidos en el presente Reglamento.

4. En el marco de los instrumentos de intercambio de información previstos en los convenios internacionales y normativa comunitaria para evitar la doble imposición y en los acuerdos y convenios internacionales de asistencia mutua en materia tributaria, las autoridades competentes se prestarán asistencia mutua e intercambiarán los datos que sean necesarios para la aplicación de los tributos.

Los órganos de gestión de los tributos de la Administración tributaria podrán realizar actuaciones a instancia de las autoridades competentes de otros Estados. En el desarrollo de dichas actuaciones podrán estar presentes funcionarios de estos Estados, previa autorización de la autoridad competente. Asimismo, los funcionarios de la Administración tributaria podrán desplazarse a otros Estados en el marco de peticiones de información efectuadas por la autoridad competente o participar en controles fiscales simultáneos.

Las pruebas o informaciones cedidas por las autoridades competentes de otros Estados podrán incorporarse con valor probatorio al procedimiento que corresponda.

1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria, previo convenio de colaboración que así lo hubiera establecido, el cesionario de información tributaria podrá obtener la misma mediante consulta directa a las bases de datos del Departamento de Hacienda y Finanzas.

2. El acceso podrá efectuarse a través del uso de terminales de dicho Departamento o mediante las correspondientes conexiones telemáticas con el cesionario, previa configuración, en su caso, de la información accesible.

3. El control y seguridad de los datos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en sus disposiciones de desarrollo.

4. El acceso a las bases de datos se efectuará de modo que quede constancia de la identidad del usuario, de la información a que se accede y de la motivación de la consulta, a cuyo fin el Departamento de Hacienda y Finanzas diseñará sus aplicaciones informáticas de forma que queden registrados los accesos con el detalle señalado.

1. En la medida en que las Administraciones Públicas puedan disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el presente Reglamento, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por el Departamento de Hacienda y Finanzas, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.

2. La cesión o comunicación de información tributaria regulada en el presente Reglamento no tendrá otros efectos que los derivados del objeto y finalidad para los que fueron cedidos o comunicados, o los sustitutivos, en su caso, de la certificación o declaración a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. En consecuencia, no originará derechos ni expectativas de derechos a favor de los interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquélla.

De igual modo, la información cedida o comunicada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de gestión o inspección tributaria o de la ulterior modificación de los datos suministrados.

La Administración tributaria promoverá y facilitará a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, poniendo a su disposición servicios de información y asistencia tributaria.

1. Las actuaciones de información se realizarán de oficio mediante la publicación de los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina administrativa de mayor trascendencia o mediante el envío de comunicaciones, entre otros medios.

A estos efectos, se considera doctrina tributaria el conjunto de criterios administrativos que reflejan la conducta uniforme que sigue la Administración tributaria en la aplicación de las normas jurídicas.

2. Asimismo, podrá realizarse de oficio mediante el envío de comunicaciones a los obligados tributarios, bien directamente o bien dirigidas a los colegios, asociaciones u otras organizaciones de los que formen parte, en los que se les informe de la normativa o los criterios administrativos que les sean de aplicación.

1. Las actuaciones de información también se llevarán a cabo, a iniciativa del obligado tributario, mediante la contestación a solicitudes de información tributaria, cualquiera que sea el medio por el que se formulen.

2. En los supuestos en los que las solicitudes de información se formulen por escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal del obligado tributario, así como el derecho u obligación tributaria que le afecta respecto del que se solicita la información.

1. En la contestación a las solicitudes de información tributaria, incluidas aquellas relativas a retenciones, ingresos a cuenta o repercusiones, la Administración comunicará los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, sin que dicha contestación pueda ser objeto de recurso.

2. Las solicitudes de información tributaria formuladas por escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la documentación o de los antecedentes existentes en el órgano competente se contestarán en el plazo máximo de tres meses y en la contestación se hará referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.

3. La falta de contestación de las solicitudes de información en los plazos establecidos en el apartado anterior no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de solicitud.

4. Las actuaciones de información y las contestaciones a las solicitudes de información tendrán los efectos previstos en el artículo 184.2.d) de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

5. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general podrá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento.

1. A las consultas tributarias escritas a las que se refieren los artículos 85 y 86 de la Norma Foral General Tributaria les serán de aplicación el procedimiento para su presentación, tramitación y contestación establecido en el Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión.

2. El mencionado Decreto Foral se aplicará, asimismo, a las propuestas previas de tributación reguladas en los artículos 89 y 90 de la Norma Foral General Tributaria.

1. La Administración tributaria informará, a solicitud del interesado, sobre el valor de los bienes inmuebles, en relación con los tributos que graven su adquisición y transmisión y cuya base imponible se determine en función del valor de los mismos.

2. Cuando los bienes inmuebles urbanos o rústicos dispongan del valor mínimo atribuible al que se refiere los Decretos Forales por los que se aprueban las normas técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y por el que se aprueban las normas técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica respectivamente, los interesados podrán consultarlo, preferentemente, por medios telemáticos a través de la página web del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, debiendo disponer para ello del número fijo que consta en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la identificación del solicitante.

El valor mínimo atribuible tendrá vigencia durante el año natural.

3. En aquéllos supuestos en que los bienes inmuebles carezcan de valor mínimo atribuible la solicitud será presentada a través del modelo aprobado por Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas.

Junto a la solicitud se deberá aportar:

a) Copia del DNI del solicitante.

b) Copia del documento público en el que figure la última descripción detallada del bien inmueble que se pretende adquirir.

c) Copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o notificación catastral.

d) En el caso de que el inmueble a valorar sea un solar, se deberá aportar junto a la solicitud cédula urbanística que refleje la edificabilidad del terreno.

e) Borrador de la escritura pública por la que se formalizará el cambio de titularidad y la referencia catastral o número fijo del o los inmuebles.

La Administración tributaria podrá requerir al interesado la documentación que estime necesaria para la valoración del bien inmueble. Asimismo, podrá solicitar los informes de otras entidades u organismos que estime pertinentes.

Las contestaciones a las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el plazo de tres meses, sin que a estos efectos sean computables los periodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración.

La falta de contestación de las solicitudes en el plazo establecido en el párrafo anterior no implicará la aceptación por la Administración tributaria de la valoración que el obligado tributario consigne en la declaración o autoliquidación.

El valor comunicado al solicitante no tiene carácter de acto administrativo impugnable y tendrá efectos vinculantes para la Administración durante el plazo de 6 meses desde la fecha de la citada comunicación.

4. Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, el interesado podrá consignar en la declaración o autoliquidación como valor de los bienes el que considere conveniente a sus intereses, pudiendo la Administración tributaria hacer uso, en tal caso, de la potestad comprobadora prevista en los artículos 55 y 129 de la Norma Foral General Tributaria.

1. Se entenderá por certificado tributario el documento expedido por la Administración que acredite hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

2. Los certificados podrán acreditar, entre otras circunstancias, la presentación de declaraciones y autoliquidaciones o extremos concretos contenidos en ellas, la situación censal, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la existencia o inexistencia de deudas tributarias o sanciones pendientes de pago que consten en las bases de datos de la Administración tributaria.

3. Los hechos o datos que se certifiquen se referirán exclusivamente al obligado tributario al que se refiere el certificado, sin que puedan incluir ni referirse a datos relativos a terceros salvo que la finalidad del certificado exija dicha inclusión.

4. Podrán no certificarse datos referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya prescrito o caducado el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

5. En tanto no haya vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias la Administración tributaria no estará obligada a expedir certificado sobre el cumplimiento de éstas.

1. Los certificados tributarios se expedirán:

a) A instancia del obligado tributario al que el certificado se refiera.

b) A petición de un órgano administrativo o cualquier otra persona o entidad interesada que requiera el certificado, siempre que dicha petición esté prevista en una Ley o Norma Foral o cuente con el previo consentimiento del obligado tributario.

c) A iniciativa de la Administración tributaria cuando razones de oportunidad para la gestión tributaria así lo aconsejen. En particular, podrán expedirse cuando exista un elevado número de interesados en dichas certificaciones o su obtención o aportación a un procedimiento tenga carácter obligatorio para un determinado colectivo.

2. Cuando el certificado se solicite mediante representante se deberá acreditar dicha representación.

3. Cuando para la tramitación de un procedimiento o actuación administrativa sea necesaria la obtención de un certificado tributario del Departamento de Hacienda y Finanzas, la Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo directamente y hará constar la Ley o Norma Foral que habilita a efectuar dicha solicitud o que cuenta con el previo consentimiento del obligado tributario.

En estos casos, la Administración pública solicitante no podrá exigir la aportación del certificado al obligado tributario.

El Departamento de Hacienda y Finanzas no estará obligada a expedir el certificado a solicitud del obligado cuando tenga constancia de que ha sido remitido a la Administración pública correspondiente.

Los certificados tributarios contendrán, al menos, los siguientes datos y circunstancias:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario.

b) Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban ser certificados.

Cuando mediante un certificado deba acreditarse el cumplimiento de determinadas circunstancias de carácter tributario exigidas por la norma reguladora del certificado, se harán constar expresamente dichas circunstancias.

Las certificaciones serán positivas cuando consten cumplidas la totalidad de las circunstancias, obligaciones o requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora del certificado. A estos efectos, bastará una mención genérica de los mismos.

Cuando las certificaciones sean negativas deberán indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.

Cuando los datos declarados o comunicados por el obligado tributario no coincidan con los comprobados por la Administración, se certificarán estos últimos.

c) La inexistencia de la información que se solicita en las bases de datos de la Administración tributaria o la improcedencia de suministrar dicha información, cuando no se pueda certificar la información contenida en la letra b).

d) Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y, en su caso, el código seguro de verificación.

1. El órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir el certificado en el plazo de 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.

Cuando el solicitante sea el obligado tributario, el certificado será entregado personalmente o remitido al domicilio fiscal de éste.

El certificado se enviará al lugar señalado a tal efecto en la solicitud cuando el peticionario sea una Administración Pública.

Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de un certificado en plazo no determinará que se entienda emitido con carácter positivo.

2. El certificado tributario podrá expedirse en papel o bien mediante la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

Cuando el certificado sea solicitado a petición de un órgano administrativo, podrá expedirse por vía telemática y, en caso de que se expida de forma automatizada, se aplicará lo previsto en los artículos 36 a 40 de este Reglamento, ambos inclusive.

3. El contenido, autenticidad y validez del certificado se podrán comprobar, en su caso, mediante conexión con la página web de la Administración tributaria, utilizando para ello el código seguro de verificación que figure en el certificado.

4. Una vez emitido el certificado, el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de los datos que formen parte de su contenido en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, mediante un escrito en el que se solicite la modificación del certificado dirigido al órgano que lo haya expedido, al que se adjuntarán los elementos de prueba que estime convenientes para acreditar su solicitud.

Si el órgano que emitió el certificado considerara incorrecto el certificado expedido, procederá a la emisión de uno nuevo en el plazo de diez días. Si no considerase procedente expedir un nuevo certificado lo comunicará al interesado con expresión de los motivos en que se fundamenta.

1. Para la emisión del certificado regulado en este artículo se entenderá que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligadas a estar en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en los casos en que proceda.

b) Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

c) Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual correspondientes a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.

d) Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información regulada en los artículos 92 y 93 de la Norma Foral General Tributaria.

f) No mantener con el Departamento de Hacienda y Finanzas deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

g) No tener pendientes de ingreso multas ni responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas por sentencia firme.

2. Cuando se expida la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, se deberá indicar el carácter positivo o negativo de la certificación.

3. Las circunstancias indicadas en los párrafos b) a d), ambos inclusive, del apartado 1 anterior se referirán a autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los 12 meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de la certificación.

1. Los certificados tributarios tendrán exclusivamente carácter informativo y no se podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.4 de este Reglamento, y de los recursos que puedan interponerse contra los actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

Los certificados tributarios producirán los efectos que en ellos se hagan constar y los que se establezcan en la normativa que regule su existencia.

2. Salvo que la normativa específica del certificado establezca otra cosa, los certificados tributarios tendrán validez durante 6 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, excepto en lo que respecta a los certificados a los que se refiere el apartado 2 del artículo 180 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cuya validez será de 3 meses.

3. Los certificados expedidos por medios telemáticos producirán idénticos efectos a los expedidos en papel. Los certificados telemáticos llevarán un código de verificación generado electrónicamente que permita contrastar su contenido, autenticidad y validez mediante el acceso por medios telemáticos a los archivos del órgano u organismo expedidor. Los mismos efectos surtirán las copias de los certificados cuando las comprobaciones anteriores puedan efectuarse mediante el código de verificación.

(SUPRIMIDO)

1. La asistencia tributaria consistirá en el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

2. Entre otras actuaciones, en el ámbito de la gestión tributaria, la asistencia tributaria podrá consistir en la confección de autoliquidaciones y de declaraciones, en la confección de borradores de declaración y de autoliquidación, así como en la comunicación al obligado tributario de propuestas de liquidación en los términos previstos en los artículos siguientes y en el artículo 90 de este Reglamento.

3. La realización de las mencionadas actuaciones no impedirá el inicio de posteriores procedimientos de gestión o inspección.

Los datos, importes o calificaciones contenidos en las declaraciones y autoliquidaciones confeccionados por la Administración o en las propuestas de liquidación que hayan sido comunicadas al obligado tributario no vincularán a la Administración en el ejercicio de las actuaciones de comprobación que puedan desarrollarse con posterioridad.

En los supuestos de confección de autoliquidaciones, los órganos de gestión, en presencia del obligado tributario, procederán a la transcripción de los datos aportados por éste, su calificación y aplicación a los mismos de la normativa tributaria con la finalidad de determinar la deuda tributaria o, en su caso, el importe a devolver o compensar, entregando el modelo ultimado para su revisión y firma por el interesado, si éste lo estima oportuno.

Simultáneamente, contrastarán los datos suministrados por el obligado tributario y comprobarán si coinciden con los que obran en las bases de datos del Departamento de Hacienda y Finanzas.

1. La Administración tributaria podrá facilitar a los obligados tributarios programas informáticos de asistencia para la confección de declaraciones y autoliquidaciones, que se ajustarán a lo establecido en la Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas por la que se apruebe el correspondiente modelo.

Asimismo, podrá facilitar otros programas de ayuda y asistencia, en el marco del deber de información y asistencia a los obligados tributarios, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. Los errores en los que pudiera incurrir el obligado tributario, cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Norma Foral General Tributaria.

1. La asistencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se ofrecerá preferentemente por medios telemáticos. Mediante Orden Foral del diputado o diputada foral de Hacienda y Finanzas se determinará, en función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable, el alcance de esa asistencia, las personas a través de la que se preste, la forma y requisitos para su prestación, así como los supuestos en que dicha asistencia por vía telemática se preste de forma automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de este Reglamento. (NOTA: Con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

2. El uso de estos medios deberá procurar alcanzar al mayor número de obligados tributarios. Para ello, los programas de ayuda y los servicios ofrecidos por vía telemática, en su caso, se ofrecerán también por otros medios a quienes no tuvieran acceso a los previstos en este artículo siempre que sea posible de acuerdo con los medios técnicos disponibles.

En particular, se pondrá a disposición de las y los obligados tributarios la asistencia por canales telefónicos. (NOTA: Párrafo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. La Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos mediante la celebración de convenios con:

a) Otras Administraciones públicas.

b) Entidades que tengan la condición de colaboradoras en la gestión recaudatoria.

c) Instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

A estos efectos, se entienden incluidas las organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas.

d) Personas o entidades que realicen actividades económicas, cuando su localización geográfica o red comercial pueda ayudar a la consecución de los fines de la Administración tributaria.

e) Otras personas o entidades que establezca el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas.

2. Los convenios de colaboración social firmados con las instituciones y organizaciones previstos en el apartado 1.c) anterior podrán extender sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aquellas. Para ello, las personas o entidades interesadas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión al convenio, donde se recoja expresa-mente la aceptación del contenido íntegro de éste.

No obstante, la suscripción de convenios de colaboración por las organizaciones corporativas de notarios y registradores vinculará a todos los profesionales colegiados sin que sea precisa la adhesión individualizada a dichos acuerdos. El convenio suscrito con la organización corporativa recogerá esta circunstancia.

3. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las entidades, instituciones y organizaciones que hayan suscrito un convenio de colaboración supondrá la resolución del citado convenio, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado.

El incumplimiento por parte de una persona o entidad de las obligaciones asumidas en el documento individualizado de adhesión al que se refiere el apartado 2 anterior supondrá su exclusión del convenio con el procedimiento y garantías previstos en el párrafo anterior, y quedará sin efecto la autorización individual.

Los sujetos a que se refiere el artículo anterior podrán colaborar en la realización de las funciones de gestión tributaria. Esta colaboración social podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Realización de informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a los que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 55 de la Norma Foral General Tributaria.

b) Campañas de información y difusión.

c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones y declaraciones y en su correcta cumplimentación.

e) Presentación y remisión a la Administración de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.

f) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.

g) Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.

h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios.

1. Cuando se posibilite la realización de las actuaciones de colaboración social mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, será de aplicación lo previsto en los artículos 36 a 40 de este Reglamento, ambos inclusive.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91.2 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, la Administración tributaria podrá establecer los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas establecerá mediante Orden Foral los requisitos y condiciones para la presentación y remisión de autoliquidaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el marco de los acuerdos de colaboración social.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. Los órganos que realicen funciones de gestión promoverán la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

2. La Administración tributaria podrá establecer que el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias, así como la relación con el departamento de Hacienda y Finanzas, se efectúe de manera exclusiva a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, al margen de cuál sea la condición de las y los obligados tributarios, con prestación de las labores de asistencia que faciliten dicho cumplimiento previstas en el artículo 32 de este Reglamento.

3. Tendrán obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias y de relacionarse con el departamento de Hacienda y Finanzas a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia:

a) las personas jurídicas, entidades y demás contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades,

b) las personas físicas que realicen actividades económicas, en lo relativo a dichas actividades,

c) las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica, a que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

d) otros distintos de los anteriores, cuando así se establezca en la normativa propia de cada tributo o en la que se regulen las obligaciones tributarias formales o las de suministro de información.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las y los obligados tributarios podrán relacionarse con la Administración tributaria para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

5. Asimismo, podrá establecerse la obligatoriedad del uso de otros servicios de carácter tributario cuando las circunstancias así lo aconsejen, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica y la corresponsabilidad fiscal exigible a determinados agentes económicos y sociales.

6. En la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá respetarse el derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

7. Los expedientes administrativos en que se materialicen las actuaciones y procedimientos en materia tributaria se recogerán preferentemente en soporte electrónico utilizando tecnologías informáticas o telemáticas, con las condiciones y limitaciones establecidos en esta Sección.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. La Administración tributaria utilizará cualquiera de los sistemas establecidos en los artículos 14 a 18 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de mayo, de Administración Electrónica, y en su normativa de desarrollo para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan.

2. Las y los obligados tributarios se relacionarán electrónicamente con la Administración tributaria mediante la utilización de cualquiera de los sistemas de identificación, autenticación y firma establecidos en los artículos 10 a 13 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de mayo, de Administración Electrónica, y en su normativa de desarrollo.

Asimismo, la normativa propia de cada tributo, o en la que se regulen las obligaciones tributarias formales o las de suministro de información podrá establecer otros sistemas de identificación, autenticación y firma de las y los obligados tributarios.

3. En aquellos supuestos en los que las actuaciones se realicen por canales telefónicos, podrán utilizarse datos de contraste que obren en poder de la Administración tributaria, que permitan la identificación del o de la obligada tributaria con la que se realizan las actuaciones.

1. Se entiende por actuación automatizada la producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular.

Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

2. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la Administración Tributaria podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

3. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1 a) anterior incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

1. En los supuestos de actuación automatizada a que se refiere el artículo anterior, las aplicaciones informáticas que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades y por las que se determine directamente el contenido de las actuaciones administrativas, habrán de ser previamente aprobadas mediante resolución del órgano que debe ser considerado responsable a efectos de la impugnación de los correspondientes actos administrativos.

2. Los interesados podrán conocer la relación de dichas aplicaciones mediante consulta en la página web de la Administración tributaria, que incluirán la posibilidad de una comunicación segura conforme a lo previsto en el artículo 37 de este Reglamento.

1. Las copias realizadas en soporte de papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que incluyan la impresión de un código seguro de verificación generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración pública, órgano u organismo emisor.

2. Los interesados podrán conocer qué documentos se emiten con un código seguro de verificación u otro sistema de verificación que permita la comprobación de la autenticidad de su copia impresa mediante el acceso electrónico a los archivos del emisor.

Para ello serán objeto de publicación en la página web de la Administración tributaria correspondiente.

3. La Administración tributaria podrá obtener imágenes electrónicas de documentos, con su misma validez y eficacia, mediante procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, la integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. En tal caso, podrá ser destruido el documento origen salvo que una norma legal o reglamentaria imponga un específico deber de conservación.

4. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

El foliado de los expedientes electrónicos podrá llevarse a cabo mediante un índice electrónico, firmado o sellado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos lo efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. El departamento de Hacienda y Finanzas facilitará la realización de todo tipo de consultas y trámites para el cumplimento de las obligaciones tributarias de las personas contribuyentes y la prestación de otros servicios relacionados mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

2. El acceso a los servicios que presta el Departamento de Hacienda y Finanzas se realizará a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia y del portal www.bizkaia.eus, que la Diputación Foral pone a disposición de la ciudadanía para realizar consultas y trámites, con plenas garantías de seguridad en el acceso a la información y en la tramitación de sus actuaciones.

3. Desde la sede electrónica se accederá a diversos servicios de carácter tributario, que requerirán la identificación de los interesados mediante la utilización de los sistemas de identificación establecidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 37 de este Reglamento.

4. La Administración tributaria determinará los trámites y gestiones de carácter tributario que pueden realizarse a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia en función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable.

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1. El Sistema Editran es el instrumento establecido por el Departamento de Hacienda y Finanzas para la presentación telemática de determinados modelos tributarios por teleproceso.

2. El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas podrá regular mediante Orden Foral el ámbito de aplicación, las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Editran en relación con determinados contribuyentes y modelos tributarios.

3. Las entidades transmitirán sus declaraciones telemáticas por Editran al Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con las características de la citada Orden Foral.

La información contenida en dicho fichero debe ajustarse a los diseños lógicos y físicos establecidos en cada una de las Ordenes Forales que aprueban los diferentes modelos de declaración.

1. La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimientos requerirá acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.

2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario.

Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.

3. La comunicación de inicio contendrá, cuando proceda, además de lo previsto en el artículo 61.1 de este Reglamento, lo siguiente:

a) Procedimiento que se inicia.

b) Objeto del procedimiento con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su caso, periodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.

c) Requerimiento que, en su caso, se formula al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento.

d) En su caso, la propuesta de resolución o de liquidación cuando la Administración cuente con la información necesaria para ello.

4. Se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.

1. La iniciación de un procedimiento a instancia del obligado tributario podrá realizarse mediante autoliquidación, declaración, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa aplicable, que podrán ser presentados en papel o por medios electrónicos, informáticos y telemáticos cuando las disponibilidades técnicas de la Administración lo permitan.

2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, ésta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

d) Órgano al que se dirige.

3. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

4. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aprobados, los modelos normalizados de autoliquidación, declaración, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento.

5. Cuando los documentos a que se refiere el apartado 1 se presenten en papel, el obligado tributario podrá obtener copia sellada siempre que la aporte junto a los originales. En dicha copia se hará constar el lugar y fecha.

6. Cuando el interesado efectúe la presentación de los documentos a que se refieren los apartados anteriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, se deberán consignar aquellos datos exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del procedimiento.

En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación utilizados.

Cuando se aporte documentación anexa a la presentada por medios informáticos, electrónicos o telemáticos y el sistema no permita la aportación directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los registros administrativos previstos en la normativa aplicable en el plazo de 10 días, contados desde el de la presentación, sin necesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo que la normativa específica establezca un lugar o plazo distinto.

En dicha documentación se identificará debidamente la solicitud o comunicación presentada por medios o técnicas electrónicos, informáticos o telemáticos.

1. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días o en el establecido en la normativa específica, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.

2. Las presentaciones por medios y técnicas electrónicos, informáticos y telemáticos serán rechazadas cuando por los defectos que contengan se determine que no resulta procedente su recepción.

3. Las recepciones por técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos serán provisionales a resultas de su procesamiento. Cuando las presentaciones no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por la normativa aplicable, se requerirá al declarante para que, en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por desistido de su petición o por no cumplida la obligación correspondiente. (NOTA: Párrafo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.

1. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos.

2. No se concederá más de una ampliación del plazo respectivo.

3. Para que la ampliación pueda otorgarse serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Que se solicite con anterioridad a los tres días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar.

b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.

c) Que no se perjudiquen derechos de terceros.

4. La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la finalización del plazo que se pretenda ampliar.

La notificación expresa de la concesión de la ampliación antes de la finalización del plazo inicialmente fijado podrá establecer un plazo de ampliación distinto e inferior al previsto en el párrafo anterior.

5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.

6. El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento no serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.

1. Cuando se realicen requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado tributario que esté siendo objeto del procedimiento de gestión tributaria, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán ser impugnados mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto administrativo dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.

2. Cuando en un procedimiento de gestión tributaria el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 92 y 93 de la Norma Foral General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Administración tributaria.

1. Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento podrán solicitar en cualquier momento información del estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento.

2. La información deberá solicitarse de forma que quede constancia del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad que la solicita, así como la firma del obligado tributario o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier otro medio.

La información se facilitará preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado en su solicitud e indicará la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.

1. Los obligados tributarios que hayan sido parte en el procedimiento podrán acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido en los términos y con las condiciones establecidos en el artículo 97.6 de la Norma Foral General Tributaria.

2. El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la petición de acceso en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta podrá entenderse desestimada.

Si la resolución fuera estimatoria se dejará constancia en el expediente de dicho acceso.

3. El derecho de acceso llevará consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los términos previstos en el artículo siguiente.

4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se facilitará el acceso al interesado por dichos medios siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan, de acuerdo con las especificaciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

1. El obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 97.5 de la Norma Foral General Tributaria, podrá obtener a su costa, previa solicitud individualizada, copias de los documentos que se soliciten y figuren en el expediente, sin que quepa formular una solicitud genérica sobre el contenido del expediente en su conjunto ni se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente, la petición habrá de realizarse durante la puesta de manifiesto del expediente o cuando se realice el acceso a archivos y registros administrativos de expedientes concluidos. Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al obligado tributario.

2. El órgano competente entregará las copias y dejará constancia de su recepción por el obligado tributario.

3. Cuando conste la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 97.5 de la Norma Foral General Tributaria, se denegará la obtención de copias mediante resolución motivada.

4. En aquellos casos en los que los obligados tributarios hayan presentado todas las declaraciones y autoliquidaciones, así como la solicitud de certificados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las copias se facilitarán preferentemente por dichos medios o en los soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan.

1. Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas, todos los elementos de prueba que obren en poder de la Administración y los informes emitidos por otros órganos. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución o de liquidación.

En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia de los documentos del expediente en los términos previstos en el artículo anterior, aportar nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime oportunas.

En los procedimientos en los que se prescinda del trámite de audiencia por estar previsto un trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución o de liquidación, la Administración tributaria notificará al obligado dicha propuesta para que efectúe las alegaciones que considere oportunas y en dicho trámite será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores.

2. Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará constancia en el expediente de dicha circunstancia.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular alegaciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las presentadas por el interesado, en los supuestos previstos en el artículo 124 de la Norma Foral General Tributaria o cuando así lo establezca la normativa específica de cada procedimiento .

Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se prescinda del plazo para formular alegaciones, se podrá prescindir, asimismo, de la notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación.

4. Una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones no se podrá incorporar al expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución.

5. Concluido el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver, previa valoración de las alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado, la propuesta de resolución o de liquidación.

1. Las comunicaciones a las que se refiere el artículo 97.8 de la Norma Foral General Tributaria, contendrán mención expresa, al menos, de los siguientes datos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se dirige.

c) Lugar al que se dirige.

d) Hechos o circunstancias que se comunican o contenido del requerimiento que se realiza mediante la comunicación.

e) Órgano que la expide.

2. Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una actuación o procedimiento, el contenido incluirá además el previsto en el artículo 51.3 de este Reglamento.

3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se incorporarán al expediente.

1. En las diligencias a las que se refiere el artículo 97.8 de la Norma Foral General Tributaria, se harán constar necesariamente los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de la Administración tributaria interviniente.

c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene.

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones.

e) Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.

f) Hechos y circunstancias que se hagan constar.

g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar.

2. En las diligencias podrán hacerse constar, entre otros, los siguientes contenidos:

a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.

b) Los resultados de las actuaciones de obtención de información.

c) Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones.

d) La representación otorgada mediante declaración en comparecencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo competente.

3. En las diligencias podrán hacerse constar los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado. Asimismo, las diligencias podrán contener, entre otros, los siguientes datos, acciones u hechos:

a) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.

b) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de la sanción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.

d) Los hechos determinantes de la iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.

f) Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros órganos de la misma o de otra Administración.

g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes integradas en un grupo que tributen en régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido por la Administración tributaria.

2. De cada diligencia se extenderán al menos dos ejemplares, que serán firmados por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan éstas. Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente.

De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibir la diligencia, se hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 109 de la Norma Foral General Tributaria.

Cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.

3. Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.

4. Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias que puedan tener incidencia en otro procedimiento de aplicación de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan iniciar se remitirá copia al órgano competente que en cada caso corresponda.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.8 de la Norma Foral General Tributaria, los órganos de la Administración tributaria emitirán los informes que sean preceptivos, los que resulten necesarios para la gestión tributaria y los que les sean solicitados, siempre que en este último caso se fundamente la conveniencia de solicitarlos.

2. En particular, los órganos de gestión tributaria deberán emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Cuando se complementen las diligencias que recojan hechos o conductas que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias y no corresponda al mismo órgano la tramitación del procedimiento sancionador.

b) Cuando se aprecien indicios sobre la comisión de delitos contra la Hacienda para su traslado al órgano colegiado encargado de su evaluación.

1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará resolución, que será motivada en los supuestos que disponga la normativa aplicable, y decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras que se deriven de él.

2. La resolución deberá contener mención expresa del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario, de la fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del derecho u obligación tributaria objeto del procedimiento y, en su caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.

3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 100 de la Norma Foral General Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de demora correspondientes.

4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artículo 102 de la Norma Foral General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

5. Los efectos del silencio administrativo se entenderán sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la comprobación de la situación tributaria de los obligados tributarios, con relación a la concurrencia de las condiciones y requisitos de beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Norma Foral General Tributaria.

6. Cuando un procedimiento de gestión tributaria finalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente haber realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.

Se dará por terminado un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, si éste último finalizase como consecuencia del inicio de otro procedimiento, sin perjuicio de que posteriormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador derivado del procedimiento de aplicación de los tributos iniciado con posterioridad.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento de gestión o de un procedimiento sancionador que hubiesen terminado de la forma prevista en este apartado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento.

1. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y periodos objeto del procedimiento.

2. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, periodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

3. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

4. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por días naturales.

5. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de este Reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 67 y 68 de este Reglamento con indicación de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.

6. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Norma Foral General Tributaria, se considerarán periodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos:

a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, a la Administración del Estado, Comunidades autónomas, otras Diputaciones forales o Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de los mismos por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses para las realizadas a otros órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, de doce meses para las efectuadas a la Administración del Estado, Comunidades autónomas, otras Diputaciones o Corporaciones locales y de dieciocho meses cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados.

b) Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 185 de la Norma Foral General Tributaria, se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento.

c) Cuando se solicite al órgano colegiado el dictamen preceptivo a que se refiere el artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el artículo 14 del Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión, hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.

d) Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.3 de la Norma Foral General Tributaria.

e) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.3 de la Norma Foral General Tributaria.

f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante la Junta Arbitral prevista en el artículo 66 del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo.

g) Cuando se inicie un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal a que se refiere el artículo 47 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que dure su completa tramitación o hasta que concluya el plazo máximo de resolución del mismo, exclusivamente en los supuestos en los que la rectificación del domicilio sea determinante para el contenido del acto administrativo con el que concluya el procedimiento de que se trate y limitando sus efectos a los conceptos tributarios y periodos impositivos respecto de los que ésta tenga relevancia.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Norma Foral General Tributaria, se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:

a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración tributaria. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este cómputo hasta que se cumplimenten debidamente, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.

b) La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en la letra a) anterior.

c) La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

d) La paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado tributario por la falta de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se considere incumplido el trámite hasta su cumplimentación por el obligado tributario, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda declararse la caducidad, previa advertencia al interesado.

e) La presentación por el obligado tributario de declaraciones reguladas en el artículo 122 de la Norma Foral General Tributaria, o de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad. La dilación se computará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de la declaración, o solicitud de devolución o desde el día siguiente al de la presentación en los supuestos de presentación fuera de plazo hasta la presentación de la declaración, o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.

f) (Sin contenido con efectos a partir del 1 de enero de 2022)

g) El retraso en la notificación de las liquidaciones o de las propuestas de liquidación en el procedimiento iniciado mediante autoliquidación, en el procedimiento iniciado mediante declaración, en el procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales y en el procedimiento de comprobación limitada, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido.

h) El incumplimiento de la obligación de llevanza y remisión del libro registro de operaciones económicas a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia para las personas y entidades a que se refieren los artículos 39 bis y 39 undecies del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de la completa remisión de su contenido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. (NOTA: Párrafo con efectos a partir del 1 de enero de 2022)

i) Los retrasos por parte del obligado tributario en la aportación de libros y demás registros que tengan la obligación de llevar conforme a lo dispuesto en la normativa tributaria, así como de la documentación que soporte los asientos y demás apuntes realizados en los mismos.

La dilación se computará desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado.

1. En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o a personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Administración las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Norma Foral General Tributaria, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su caso, sanciones tributarias.

La Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones o los procedimientos con cualquiera de los sucesores.

2. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.

En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el propio concursado cuando el juez no hubiera acordado la suspensión de sus facultades de administración y disposición y, en cualquier caso, con los administradores concursales como representantes del concursado o en su función de intervención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3. En los supuestos de solidaridad de varios obligados tributarios por la concurrencia en un mismo presupuesto de hecho de una obligación, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.

4. Tratándose de entidades del artículo 34.3 de la Norma Foral General Tributaria, las actuaciones de gestión que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.3 de dicha Norma Foral.

Las liquidaciones que, en su caso, procedan se practicarán a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.

El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de rentas se realizará en el curso de los procedimientos de comprobación que puedan instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos podrán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las actuaciones de gestión de las obligaciones propias de la entidad.

5. En el caso de obligados tributarios no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria y en el artículo 10 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En el caso de tributos que deban satisfacer los obligados tributarios no residentes que operen sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el obligado tributario no residente, con el representante, en su caso, designado al efecto o, cuando así se prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

En función del poder de representación con el que cuenten, las actuaciones y los trámites ante el departamento de Hacienda y Finanzas que podrán ser realizados por los representantes de las y los obligados tributarios a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, serán aquellos que se encuentren habilitados de acuerdo con los medios disponibles y el estado de la tecnología aplicable, y se corresponderán con los siguientes grupos de facultades:

- Facultades A: Presentar solicitudes y escritos en procedimientos iniciados a instancia de la persona interesada, aportar documentación, subsanar solicitudes voluntariamente y a requerimiento del órgano correspondiente. Incluye la recepción de notificaciones derivadas de la subsanación y mejora de la solicitud, facultando para el acceso a la consulta de datos/información relacionada con las actuaciones anteriormente descritas.

- Facultades B: Presentar solicitudes y escritos, recursos y reclamaciones, desistir de actuaciones, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones realizando cuantas actuaciones correspondan a la persona representada, en los procedimientos iniciados tanto a instancia de la persona interesada como de oficio, facultando para el acceso a la consulta de datos/información relacionada con las actuaciones anteriormente descritas así como la recepción de notificaciones, excluidas las notificaciones referidas en la facultad D. Asimismo, faculta para la modificación de la forma de pago, la obtención de cartas de pago así como para la solicitud de aplazamiento de las deudas surgidas en la tramitación de los procedimientos para los que se faculta.

- Facultades C: Acceder a la consulta de datos/ información de la persona representada.

- Facultades D: Recibir las notificaciones por las que la Administración comunique el inicio de procedimientos de oficio.

Adicionalmente, se podrán ejercitar a través de la sede electrónica la facultad de gestión de todas las deudas con independencia del procedimiento en el que se hayan originado.

1. Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán ante la Administración tributaria mediante sus representantes legales. No obstante, una vez adquirida o recuperada la capacidad de obrar por las personas que carecían de ella, éstas actuarán por sí mismas ante la Administración tributaria, incluso para la comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella.

Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a quien representaron.

2. Por las personas jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral General Tributaria, deberán actuar las personas a quienes corresponda la representación en el momento de la actuación administrativa.

Quienes tuvieron dicha representación cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes deberán comparecer a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a la persona jurídica o entidad.

3. El representante legal deberá acreditar su condición ante la Administración tributaria. No obstante, se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.

4. Cuando en el curso de un procedimiento de gestión de los tributos se modifique o se extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en tanto no se comunique tal circunstancia al órgano de la Administración tributaria que lleve a cabo las actuaciones.

5. Exclusivamente a efectos tributarios, la Administración tributaria inscribirá de oficio la representación legal en el registro electrónico general de apoderamientos en los supuestos y con las condiciones que se establecen a continuación:

a) En los casos de fallecimiento de uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, a favor del cónyuge o miembro de la pareja de hecho supérstite. La representación inscrita tendrá una validez de 5 años desde la fecha del fallecimiento.

En el supuesto al que se refiere esta letra, cuando el cónyuge o pareja de hecho supérstite confiera a un tercero la representación ante la Administración tributaria, se entenderá asimismo conferida dicha representación en relación con la persona contribuyente fallecida, salvo manifestación expresa en contrario.

No obstante lo dispuesto en esta letra, los sucesores de la persona fallecida podrán ejercer el derecho de oposición contra la inscripción de oficio de la representación a favor del cónyuge o pareja de hecho supérstite, para lo que deberán acreditar su condición.

b) En el caso de personas contribuyentes menores de edad que formen parte de una unidad familiar, a favor de ambos progenitores, o de su único progenitor, en el supuesto de que solo tengan uno. Todo ello, salvo prueba fehaciente en contrario.

c) En el caso de entidades a las que se refiere el artículo 34. 3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a favor de sus miembros, herederos, comuneros o partícipes. La representación inscrita tendrá una validez de 5 años desde la fecha de inscripción.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior de esta letra, las entidades a las que se refiere el mismo podrán ejercer el derecho de oposición contra la inscripción de oficio de la representación a favor de sus miembros, herederos, comuneros o partícipes, para lo cual los representantes legales de dichas entidades deberán acreditar su condición en los términos establecidos en el artículo 44.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

d) En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, a favor de las y los sucesores, cuando dicha circunstancia conste fehacientemente a la administración tributaria. La representación inscrita tendrá una validez de 5 años desde la fecha de la extinción o disolución.

(NOTA: Apdo. 5 con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. La representación será conferida, en el caso de personas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por quienes tengan la representación legal y ésta lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá acreditada la representación, entre otros, en los siguientes casos:

a) Cuando su existencia conste inscrita y vigente en un registro público, y en particular en el registro electrónico de apoderamientos de la Diputación de Bizkaia.

b) Cuando conste en documento público o documento privado con firma legitimada notarialmente.

c) Cuando se otorgue mediante comparecencia personal ante el órgano administrativo competente, lo que se podrá documentar en diligencia.

d) Cuando la representación conste en el documento emitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos que se establezcan por la Administración tributaria.

e) Cuando en aras a facilitar la gestión de los tributos, la Administración tributaria determine otros sistemas a través de los cuales se entienda otorgada la representación. En particular, se entenderá otorgada la representación mediante la entrega por parte del obligado u obligada tributaria de la clave que le haya sido proporcionada por la Administración tributaria a estos efectos.

(NOTA: Apdo. 2 con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

3. En todos los supuestos de representación deberán constar, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del representado y del representante, así como la firma de ambos. Cuando la representación se otorgue en documento público no será necesaria la firma del representante.

b) Contenido de la representación, así como la amplitud y suficiencia de la misma.

c) Lugar y fecha de su otorgamiento.

d) En el caso de representación voluntaria otorgada por el representante legal del obligado tributario, deberá acreditarse la representación legal.

4. Para las actuaciones previstas en el artículo 45.5 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá acreditada la representación en los siguientes casos:

a) Cuando la representación se haya hecho figurar expresamente en la declaración, autoliquidación o solicitud que sea objeto del procedimiento.

b) Cuando la representación conferida resulte de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación con las actuaciones desarrolladas.

5. La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia al órgano actuante. A partir de dicho momento, se considerará que el obligado tributario no comparece ante la Administración tributaria ni atiende los requerimientos de ésta hasta que nombre un nuevo representante o la atienda personalmente.

6. La renuncia a la representación no tendrá efectos ante el órgano actuante hasta que no se acredite que dicha renuncia se ha comunicado de forma fehaciente al representado.

7. De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2020, de 13 de octubre, de creación y regulación del registro electrónico general de apoderamientos, el Departamento de Hacienda y Finanzas autorizará, a través de la celebración de convenios o acuerdos de colaboración con entidades o asociaciones reconocidas, así como mediante la concesión de una habilitación individualizada previa solicitud a instancia de parte, la utilización de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia por parte de los profesionales colegiados que sean asociados o miembros de aquéllas, en nombre de terceras personas, quienes deberán otorgar a aquéllos la representación que en cada caso sea necesaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

Las representaciones otorgadas en base a lo dispuesto en el párrafo anterior deberán inscribirse en los términos previstos en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2020, de 13 de octubre, de creación y regulación del registro electrónico general de apoderamientos.

(NOTA: Apdo. 2 con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. La representación deberá acreditarse en la primera actuación que se realice por medio de representante, si bien su falta o insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el acto o trámite de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

En todo caso, se podrá exigir que la persona o personas con quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el concepto en el que actúen.

En el supuesto de que el representante no acredite la representación, el acto se tendrá por no realizado o al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan, salvo que las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el obligado tributario.

2. Se entenderán ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o insuficiencia del poder de representación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario impugne los actos dictados en el procedimiento en que aquél hubiera intervenido sin alegar esta circunstancia.

b) Cuando el obligado tributario efectúe el ingreso o solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria o de la sanción que se derive del procedimiento. No obstante, en estos casos no se entenderá subsanada la falta o insuficiencia del poder de representación cuando se haya presentado recurso o reclamación económico-administrativa en el que se alegue dicha falta o insuficiencia.

3. Cuando en un procedimiento de gestión tributaria se actúe mediante representante se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias se extiendan y se unirá al expediente el documento acreditativo de la representación. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo y se unirá al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo.

4. Las actuaciones tributarias realizadas con el representante del obligado tributario se entenderán efectuadas directamente con este último.

Las manifestaciones hechas por la persona que haya comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho.

5. Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar su inexistencia sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.

6. Cuando en la resolución de un recurso o reclamación económico- administrativa se anule la resolución o la liquidación administrativa por falta o insuficiencia del poder de representación, se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se debió acreditar la representación o se aportó el poder que se estima insuficiente y conservarán su validez las actuaciones y pruebas del procedimiento de gestión tributaria realizadas sin intervención del representante con el que se entendieron las actuaciones.

7. El obligado tributario podrá intervenir en las actuaciones y procedimientos asistido por la persona que considere oportuno en cada momento, de lo que se dejará constancia en el expediente, así como de la identidad del asistente.

1. Cuando en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos, el órgano actuante tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se podrá acordar el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad.

El inicio se notificará al obligado tributario con indicación de las obligaciones tributarias y periodos a los que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se fundamente.

Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya iniciado previamente el procedimiento sancionador.

2. El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la formulación de la propuesta de liquidación al deudor principal y, cuando la responsabilidad alcance a las sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto infractor.

El responsable dispondrá de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidaciones o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 5 de este artículo, el responsable no tendrá la condición de interesado en el procedimiento de gestión, inspección o en el sancionador seguidos con el deudor principal y se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dichos procedimientos.

3. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar la liquidación y habrá de dictarse con posterioridad al acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.

El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal. De no efectuarse la notificación en dicho plazo el procedimiento para declarar la responsabilidad se dará por concluido sin más trámite, sin perjuicio de que con posterioridad pueda iniciarse un nuevo procedimiento por los órganos de recaudación. A tal efecto las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento inicial, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en relación con el mismo u otro responsable.

4. Transcurrido el periodo voluntario de pago del deudor principal se requerirá el pago al declarado responsable quien de acuerdo con lo establecido en el artículo 179 de la de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, dispondrá del plazo de un mes desde la fecha de notificación de dicho requerimiento de pago.

5. En aquellos supuestos en los que la Norma Foral disponga que no es necesario el acto previo de derivación de responsabilidad, las actuaciones de comprobación e investigación podrán realizarse directamente con el responsable. En estos supuestos, las actas se formalizarán y las liquidaciones se practicarán a nombre del responsable.

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación.

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 110.1 de la Norma Foral General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole la posibilidad de personación ante la dependencia del operador postal al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos exclusivamente informativos.

2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el transcurso de 7 días naturales desde el depósito del envío en la oficina cuando no haya sido retirado con anterioridad. Cuando el titular del apartado haya retirado el envío con anterioridad al plazo de 7 días señalado anteriormente la notificación se entenderá efectuada en tal fecha.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.

3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria.

En estos casos, cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a uno de los sucesores del obligado tributario que consten con tal condición.

4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en los acuerdos y convenios internacionales suscritos, podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de las notificaciones de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por válidamente efectuadas.

1. En el supuesto previsto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente.

2. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Norma Foral General Tributaria.

3. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al «Boletín Oficial» o a la sede electrónica donde se publicó el anuncio.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. Las y los interesados a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 36 de este Reglamento estarán obligados a comunicarse con la Administración tributaria utilizando solamente medios electrónicos.

Asimismo, las notificaciones podrán practicarse a través de medios electrónicos cuando la persona interesada hubiere consentido expresamente su utilización y determinado dicho medio como preferente.

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la interesada o del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos.

3. Cuando dejaren de concurrir en el obligado las circunstancias que determinaron su inclusión obligatoria en el sistema de notificación electrónica se le notificará por medios electrónicos la exclusión, que será efectiva desde el día siguiente a que dicha notificación surta efectos.

No obstante, la interesada o el interesado continuará en el sistema de notificación electrónica cuando, con carácter previo a su inclusión obligatoria, hubiese señalado el medio electrónico como preferente.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. Todas las notificaciones y comunicaciones que deba realizar el Departamento de Hacienda y Finanzas se practicarán por medio de la comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia conforme a lo previsto en la normativa que regula dicha sede, teniendo en cuenta las especialidades previstas en el presente Reglamento y sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 75 quater del mismo.

Asimismo, se podrán habilitar otros sistemas de notificación y comunicación electrónica, siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 36 de este Reglamento, o cuando haya sido expresamente señalado por la interesada o el interesado este medio como preferente, la notificación o comunicación se practicará exclusivamente mediante la comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. El señalamiento del sistema electrónico de notificación como medio preferente se realizará mediante la solicitud de alta en el apartado dispuesto al efecto en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia y producirá efectos para aquellas notificaciones o comunicaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de dicha solicitud, salvo que en la regulación específica de los sistemas contemplados en el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo se establezca un plazo distinto.

3. El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la interesada o del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

4. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada.

5. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación electrónica transcurrieran 20 días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 109.2 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

6. La interesada o el interesado, cuando no se trate de una de las personas o entidades obligadas a cumplir con sus obligaciones tributarias y a relacionarse con el departamento de Hacienda y Finanzas a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá solicitar en el apartado dispuesto al efecto en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia que el sistema de notificación electrónica no sea el que se utilice con carácter exclusivo, para que las notificaciones o comunicaciones sucesivas no se practiquen exclusivamente por medios electrónicos, utilizándose además los otros medios admitidos en la normativa administrativa general.

En estos casos, la baja se hará efectiva para aquellas notificaciones o comunicaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de dicha solicitud, salvo que en la regulación específica de los sistemas contemplados en el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo se establezca un plazo distinto. En otro caso, la baja se hará efectiva en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la presentación de la correspondiente solicitud.

7. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por las personas interesadas al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso.

(NOTA: Artículo con efectos a partir del 1 de agosto de 2021)

1. El Departamento de Hacienda y Finanzas podrá practicar las notificaciones o comunicaciones por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en los artículos 107 a 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la comunicación o notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del obligado o su representante en las oficinas de la Diputación Foral de Bizkaia y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Esta opción no corresponderá al obligado cuando concurran las circunstancias previstas en la letra b) siguiente.

b) Cuando, para garantizar la eficacia y, en su caso, celeridad de los procedimientos de aplicación de los tributos, la Administración considere más apropiado efectuar la notificación por otros medios distintos de los electrónicos.

2. En ningún caso se efectuarán de forma electrónica las siguientes comunicaciones y notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que, con arreglo a su normativa específica, deban practicarse mediante personación en el domicilio fiscal del obligado o en otro lugar señalado al efecto por la normativa o en cualquier otra forma no electrónica.

c) Las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento para efectuar por medios electrónicos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.

d) Las dirigidas a las entidades de crédito que actúen como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria del Departamento de Hacienda y Finanzas, en el desarrollo del servicio de colaboración.

Lo dispuesto en el presente apartado no impedirá que se utilicen medios técnicos para la práctica de algunas de las notificaciones o comunicaciones citadas en el mismo de conformidad con su normativa específica.

1. Cuando se hubiera reconocido el derecho a una devolución derivada de la normativa del tributo o a una devolución de ingresos indebidos, el órgano competente de la Administración Tributaria, procederá a llevar a efecto la devolución.

Cuando para efectuar la devolución se hubieran solicitado garantías de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de cada tributo, la ejecución de la devolución quedará condicionada a la aportación de las garantías solicitadas.

2. Cuando se haya declarado el derecho a la devolución en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa, en sentencia u otra resolución judicial o en cualquier otro acuerdo que anule o revise liquidaciones u otros actos administrativos, el órgano competente procederá de oficio a ejecutar o cumplir las resoluciones de recursos o reclamaciones económico-administrativas o las resoluciones judiciales o el correspondiente acuerdo o resolución administrativa en los demás supuestos.A estos efectos, para que los órganos competentes de la Administración procedan a cuantificar y efectuar la devolución bastará copia compulsada del correspondiente acuerdo o resolución administrativa o el testimonio de la sentencia o resolución judicial.

3. Cuando el derecho a la devolución se transmita a los sucesores, se atenderá a la normativa específica que determine los titulares del derecho y la cuantía que a cada uno corresponda.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado anterior, la transmisión del derecho a una devolución tributaria por actos o negocios entre particulares no surtirá efectos ante la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Norma Foral General Tributaria.

1. El pago de la cantidad a devolver se realizará por el órgano competente de la Administración Tributaria, en la cuenta de la Entidad Financiera señalada por el solicitante de la que sea titular.

Cuando no se hubiera señalado cuenta o el solicitante no fuera titular de la misma, la devolución se abonará, en su caso, en un número de cuenta del obligado tributario que conste en las bases de datos del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

2. Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá procederse a su compensación a petición del obligado o de oficio de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por el Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

3. Cuando en la ejecución de las devoluciones se hubiese producido algún error material, de hecho o aritmético, la entidad de crédito retrocederá, en su caso, el importe procedente a la Administración tributaria ordenante o bien se exigirá directamente al perceptor su reintegro.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 96.3 de la Norma Foral General Tributaria, los modelos de declaración o autoliquidación se aprobarán por el Diputado de Hacienda y Finanzas, que establecerá la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, del ingreso de la deuda tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

2. El Diputado de Hacienda y Finanzas podrá aprobar modelos de solicitud de devolución. En las solicitudes de devolución para las que no exista un modelo o formulario específicamente aprobado al efecto, el obligado tributario hará constar los datos necesarios de la devolución que se solicita mediante escrito que deberá presentarse en el lugar y plazos establecidos en la normativa del tributo o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando éstos estén disponibles.

1. Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.

Tendrán la consideración de declaraciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada. No obstante, la normativa de la correspondiente obligación tributaria podrá determinar que deberán utilizarse en todo caso declaraciones sustitutivas para incluir nuevos datos o modificar el contenido de otras declaraciones presentadas con anterioridad.

2. En los supuestos previstos en el artículo 122 de la Norma Foral General Tributaria, sólo se podrán presentar declaraciones complementarias o sustitutivas con anterioridad a la liquidación correspondiente a la declaración inicial. En este caso, la liquidación que se practique tomará en consideración los datos completados o sustituidos.

Con posterioridad a la liquidación, el obligado tributario que pretenda modificar el contenido de una declaración anteriormente presentada deberá solicitar la rectificación de la misma conforme a lo establecido en el artículo 89 de este Reglamento. De la cuota tributaria resultante de la rectificación se deducirá el importe de la liquidación inicial.

3. Podrán presentarse declaraciones complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad en cumplimiento de una obligación formal.

4. En las declaraciones complementarias y sustitutivas se hará constar expresamente si se trata de una u otra modalidad, la obligación tributaria y el período a que se refieren.

1. Tendrán la consideración de autoliquidaciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad y de las que resulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquidación anterior, que subsistirá en la parte no afectada.

2. En las autoliquidaciones complementarias constará expresamente esta circunstancia y la obligación tributaria y período a que se refieren, así como la totalidad de los datos que deban ser declarados.A estos efectos, se incorporarán los datos incluidos en la autoliquidación presentada con anterioridad que no sean objeto de modificación, los que sean objeto de modificación y los de nueva inclusión.

3. El obligado tributario deberá realizar la cuantificación de la obligación tributaria teniendo en cuenta todos los elementos consignados en la autoliquidación complementaria. De la cuota tributaria resultante de la autoliquidación complementaria se deducirá el importe de la autoliquidación inicial.

Cuando se haya solicitado una devolución improcedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación complementaria y dicha devolución no se haya efectuado al tiempo de presentar la autoliquidación complementaria, se considerará finalizado el procedimiento de devolución iniciado mediante la presentación de la autoliquidación previamente presentada.

En el supuesto de que se haya obtenido una devolución improcedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación complementaria, se deberá ingresar la cantidad indebidamente obtenida junto a la cuota que, en su caso, pudiera resultar de la autoliquidación complementaria presentada.

4. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 85 de este Reglamento.

1. Tendrán la consideración de solicitudes de devolución complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de solicitudes de devolución sustitutivas aquéllas referidas a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad que reemplacen su contenido.

2. La presentación de una solicitud de devolución complementaria o sustitutiva podrá hacerse antes de que la Administración tributaria, de acuerdo con la normativa propia de cada tributo, haya acordado la devolución correspondiente o dictado la resolución en la que comunique que no procede efectuar devolución alguna.

En este caso, la devolución o resolución administrativa que se acuerde tomará en consideración los datos completados o sustituidos.

3. Una vez acordada la devolución o dictada la resolución administrativa a que se refiere el apartado anterior, el obligado tributario podrá instar la rectificación de su solicitud de devolución conforme a lo establecido en el artículo 85 de este Reglamento.

1. Cuando la normativa reguladora del tributo así lo establezca la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una autoliquidación por el obligado tributario en la que se determine el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

2. Una vez recibida la autoliquidación, la Administración examinará la documentación presentada y la contrastará con los datos y antecedentes que obren en su poder, practicando, en su caso, la liquidación que resulte procedente.

3. El procedimiento iniciado mediante autoliquidación terminará, una vez efectuada, en su caso, el examen al que se refiere el artículo 123 de la Norma Foral General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la citada Norma Foral.

1. El procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previstas en el artículo 30 de la Norma Foral General Tributaria se iniciará a instancia del obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

No obstante, en los supuestos en los que la devolución se solicite con ocasión de la presentación de la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación, deduciéndose las cantidades declaradas a ingresar en la Administración tributaria correspondiente a los períodos de liquidación anteriores, no se tomarán en consideración las cantidades que, correspondiendo a esos períodos anteriores, no hayan sido efectivamente ingresadas en la Administración tributaria.

En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, no se exigirá al obligado tributario el ingreso de las cantidades correspondientes a esas autoliquidaciones de los períodos anteriores en la medida en que no se hayan tomado en consideración para acordar la devolución procedente al último período de liquidación del año.

2. Cuando proceda reconocer el derecho a la devolución solicitada, el órgano competente dictará acuerdo que se entenderá notificado por el ingreso mediante transferencia bancaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3.a) de la Norma Foral General Tributaria, cuando la devolución reconocida sea objeto de retención cautelar total o parcial, deberá notificarse la adopción de la medida cautelar.

El reconocimiento de la devolución solicitada no impedirá la posterior comprobación de la obligación tributaria mediante los procedimientos de gestión o inspección.

3. Cuando existan defectos, errores, discrepancias o circunstancias que originen el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de un procedimiento de inspección, con excepción de los procedimientos de comprobación restringida y comprobación reducida, el procedimiento de devolución terminará con la notificación de inicio del correspondiente procedimiento, que será efectuada por el órgano competente en cada caso.

En el procedimiento iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se determinará la procedencia e importe de la devolución y, en su caso, otros aspectos de la situación tributaria del obligado.

4. Cuando la Administración tributaria acuerde la devolución en un procedimiento de comprobación limitada o de un procedimiento de inspección, con excepción de los procedimientos de comprobación restringida y de comprobación reducida, por el que se haya puesto fin al procedimiento de devolución, deberán satisfacerse los intereses de demora que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Norma Foral General Tributaria. A efectos del cálculo de los intereses de demora no se computarán los periodos de dilación por causa no imputable a la Administración a que se refiere el artículo 68 de este Reglamento y que se produzcan en el curso de dichos procedimientos.

5. El pago de la cantidad a devolver se realizará en el número de la cuenta bancaria del solicitante en el que expresamente se desee que se realice el ingreso. Cuando el mismo no conste de forma expresa, la devolución se abonará, en su caso, en un número de cuenta bancaria del solicitante que conste en las bases de datos del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

6. Cuando de la presentación de la autoliquidación resulte cantidad a devolver y se hubiera producido la caducidad del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación o desde la fecha de presentación si se hubiera presentado fuera de plazo, la Administración vendrá obligada a iniciar un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales conforme a lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Norma Foral General Tributaria y al artículo 84 bis de este Reglamento, en el plazo de dos meses a contar desde que se hubiera producido la caducidad del procedimiento iniciado mediante autoliquidación.

En todo caso se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora sobre la devolución que finalmente se pueda practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Norma Foral General Tributaria.

1. En los procedimientos iniciados mediante declaración del obligado tributario, el órgano competente de la Administración tributaria podrá realizar las actuaciones necesarias para practicar la liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2 de la Norma Foral General Tributaria. Cuando se requieran datos o documentos al obligado tributario se le otorgará un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo. Asimismo, la Administración tributaria podrá hacer requerimientos a terceros.

2. La liquidación que se practique tendrá carácter provisional, conforme con lo previsto en el artículo 124.1 de la Norma Foral General Tributaria.

Dentro de los plazos de prescripción o caducidad a que se refieren los artículos 67 y 70 de la Norma Foral General Tributaria, la Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este procedimiento para la liquidación del tributo cuando el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 122.3 de la Norma Foral General Tributaria.

3. El procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario terminará, una vez efectuada, en su caso, el examen al que se refiere el artículo 123 de la Norma Foral General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.3 de la citada Norma Foral.

1. La Administración tributaria vendrá obligada a iniciar este procedimiento de oficio en el plazo de dos meses a contar desde que se hubiera producido la caducidad del procedimiento iniciado mediante autoliquidación, cuando de la presentación de la misma resulte cantidad a devolver.

2. La Administración tributaria tendrá la potestad para iniciar de oficio este procedimiento en los siguientes supuestos:

a) Cuando de la presentación de la autoliquidación hubiera resultado cantidad a ingresar o de importe cero.

b) Cuando la Administración tributaria, antes de producirse la caducidad de un procedimiento iniciado mediante autoliquidación, acuerde su inicio en caso de que sea necesario requerir la aportación de documentación al obligado tributario o se disponga de indicios que acrediten la necesidad de regularizar la situación tributaria del mismo.

c) Cuando descubra que en la autoliquidación o declaración revisadas por medio de una liquidación provisional concurre alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 124.2 de la Norma Foral General Tributaria u otras que no hubieran sido tenidas en cuenta en liquidaciones provisionales precedentes.

3. El procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales terminará una vez realizado, en su caso, el examen al que se refiere el artículo 123 de la Norma Foral General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 124.bis de la citada Norma Foral.

1. Los obligados tributarios podrán iniciar el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones cuando consideren que la misma puede originar una devolución derivada de la normativa del tributo, una devolución de ingresos indebidos o ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos.

2. Las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones se dirigirán al órgano competente de acuerdo con la normativa de organización específica.

La solicitud sólo podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración tributaria haya practicado liquidación definitiva o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.

El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación cuando se esté tramitando un procedimiento de gestión o inspección cuyo objeto incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada, sin perjuicio de su derecho a realizar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos en el procedimiento que se esté tramitando que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano que lo tramite.

3. Cuando la Administración tributaria haya practicado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación únicamente si la liquidación provisional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario.

Se considerará que entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional concurre consideración o motivo distinto cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional.

4. Además de lo dispuesto en el artículo 52 de este Reglamento, en la solicitud de rectificación de una autoliquidación deberán constar:

a) Los datos que permitan identificar la autoliquidación que se pretende rectificar.

b) En caso de que se solicite una devolución deberá hacerse constar expresamente el número de la cuenta bancaria del solicitante en la que se desee que se realice el ingreso. Cuando el mismo no figure en el escrito, la devolución se abonará, en su caso, en un número de cuenta bancaria del solicitante que conste en las bases de datos del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

5. La solicitud deberá acompañarse de la documentación en que se basa la solicitud de rectificación y los justificantes, en su caso, del ingreso efectuado por el obligado tributario.

1. En la tramitación del expediente se comprobarán las circunstancias que determinan la procedencia de la rectificación.

Cuando junto con la rectificación se solicite la devolución de un ingreso efectuado, indebido o no, se comprobarán las siguientes circunstancias:

a) La realidad del ingreso, cuando proceda, y su falta de devolución.

b) Que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 88 del presente Reglamento en caso de retenciones, ingresos a cuenta o tributos que deban ser legalmente repercutidos.

c) La procedencia de su devolución, el titular del derecho a obtener la devolución y su cuantía.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la Administración podrá examinar la documentación presentada y contrastarla con los datos y antecedentes que obren en su poder.También podrá realizar requerimientos al propio obligado en relación con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que se refieran a la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la rectificación solicitada. Asimismo, podrá efectuar requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

3. En este procedimiento se podrán solicitar los informes que se consideren necesarios.

1. El procedimiento finalizará mediante resolución que tendrá el carácter de liquidación provisional en la que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación. El acuerdo será motivado cuando sea denegatorio o cuando la rectificación acordada no coincida con la solicitada por el interesado.

En el supuesto de que se acuerde rectificar la autoliquidación, la resolución acordada por la Administración tributaria incluirá una liquidación provisional cuando afecte a algún elemento determinante de la cuantificación de la deuda tributaria efectuada por el obligado tributario.

2. Cuando se reconozca el derecho a obtener una devolución, se determinará el titular del derecho y el importe de la devolución, así como los intereses de demora que, en su caso, deban abonarse. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés tendrá como límite el importe de la devolución reconocida.

3. De conformidad con el apartado 1 del artículo 98 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cuando el obligado tributario inicie un procedimiento de rectificación de su autoliquidación, y se acuerde el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación que incluya la obligación tributaria a la que se refiere el procedimiento de rectificación, este finalizará con la notificación de inicio del procedimiento de comprobación o investigación.

4. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada.

1. Cuando una autoliquidación presentada hubiese dado lugar a un ingreso indebido de retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas a otros obligados tributarios, la legitimación para solicitar la rectificación, así como el derecho a obtener su devolución, se regulará por lo dispuesto en los artículos 31 y 229.4 de la Norma Foral General Tributaria.

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior la legitimación para solicitar la rectificación corresponderá a:

a) Los obligados tributarios que hubieran realizado el ingreso indebido con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como sus sucesores.

b) La persona o entidad que haya soportado la retención o el ingreso a cuenta repercutido cuando consideren que la retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente.

Si, por el contrario, el ingreso a cuenta que se considere indebido no hubiese sido repercutido, tendrán derecho a solicitar la devolución las personas o entidades indicadas en la letra a) anterior.

c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a las que se refiere la letra a) anterior, la persona o entidad que haya soportado la repercusión.

En los supuestos previstos en las letras b) y c), el obligado tributario que hubiese soportado indebidamente la retención o el ingreso a cuenta o la repercusión del tributo podrá solicitar la devolución del ingreso indebido instando la rectificación de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso indebido.

3. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebidos las personas o entidades que hubiesen soportado indebidamente la retención o repercusión, aun cuando la devolución del ingreso indebido hubiese sido solicitada por el retenedor o el obligado tributario que repercutió las cuotas o hubiese sido acordada en alguno de los procedimientos previstos en el artículo 14 del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía administrativa.

Cuando el derecho a la devolución corresponda a los sucesores, se atenderá a la normativa específica para determinar los beneficiarios de la misma y la cuantía que a cada uno corresponda.

4. Únicamente procederá la devolución a favor de la persona o entidad que haya soportado la repercusión cuando el ingreso indebido se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades, cuando concurran los siguientes requisitos:

1) Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura o documento sustitutivo cuando así lo establezca la normativa reguladora del tributo.

2) Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas. En los tributos en los que el destinatario de las operaciones que haya soportado la repercusión tenga derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas, se entenderá que las cuotas indebidamente repercutidas han sido ingresadas cuando quien las repercutió las hubiese consignado debidamente en su autoliquidación del tributo, con independencia del resultado de dicha autoliquidación.

No obstante lo anterior, en los casos de autoliquidaciones a ingresar sin ingreso efectivo del resultado de la autoliquidación, sólo procederá devolver la cuota indebidamente repercutida que exceda del resultado de la autoliquidación que esté pendiente de ingreso, el cual no resultará exigible a quien repercutió en el importe concurrente con la cuota indebidamente repercutida que no ha sido objeto de devolución.

La Administración tributaria condicionará la devolución al resultado de la comprobación que, en su caso, realice de la situación tributaria de la persona o entidad que repercuta indebidamente el tributo.

3) Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutieron o a un tercero.

4) Que el obligado tributario que haya soportado la repercusión no tuviese derecho a la deducción de las cuotas soportadas.

En el caso de que el derecho a la deducción fuera parcial, la devolución se limitará al importe que no hubiese resultado deducible. A estos efectos se entenderá que el obligado tributario no tiene derecho a la deducción de las cuotas soportadas, cuando en un procedimiento de comprobación o inspección se declare que no procede la deducción de dichas cuotas por haber sido indebidamente repercutidas y el acto que hubiera puesto fin a dicho procedimiento hubiera adquirido firmeza.

5. En el supuesto de retenciones o ingresos indebidamente soportados, no procederá restitución alguna cuando el importe de la retención o ingreso a cuenta declarado indebido hubiese sido deducido en una autoliquidación o hubiese sido tenido en cuenta por la Administración en una liquidación o en una devolución.

6. Cuando se trate de cuotas indebidamente repercutidas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, el obligado tributario que efectuó la repercusión podrá optar por solicitar la rectificación de su autoliquidación o por regularizar la situación tributaria en los términos previstos en el párrafo b) del artículo 89.cinco de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Cuando la rectificación de la autoliquidación hubiese sido solicitada por el obligado tributario que soportó indebidamente retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas, se aplicará lo dispuesto en los artículos anteriores, con las siguientes especialidades:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al órgano que según la normativa de organización específica, fuera competente respecto del obligado tributario que presentó la autoliquidación cuya rectificación se solicita.

En los Impuestos Especiales la resolución del procedimiento corresponderá al órgano que según la normativa de organización específica fuera competente respecto del establecimiento del obligado tributario que efectuó la repercusión.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando se tribute en volumen de operación y proceda la restitución de las cuotas indebidamente repercutidas se devolverá el porcentaje de tributación que haya tenido lugar en Bizkaia en el ejercicio objeto de devolución.

b) La solicitud podrá hacerse desde que la actuación de retención, la detracción del ingreso a cuenta o la actuación de repercusión haya sido comunicada fehacientemente al solicitante o, en su defecto, desde que exista constancia de que éste ha tenido conocimiento de ello.

Cuando la solicitud de rectificación se presente antes de la finalización del plazo de declaración en que hubiera de presentarse la autoliquidación cuya rectificación se solicita, se considerará como período de interrupción justificada a efectos del cómputo del plazo para resolver el procedimiento el tiempo transcurrido desde la fecha de presentación hasta la fecha de finalización de dicho plazo de declaración.

c) En la solicitud, además de las circunstancias previstas en el artículo 85.4 de este Reglamento, se harán constar el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del retenedor o persona o entidad que efectuó el ingreso a cuenta repercutido o del obligado tributario que efectuó la repercusión.

La solicitud deberá acompañarse de los documentos justificantes de la retención, ingreso a cuenta o repercusión indebidamente soportados.

d) En la tramitación del procedimiento se notificará, en su caso, la solicitud de rectificación al retenedor o al obligado tributario que efectuó y repercutió el ingreso a cuenta o que efectuó la repercusión, que deberán comparecer dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, y aportar todos los documentos y antecedentes requeridos y cualquier otro que estimen oportuno.

e) La liquidación provisional o la resolución denegatoria que ponga término al procedimiento se notificará a todos los obligados tributarios.

f) En el supuesto de que la resolución estimatoria fuera recurrida por el retenedor, por el obligado tributario que efectuó y repercutió el ingreso a cuenta o que realizó la repercusión, aquélla no será ejecutiva en tanto no adquiera firmeza.

1. Una vez que la Administración tributaria haya dictado una liquidación provisional en el caso de las declaraciones reguladas en el artículo 122 de la Norma Foral General Tributaria, o haya acordado la devolución o dictado la resolución denegatoria en los casos de solicitudes de devolución, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de la declaración, o solicitud de devolución presentada con anterioridad, cuando considere que su contenido ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos o cuando pudiera proceder una liquidación por importe superior o una menor devolución.

Cuando la Administración tributaria haya practicado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación únicamente si la liquidación provisional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario. Se considerará que entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional concurre consideración o motivo distinto cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional.

2. Cuando de la rectificación resulte una cantidad a ingresar, se exigirán los intereses de demora que correspondan en cada caso. A efectos del cálculo de los intereses de demora no se computará el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración inicial hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practicó con relación a dicha declaración inicial.

3. En las solicitudes de rectificación a que se refiere este artículo se aplicarán las normas establecidas en los artículos 85 a 87 del presente Reglamento.

1. En los casos y en los términos que establezca la normativa de cada tributo, la Administración Tributaria podrá elaborar de oficio propuestas de liquidación a devolver, a ingresar o a compensar, dentro de las actuaciones de asistencia tributaria previstas en el artículo 29 del presente Reglamento.

2. No obstante lo anterior, la liquidación provisional, que en su caso se practique, podrá ser modificada de oficio por la Administración Tributaria durante el plazo de prescripción o caducidad cuando aparezcan nuevos datos que así lo determinan.

Asimismo, cuando el contribuyente considere que la citada liquidación provisional ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos podrá instar su rectificación en el plazo de prescripción siempre que la normativa de cada tributo así lo permita.

1. El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales se iniciará a instancia del obligado tributario mediante solicitud dirigida al órgano competente para su concesión y se acompañará de los documentos y justificantes exigibles y de los que el obligado tributario considere convenientes.

2. La comprobación de los requisitos para la concesión de un beneficio fiscal se realizará de acuerdo con los datos y documentos que se exijan en la normativa reguladora del beneficio fiscal y los datos que declaren o suministren terceras personas o que pueda obtener la Administración tributaria mediante requerimiento al propio obligado y a terceros.

3. El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales terminará por resolución en la que se reconozca o se deniegue la aplicación del beneficio fiscal.

El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será el que establezca la normativa reguladora del beneficio fiscal y, en su defecto, será de seis meses. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo que la normativa aplicable establezca otra cosa.

1. El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde el momento que establezca la normativa aplicable o, en su defecto, desde el momento de su concesión.

El reconocimiento de beneficios fiscales será provisional cuando esté condicionado al cumplimiento de condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente. Su aplicación estará condicionada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y requisitos previstos en la normativa aplicable.

2. Salvo disposición expresa en contrario, una vez concedido un beneficio fiscal no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación en periodos futuros, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.

Los obligados tributarios deberán comunicar al órgano que reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación del mismo. La Administración tributaria a la vista de la citada comunicación podrá declarar si procede o no la continuación de la aplicación del beneficio fiscal.

Asimismo, cuando la Administración tributaria conozca por cualquier medio la modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación del beneficio fiscal, aquélla podrá declarar, previa audiencia del obligado tributario por un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, si procede o no la continuación de la aplicación del beneficio fiscal.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal determinará la pérdida del derecho a su aplicación desde el momento que establezca la normativa específica o, en su defecto, desde que dicho incumplimiento se produzca, sin necesidad de declaración administrativa previa.

Tratándose de beneficios fiscales cuya aplicación dependa de condiciones futuras, el incumplimiento de éstas obligará a la regularización del beneficio fiscal indebidamente aplicado conforme a lo dispuesto en el artículo 119.2, párrafo segundo, de la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos, cuando se trate de tributos sin período impositivo o de liquidación, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación en el plazo de un mes desde la pérdida del derecho a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal y deberá ingresar, junto con la cuota resultante o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal, los intereses de demora correspondientes.

1. La Administración tributaria podrá comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Norma Foral General Tributaria, salvo que el obligado tributario haya declarado de acuerdo con:

a) El valor que haya sido comunicado al efecto por la Administración tributaria en los términos previstos en el artículo de la 87 de la Norma Foral General Tributaria, y en el artículo 21 de este Reglamento.

b) Las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible reglamentariamente establecidas, siempre que resulten aplicables a los bienes de que se trate y en relación con aquellos impuestos que reconozcan expresamente a dichas normas su carácter de medio de comprobación de valores.

c) Los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el artículo 55.1 de la Norma Foral General Tributaria.

d) Los valores con fijación administrativa del precio de venta.

2. Lo dispuesto en esta sección se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa de cada tributo.

1. La aplicación del medio de valoración consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el artículo 55.1 b) de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, exigirá que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar.

2. Cuando en la comprobación de valores se utilice el medio de valoración consistente en precios medios de mercado, la Administración tributaria podrá aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes.

3. Cuando en la comprobación de valores se utilice el medio de valoración consistente en dictamen de perito de la Administración, éste deberá tener titulación suficiente y adecuada al tipo de bien a valorar.

Tratándose de una valoración que se refiera a un bien o derecho individualizado se harán constar las características físicas, económicas y jurídicas que según la normativa aplicable hayan de considerarse para determinar el valor del bien o derecho.

4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 55.1 h) de la Norma Foral General Tributaria, el valor de los bienes transmitidos determinante de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria atendiendo al precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien realizadas dentro del plazo de un año desde la fecha del devengo del impuesto en el que surta efecto, siempre que se mantengan sustancialmente las circunstancias de carácter físico, jurídico y económico determinantes de dicho valor.

1. La comprobación de valores también podrá realizarse como una actuación concreta en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos previstos en los Capítulos III y IV del Título III de la Norma Foral General Tributaria.

2. Cuando la comprobación de valores se realice en alguno de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior y dicha comprobación no se realice por el órgano que tramita el procedimiento, el valor comprobado se incorporará al procedimiento del que trae causa.

3. Cuando la comprobación de valores se realice conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 127 de la Norma Foral General Tributaria, y en la subsección siguiente de este Reglamento.

El plazo máximo de resolución será el del procedimiento que se esté tramitando.

Cuando las actuaciones de comprobación de valores se realicen en un procedimiento de inspección, las facultades de la Administración tributaria serán las reconocidas por la Norma Foral General Tributaria, y por el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

4. Cualquiera que sea el procedimiento en el que se realice la comprobación de valores, los obligados tributarios tendrán derecho a promover la tasación pericial contradictoria en los términos previstos en el artículo 128 de la Norma Foral General Tributaria y en la subsección 3.ª siguiente de este reglamento.

5. No se considerarán actuaciones de comprobación de valores aquéllas en las que el valor de las rentas, productos, bienes o elementos de la obligación tributaria resulten directamente de una norma o de un reglamento.

1. En este procedimiento la Administración tributaria podrá proceder al examen de los datos en poder de la Administración, de los consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto, así como requerir al obligado tributario o a terceros la información necesaria para efectuar la valoración.

Asimismo, la Administración podrá efectuar el examen físico y documental de los bienes y derechos objeto de valoración. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades previstas en el artículo 6 del Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral 5/2012, de 24 de enero.

2. En el dictamen de peritos, será necesario el reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquéllos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documentales contrastadas.

La negativa del poseedor del bien a dicho reconocimiento eximirá a la Administración tributaria del cumplimiento de este requisito.

3. La valoración resultante de la comprobación de valores realizada mediante cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, deberá ser motivada. A los efectos de lo previsto en el artículo 101.3 de dicha Norma Foral, la propuesta de valoración recogerá expresamente la normativa aplicada y el detalle de su aplicación. En particular, deberá contener los siguientes extremos:

a) En la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal deberá especificarse el valor tomado como referencia y los parámetros, coeficientes y demás elementos de cuantificación utilizados para determinar el valor.

b) En la utilización de precios medios de mercado deberá especificarse la adaptación de los estudios de precios medios de mercado y del sistema de cálculo al caso concreto.

c) En los dictámenes de peritos se deberán expresar de forma concreta los elementos de hecho que justifican la modificación del valor declarado, así como la valoración asignada. Cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana se hará constar expresamente el módulo unitario básico aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas las circunstancias relevantes, tales como superficie, antigüedad u otras, que hayan sido tomadas en consideración para la determinación del valor comprobado, con expresión concreta de su incidencia en el valor final y la fuente de su procedencia.

d) En los supuestos en los que la Norma Foral de cada tributo establezca el Valor Mínimo Atribuible como medio de comprobación de valores deberán especificarse los coeficientes correctores y el valor básico de zona del valor del suelo y la superficie construida y el valor unitario de la construcción.

4. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional que se practique, sin perjuicio de que se puedan iniciar otros procedimientos de aplicación de los tributos respecto de otros elementos de la obligación tributaria.

1. Cuando se solicite la tasación pericial contradictoria por el obligado tributario, será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración en el supuesto en que la comprobación del valor se hubiese efectuado por un medio distinto del dictamen de peritos de la Administración. A estos efectos, el órgano competente remitirá a los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar. En el plazo de 2 meses, el personal con título adecuado a la naturaleza de los mismos, formulará la correspondiente hoja de aprecio, en la que deberán constar el resultado de la valoración realizada y los criterios empleados.

2. El órgano competente notificará al obligado tributario la valoración a que se refiere el apartado anterior o, en aquellos casos en los que la comprobación de valores se hubiera efectuado mediante el dictamen de peritos de la Administración, la que ya figure en el expediente, y se le concederá un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la valoración, para que pueda proceder a presentar una tasación efectuada por un perito que deberá acreditar título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. En el supuesto de transcurrir dicho plazo sin haberse presentado por el contribuyente ante la Administración la citada tasación se entenderá que desiste de su derecho a promover la tasación pericial contradictoria y se dará por terminado el procedimiento. En este caso, la liquidación que se dicte tomará como valor el último de los comprobados mediante dictamen de peritos de la Administración y no podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.

3. A efectos de la designación de peritos terceros el Director General de Hacienda solicitará, en el mes de octubre y, al menos, una vez cada 5 años, a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Presentada la lista antes de concluir el mes de noviembre, será elegido por sorteo público llevado a efecto en el mes de diciembre un colegiado de cada lista, a partir del cual, durante los 5 siguientes ejercicios y hasta la celebración de un nuevo sorteo, las designaciones se efectuarán por orden correlativo teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.

Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se designará una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.

4. Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, al sujeto pasivo se le devolverá el depósito al que se hace referencia en el párrafo siguiente, con los intereses de demora desde la fecha de constitución del mismo.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios mediante depósito en el Departamento de Hacienda y Finanzas, en el plazo de 15 días. La falta de depósito por el obligado tributario supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la Administración, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.

Cuando el perito tercero solicite la consignación previa, no podrá iniciar la valoración hasta que le sea confirmada la realización del depósito por el obligado tributario en el plazo anteriormente establecido.

La Administración tributaria podrá establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en artículo 128.3 de la Norma Foral General Tributaria.

5. Una vez aceptada la designación por el perito tercero, que determinará asimismo la aceptación de los honorarios aprobados por la Administración, se le entregará la relación de los bienes y derechos a valorar y las copias de las hojas de aprecio de los peritos anteriores. En el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la entrega, deberá confirmar alguna de las valoraciones anteriores o realizar una nueva valoración, sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 128.4 de la Norma Foral General Tributaria.

Presentado ante la Administración Tributaria la valoración por el perito tercero, se pondrá en conocimiento la misma al obligado tributario y en caso de que éste resulte obligado al pago de los honorarios del perito, la Diputación Foral los abonará en su nombre disponiendo del depósito previamente constituido al efecto.

En el caso de que el perito tercero no emita la valoración en el plazo establecido en el párrafo anterior, se podrá dejar sin efecto su designación, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten exigibles por la falta de emisión del dictamen en plazo. En el caso de que se deje sin efecto la designación, se deberá notificar esta circunstancia al perito tercero y al obligado tributario, y se procederá, en su caso, a la liberación del depósito de sus honorarios y al nombramiento de otro perito tercero por orden correlativo.

1. El procedimiento de tasación pericial contradictoria terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por entrega en la Administración tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero.

b) Por el desistimiento del obligado tributario en los términos previstos en el apartado 2 del artículo anterior.

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 de la Norma Foral General Tributaria.

d) Por la falta del depósito de honorarios en los términos previstos en el apartado 4 del artículo anterior.

e) Por la caducidad en los términos previstos en el artículo 102.3 de la Norma Foral General Tributaria.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de un año. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa por causas imputables a la Administración, prevalecerá el valor declarado por el obligado tributario.

2. En el supuesto previsto en el apartado 1.c) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará la valoración que resulte de la tasación efectuada por el perito del obligado tributario de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 de la Norma Foral General Tributaria, y no podrá efectuarse una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1.d) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará la valoración de la Administración y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.e) de este artículo, la liquidación que se dicte tomará el valor comprobado que hubiera servido de base a la liquidación inicial y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria.

5. Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria competente notificará la liquidación que corresponda a la valoración que deba tomarse como base, o en su caso, confirmará la previamente dictada, así como la de los intereses de demora que correspondan.

A efectos del cálculo de los intereses de demora se computarán el período de tiempo que dure el procedimiento de la tasación pericial contradictoria.

Con la notificación de la liquidación o, en su caso, de la confirmación, se iniciará el plazo previsto en el artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria para que el ingreso sea efectuado, así como el cómputo del plazo para interponer el recurso o reclamación económico-administrativa contra la liquidación en el caso que de dicho plazo hubiera sido suspendido por la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria.

Se podrá iniciar el procedimiento de comprobación limitada, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones o solicitudes presentadas por el obligado tributario, así como en las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración tributaria en el procedimiento de revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales, se adviertan errores en su contenido o discrepancias entre los datos declarados o justificantes aportados y los elementos de prueba que obren en poder de la Administración tributaria.

b) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, o solicitudes presentadas por el obligado tributario proceda comprobar todos o algún elemento de la obligación tributaria, o vaya a realizar una revisión general de la totalidad de los elementos que conforman la determinación de los rendimientos de actividades económicas del obligado tributario, salvo que se utilice un procedimiento de inspección.

c) Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración, se ponga de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho imponible o del presupuesto de hecho de una obligación tributaria sin que conste la presentación de la autoliquidación o declaración tributaria.

1. La Administración tributaria podrá acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y podrá efectuarse junto con la propuesta de liquidación.

2. Con carácter previo a la resolución, la Administración deberá notificar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que en un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho.

Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.

2. En relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá dictarse una única resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos impositivos o de liquidación comprobados.

El procedimiento de comprobación limitada terminará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

1. Corresponde a la Administración tributaria el control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando resulten obligados a ello de acuerdo con su situación censal.

b) Cuando se ponga de manifiesto por la presentación de otras declaraciones o autoliquidaciones del propio obligado tributario.

c) Cuando se derive de información que obre en poder de la Administración procedente de terceras personas.

d) Cuando se ponga de manifiesto en el curso de otras actuaciones o procedimientos de aplicación de los tributos.

2. En el supuesto previsto en el apartado 1 a) la Administración tributaria podrá requerir al obligado tributario para que presente la autoliquidación o declaración omitida o, en su caso, comunique la correspondiente modificación o baja censal.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1 b), la Administración tributaria entenderá que existe omisión en la presentación de la declaración o autoliquidación y podrá requerir su presentación, entre otros casos, cuando la obligación de presentar una declaración o autoliquidación se derive de la presentación por el propio obligado de declaraciones o autoliquidaciones a cuenta o cuando se omita la presentación de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información y se hayan presentado declaraciones o autoliquidaciones periódicas asociadas a aquélla.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.c), se considerará que se ha omitido la presentación de declaraciones o autoliquidaciones y podrá requerirse su presentación.

Cuando el obligado tributario alegue inexactitud o falsedad de dicha información se podrá requerir al tercero para que ratifique la información suministrada.

5. En los casos en que no se atienda el requerimiento o en los que, atendiéndose éste, se presente una declaración o autoliquidación en la que se aprecien discrepancias respecto de los importes declarados o autoliquidados por el obligado tributario o por terceros, podrá iniciarse el correspondiente procedimiento de cuantificación de oficio de la deuda tributaria, gestión o inspección.

6. El procedimiento de control de presentación de declaraciones y autoliquidaciones terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por la presentación de la declaración o autoliquidación.

b) Por la justificación de la no sujeción o exención en el cumplimiento de la obligación de presentación. De dicha circunstancia se dejará constancia expresa en diligencia.

c) Por el inicio de un procedimiento de cuantificación de oficio de la deuda tributaria.

d) Por el inicio de un procedimiento de gestión, de un procedimiento de comprobación e investigación o de regularización sin presencia del obligado tributario.

Los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de este Reglamento se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

Lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, resultarán de aplicación, con las debidas adecuaciones en función del procedimiento, en los supuestos en los que los indicios sobre la comisión de delitos contra la Hacienda Pública se hayan puesto de manifiesto en el curso de la tramitación de alguno de los procedimientos de gestión tributaria regulados en el presente Reglamento.