EXPOSICIÓN DE MOTIVOS �nico Medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración

I

El Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, recogía en su exposición de motivos que, a pesar de que en 2021 se había iniciado el proceso de recuperación económica, tras la excepcional caída del PIB en 2020 provocada por la COVID-19, el crecimiento esperado en el conjunto del año no compensaría la caída registrada en 2020, no esperándose la recuperación de los niveles previos a la pandemia hasta como mínimo el año 2022. Una situación a la que además se añadía, como elemento condicionante y limitativo de la recuperación económica, la trayectoria inflacionista que se venía observando en la segunda mitad del año, derivada, entre otros factores, de la subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, debido al fuerte impulso de la demanda a nivel mundial después de la notable caída de la actividad y el comercio en 2020, y de los máximos históricos alcanzados por el precio de la electricidad en España. Unas tensiones inflacionistas que podían llevar a lastrar la recuperación del consumo de los hogares y de la economía en general, elementos todos ellos que justificaban la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificación de trámites y mejora de la regulación económica.

Todos estos factores limitantes del crecimiento económico no hicieron sino agravarse en 2022, tras el conflicto bélico en Ucrania, iniciado el 24 de febrero. Una guerra surgida cuando se estaba saliendo de la mayor crisis económica vivida en tiempos de paz, la crisis de la COVID-19, con consecuencias muy relevantes en materia energética y de precios, y que provocó un ajuste en las expectativas económicas y geopolíticas a nivel mundial. De esta forma, y como consecuencia más inmediata del conflicto bélico, se profundizó en los problemas de suministro en las cadenas globales de producción, que ya se manifestaron en la segunda mitad del año 2021, y se produjo un agravamiento de la subida de los precios energéticos, llevando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a registros que no se conocían en los últimos cuarenta años.

La tasa de inflación media del año 2022 de la economía española y andaluza se situó en el 8,4% y 8,7%, respectivamente, niveles que no se registraban desde 1986, año en el que se produjo la entrada de España en la actual Unión Europea. Una inflación derivada en gran medida de los elevados precios de los productos energéticos (combustibles, gas y electricidad), pero que se fue trasladando también prácticamente al resto de bienes y servicios, llevando a la inflación subyacente, que mide el comportamiento más estructural de la inflación al no tener en cuenta los precios más volátiles como el de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, a los niveles más altos en la serie histórica disponible (5,2% en España y 5,5% en Andalucía en media anual).

Las tensiones inflacionistas llevaron a las autoridades monetarias de nivel mundial a aplicar políticas monetarias más restrictivas, con subidas de tipos de intervención y reducción de estímulos. El Banco Central Europeo (BCE) subió en julio de 2022 el tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema, por primera vez en 11 años, en medio punto porcentual, hasta el 0,50%. Con posterioridad a esta subida ha aprobado seis subidas más, la última el 14 de septiembre de 2023, hasta dejarlo situado en el 4,5%, lo que supone un cambio radical y más restrictivo para la financiación de las empresas y las familias.

De hecho, el Euribor a un año, principal índice de referencia, entre otros aspectos, de los préstamos hipotecarios en España, pasó de estar situado en torno al -0,5% a principios de 2022, al 4,16% de media en octubre de 2023, si bien posteriormente se observa una cierta moderación, estando situado en el 3,6% de media en enero del presente año 2024.

El panorama económico, por tanto, se ha visto alterado profundamente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con una guerra en la misma frontera de la Unión Europea (UE), que ha acentuado las tensiones inflacionistas y ha llevado a un giro de la política monetaria, asistiéndose a un endurecimiento de esta. Un nuevo enfoque de la política monetaria que empieza a tener reflejo en una contención de las tasas de inflación, que en 2023 se ha situado de media en el año en el 3,9% en Andalucía (3,5% a nivel nacional), si bien la subyacente se encuentra varios puntos por encima (6,5% en Andalucía, 6% en España), y está mostrando más resistencia a la baja.

Pero al mismo tiempo, las subidas de tipos de interés en tan corto espacio de tiempo se han trasladado en algunos episodios puntuales de perturbación en el sistema financiero, con problemas en algunos bancos de EEUU y de Europa, que añadieron incertidumbre a la situación económica.

A ello se ha unido más recientemente el surgimiento de un nuevo conflicto bélico, en este caso en Oriente Medio, entre Israel y Hamás, generando un aumento de los problemas geopolíticos y de la incertidumbre a nivel mundial. Esto, junto con las tensiones en el Mar Rojo, están afectando al transporte marítimo mundial, que en el Canal de Suez, como nexo de conexión entre Oriente y Occidente, tiene una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Todos estos factores están llevando a una reducción de los flujos de intercambios comerciales y una desaceleración del ritmo de crecimiento económico a nivel internacional, destacando el estancamiento en la Eurozona y la UE.

Según los últimos datos publicados por Eurostat, el PIB de la UE, y de la Zona euro, ha registrado en 2023 un crecimiento interanual del 0,5% de media en el año, frente a los elevados crecimientos registrados en los dos años anteriores (5,9% en 2021 y 3,5% en 2022). Esta desaceleración del crecimiento también se observa en la economía española y en la andaluza, aunque con menor intensidad. En España, el PIB ha registrado un ritmo de crecimiento del 2,5% en 2023; y en Andalucía, especialmente afectada además por la situación excepcional de sequía, y con una economía en el que el peso del sector primario es relativamente más elevado, el crecimiento también ha sido del 2,5%, después de dos años creciendo por encima del 5%.

Desde la óptica de la oferta productiva, el sector agrario ha registrado un descenso real del valor añadido, del -4,9% en Andalucía en 2023 más del doble que la media del sector en España (-2%) un sector muy afectado, como se ha mencionado, por la situación de sequía, lo que impacta también en la industria agroalimentaria, de significativo peso en la Comunidad Autónoma. De esta forma, el sector industrial en Andalucía ha experimentado un descenso en 2023 del -0,7%, en contraste con el crecimiento de casi el 5% observado en 2022.

Desde la perspectiva de la demanda, y ante las condiciones más restrictivas para la financiación de las familias y empresas por la subida de tipos de interés, el consumo se resiente y la inversión crece de manera muy moderada.

En el mercado laboral, aunque la tasa de paro describe una trayectoria de cierta reducción en Andalucía, sigue estando situada en un nivel elevado, superando de media en 2023 el dieciocho por ciento de la población activa (18,2%).

En este contexto, los diferentes organismos e instituciones que realizan previsiones, tanto en el ámbito regional como en el nacional e internacional, apuntan para 2024 tasas de crecimiento inferiores a las de 2023.

Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de Perspectivas de la economía mundial, publicado en octubre de 2023, señalaba que «los pronósticos de crecimiento mundial a medio plazo son los más bajos en décadas, y las perspectivas de que los países alcancen niveles de vida más altos son escasas», y que «la balanza de riesgos para el crecimiento mundial permanece inclinada hacia un deterioro de las perspectivas». En enero del presente año 2024 ha publicado una Actualización de sus Perspectivas, pronosticando un crecimiento de las economías avanzadas en 2024 del 1,5%, por debajo de 2023 (1,6%), siendo significativamente más moderado el crecimiento esperado para la Zona Euro (0,9% en 2024). Para la economía española ha recortado a la baja en dos décimas su pronóstico de crecimiento en 2024 hasta el 1,5% (1,7% en su anterior informe de octubre), lo que supondría crecer un punto menos que en 2023 (2,5% según el INE).

En el ámbito de la economía andaluza, los pronósticos de las distintas instituciones que realizan previsiones macroeconómicas para Andalucía (BBVA Research, CEPREDE, Universidad Loyola Andalucía, FUNCAS, Analistas Económicos de Andalucía, Hispalink y el Observatorio Económico de Andalucía) señalan, también, una fuerte ralentización del ritmo de crecimiento en 2024.

Cabe añadir además que, en el contexto de persistente situación de sequía, y dada la mayor especialización agraria de Andalucía, algunas instituciones pronostican que el crecimiento de la economía andaluza en 2024 podría ser inferior al de la economía española.

Todos estos elementos configuran una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificación de trámites y mejora de la regulación económica, para favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en actividad económica y generación de empleo en el menor tiempo posible.

II

Este escenario macroeconómico descrito, en el que el crecimiento económico se mantiene en niveles reducidos, con riesgos financieros y en el que la inflación persiste como un elemento desestabilizador de la situación económica, configura una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando, con carácter urgente, en la adopción de reformas normativas e implementación de todas aquellas medidas que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un entorno que facilite la implantación de nuevas inversiones y favorezca la consolidación y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo de Andalucía.

La mejora regulatoria, entendida como política pública de carácter trasversal que ha de funcionar como premisa para que toda intervención pública garantice la consecución de sus objetivos de interés público al mínimo coste, se convierte en un pilar fundamental para promover la productividad, la creación de empleo y un crecimiento sólido y estable de nuestra economía y, al mismo tiempo, para contribuir a una mejora en la prestación de servicios y, consecuentemente, en el bienestar de ciudadanos y empresas.

Diversos estudios y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico avalan que aquellos países o regiones con una mejor puntuación en los indicadores de calidad regulatoria e institucional suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo más elevado y robusto. Asimismo, dichos países, también cuentan con mayores tasas de productividad y, por ello, niveles de bienestar más elevados para sus ciudadanos.

A su vez, las mejoras en la legislación administrativa sectorial, además de tener un impacto favorable en las actividades económicas y la creación de empresas, pueden producir también efectos significativos en el aumento de la renta per cápita, cuando se trata de mejoras sustanciales.

Contar con un ordenamiento que aporte seguridad jurídica y lograr que la Administración Pública se centre en lo esencial y no consuma recursos en lo superfluo se configuran como elementos clave de competitividad. Adicionalmente, resulta preciso un cambio de cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y adoptar las medidas necesarias para impulsar la creación de un marco regulatorio eficiente de acceso y ejercicio a las actividades económicas.

Desde un enfoque económico, el beneficio de la mejora regulatoria para el conjunto de la ciudadanía y las empresas es claro. Está ampliamente contrastado que las barreras y obstáculos innecesarios y desproporcionados, los marcos normativos complejos, la existencia de duplicidades y la fragmentación del mercado tienen un impacto negativo directo sobre la productividad y el crecimiento. Por ello, es esencial disponer de mercados flexibles, competitivos y bien regulados para facilitar la adaptación del tejido productivo a los nuevos hábitos y necesidades sociales, propiciar el correcto funcionamiento de las actividades económicas, atraer la inversión, impulsar el crecimiento y desarrollo económico, la creación de empleo, y con ello, el bienestar general y la prosperidad de los ciudadanos.

Por todo ello, desde una perspectiva transversal, el compromiso político con la mejora de la calidad de la regulación en nuestra Comunidad Autónoma ocupa un lugar estratégico en la agenda de este Gobierno, y se ha hecho patente en la presente legislatura, mediante el refuerzo institucional de esta política, a través de la creación de la Dirección General con competencias en materia de simplificación administrativa dentro de la Consejería con competencias en Presidencia. Dicha Dirección General, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Secretaría General de Administración Pública, desarrolla una labor crucial en la definición de las estrategias de simplificación administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo además el órgano directivo que ha liderado el gran impulso reformista y de simplificación que se materializa en el presente Decreto-ley con más de 450 medidas aprobadas, gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso de todas las Consejerías.

Este compromiso se ha evidenciado con el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito con los agentes económicos y sociales el pasado 13 de marzo de 2023. Ese diálogo con la sociedad civil y con los principales afectados es indispensable para caminar hacia la transformación de la Administración pública y mejorar la calidad de los servicios públicos, en general, y en particular, para la remoción de las cargas administrativas y regulatorias injustificadas y desproporcionadas que afectan al acceso y ejercicio de las actividades económicas.

En esta línea, el presente Decreto-ley constituye una iniciativa enmarcada en la política de mejora regulatoria y se alinea también con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, una de cuyas metas es crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Así pues, en este Decreto-ley se contienen una serie de medidas basadas en los principios de mejora regulatoria, que pretenden incrementar la transparencia, la seguridad jurídica, la racionalización administrativa, mejorar el funcionamiento interno del sector público y lograr una mejor coordinación administrativa, y con ello, impulsar una mayor eficiencia de la Administración, y ahondar específicamente en la reducción de cargas administrativas a las actividades productivas, la eliminación de las duplicidades existentes y la simplificación de las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración.

Un hito importante a este respecto es la novedosa regulación de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Se trata de un instrumento esencial al servicio de la mejora regulatoria.

Desde un enfoque sectorial, y en lo que respecta a la regulación eficiente y pro competitiva de las actividades económicas, también es de máxima prioridad una mayor profundización en la mejora regulatoria en los marcos normativos de los distintos sectores económicos, que propicie un cambio de paradigma dentro la Administración, para avanzar así en la recuperación y transformación de nuestra economía, a través de la remoción de las trabas y barreras innecesarias a la implantación y el desarrollo de la actividad empresarial. A tal efecto, es indispensable que la intervención pública en el ámbito económico se someta a los principios de buena regulación económica, siendo uno de sus principales exponentes la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, modificada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que establece la obligación de todas las Administraciones públicas de respetar los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, simplificación de cargas y transparencia.

Es por ello fundamental someter la normativa sectorial a un proceso de revisión permanente y continua de la aplicación de tales principios, a fin de reducir al máximo las barreras, trabas y obstáculos a las actividades económicas.

En este sentido, se sigue trabajando en el seguimiento y ejecución del Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía-Horizonte 2024, una iniciativa pionera entre las Comunidades Autónomas españolas con la que se pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en la economía, haciéndola más pro competitiva. Desde sus inicios, este Plan ha sido fruto del trabajo conjunto de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía y las distintas Consejerías, así como de la participación de un grupo de personas expertas designadas por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de la implicación de los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía.

Este Plan representa un esfuerzo integral del conjunto de la Administración de la Junta de Andalucía para disponer de normas eficientes y procedimientos simples que tengan garantizado su ágil cumplimiento. Además, el citado Plan, en la actual coyuntura económica, es el soporte analítico que está permitiendo que se aprueben reformas normativas orientadas a facilitar la inversión empresarial y la actividad económica en Andalucía y, todo ello, garantizando la defensa de los intereses generales.

Como resultado de los trabajos enmarcados en este Plan que aún vienen desarrollándose, se han ido alcanzando numerosas propuestas de simplificación y mejora regulatoria que han sido objeto de aprobación en diversas normas, entre las que destacan el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, y el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre. Tales iniciativas normativas, fueron incluidas en el Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias y de Clima de Negocios, aprobado por el Pleno de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, al tratarse de actuaciones dirigidas a simplificar el marco regulatorio aplicable a los operadores económicos y a aumentar la competitividad de la economía andaluza, fomentar la cultura emprendedora, preservar un tejido productivo solvente y atraer e impulsar inversiones.

Junto a ellas, mediante el presente Decreto-ley se sigue avanzando en las medidas tendentes a la simplificación administrativa, a la mejora de la calidad regulatoria y a la agilización de la Administración, tras el trabajo minucioso de identificación realizado en el marco del Plan para la Mejora de la Regulación.

Por pequeños que puedan parecer individualmente estos cambios, su suma consigue un efecto agregado significativo para promover la reactivación de la economía en Andalucía. Es por ello por lo que se propone llevar a cabo todo un conjunto de reformas normativas cuya extremada urgencia determina el actual contexto económico y que, sumadas, permitan a la economía andaluza progresar en la senda de la recuperación económica.

En definitiva, en las actuales circunstancias, el reto para la Junta de Andalucía, al que este Decreto-ley pretende dar respuesta, es realizar reformas que faciliten el acceso y ejercicio de una actividad productiva a personas emprendedoras y empresas, así como atraer inversiones productivas, mediante la simplificación de trámites y requisitos administrativos e impulsar un cambio en la cultura de la Administración, que la haga más ágil, accesible y proactiva de cara a las empresas y a la ciudadanía.

III

A la coyuntura económica expuesta hay que añadir que Andalucía está padeciendo una de la sequias más severas de los últimos años. Dada su especialización productiva, tiene un mayor grado de exposición que la economía española a la sequía. De manera directa, el 9,1% del valor añadido bruto y del empleo provienen del sector primario y de la industria de la alimentación en Andalucía, unos porcentajes que son casi el doble de lo que representan en España. La situación de extremada sequía está afectando a la propia supervivencia de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. Las consecuencias sobre los cultivos y sobre el ganado son completamente dramáticas, llevando a una situación límite a muchos productores que vienen soportando excepcionales circunstancias los últimos años. Todo ello incide seriamente en la economía de las zonas rurales y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad económica relacionados con la agricultura, así como en la producción de alimentos. De hecho, la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andalucía son de productos alimenticios, también prácticamente el doble que en España.

Cuanto se ha expuesto justifica la necesidad de profundizar en los efectos económicos que la situación de sequía está teniendo en la economía andaluza, y que está afectando al crecimiento económico, desde diferentes vertientes. En este sentido, se está viendo muy afectada la producción y el empleo agrarios y de la industria de la alimentación; se está perdiendo tejido empresarial asociado a los productos agroalimentarios; el sector exterior también está sufriendo la perdida de producción, que está llevando a vender menos productos agroalimentarios a nivel internacional y a aumentar la necesidades de importación de este tipo de productos, con el consiguiente efecto negativo en la superavitaria balanza comercial internacional de productos agroalimentarios que tiene la economía andaluza; y la menor oferta de productos, junto con otros factores relacionados con el encarecimiento de los costes de los insumos, está llevando la tasa de inflación de los alimentos, tanto elaborados como no elaborados, a niveles de casi dos dígitos.

El sector agroalimentario y las actividades más vinculadas al mismo tienen un peso en la economía andaluza en torno al 15%. Es decir, la cuarta parte de la economía andaluza está en mayor o menor medida expuesta a los efectos de la sequía. Considerando una caída de la producción del sector agrario del -13% en 2023 (estimaciones del Índice de producción agraria que elabora el IECA) y una caída de la industria de la alimentación también del -13% (el IPIAN de la industria de la alimentación cae hasta mayo un -12,3%), cabría estimar un impacto global en el PIB de Andalucía del -2,1%. Es decir, cada diez puntos de caída de la producción agraria y de la industria agroalimentaria conjuntamente, suponen casi dos puntos menos de PIB en la región (-1,6 puntos).

En definitiva, la sequía nos está restando crecimiento económico, en una magnitud relevante, dado el significativo peso que el sector agroalimentario y las actividades más vinculadas al mismo tienen en Andalucía.

IV

El artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía permite al Consejo de Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral, a las instituciones de la Junta de Andalucía, ni aprobar los presupuestos de Andalucía.

El presente Decreto-ley respeta los límites previstos en el citado artículo y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación de las exigencias previstas por el artículo 86.1 de la Constitución Española.

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su apreciación forma parte del juicio político o de oportunidad del Gobierno (por todas, sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4 y 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente lícito siempre que el fin que justifique emplear la legislación de urgencia sea el de subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones difíciles de prever requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello concurre en el presente caso.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha defendido que el real Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar «coyunturas económicas problemáticas» y sus graves efectos (según sentencias STC31/2011, de 17 de marzo, FJ4 y STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6).

En este caso, resulta evidente que la situación actual descrita en los apartados anteriores debe considerarse como una «coyuntura económica problemática» a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo «una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras más recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).

Todas estas medidas tienen un eje común, cuál es, mediante la simplificación de trámites o mejoras regulatorias, permitir una mayor eficiencia, aumentar la carga inversora y la actividad productiva de Andalucía en el menor plazo de tiempo posible, para tratar de paliar los efectos de la situación económica.

Por su parte, las circunstancias que justifican la adopción del presente Decreto-ley requieren que las medidas previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible para dar cobertura a las distintas situaciones descritas derivadas de la crisis económica expuesta, lo que no se conseguiría con la tramitación mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitación de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevaría la pérdida de su esperada eficacia.

V

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadanía y los operadores económicos a las Administraciones Públicas es la racionalización administrativa y la simplificación de los procedimientos administrativos, la agilización de trámites y reducción de cargas.

La racionalización administrativa trata de establecer orden, simplicidad y oportunidad en la organización y procedimientos que se realicen, para lo cual utiliza técnicas y métodos orientados a estudiar, diseñar y simplificar estructuras, funciones, procedimientos, cargas, y la óptima utilización integral de los recursos existentes.

La simplificación administrativa es un instrumento para promover la racionalización administrativa, como proceso integral y continuo en aras de conseguir la optimización de su organización y de los recursos humanos y la reordenación, simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para facilitar la reactivación de la actividad económica en Andalucía, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacción de los ciudadanos y los agentes económicos. Así mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

La Unión Europea utiliza el concepto de simplificación en diversos documentos como equivalente a la política de calidad normativa, así ocurre, por ejemplo, en el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT). En ese programa se tienen muy en cuenta las principales fuentes de ineficacia y carga innecesaria en materia de regulación, adoptando un enfoque muy cuantitativo para evaluar siempre que sea posible los costes y beneficios de las actuaciones que emprendan las Instituciones Europeas. Incluso, suele identificarse la simplificación con un concepto más amplio, relacionándolo muy estrechamente con los procesos de mejora de las Administraciones Públicas articulados a su vez a través de planes o programas de acción estratégica.

La Junta de Andalucía ha desarrollado múltiples normas para impulsar la reducción de las trabas administrativas, la simplificación de los procedimientos administrativos, la agilización de trámites, la reducción de cargas y el impulso de la administración electrónica. De entre estas iniciativas es preciso destacar el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. Con esta norma se persigue mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar e implementar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas. Este Decreto establece los principios generales y adoptar medidas de simplificación administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía.

Posteriormente la Junta de Andalucía ha aprobado los tres decretos leyes en materia de simplificación administrativa ya referidos, los cuales han estado orientados fundamentalmente a la adopción de medidas sectoriales y concretas que han afectado a numerosos procedimientos, pero sin que se abordara de manera decidida la creación de un sistema de simplificación administrativa, más allá de la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Por ello, con el presente Decreto-ley, se quiere cambiar la concepción para no centrarnos exclusivamente en mejoras en materias concretas, sino hacerlo también en instrumentos genéricos de carácter transversal que coadyuven a la simplificación. Se prioriza así la necesidad de diseñar la estrategia global de cambio, de transformación del conjunto de la cultura organizativa del sector público, establecer el deber general de todas las entidades y órganos que integran el sector público autonómico de promover de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos competenciales, concretando, además, los criterios fundamentales de simplificación que inspiran el conjunto del Decreto-ley. En definitiva, se está buscando instaurar mecanismos por los que logremos la mayor eficiencia en la interacción de los ciudadanos y los agentes económicos, favoreciendo así el crecimiento económico a la vez que una ejecución de los fondos europeos más eficaz y eficiente. En esta línea puede afirmarse que una organización es eficiente cuando se muestra capaz de obtener los resultados deseados con el mínimo empleo de los recursos disponibles.

Ahora bien, los campos económicos y del gasto público no son los únicos que aspiran actualmente a la aplicación del principio de eficiencia, sino que, muy al contrario, éste se extiende a la total actuación de las Administraciones Públicas, materializándose en la búsqueda de la agilización de los trámites necesarios para obtener un pronunciamiento administrativo.

El principio de eficiencia pone el foco en la dinamización de la economía y la flexibilización de las relaciones de las Administraciones con los ciudadanos, las empresas, los emprendedores y las organizaciones del tercer sector.

Eficacia y eficiencia son dos principios que están estrechamente vinculados sin lugar a duda. Las políticas de simplificación administrativa solo serán eficaces, en todo caso, si se conciben y ejecutan simultáneamente en tres ámbitos: normativo, procedimental y organizativo. Se trata con ello de impulsar un proceso integral de transformación, única forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma efectiva, una Administración más ágil y proactiva. El resultado es un proceso integral, que afecta a toda la organización, un proceso paralelo, y equivalente en su plano, al de transformación digital. No se trata de cambiar normas, por un lado, plantillas por otro y procedimientos, finalmente, de forma aislada o improvisada. Se trata de diseñar una estrategia global de cambio, de transformación del conjunto de la cultura organizativa del sector público haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento, repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector público, sus relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses generales.

Ciertamente, como consecuencia del impulso proporcionado por las instituciones de la Unión Europea los cambios van incorporándose poco a poco a nuestro ordenamiento. No obstante, la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la implantación efectiva del silencio positivo, la reducción de plazos, la coordinación interna de los órganos implicados en un mismo procedimiento, la reducción de las obligaciones de aportación de documentación o la efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administración disponga de ella o pueda obtenerla por sí misma son cuestiones que, aun cuando están presentes en la normativa administrativa general, distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, no lo han sido a través de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr su máxima extensión en la organización.

En definitiva, la Administración debe modernizarse, las actitudes deben modernizarse y la regulación debe, también, modernizarse. La transformación digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de modernización, que no admite más demoras. La organización y los empleados públicos han de implicarse en ese proceso de transformación, comprometerse con él y liderarlo.

Fruto de cuanto se ha expuesto en el Capítulo I, Disposiciones generales, se regula el objeto y finalidad del Decreto-ley, que se concreta en el establecimiento de instrumentos de simplificación administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de la gestión, y de la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su sector instrumental. Para conseguir tal fin no cabe duda de que la transformación digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de mejora,

VI

El actual contexto, de incertidumbre y dificultades en el crecimiento económico, plantea la necesidad y extraordinaria urgencia de promover una regulación eficaz, eficiente y competitiva. Como se ha señalado anteriormente, un hito relevante es la novedosa regulación que se introduce en este Decreto-ley de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN). Se trata de un instrumento fundamental para propiciar una reflexión adecuada sobre los potenciales efectos negativos de la iniciativa normativa, lo cual es clave para mejorar la calidad y la eficiencia de las normas. Resulta especialmente necesario que, cuando se proyecte la elaboración de una norma, se valore desde un principio si la misma puede introducir impactos, fundamentalmente si son negativos, valorándose especialmente que haya razones de interés general que justifiquen esa nueva norma. En estos casos, tras el oportuno análisis, deberían mitigarse sus negativos efectos utilizando otras alternativas regulatorias más eficientes.

El desarrollo sistemático de este tipo de análisis por las Administraciones Públicas conduce hacia una regulación y actuación administrativa más ágil y simplificada, esto es de mayor calidad, que permita dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir trabas y cargas administrativas, siendo la evaluación ex ante, a través de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, uno de los instrumentos claves para alcanzar dichos objetivos.

Se busca una regulación eficiente, que alcance su objetivo regulatorio al tiempo que ofrece los incentivos adecuados para el desarrollo de la actividad económica. No cabe duda de que la evaluación previa, o análisis de impacto normativo tiene un papel central en las políticas de mejora regulatoria por su contribución a la calidad del proceso de toma de decisiones. La evaluación ex-ante, si se quiere que tenga un efecto amplio y duradero en la formulación de las políticas públicas, debe ser tarea de los órganos de la Administración directamente responsables y esto pasa por una efectiva comunicación con el sector privado, como destinatario final de la práctica regulatoria. Se trata de identificar cuándo es necesaria una solución regulatoria, y qué forma debe adoptar ésta para la creación de un entorno económico que respete los incentivos de los agentes y favorezca la creación de riqueza, sin que se genere a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados.

La disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, modifica, entre otros, el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introduciendo en la elaboración de los anteproyectos de ley y de los proyectos reglamentarios una memoria de análisis de impacto normativo. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ya establecía en su disposición adicional segunda, la memoria de análisis de impacto normativo como trámite preceptivo en los procedimientos de aprobación de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones de carácter general.

Andalucía hasta ahora no había regulado la MAIN, sin embargo, los estudios sobre esta herramienta a lo largo de estos últimos años han puesto de manifiesto que es fundamental añadir la perspectiva económica al enfoque tradicional de las normas basados en sus aspectos formal y técnico jurídico. Desde un punto de vista económico el beneficio de la regulación eficiente es evidente. Crea condiciones más favorables para la inversión, al incrementar la seguridad jurídica y la reducción de cargas administrativas, fomenta la competencia y promueve el crecimiento económico. Esa perspectiva económica incorpora la preocupación por la utilidad de la norma para contribuir de modo eficaz y eficiente al crecimiento económico y al incremento del bienestar social mediante la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía, de forma que la calidad normativa adquiere un significado más amplio y se convierte en una materia transversal y de carácter multidisciplinar. La evaluación ex ante debe asumirse como una garantía de la actuación pública, actuación que conviene mejorar continuamente. Es preciso superar un enfoque procedimental y llegar a uno estratégico.

Nuestra Comunidad Autónoma debe situarse entre las Comunidades más avanzadas en la mejora regulatoria, lo que exige introducir modificaciones en el alcance, la metodología y la gobernanza de la evaluación ex ante, siendo el instrumento que materializa ese objetivo la MAIN. La sistematización del análisis de impacto favorece el aprendizaje de cómo anticipar el conjunto de implicaciones de las actuaciones públicas, especialmente de las menos directas y visibles. Por ello, se considera imprescindible acometer dicha reforma mediante este Decreto-ley.

Además, la MAIN constituye un importante avance frente a las tradicionales memorias justificativa y económica, y al informe de impacto de género. Se pretende que sea el documento único e integrador en el que se recogen ordenadamente todas las consideraciones necesarias para ese análisis, incluida la valoración de las cargas administrativas. En la regulación de su contenido se presta especial atención a la valoración del impacto económico de las propuestas, que debe ser entendida como un concepto más amplio que la estimación del coste presupuestario, haciendo hincapié en el impacto sobre la competencia y unidad de mercado. En la situación actual de inflación y de desaceleración económica, el criterio más efectivo, para una mejor y más eficiente elaboración de esta Memoria es reforzar el análisis de impacto económico del proyecto normativo, estableciendo un instrumento que permita un mayor grado de análisis cuando se producen estos impactos. Se contribuye así a una simplificación de la tramitación de las normas en la elaboración normativa, con la consiguiente eficacia que ello conlleva.

En aras de la racionalización y simplificación administrativa, se regula también una Memoria Abreviada para aquellos supuestos en que se aprecie que el proyecto no tiene un impacto relevante de carácter económico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, o aun habiéndolos, son de escasa entidad o no apreciables.

En definitiva, por todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad regular la MAIN e introducir este documento en el procedimiento de elaboración de anteproyectos de ley y de proyectos de reglamento. No se puede utilizar la tramitación ordinaria que la inclusión de esta figura en el ordenamiento autonómico exigiría, ni incluso aunque se tramitara por vía de urgencia, ya que supondría una demora importante en un elemento que se considera clave para cambiar en Andalucía el enfoque que desde un punto de vista estratégico se quiere dar a toda la elaboración normativa, al tiempo, que como ya hemos dicho, la MAIN es un elemento que coadyuva para el desarrollo de la actividad económica.

Como consecuencia de ello, es preciso modificar los artículos 43.3 y 45.1.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los artículos 4 y 6 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, y el artículo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, introduciendo en este último texto un nuevo artículo 7 bis y 7 ter para regular el contenido de la memoria de análisis de impacto normativo.

Se le da nueva redacción al artículo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, ya que se traslada al mismo el contenido esencial del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, derogando éste, y el Decreto 22/1985, de 5 de febrero, sobre elaboración de la memoria funcional y económica justificativa de las normas legales, disposiciones administrativas y convenios, incluido sus anexos para conformar la memoria económica, introduciéndose algunas mejoras en dicha regulación.

Por una parte, se adecúa el ámbito de aplicación de la norma. Así, el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, desde que se aprobó ha tenido como ámbito subjetivo el sector con contabilidad presupuestaria (Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos) pero actualmente ese sector lo comprenden la Administración de la Junta de Andalucía, agencias y consorcios adscritos, por lo que se aprovechan las modificaciones que ahora se adoptan para recoger dicho ámbito en este sentido. En cuanto al ámbito objetivo, se incluyen los decretos legislativos como objeto del informe de valoración del alcance de la incidencia económica-financiera y presupuestaria.

Se aprovecha la inclusión de la MAIN para hacer una importante labor de simplificación en cuanto a que se introducen excepciones para la obligatoriedad del informe económico-financiero y presupuestario. También se recoge un procedimiento simplificado y reducido para aquellos casos en los que de la memoria económica aportada se desprenda claramente que no tiene incidencia económica financiera o que teniéndola esté dentro de las disponibilidades presupuestarias tanto del ejercicio corriente como de ejercicios futuros.

Para los proyectos de conciertos educativos o su renovación, los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios, y las propuestas de contratos de concesión de servicios que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, se emitirá informe unificado de carácter anual previa memoria unificada.

Junto a estas medidas de flexibilización y agilización del procedimiento, se establecen medidas garantes del procedimiento administrativo y de la actividad financiera de la Administración. Así, no se podrá continuar el procedimiento si no se atiende al requerimiento, y de no atenderse a la subsanación o ampliación en el plazo de tres meses, se entiende que se desiste de la petición de dicho informe. Asimismo, se habilita a la Dirección General con competencias en materia de presupuestos a excluir de informe en aquellos supuestos que se consideren justificados, por ejemplo, por el escaso riesgo o impacto económico-financiero. Además, también se autoriza a dicha Dirección General a dictar instrucciones.

No existe duda sobre que determinados informes transversales, como es el caso del análisis de evaluación de impacto de género, enriquecen la documentación presupuestaria y permiten la evaluación continua de objetivos e indicadores en la materia, de modo que el instrumento presupuestario aporta herramientas muy importantes en la lucha a favor de la igualdad. Sin embargo, el coste indirecto de su consecución es, con la configuración actual, muy elevado, haciéndose necesario desburocratizar el proceso en lo que sea posible.

Para conseguir dichos objetivos, se modifica el mencionado artículo 8 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Un primer elemento que se ajusta en dicho precepto es que el informe de evaluación de impacto de género no lo emitirá la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos. Dicha Comisión durante muchos años tuvo el efecto de implicar a los órganos presupuestarios y de género en la elaboración del informe de evaluación de impacto de género. La realidad es que, en los últimos años, los diversos instrumentos de coordinación puestos en marcha, muchos de ellos apoyados en sistemas y tecnologías o en foros técnicos de redes sociales, llevan a la conclusión de que el modelo está agotado.

La intensa coordinación que conforma, a través de diferentes mecanismos técnicos, la orden anual de elaboración del Presupuesto nos hace llegar a la conclusión de que los trabajos seguirán teniendo el mismo rigor técnico sin la necesidad de convocar a dicho órgano colegiado. Por lo tanto, se considera que se han encontrado otros instrumentos de coordinación que aportan mayor simplificación, con la misma eficacia en lo que a sus resultados se refiere.

En resumen, mediante la presente norma se suprime la Comisión citada, atribuyendo a la Consejería competente en materia de Presupuestos la competencia para emitir el informe de evaluación de impacto de género sobre el Presupuesto, lo que deberá realizarse en coordinación con el conjunto de las Consejerías.

Por otra parte, se suprime de la norma la función de impulsar y fomentar en cada Consejería la preparación de los anteproyectos con perspectiva de género de los estados de gastos e ingresos en el Presupuesto, algo que ya se realiza por las propias Consejerías y que la orden de elaboración del Presupuesto continuará impulsando.

En el informe de evaluación de impacto de género en el Presupuesto se realiza un análisis del establecimiento de objetivos, tanto estratégicos como operativos, e indicadores, relacionados con objetivos de igualdad y que así están estructurados en el Presupuesto. Las auditorías de género que se vienen realizando en los últimos años han supuesto un avance en la determinación y perfeccionamiento de dichos objetivos en un buen número de programas. Pero una vez realizados estos trabajos, el enfoque ha de ser otro. Así, en lugar de centrarse en un conjunto de objetivos e indicadores, y dedicar gran parte de los recursos a los mismos, resulta más adecuado realizar el mismo esfuerzo de perfeccionamiento para el conjunto global de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto. Por lo que las auditorías de aplicación de la perspectiva de enfoque de género han de ser sustituidas por la evaluación de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto, con una visión completa e integradora de aquellos que son referentes a la consecución de los objetivos de igualdad, de la infancia, de la sostenibilidad o de cualquier otro objetivo general o instrumental.

Por último, se suprime de la norma la previsión de que la Cámara de Cuentas de Andalucía incorpore en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Se entiende que no se debe encauzar el objeto y contenido del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía. La Cámara de Cuentas deberá decidir si este asunto ha de incluirse en su análisis anual o bien debe seguir otra periodicidad, o darle al mismo éste u otro enfoque.

El escenario macroeconómico que justifica la adopción del Decreto-ley en el que se incardina esta propuesta, implica una situación excepcional en la que debe ser impulsada esta simplificación en el proceso de elaboración del Presupuesto, ya que tendrá una incidencia directa en las medidas que desde la Junta de Andalucía se adoptan para posibilitar la reactivación económica, pues debe tenerse en cuenta que buena parte de esas medidas se financian a través del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. De este modo, para que las distintas Consejerías puedan impulsar en sus respectivos ámbitos competenciales las medidas que se precisen para la reactivación económica, resulta fundamental que en cada ejercicio se consiga aprobar la Ley del Presupuesto en los plazos exigidos normativamente, y de una forma eficaz y eficiente. Para lograr este fin resulta fundamental que se simplifique el procedimiento de elaboración de la Ley del Presupuesto, modificándose para ello los artículos 35.6 y 36 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública.

Por su parte, las circunstancias económicas ya descritas requieren que la medida propuesta entre en vigor con carácter urgente, ya que el proceso que conduce a la aprobación de la Ley del Presupuesto por el Parlamento de Andalucía al final de cada ejercicio comienza al inicio del mismo, con el diseño, planificación y tramitación de las normas de elaboración del Presupuesto, por lo que de tramitarse esta reforma mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitación de urgencia, no podría aplicarse al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025, lo que conllevaría la pérdida de su esperada eficacia para afrontar las circunstancias económicas actuales.

VII

La situación actual debe considerarse no solo como una «coyuntura económica problemática» a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo «una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras más recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4), sino también, y de manera novedosa a los anteriores decretos-leyes, como una necesidad urgente de dotar a la Administración autonómica de instrumentos que permitan agilizar la actuación administrativa, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía y cuyo deficiente funcionamiento impide el ejercicio de derechos por parte de esta.

El artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene los principios de actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificación de procedimientos. Por otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en su artículo 3, contiene los principios generales de la organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, entre ellos, los de racionalidad organizativa mediante la simplificación y racionalización de su estructura organizativa, y de racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos, además del conjunto de principios previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La citada Ley establece en su artículo 6 que la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública promoverá actividades de investigación, desarrollo y aplicación de métodos de simplificación y de gestión telemática de procedimientos administrativos, y de mejora estructural de los organigramas. El artículo 7 de dicha Ley dispone que la aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa, estableciendo los principios y reglas básicos aplicables a la implantación y régimen jurídico de la administración electrónica. Y su artículo 33 atribuye a la Consejería competente en materia de administración pública las competencias en materia de organización administrativa, estructura orgánica y procedimiento, de modernización de la administración e información administrativa, cuando no se atribuyan por ley específicamente a otras Consejerías.

Partiendo de este contexto, la Administración de la Junta de Andalucía, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones administrativas, ha definido en este Decreto-ley una serie de medidas de impulso de la simplificación normativa y procedimental diseñadas para agilizar los procesos y facilitar una gestión más efectiva de los recursos públicos. La implementación de estas medidas no sólo aliviará la carga burocrática a la ciudadanía y empresas, sino que agilizará significativamente los trámites administrativos.

Por su parte, las circunstancias que justifican las medidas propuestas para ser incorporadas al presente Decreto-ley requieren que su entrada en vigor se realice con la mayor celeridad posible, lo que no se conseguiría con la tramitación mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitación de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevaría la pérdida de su esperada eficacia.

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadanía a las Administraciones Públicas es la racionalización administrativa y la simplificación de los procedimientos administrativos, la agilización de trámites y reducción de cargas. La ciudadanía percibe en la regulación excesivas cargas administrativas, que lastran tanto la actividad económica como el ejercicio de los derechos y demandas.

La simplificación administrativa es una iniciativa y una decisión de política, que requiere de la institucionalización de un sistema ad-hoc en su diseño, para promover la racionalización administrativa, como proceso integral y continuo la optimización de su organización y de los recursos humanos y la reordenación, simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y para facilitar la reactivación de la actividad económica en Andalucía, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacción de la ciudadanía y los agentes económicos. Así mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

Se regula también el principio de transversalidad para la coordinación en la simplificación administrativa, así como los deberes exigidos a la Administración Autonómica en relación con la promoción y colaboración de la simplificación administrativa, el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración y la promoción de sistemas de acompañamiento individualizado.

Se establece expresamente que todos los órganos, organismos y entidades de la Administración autonómica promoverán de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos de competencias, de manera que suponga una menor carga para la ciudadanía.

Así, todos los órganos, organismos y entidades de la Administración autonómica están obligados a su cumplimiento efectivo, removiendo todos los obstáculos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias para ello y no requieran de una modificación legal o reglamentaria.

Hasta ahora, los decretos leyes de simplificación aprobados por la Junta de Andalucía no habían abordado la gobernanza pública por proyectos, entendiéndose ésta como forma de asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de la ciudadanía y las empresas, que contribuya a simplificar sus relaciones con la Administración autonómica, a mejorar la competitividad de las empresas y a fortalecer la confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y decisiones de la Administración.

Se regulan, así mismo, los instrumentos de la gobernanza pública por proyectos, estableciéndose que se llevarán a cabo preferentemente, mediante tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico autonómico o estatal y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así mismo se impulsa la colaboración y coordinación entre Administraciones Públicas, estableciéndose que esta colaboración podrá articularse a través de convenios y protocolos que concretarán, en su caso, los servicios y recursos para realizar la actividad de intervención, inspección o control.

Si bien los distintos Decretos leyes de simplificación han abordado los plazos administrativos, hasta ahora había sido un planteamiento parcial y referido a procedimientos muy concretos. Sin embargo, es necesario y urgente plantear una revisión genérica de los plazos establecidos en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administración autonómica, adquiriéndose un compromiso firme por parte de la Administración para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar los plazos máximos establecidos en sus procedimientos y buscar la posible reducción de estos.

Así, se lleva a cabo una revisión genérica de los efectos del silencio administrativo en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía desde el prisma de la simplificación administrativa, conscientes de la repercusión que para la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos y deberes tiene el transcurso de los plazos máximos de resolución establecidos en los distintos procedimientos.

Hasta ahora, por la Administración autonómica andaluza no se habían abordado de manera directa los mecanismos de intervención de la Administración Pública en sus relaciones con la ciudadanía, adoleciéndose de una regulación detallada, clarificando conceptos y estableciendo los principios por los que deben regirse.

Por ello, es necesario y urgente plantear una revisión genérica de los mecanismos de intervención en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administración autonómica, adquiriéndose un compromiso firme por parte de la Administración para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar éstos y dar cumplimiento a los principios por los que deben regirse.

El «principio de mínima intervención administrativa» concretado en este Decreto-ley impide establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo razones de interés general, respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Así, la Administración pública autonómica potenciará la utilización de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones con las personas interesadas en el seno de los procedimientos administrativos. Las declaraciones responsables y las comunicaciones podrán operar como técnicas de intervención administrativa para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o el inicio y desarrollo de una actividad, de forma preferente y alternativa a la solicitud de inicio de un procedimiento de autorización, licencia o de inscripción en un registro. Asimismo, las declaraciones responsables y las comunicaciones podrán sustituir a la aportación de documentos en el seno de un procedimiento iniciado a solicitud de la persona interesada.

También se regulan las formas de intervención administrativa para el desarrollo de una actividad, partiendo de los principios de necesidad y proporcionalidad, recogidos en la normativa básica estatal entre otras normas de rango legal, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

Así, cuando la Administración pública autonómica, en el ejercicio de sus competencias, establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

Por su parte, la Administración Pública Autonómica tan solo utilizará la autorización o licencia previa como técnica de intervención administrativa cuando, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre, concurran determinadas circunstancias, justificadas y ponderadas en la misma con base a los principios de necesidad y proporcionalidad o cuando así se establezca en su normativa sectorial.

Se regula, además, el establecimiento de ciertas previsiones sobre medidas de flexibilización y eficacia extraterritorial de las autorizaciones y licencias, basadas en el principio de equivalencia.

Comienza esta regulación estableciendo de forma expresa que la Administración Pública Autonómica llevará a cabo las labores de comprobación o verificación del cumplimiento de los requisitos o condiciones para el reconocimiento de un derecho o el desarrollo de un actividad, de oficio y proactivamente, sin requerir la intervención de las personas interesadas, salvo que sea estrictamente necesaria de acuerdo con la normativa de la Unión Europea o la normativa básica estatal, o concurran razones de interés general.

Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Autonómica deberán comprobar la información de las personas interesadas mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo que exista oposición de los mismos a acceder a esta. En estos casos, se realizarán los actos de comprobación, inspección o control.

En todo caso, las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos en poder de la administración, para lo cual deberán identificar los datos e informaciones en las solicitudes, haciendo referencia expresa al órgano ante quien se aportó, el número de expediente, la fecha de presentación de la información de que se trate y cualquier otro aspecto que se defina reglamentariamente.

La información acreditada en un expediente respecto al cumplimiento de un requisito, situación o circunstancia para el reconocimiento de un derecho, inicio de actividad o cumplimiento de una obligación, será válida salvo que por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, resulte necesario o idóneo.

Finalmente, se prevé que la Administración suscriba con otras Administraciones Públicas o entidades, convenios u otros instrumentos que permitan hacer uso de los documentos que las personas interesadas hayan dispuesto a disposición ante otras Administraciones.

Para reforzar estas previsiones se regulan las entidades de colaboradoras de certificación, su acreditación y registro y sus obligaciones.

Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas. Esta figura, competente para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas, se ha demostrada altamente eficaz en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración Autonómica, estableciéndose la figura del convenio como instrumento a través del cual fijar los derechos y obligaciones de éstas.

Por último, se prevé un régimen sancionador que regula las consecuencias de la inexactitud, falsedad u omisión de los datos o informaciones incorporados a las declaraciones responsables y comunicaciones, todo ello sin perjuicio de otros regímenes establecidos por la normativa sectorial.

Se pretende dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones. Establecer un régimen sancionador fortalece la legitimidad de la actuación de las entidades colaboradoras de certificación y entidades habilitadas y contribuye a promover la transparencia, calidad y confiabilidad en las mismas protegiendo al mismo tiempo los intereses de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía.

Con todo, el establecimiento de este régimen sancionador encuentra su amparo en el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone, entre otras consideraciones, que «la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

VIII

La Administración de la Junta de Andalucía siempre ha tenido presente la oportunidad que supone la tecnología para lograr la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos y los servicios prestados.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), ya marcó una línea de trabajo cara al futuro para reducir y simplificar los procedimientos administrativos y facilitar de este modo el acceso de a los servicios de la Administración andaluza.

Posteriormente, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 7.2 incluyó la simplificación y la agilización de trámites como los dos primeros principios que rigen las relaciones con la ciudadanía a través de redes abiertas de telecomunicación.

Esta concepción de la simplificación administrativa y el impulso de los medios electrónicos como oportunidad, en mutua colaboración y coordinación, se reforzó a principios de la anterior legislatura, mediante el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, que aunó y desarrolló en una única norma la regulación autonómica en ambas materias, y en la cual la administración electrónica se constata como uno de los instrumentos básicos de simplificación administrativa, adicional y complementario a los instrumentos de mejora de la regulación.

Es propósito de esta legislatura profundizar definitivamente en esta concepción, como quedó patente a inicios de la misma con el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las personas, concebida como una hoja de ruta que define el proceso de transformación digital de la Administración Pública Andaluza y sus servicios, y entre cuyos fines figura el conseguir una Administración Pública digital que sea personalizada, proactiva, útil, simplificada, interoperable, fácil de usar, ágil y segura.

Este propósito no es en absoluto ajeno a la iniciativa de simplificación administrativa que impulsa el Gobierno andaluz, sino que está directamente relacionada con la evolución normativa que de manera conjunta permitirá seguir avanzando en la simplificación, poniendo en valor y aplicando el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para la transformación digital, la simplificación, la innovación, la sostenibilidad económica, la generación de conocimiento y la aportación permanente de valor.

Cabe reseñar, como exponente de la íntima relación que existe entre la simplificación y la transformación digital, que entre las principales medidas que en materia de transformación digital se introducen en este Decreto-ley figura la implantación progresiva y programada, a través de la Agencia Digital de Andalucía, de un importante conjunto de soluciones corporativas para la tramitación electrónica de los procedimientos que, junto con su gobernanza operativa de apoyo, vendrán a satisfacer unas necesidades comunes en los diversos ámbitos de esta Administración y a facilitar la interoperabilidad, la seguridad, las economías de escala, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa. En la concepción, diseño, desarrollo e implantación de estas nuevas soluciones se aplicarán, desde el inicio, todos los principios e instrumentos de simplificación, de una manera común y coordinada.

En este contexto, este Decreto-ley constituye un instrumento extraordinario y necesario para poder conseguir la transformación digital de la Administración de la Junta de Andalucía, sin la cual la gestión de los procedimientos y servicios, así como la relación con la ciudadanía, no se vería realmente impulsada y simplificada de la manera más efectiva posible y aprovechando todo el valor y potencial que aportan las nuevas tecnologías.

Así, se incluye una ambiciosa disposición adicional referida a la implantación progresiva y programada de soluciones corporativas para la tramitación electrónica de los procedimientos y la atención a la ciudadanía, con objeto de agilizar el pleno funcionamiento electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía y culminar el proceso de dotación de medios tecnológicos en cuanto a que la gestión de los procedimientos debe ser completamente electrónica.

Para avanzar de manera decidida, homogénea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a través de medios electrónicos y las obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para su pleno funcionamiento electrónico, la estrategia corporativa que va a aplicar la Agencia Digital de Andalucía, se enfoca hacia la consolidación e impulso de elementos y servicios corporativos y el desarrollo e implantación de otros nuevos elementos y servicios corporativos.

Las nuevas soluciones corporativas que se implantarán estarán diseñadas bajo los principios de «dato único» y «digital por defecto». Además, tendrán siempre presente el garantizar la interoperabilidad interna, de manera que puedan interoperar de manera normalizada con otros sistemas y plataformas. Por supuesto, estarán integrados con todas las plataformas tecnológicas transversales de administración digital y otros sistemas corporativos. Asimismo, estarán alineados y plenamente integrados con las plataformas tecnológicas de análisis e inteligencia de datos que la Agencia Digital de Andalucía tiene en desarrollo.

Asimismo, se incluye una no menos ambiciosa disposición adicional referida a la implantación de soluciones corporativas para el despliegue y homogeneización del puesto de trabajo digital. Esta propuesta supone un impulso definitivo al cumplimiento de los propósitos que motivaron la creación de la Agencia Digital de Andalucía, en cuanto la aportación de soluciones innovadoras, la consolidación y racionalización en la prestación de servicios, la gestión de los recursos tecnológicos y su sostenibilidad económica, referidos en este caso al puesto de trabajo.

Los beneficios que aportará esta propuesta pueden resumirse en la implantación del nuevo puesto de trabajo digital, homogéneo para el empleado público, adaptado a perfiles tecnológicos, independiente de aplicaciones de escritorio, securizado y con un mantenimiento y soporte ágil, que incluirá la implantación de equipamiento como servicio, la posible virtualización del puesto de trabajo, la adecuación al teletrabajo, el uso de herramientas de gestión e inventario de la infraestructura tecnológica, la implantación de herramientas colaborativas y de comunicación; la implantación de un nuevo Directorio Activo corporativo, que prestará al puesto de trabajo nuevos y mejorados servicios de autenticación y autorización, direccionamiento en la red, actualización de software, servicios de almacenamiento y distribución de ficheros, servicios de impresión y securización; y por último, simplificación, homogeneización y estandarización del soporte al puesto de trabajo digital, mediante una plataforma tecnológica unificada de gestión de peticiones, incidentes y consultas, así como una herramienta para la administración y configuración de la infraestructura y ayuda al soporte.

En relación con los servicios de impresión y digitalización de documentos, tras un análisis del histórico de contrataciones realizadas en este ámbito, se puede comprobar que la necesidad de estos servicios tiene un carácter horizontal y que se producen numerosas contrataciones para ello. Se es consciente de la necesidad de conseguir la homogeneización de estos servicios de uso generalizado, sus prestaciones y su coste, en aras a lograr la máxima eficiencia de los recursos públicos y como un elemento básico y de impacto a partir del cual alcanzar el definitivo despliegue y homogeneización del puesto de trabajo digital y los servicios relacionados con el mismo.

Por ello, el primer hito en esta medida será proporcionar un modelo de impresión y digitalización de documentos que favorezca la homogeneización de estos servicios, su eficiencia y su eficacia, con los objetivos de mejorar el servicio, reducir costes, garantizar la seguridad de la información y la interoperabilidad, aumentar la productividad y disponer de la necesaria flexibilidad para asumir nuevas necesidades y cambios en el ámbito del puesto de trabajo digital.

Asimismo, se propone la eliminación de la certificación de conformidad prevista en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ya que no aporta valor añadido a la propia certificación realizada por la persona responsable. Esta aprobación, además de no aportar valor a la certificación, no aparece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para los trabajos realizados por contratistas privados, por lo que no parece idóneo requerirlo para los medios propios. La exigencia de esta aprobación supone la realización y firma de un documento administrativo adicional a la propia certificación de conformidad, con el consiguiente aumento del tiempo de tramitación y carga interna administrativa.

Se modifica la Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía, sustituyendo la solicitud de informe para los contratos menores por una comunicación a la Agencia Digital de Andalucía. La tramitación de estos informes introduce un retraso en la tramitación de los expedientes de contratación y supone una carga administrativa para todas las unidades TIC del sector público andaluz. Asimismo, se reduce a 20 días hábiles el plazo en el cual el informe se entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiese emitido informe expreso. Actualmente, dicho plazo es de 30 días hábiles cuando el importe es igual o superior a 600.000 euros y de 20 días hábiles cuando es inferior a 600.000 euros. Dicho plazo se reduce a 10 días hábiles para los contratos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, teniéndose en cuenta que la ejecución presupuestaria de fondos europeos conlleva el cumplimiento de exigentes plazos.

Asimismo, se incluye un nuevo apartado a la disposición adicional cuarta del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía. El propósito es doble. Por una parte, impulsar y facilitar el desarrollo, la homogeneización, la garantía de realización y la agilización de los proyectos en el ámbito de los sistemas y soluciones tecnológicas de análisis de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o «big data», inteligencia de datos, generación y gestión de conocimiento, facilitando así el análisis y la toma de decisiones en la organización, lógicamente con cumplimiento del principio de minimización en las actividades de tratamiento. Por otra parte, contribuir en estos proyectos a garantizar el cumplimiento, por parte de los responsables de los tratamientos, de los principios declarados en el artículo 5.1 del Reglamento general de protección de datos, para lo cual se establece expresamente que la Agencia colaborará con los responsables de los tratamientos en la realización de los análisis de riesgos y, en su caso, de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos en estos proyectos. En este sentido, la medida viene a ampliar el conjunto de servicios que la Agencia Digital de Andalucía presta a las Consejerías y entidades, favoreciendo un cumplimiento homogéneo de las obligaciones en la materia.

Se deroga el artículo 31 del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, que no ha sido actualizado desde su publicación inicial, hace más de 20 años. Esta derogación persigue facilitar el incorporar nuevas realidades del mercado, en el que han surgido modalidades de sistemas operativos en la nube que permiten una administración centralizada y on-line, o de igual forma, plataformas ofimáticas de colaboración en la nube. El objetivo es poder abrirse con más agilidad a la realidad del mercado y a las mayores posibilidades de innovación que ofrece, así como a mayores posibilidades de colaboración con los operadores más importantes e innovadores en el sector TIC. Ello va a suponer que en lo sucesivo, los suministros de equipamiento informático a los que se refiere este artículo estarán más abiertos a la innovación y el mercado, en un contexto global, siendo el estudio técnico y la determinación experta de las necesidades y prescripciones técnicas que se realicen en cada suministro de equipamiento, los que orientarán hacia la decisión de requerir o no software libre de manera obligatoria.

También se incluye la derogación del artículo 30 de dicha norma, por la que se establecen las condiciones para el uso del correo electrónico del ciudadano en el Portal andaluciajunta.es. Actualmente la evolución de la sociedad de la información permite al ciudadano acceder a servicios de correo gratuitos muy consolidados, de amplio espectro y con funcionalidades avanzadas, además de una amplia y variada oferta de servicios de pago y, por tanto, el hueco que cubría este correo andaluz ya se considera sobradamente cubierto por el mercado y sin coste para la ciudadanía. Esto hace que el número de usuarios que actualmente hace uso del servicio sea muy bajo. Además, este correo andaluz se enfrenta a problemas de seguridad informática tales como la continua aparición de vulnerabilidades y el robo de credenciales.

Asimismo, se modifica el Anexo III del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. Ello supone una aplicación útil y efectiva de un principio de proporcionalidad en los medios electrónicos y su uso por la ciudadanía, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones, con el objetivo de dotar a la ciudadanía de más posibilidades, adicionales al certificado electrónico, para la actuación a través de medios electrónicos, contribuyendo a reducir la «brecha» digital y a simplificar y facilitar el acceso a los servicios y su usabilidad. De especial interés es la posibilidad de reutilización del sistema de firma disponible para las personas de la comunidad educativa, a través del identificador educativo andaluz (IdEA), ampliamente utilizado en los servicios del sistema educativo andaluz y circunscrito hasta ahora a ese ámbito.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 38, establece que la sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Posteriormente, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, estableció la regulación de las sedes electrónicas en nuestra Administración, estableciendo una tipología de posibles sedes electrónicas: Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, Sedes electrónicas de cada Consejería, Sedes electrónicas derivadas y Sedes electrónicas compartidas, y dispuso la obligatoriedad de que cada Consejería cree su propia sede electrónica.

La sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía se creó mediante la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Sin embargo, no se han creado las sedes electrónicas de cada Consejería, ya que finalmente no se consideran necesarias. La minimización del número de sedes electrónicas contribuye decisivamente a homogeneizar la relación con la ciudadanía, dar una visión unificada de nuestra Administración a la misma, facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y cumplir las obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para su funcionamiento electrónico, como garantía de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, bajo un paradigma de organización y aprovechamiento racional de los recursos.

Atendiendo a todo lo anterior, se modifica el articulado del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, para suprimir el concepto de sede electrónica de una Consejería, manteniéndose la posibilidad de crear sedes electrónicas derivadas, conforme a criterios de especialización, que lo serán respecto de la sede electrónica general, así como sedes compartidas en el marco de iniciativas de colaboración con otras Administraciones Públicas.

IX

Se aborda también en el Decreto-ley la supresión de órganos colegiados de distintos ámbitos sectoriales. La extraordinaria y urgente necesidad de la presente modificación normativa se basa precisamente en la necesidad de realizar cambios en nuestro ordenamiento jurídico en orden a procurar una mayor simplificación administrativa. Se trata de una medida que reforzará el principio de seguridad jurídica, reduciendo el número de órganos con funciones muy semejantes o evitando duplicidades. En muchas ocasiones los cambios normativos producidos han dejado sin funcionalidad muchos de los órganos colegiados existentes en el ámbito autonómico, produciendo la correspondiente incongruencia entre órganos que existen, pero no se reúnen, bien porque eran órganos colegiados que se crearon para una situación concreta, que ya no existe, o que tenían un ámbito temporal, que ya ha pasado, o bien porque esas funciones han sido asumidas por algún centro directivo o por otro órgano colegiado.

Ello ha desembocado en el hecho de que a lo largo de los últimos años haya órganos colegiados que no se han reunido en ninguna ocasión, incluso ni siquiera a efectos de constituirse, dando lugar a que haya sido evaluada y reconsiderada la necesidad de su existencia por las Consejerías a las que están adscritos los mismos, sobre la premisa del cumplimiento del principio de racionalidad organizativa bajo el que ha de actuar la Administración de la Junta de Andalucía, según establece el artículo 133 del Estatuto de Autonomía, artículo 3.n) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y artículos 1 y 3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, entre otras normas.

La supresión de los órganos colegiados propuesta es una medida de marcado carácter de mejora regulatoria que debe ser tenida en cuenta en el contexto de la situación actual y como parte del conjunto de medidas de simplificación administrativa y de mejora de la regulación que se abordan de manera global en el Decreto-ley.

Es interesante traer a colación el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, que venía a recoger en su Exposición de Motivos que era preciso impulsar en Andalucía el cambio en la mejora regulatoria e institucional y en la simplificación normativa y la reducción de trabas administrativas, para contribuir a crear un entorno de seguridad jurídica, que facilite las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generen riqueza en nuestra comunidad, siguiendo la senda de las indicaciones dadas desde distintas instituciones como la OCDE, pionera en el estudio de la mejora de la regulación y de sus impactos positivos en el conjunto de la economía, desde la que se viene insistiendo en la realización de reformas, en gran medida, centradas en la simplificación y mejora de la regulación económica. Entre estas medidas se incluyó la derogación de la normativa reguladora de algunos órganos colegiados considerados como innecesarios.

En general la supresión de los órganos colegiados propuestos responde a la necesidad de cumplimiento de los principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía contemplados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para su organización y actuación, en particular en relación a los principios de eficacia, eficiencia en su actuación, racionalidad organizativa mediante la simplificación y racionalización de su estructura organizativa, racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos y buena administración y calidad de los servicios, motivación toda ella que resulta actualmente de aplicación a la supresión de los órganos ahora propuesta.

Tampoco se puede obviar que la supresión de los órganos colegiados en muchas ocasiones supone simplificar porque se elimina la necesidad de acudir a éstos en determinados procedimientos o para aprobar determinada normativa, es decir, se suprimen trámites que no aportan valor.

En este mismo sentido se propone la supresión de la Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas como órgano colegiado permanente para la coordinación de las actuaciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas entre la Administración Autonómica y los Municipios andaluces. La finalidad principal de esta Comisión, sin perjuicio de otras, era la elaboración de un Plan General de Inspección conjunto en la materia y su elevación al Consejo de Gobierno para su remisión y seguimiento en el Parlamento. Esta Comisión sólo ha sido convocada en dos ocasiones en 20 años desde su regulación reglamentaria en el año 2002, nunca ha llegado a abordar la elaboración ni aprobación de ningún Plan General de Inspección, ni adoptados acuerdos trascendentes al efecto, poniendo en evidencia la falta de voluntad política para su funcionamiento. Estos motivos aconsejan eliminar la disposición adicional tercera de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (LEPARA), ello sin perjuicio de la posibilidad de que los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía puedan suscribir los convenios pertinentes de colaboración que se precisen para la ejecución de lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía determina la creación del Observatorio de la Vivienda de Andalucía, como órgano colegiado consultivo y participación en materia de vivienda. Su organización y funcionamiento se regula por Decreto 171/2014, de 9 de diciembre. Razones de eficacia y simplificación administrativa, aconsejan extinguir mediante este Decreto-ley dicho órgano colegiado consultivo y de participación en materia de vivienda, al no resultar operativo en el actual marco jurídico y en aras de una mayor coherencia.

Con la finalidad de depurar órganos colegiados inoperantes, se elimina el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, carente de toda actividad desde su creación, al punto que sus funciones vienen siendo desempeñadas por órganos de la Consejería a la que se encuentra adscrita la agencia administrativa en el ejercicio de las competencias que tienen asignadas como propias. Así pues, en la medida en que la subsistencia del Consejo Rector puede inducir a confusión sobre el funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, se procede a modificar la disposición adicional primera de Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, y se suprimen los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización y Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud.

Razones de seguridad jurídica son las que han llevado a introducir la derogación expresa del Decreto 237/1999, de 13 de diciembre, por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, y del Capítulo II del Decreto 454/1996, de 1 de octubre, de habilitación de instituciones colaboradoras de integración familiar y acreditación de entidades colaboradoras de adopción internacional, que se encuentran tácitamente derogadas en la medida que contradicen o colisionan con la normativa actualmente en vigor.

El Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, establece entre las funciones de esta Comisión la coordinación de las acciones y los proyectos de las diferentes Consejerías, organismos y entidades de la Junta de Andalucía que tengan algún tipo de relación con la seguridad y salud laboral, así como la formulación de recomendaciones y propuestas de actuación que estén relacionadas con esta materia o el impulso a la realización de campañas sectoriales sobre prevención de riesgos, entre otros aspectos.

Sin embargo, diversos cambios normativos y de organización interna en la administración andaluza han limitado la operatividad de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, lo que ha provocado que se cuestione su sentido. Así, el Decreto 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, configura este órgano como el destinado a facilitar la participación en materia de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, recogiendo entre sus funciones el proponer actuaciones concretas orientadas a la prevención de riesgos laborales y plantear planes integrales de actuación en sectores, actividades o subactividades concretas. El Pleno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales está integrado por representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de la comunidad andaluza, así como por ocho integrantes de diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, de forma similar a lo previsto para la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral y con fines análogos.

Por otro lado, mediante la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, se creó esta agencia administrativa que tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y el estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de estas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, las personas trabajadoras autónomas y a los sectores de mayor riesgo. Entre las previsiones de la Ley se contempla el régimen de colaboración del Instituto, que podrá prestar su colaboración al resto de Consejerías de la Junta de Andalucía.

Por último, tras la entrada en vigor de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, se han adoptado importantes cambios organizativos en el modelo preventivo de la administración andaluza, que anteriormente concentraba toda la estructura relacionada con la seguridad y salud laboral en la Consejería competente en esta materia. Así, con el objetivo de propiciar la integración de la prevención de riesgos laborales en cada una de sus Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial, se aprobó el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. La implantación progresiva del modelo recogido en este decreto ha posibilitado la existencia de unidades de prevención en cada una de las Consejerías que forman parte de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, participando en la gestión y el normal funcionamiento de estas conforme a lo previsto en sus respectivos planes de prevención.

Los cambios descritos han ido limitando en la práctica las funciones y el sentido de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, que actualmente está vacía de contenido ya que existen otros órganos y organismos que de forma estable realizan sus funciones. De hecho, no consta que dicha Comisión haya tenido actividad al menos desde el año 2007, sin que se prevea un cambio en esta situación ya que el modelo al que responde se encuentra sobradamente consolidado.

En consecuencia, procedería la supresión de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, derogando para ello el Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral.

Por último, en el ámbito laboral, hay que hacer referencia al Decreto 322/2009, de 1 de septiembre, por el que se crea la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan de Empleabilidad para personas con discapacidad en Andalucía 2007-2013 y se establece su composición, funciones y funcionamiento. Habiendo expirado la vigencia del citado Plan de Empleabilidad, y considerando así mismo que la actual Dirección General de Incentivos a la Contratación y Competitividad Empresarial implanta medidas de integración a través de las competencias relativas a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, procede extinguir la citada Comisión de Seguimiento.

En el ámbito de la investigación biomédica, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su artículo 9, la creación del Comité de ética, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad científica a través de un Comité de Ética y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad científica. Por su parte, el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía estableció las funciones del Comité Coordinador de la Ética de Investigación de Andalucía (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgación de la modificación de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, que modifica las funciones de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su homólogo, el Comité Andaluz de Ética de la Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andalucía del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comité, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulación del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposición transitoria única de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresión, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la función de autorización con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular, al CCEIBA.

La derogación del artículo 6 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, y del Decreto 368/2015, de 4 de agosto, supone la supresión del CAEMBES, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de salud, con la consideración de Comité de ética de la investigación, y como órgano homólogo a la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos de carácter nacional al objeto de evitar duplicidades en el procedimiento, clarificarlo y simplificarlo, consiguiendo mayor celeridad y seguridad jurídica y evitando la proliferación de órganos con funciones semejantes.

El artículo 37 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, creó la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos como el órgano colegiado, adscrito al Instituto de Salud «Carlos III», de carácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria humana, y a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia. A dicha Comisión le corresponde el informe previo favorable de los proyectos de investigación que versen sobre las materias que se determinan en el mismo.

Corresponde a su homólogo en Andalucía CAEMBES, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos, no viables para la investigación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica, y conforme a lo previsto en el artículo 6.2 que se transcribe a continuación, la consulta preceptiva de los proyectos de investigación que versen sobre esas mismas materias.

En base a ello, se constata la existencia de dos órganos que realizan idénticas funciones: el CAEMBES y la Comisión de Garantías para la donación y la utilización de células y tejidos humanos, por tanto, mediante el presente Decreto-ley se procede a derogar el CAEMBES.

La urgencia viene dada por la necesidad de adaptar cuanto antes nuestro sistema de evaluación de ética de la investigación a los cambios introducidos en la normativa nacional y más concretamente a permitir que sea un comité único el que aborde los diferentes proyectos. De no usar el mecanismo del Decreto-ley nos veríamos abocados a meses de tramitación de un proyecto de ley que se limita a un cambio organizativo de qué Comité asume las evaluaciones. La existencia previa de un informe de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos hace innecesario mantener un comité especializado en esta materia y permite agilizar y potenciar esta actividad incorporándola a un comité como el CCEIBA.

Las propuestas detalladas dotan al Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Salud de instrumentos más ágiles para permitir una inversión pública y privada más eficaz en los organismos y entidades que forman parte de dicho Sistema, de ahí la necesidad de llevar a cabo la ordenación expuesta. Hay que resaltar el impacto potencial y real de la organización del Sistema Andaluz de investigación en salud en la obtención de los objetivos de los proyectos de investigación en los servicios sanitarios, en la práctica clínica, en los costes sanitarios y en la generación de nuevo conocimiento y nuevas líneas de investigación en el ámbito de la salud.

La derogación de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 203/2003, de 8 de julio, por el que se regula el procedimiento de acreditación de las actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias, supone la supresión del Consejo Andaluz de Formación continuada de las profesiones sanitarias. El Consejo Andaluz de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, adscrito a la Consejería competente en materia de salud, se creó como órgano colegiado al que se le encomienda el asesoramiento de la política en materia de formación continuada de las profesiones sanitarias.

Con posterioridad a dicho Decreto, se ha promulgado el Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada. Esta normativa básica estatal deja sin contenido real al Consejo Andaluz de Formación Continuada en todo lo recogido como funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Actualmente la planificación estratégica en materia de formación continuada del Sistema Sanitario Público de Andalucía está desarrollada por la Estrategia de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía aprobada este 2022. En dicha estrategia se contempla la participación de las diferentes instituciones representadas en el Consejo Andaluz de Formación Continuada. De hecho, esta práctica de interlocución en las estrategias, en materia de formación, deja sin contenido al Consejo que no celebra sus reuniones desde 2006. En virtud de ello mediante el presente Decreto-ley se propone derogar dicho órgano colegiado.

El progresivo desarrollo de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y la necesidad de la ejecución de los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia han evidenciado la necesidad de eliminar el Consejo Andaluz de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, una medida de mejora regulatoria que contribuirá, de manera inmediata, a la simplificación de Organismos y de trámites de gestión y, consecuentemente a mejora de la gobernanza pública y a una inversión pública y privada más eficaz en los organismos que forman parte del Sistema de formación continuada de las profesiones sanitarias.

La simplificación respecto a los órganos colegiados no sólo se traduce en la supresión expuesta y justificada, sino que también puede suponer adoptar medidas que hagan que los órganos colegiados existentes sean mucho más operativos, lo que implica introducir modificaciones en sus regulaciones para que adopten decisiones con mucha más agilidad, máxime cuando son órganos con composición muy extensa y con capacidad de decisiones ejecutorias. Se considera urgente por ello la modificación de los Reglamentos de organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego y de la Comisión Protección Civil de Andalucía para introducir la posibilidad de adoptar los acuerdos por el procedimiento escrito con objeto de agilizar el proceso de la toma de decisiones atendiendo a la problemática que presenta su funcionamiento ya que son órganos con una composición bastante numerosa, así como al hecho que las funciones de deliberación y de decisión sometidas están sometidas a un plazo determinado de pronunciamiento, y al gran aumento de normas, planes y documentos técnicos sujetos a informe u homologación por parte de los aquellos.

En este mismo sentido se propone también la derogación del Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para evitar trabas y situaciones de desventajas en algunos contratos públicos de obra para aquellos coordinadores y coordinadoras no inscritos en el mismo, así como en la exigibilidad de inscripción o valoración como mérito en determinados procesos selectivos de algunas administraciones públicas

La Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía, crea, en su artículo 6, el Consejo Andaluz para el Cine como órgano colegiado participativo y consultivo de los previstos en el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en materia de estrategia, derechos, políticas públicas y demás asuntos relacionados con la creación, distribución, comercialización y exhibición cinematográfica y de la producción audiovisual de Andalucía. En cumplimiento de lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, por Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, se regularon las funciones, composición y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine.

El elevado número de miembros que integran tanto el Pleno del Consejo como su Comisión Permanente, así como el complejo procedimiento establecido para la selección de las vocalías, en especial, para aquellas vocalías representativas de las asociaciones, organizaciones o empresas del sector de la producción, creación, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual, establecidas en el artículo 6.l), del Decreto por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine, hace aconsejable la modificación de la Ley 6/2018, de 9 de julio, y del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, al objeto de disminuir el número de miembros que componen ambos órganos del Consejo simplificando el complejo proceso para su designación, garantizando igualmente la celeridad y la eficacia de su funcionamiento.

Así mismo, se modifica el párrafo c) del artículo 6.2 de la Ley 6/2018, de 9 de julio y el párrafo c) del artículo 4.1 del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, en relación con las funciones a desarrollar por el Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo la obligación de elaborar un único informe anual sobre la situación del cine y el audiovisual andaluz, por la posibilidad de realizar, en cualquier momento, estudios que tengan por objeto el análisis de los principales problemas que afecten al sector del cine y del audiovisual en Andalucía, además de la formulación de recomendaciones para la mejora de las políticas públicas. Igualmente, se sustituye la función atribuida al Consejo de emitir informes preceptivos sobre las disposiciones de desarrollo reglamentario de la Ley del Cine de Andalucía, por la toma en conocimiento sobre la tramitación de dichas disposiciones, con la idea de agilizar y simplificar la tramitación administrativa de esta normativa, dejando a salvo la posibilidad de participar a través del procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Finalmente, se modifica el régimen de reuniones del Pleno y de la Comisión permanente del Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo para el Pleno la realización de dos reuniones ordinarias anuales por una sola. Respecto a la Comisión Permanente, desaparece la limitación respecto al régimen de sesiones ordinarias trimestrales, permitiendo sus reuniones en cualquier momento siempre que así lo disponga la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de la mitad de las Vocalías.

En materia de justicia juvenil, se suprime la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores, que fue creada por el Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía y se crea la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores. La experiencia y evaluación del Sistema de Justicia Juvenil, resultado de más de ocho años de vigencia de esta norma, han permitido constatar cómo las funciones en principio atribuidas a este órgano colegiado son desarrolladas por el órgano directivo central competente en materia de justicia juvenil, por lo que se aprecia una duplicidad organizativa que viene a quebrar el espíritu del artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del artículo 22.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y del artículo 8.3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. En este sentido, es de significar que la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores solo se ha reunido en una ocasión desde su creación, ya que no se han producido actuaciones que justificaran su convocatoria.

Por otra parte, en materia de asistencia a víctimas, se modifica el artículo 5 del Decreto 331/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía, para establecer la periodicidad anual de sus sesiones ordinarias, lo que sin duda contribuirá a mejorar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de este órgano colegiado de apoyo y asesoramiento en materia de asistencia a víctimas del terrorismo.

X

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta de Andalucía por el Estatuto de Autonomía sobre los medios de comunicación social en el marco de la legislación básica del Estado, vino a completar el régimen jurídico audiovisual ya existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, ha transpuesto al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1808, atribuyendo al Estado la competencia para dictar las normas básicas del régimen de radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas, salvo el Capítulo 5 del Título III, el Título VIII y la disposición final cuarta que no tendrían carácter básico. Como consecuencia de ello, es urgente en Andalucía modificar aquellos preceptos que pudieran colisionar con las novedades introducidas por la Ley 13/2022, de 27 de julio, en aras de mantener la seguridad jurídica y mejorar la calidad regulatoria y la simplificación administrativa en un sector productivo como el audiovisual, de reconocida trascendencia y repercusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La novedad introducida en el artículo 75 de la Ley 13/2022, de 27 de julio, relativa a la obligatoriedad de que las Entidades Locales gestionen de forma directa la prestación del servicio público de comunicación audiovisual local, exige la modificación del artículo 46 de la Ley Audiovisual de Andalucía.

En cuanto a la prestación de servicios de comunicación audiovisual por las entidades sin ánimo de lucro, se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria sexta de dicho texto legal, atendiendo a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley estatal. Partiendo de que la industria audiovisual representa en Andalucía un sector productivo estratégico por su dinamismo y potencialidad de crear valor añadido en términos económicos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de generar empleo, y su vinculación a las nuevas tecnologías, son de urgente necesidad las medidas de agilización de la tramitación de los procedimientos que sirvan para impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, eliminando trabas burocráticas e implantando medidas que favorezcan la consolidación de la actividad económica en el sector de la comunicación audiovisual en Andalucía, así como de su actividad productiva relacionada.

En tal línea de simplificación administrativa de los procedimientos y eliminación de trabas administrativas, se ha modificado el artículo 30 de la Ley Audiovisual de Andalucía, de modo que las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al título habilitante que les autoriza a prestar el servicio. Respecto de las personas prestadoras privadas de carácter comercial, así como de la públicas locales, se han simplificado los extremos de determinadas obligaciones contenidas en los artículos 36, y 37. Respecto del régimen jurídico de los concursos para el otorgamiento de licencias de prestación de servicios de comunicación audiovisual, se ha modificado el artículo 60, para adaptarlo a las novedades incorporadas por la Ley 13/2022, de 7 de julio, en su artículo 26.1. En el régimen sancionador, a fin de no colisionar con la normativa básica estatal, se realizan las modificaciones oportunas relativas al plazo máximo para notificar la resolución expresa del procedimiento sancionador.

En base al principio de seguridad jurídica, se adapta el Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía, a las competencias que actualmente tiene asignadas la Dirección General de Comunicación Social al amparo del artículo 11 del Decreto 152/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Asimismo, con la finalidad de simplificar y homogeneizar el procedimiento de informe de las acciones de comunicación institucional, se unifica la metodología a seguir, a través de una misma aplicación informática por la que se canalicen todas las solicitudes de informe en la materia, y se mejoran los modelos de solicitud, para lo que se hace necesario la modificación del Decreto 96/2017, de 27 de junio, y de la Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se regula la emisión de los informes correspondientes a las acciones de comunicación institucional de la Administración de la Junta de Andalucía.

Se modifica el apartado 9 del artículo 5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ya que su primer párrafo dispone que corresponderá a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma «Las funciones de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas sujetas a la intervención de la Administración autonómica». El párrafo segundo del mismo apartado trasciende este precepto, generalizando la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda inspeccionar cualquier establecimiento público cuya apertura sea de la exclusiva competencia municipal y que albergue espectáculos o actividades no sujetos a autorización autonómica, sobre la base de un requisito, como es el del aforo, que no solo no restringe las competencias de apertura municipales, sino que además no otorga ninguna atribución a la Junta de Andalucía a efectos de intervenir en dicha apertura, vulnerando así no solo la autonomía local, sino también el principio «una administración, una competencia». Se hace por tanto necesario eliminar este párrafo segundo del apartado 9 del artículo 5 de dicha ley, ya que no existe justificación alguna para mantener esta competencia concurrente con los municipios, de inspección y control directo autonómico de establecimientos públicos basados exclusivamente en motivos de aforo, siendo suficiente con la existencia de los supuestos de actuación autonómica subsidiaria previstos en el apartado 11 del artículo 5 de la propia Ley 13/1999, de 15 de diciembre, sin perjuicio de las actuaciones de vigilancia policial ordinaria.

No se puede obviar que esta modificación supone una importante reducción de cargas derivadas de la actividad burocrática de las Administraciones Públicas por cuanto supone ahorrar costos innecesarios para la ciudadanía. La eliminación contribuye en un alto grado por tanto a la simplificación administrativa, entendida ésta como eliminación de trámites o actuaciones innecesarias que repercuten negativamente en la ciudadanía, ya que requerirían de su doble intervención y por tanto doble carga administrativa: ante la Administración Local y ante la Administración Autonómica.

El apartado 13 del artículo 5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, dispone que corresponderá a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma «Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente Ley, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos». Se hace necesario eliminar este apartado por cuanto si el Ayuntamiento ostenta la competencia para regular los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos mismos sometidos al ámbito de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, no se debe exigir informe preceptivo de otra Administración Pública, ya que se vulneran la autonomía local, el principio «una administración, una competencia» y las directrices vigentes en materia de simplificación administrativa.

A continuación, interesa hacer referencia a la modificación del artículo 2 del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo máximo de resolución y notificación, así como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, incluidos los potencialmente peligrosos, así como de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías para los ciudadanos, mediante la incorporación del procedimiento sancionador en materia de animales de compañía, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, como un nuevo procedimiento con plazo de resolución y notificación superior a seis meses en el Anexo I de la referida ley.

La experiencia desde la entrada en vigor de esta norma ha puesto en evidencia la insuficiencia del plazo de seis meses para la instrucción, resolución y notificación en estos procedimientos sancionadores, provocando que tengan que iniciarse nuevos procedimientos habida cuenta que la infracción normalmente no ha prescrito en ese plazo, lo que implica mayor carga para el administrado, con un nuevo proceso y más trámites, lo que contraviene el principio de simplificación y agilización administrativa, incidiendo negativamente en la calidad regulatoria. Debe tenerse además en cuenta que la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ley estatal que tiene carácter de legislación básica, amplía el concepto de animal de compañía a todo animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que pertenezca a una especie que esté incluida en el listado positivo de animales de compañía, lo que eleva en un alto porcentaje, hasta ahora difícil de determinar, los animales sobre los que se podrán cometer infracciones que originen la apertura de procedimientos sancionadores, lo que además de suponer un efectivo colapso administrativo por el ingente número de expedientes, redundará también en perjuicio del propio administrado, que puede ver cómo reiteradamente se inician nuevos procedimientos sancionadores por los mismos hechos, imponiéndose aquí por tanto razones de extraordinaria y urgente necesidad para modificar este aspecto, extendiendo a 12 meses el plazo de caducidad desde el acuerdo de inicio.

Se entiende por tanto que se dan los presupuestos necesarios para considerar que existe una urgente y extraordinaria necesidad. El Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar coyunturas problemáticas de colapso administrativo y duplicidades de actuación, así como sus graves efectos sobre la ciudadanía, tal como ocurre en la situación actual, tras una grave crisis económica y una pandemia, y para la propia Administración.

En el ámbito de las competencias actuales de la Consejería con competencias en Presidencia, se considera que el procedimiento actual de reconocimiento de la Comunidades Andaluzas, regulado en la Ley 8/2006, de 24 de octubre, se ha estimado que es muy complejo y difícil. Las Comunidades Andaluzas en el exterior suponen una herramienta muy valiosa para el desarrollo de la identidad andaluza en el exterior, el acercamiento de la realidad de Andalucía más allá de los límites que impone el territorio, así como para atender a los andaluces que viven en otras comunidades autónomas y en otros países. El Gobierno andaluz, partiendo del reconocimiento de este importante papel, tiene el compromiso de potenciar la creación y funcionamiento de estas entidades, para lo cual resulta necesario acometer una simplificación de la regulación del procedimiento para el reconocimiento de una entidad como Comunidad Andaluza.

Por tanto, se plantea la simplificación del procedimiento mediante la supresión de trámites que no aportan valor añadido y suponen dilaciones del mismo, así como la desconcentración de competencias en órganos jerárquicamente dependientes, mediante la supresión de la audiencia previa de la coordinadora o federación del ámbito territorial correspondiente y otorgando a la persona titular de la Consejería competente en la materia la competencia para la aprobación del reconocimiento y cancelación como Comunidad Andaluza. Todo ello redundará sin duda en una reducción del tiempo medio de resolución del procedimiento de reconocimiento.

La urgencia de esta modificación viene determinada por la contribución que la misma tendrá en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento de la Administración andaluza para atender las necesidades de los andaluces que viven fuera de nuestro territorio, ya que contribuirá sin duda a la reducción de las cargas de trabajo que supone el procedimiento y a la indudable reducción de los plazos de resolución que llevará aparejada, incrementando además la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que se trata de una petición reiterada por las Comunidades Andaluzas que no debe demorarse más.

Por los motivos antes descritos, se considera que la cancelación del reconocimiento de una Comunidad Andaluza tiene que seguir el mismo procedimiento que el de reconocimiento en sí.

Por último, se modifica el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En dicho Decreto-ley se creó la denominada Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía (en adelante, UAP), que tiene funciones de impulso y coordinación de los proyectos de inversión que se declaren de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Con la creación de la UAP se trató de dar respuesta urgente a una situación de crisis económica.

Posteriormente, a través del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), articuló, a través de la redacción del artículo 8.5 del Decreto-ley 4/2019, una segunda vía de asignación de proyectos a la UAP. Así, la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, a propuesta de la Consejería competente en la materia, podría acordar la asignación a la UAP de todas aquellas iniciativas que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecidos en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Con la modificación del Decreto-ley, se pretende mejorar la regulación de la UAP, proporcionando claridad a las entidades promotoras en lo relativo al procedimiento de asignación de proyectos, y a la vez depurar los criterios de selección de estos, de manera que las iniciativas empresariales asignadas a la UAP resulten ser aquellas que más y mejores beneficios económicos y sociales puedan aportar a Andalucía.

Desde la entrada en vigor del Decreto 68/2012, de 20 de marzo, de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el formato oficial y auténtico del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía es el electrónico, lo que permite su difusión como servicio público universal y gratuito, libremente accesible en redes abiertas de telecomunicación.

Hoy en día, es preciso tener en cuenta el incremento continuo de ataques cibernéticos cada vez más agresivos. Las experiencias recientes ocurridas en otras administraciones han puesto de manifiesto la peligrosidad de estos ataques capaces de colapsar el funcionamiento de los servicios públicos y de poner en riesgo la privacidad de la ciudadanía, con el consiguiente descrédito y perjuicio económico. La prevención de estos ataques, así como la mitigación de sus efectos requiere de un mecanismo ágil de aprobación y de difusión de cuantas disposiciones sean necesarias, para la salvaguarda los derechos de los ciudadanos y de la debida transparencia. Así, la publicación de boletines complementarios o extraordinarios puede ser esencial para informar a la población y para dictar la normativa que proceda con las debidas garantías.

La ciudadanía espera que la Administración ofrezca todos sus servicios a través de medios digitales, y que estos servicios sean fáciles de usar, rápidos y útiles. La Administración tiene la obligación de culminar su digitalización plena, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y a la riqueza económica de Andalucía.

La redefinición del concepto de BOJA resulta fundamental para avanzar de manera decidida, homogénea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a través de medios electrónicos y las obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para su pleno funcionamiento electrónico, y para facilitar el conocimiento oficial de las normas, actos administrativos y otros documentos emanados de las instituciones, órganos y entidades en el ámbito de la Junta de Andalucía y así el cumplimiento de los mismos. En este sentido, se plantea una redefinición del concepto de BOJA denominado BOJA 3.0, y que se enfoca hacia la consolidación e impulso de los servicios que bien prestando y el desarrollo e implantación de otros nuevos elementos y servicios como puede ser la Inteligencia artificial facilitando la asistencia a la ciudadanía y la gestión electrónica de los procedimientos.

Por ello se considera urgente modificar la regulación del BOJA, redefiniendo su concepto a los nuevos objetivos estratégicos de la Estrategia Digital de Andalucía. Boja 3.0 implica pues la prestación a la ciudadanía de unos servicios más dinámicos contemplando la creación del concepto de «boletín complementario», basado en las series I (Isolated) del DOUE, que permite una gran flexibilidad y dinamismo a la hora de publicar textos que, sin tener la condición de la excepcionalidad prevista en el artículo 8.2 del Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no pudieron ser planificados en el boletín ordinario de un determinado día, siendo necesaria su publicación.

Desde el ámbito de prevención y lucha contra los incendios forestales, la adaptación de la normativa autonómica a los preceptos establecidos en la nueva redacción de la Ley 43/2003, de Montes, es urgente realizarla antes del comienzo de la presente campaña de riesgo alto de incendios forestales para reforzar las medidas preventivas con relación al uso del fuego.

Igualmente, es preciso acometer la regulación legal de las quemas prescritas como herramienta de gestión del territorio y formación del dispositivo humano del operativo de lucha contra incendios forestales, dado que actualmente no tiene su adecuado reflejo en la normativa vigente, y su uso es cada vez más habitual en la gestión de las masas forestales. Su pronta aprobación permitirá ejecutar de manera más ágil una mayor superficie de quemas prescritas por parte del dispositivo INFOCA, en un año hidrológico especialmente delicado en precipitaciones, y abordar el máximo posible de actuaciones preventivas antes del comienzo de la época de riesgo alto de incendios, que comienza el día 1 de junio del corriente año.

La proximidad de las épocas de peligro medio y altos en los próximos meses con mayor riesgo de incendios forestales, debido a la combinación del aumento de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones del presente año hidrológico, unido a la extraordinaria falta de precipitaciones hace imprescindible que no se demore la adopción de medidas que conducen a una regulación del uso del fuego más eficiente, antes de que comiencen las épocas de peligro medio y alto a partir de 1 de mayo, teniendo, en este sentido, justificación la utilización de la figura del Decreto-ley.

La modificación clarifica el escenario del uso del fuego en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la promulgación de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por el que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, que modificaba el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dando igualmente acompañamiento a la Orden de 13 de diciembre de 2023, por la que se autoriza la quema de restos vegetales generados en el ámbito agrícola en aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

También se adapta los preceptos preventivos en el uso del fuego al nuevo marco establecido en el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales y que modificaba la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. La nueva regulación viene a establecer un régimen más ágil, eficiente y seguro en el uso del fuego en la Comunidad Autónoma de Andalucía que vendrá a mitigar el riesgo de incendios forestales.

Finalmente, se pretende la simplificación de los procedimientos administrativos para autorizaciones excepcionales en el uso del fuego y actividades susceptibles de ser generadoras de riesgo de incendio, mediante la implantación, en aquellos casos que sea posible, de la figura de la declaración responsable, agilizando de esta forma el funcionamiento de la administración y facilitando los trámites necesarios para la ciudadanía. Con el nuevo procedimiento se resolverá la tramitación de más de cincuenta mil expedientes que actualmente se tramitan por el procedimiento de autorización, haciendo garante y corresponsables a los titulares de explotaciones forestales, de la puesta en práctica de medidas preventivas de carácter inmediato desde la publicación de la norma.

La modificación del artículo 51 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales, a los efectos de promover la reforestación de terrenos afectados por incendios forestales y que estas actuaciones puedan ser reconocidas como proyectos de absorción de emisiones a los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un modelo energético en Andalucía.

Se modifica por ello el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, cuyo Título IV se dedica a la lucha contra incendios.

En lo referente a los usos y actividades permitidos en terrenos forestales y zona de influencia forestal, el Título III del reglamento regula el empleo del fuego en actividades agrarias en zona de influencia forestal, estableciendo la obtención de la correspondiente autorización administrativa, como requisito previo para poder desarrollar la actividad en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. El procedimiento actual de autorización establecido para dichas zonas es lento y sus plazos no se ajustan a la realidad que impone la propia actividad agrícola, suponiendo, tanto para el interesado como para la administración, una carga burocrática escasamente eficiente.

Por otro lado, el reglamento establece para las quemas agrícolas realizadas fuera de la zona de influencia forestal, la comunicación como régimen habitual de obtención del derecho a realizar la quema. El tiempo y la experiencia han puesto de manifiesto una utilidad limitada de dichas comunicaciones de quema, generando una mayor carga burocrática para la administración, así como para la ciudadanía. Por tanto, se considera adecuado circunscribir el control administrativo de las quemas sobre aquellas a realizar en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, por ser aquellas que representan un mayor riesgo de generación de incendio.

Por ello, la regulación de los nuevos procedimientos, atendiendo a los principios de simplificación y eficacia administrativa, introduce la declaración responsable de quemas en aquellos casos en los que así sea posible, haciendo copartícipes a personas y entidades en la responsabilidad de la custodia de las superficies forestales y en la seguridad de las personas y animales, interfiriendo lo menos posible en la esfera de libertad de aquéllas.

Las quemas prescritas, desarrolladas conforme a una serie de prescripciones técnicas, juegan un papel múltiple, garantizando la formación de los operativos de extinción, contribuyendo al sostenimiento de algunos usos agropecuarios y al mantenimiento de determinados ecosistemas mediterráneos que requieren la presencia del fuego, así como facilitando la gestión eficiente del riesgo estructural en zonas vulnerables ante grandes incendios forestales.

Por último hay que referirse a las competencias que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en materia de cooperación internacional al desarrollo de conformidad con los artículos 10.3.23.º y 245 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este ámbito, es de extraordinaria y urgente necesidad que la Ley andaluza de cooperación incluya la previsión legislativa que ha dispuesto el legislador estatal mediante la disposición adicional tercera de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en lo que se refiere a la no exigencia del interés de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados en el ámbito de las subvenciones y ayudas de la cooperación internacional para el desarrollo.

A este respecto, se modifica la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, introduciendo una disposición adicional única y una disposición transitoria única que permitan la adecuada aplicación, que elimine cualquier duda o interpretación, tanto para la Administración como para el administrado y dé cumplimiento a la inequívoca voluntad del legislador estatal de no exigencia, en período voluntario, del interés de demora que se liquida junto con el reintegro. Asimismo, dadas las peculiaridades de la cooperación internacional al desarrollo, se efectúa remisión a la legislación estatal en la materia en términos de supletoriedad, contribuyendo así a la mejora regulatoria y a la simplificación administrativa, en términos de eficiencia, eficacia y economía legislativa.

XI

Se aborda la modificación del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el momento de dictarse el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, Andalucía tenía por delante en esta nueva era «post pandemia» uno de los retos más importantes de la historia reciente: la reconstrucción tras la crisis provocada por la pandemia y la transformación de la economía en los próximos años.

Hoy en día dicho reto no solo se mantiene, sino que las circunstancias económicas lo han hecho más complejo de alcanzar. El estallido de la guerra de Ucrania y el incremento de los precios de todo tipo de recursos y por ende de los suministros y de los servicios, ha generado un aumento de los costes de producción que se ha trasladado finalmente a la inflación general de la economía española y andaluza. Estas presiones inflacionistas están ejerciendo un efecto negativo sobre la tan ansiada recuperación económica.

En este reto las licitaciones públicas van a jugar un papel esencial, especialmente en lo que a la ejecución de los fondos europeos se refiere. Y por ello se requiere que las licitaciones públicas sean lo más ágiles y eficaces posible, manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, la transparencia, seguridad y buena administración.

De ahí que se amplíe la aplicación de las medidas contenidas en el Capítulo IV del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a todas las licitaciones y encargos a medios propios personificados, con independencia de si se financian con fondos europeos o con fondos propios, siempre y cuando dichas contrataciones o encargos vayan dirigidas directa o indirectamente a la gestión, soporte, apoyo, asistencia técnica y ejecución de proyectos y actuaciones financiadas con los fondos establecidos en el apartado 2 del artículo 2 del citado Decreto-ley.

Asimismo, tal como puso de manifiesto el Consejo Consultivo de Andalucía en su comunicación de fecha 16 de enero de 2023, es necesario introducir un plazo para la instrucción, resolución y notificación de los procedimientos de resolución contractual por los órganos autonómicos y locales, lo que se hace mediante la incorporación de un artículo al presente Decreto-ley y la consiguiente disposición transitoria. Y ello porque el Tribunal Constitucional declaró contrario al orden constitucional y, por tanto, solo aplicable a la Administración General del Estado, el fijado en el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El plazo que se fija asegura que se pueda tramitar el procedimiento, el cual cuenta con numerosos trámites. Todo ello en garantía de los contratistas, sin riesgo de que se produzca la caducidad y archivo del expediente, lo que conllevaría como consecuencia el tener que volver a tramitar el procedimiento.

Continuando con la materia contractual, se introducen o en su caso modifican diversos artículos del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

En primer lugar, se modifica el artículo 55 de dicha norma reglamentaria, a efectos de agilizar el funcionamiento de las mesas evitando tramitaciones de procedimientos paralelos, como es el orientado a la obtención de un bastanteo de poderes, cuando dicha diligencia puede ser efectuada por el miembro de la mesa que tiene encomendada las funciones de asesoramiento en Derecho

En segundo lugar se añade un nuevo artículo en dicha norma reglamentaria, orientado a introducir nuevas medidas de agilización de procedimientos de escasa cuantía autofinanciados y abonados en un único pago mediante el sistema de anticipos de caja fija u otro similar, sin disminuir el control del gasto, aplicando además un criterio homogéneo de actuación, de manera que se reduce la carga administrativa de estos contratos, pudiendo repercutir en mejorar la asignación de recursos en otros procedimientos contractuales que lo requieran.

Se incluye también en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, un precepto relativo a la constitución de garantías definitivas mediante retención del precio que permitirá a las personas contratistas optar por esta modalidad de garantía en lugar de recurrir a avales bancarios o seguros de caución, entre otros, cuya constitución genera carga burocrática y lleva aparejados costes financieros para las empresas.

Otro de los preceptos que se añaden, hace referencia a los certificados de buena ejecución de subcontratistas. Desde un punto de vista práctico las Pymes, que desempeñan un papel fundamental en la economía andaluza, participan frecuentemente en las contrataciones públicas como subcontratistas de una empresa adjudicataria principal. Mediante la implantación de la medida que se incluye se pretende facilitar la acreditación de su solvencia a efectos de permitir precisamente su participación directa en licitaciones públicas, fomentando con ello el acceso de las Pymes a este importante mercado y generando una competencia más intensa, lo que ofrecerá a los poderes adjudicadores una mejor relación calidad-precio y permitirá a estas empresas desarrollar su potencial de crecimiento e innovación con el consiguiente efecto positivo de mejora del clima de negocios y refuerzo del mercado interior español y de la economía andaluza.

Por último, en el ámbito de la contratación, se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía se ha erigido en la Comunidad Autónoma como órgano administrativo especializado que aglutina la mayoría de los recursos especiales que en materia de contratación se resuelven en dicha circunscripción territorial, dando respuesta en un breve plazo de tiempo, a las cuestiones litigiosas suscitadas en el seno de los numerosos procedimientos de licitación tramitados no solo por la Junta de Andalucía y sus entidades con personalidad jurídica independiente consideradas poderes adjudicadores, sino también de la mayoría de entidades locales de Andalucía, sus poderes adjudicadores, así como de las diez Universidades públicas andaluzas que existen en la actualidad.

El incremento exponencial de las licitaciones que ha supuesto la puesta en funcionamiento del Mecanismo de Recuperación ha dado lugar a un correlativo incremento de la litigiosidad y, por tanto, de los recursos especiales en materia de contratación sometidos al conocimiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía pudiendo cifrarse en un aumento del 25% respecto al ejercicio 2020.

Por ello, con la intención de clarificar el régimen normativo, adaptándose el Decreto 332/2021, de 2 de noviembre, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que no se encontraba vigente a la fecha de aprobación de dicho Decreto y con la finalidad de racionalización e incentivo de la ágil gestión del Tribunal Administrativo se modifica el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, para introducir un segundo párrafo al apartado tercero que impone la obligatoriedad de suscribir un convenio con carácter previo en el que se contemple, en su caso, la compensación que proceda para sufragar los gastos de la carga adicional al que se condicione la competencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía para resolver el recurso especial, cuando el mismo se interponga frente a actos emanados de entidades locales de Andalucía que tengan reconocida legalmente la facultad autoorganizativa de crear sus propios órganos especializados, esto es, Diputaciones Provinciales y municipios de gran población.

La segunda medida supone regular un complemento por desempeño que se corresponda con el incremento de exigencia para el personal que compone el órgano colegiado y para incentivar la resolución en el limitado plazo fijado legalmente de los recursos especiales a pesar del incesante, progresivo y exponencial aumento de aquellos, año tras año. Es conveniente recordar que el plazo de resolución ordinario es muy limitado (dos meses). A ello se une que recientes normas con rango de ley han establecido nuevas medidas (despacho y resolución preferente y menores plazos) orientadas a agilizar más si cabe, y cuando la fuente de financiación es comunitaria, la respuesta de los tribunales de recursos contractuales, incrementando el nivel de exigencia para el personal funcionario que compone el órgano colegiado.

El incentivo retributivo no es algo novedoso pues está contemplado expresamente como medida agilizadora en el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, cuya disposición adicional primera prevé que el personal que participe en la gestión de proyectos financiables con fondos europeos, así como en cualquier actividad de la Administración de la Junta de Andalucía relacionada con aquellos proyectos (esto es sin duda alguna lo que hacen los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, al resolver con prontitud los recursos que afectan a licitaciones financiadas con dichos fondos) podrá percibir productividades y gratificaciones extraordinarias sujetas al grado de cumplimiento de los objetivos, en función de su contribución personal al cumplimiento de estos resultados y de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.

La urgencia y necesidad de esta medida resulta del hecho de que otras, como podría ser la modificación del propio Decreto para ampliar la composición del órgano colegiado o la estructura del Tribunal, exigiría la correlativa modificación de su relación de puestos de trabajo, lo cual implica una tramitación administrativa prolongada en el tiempo.

Igualmente, por razones de coherencia con las actuales competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, se modifica el artículo 4 del referido Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, para atribuir la Presidencia del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos a la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Fondos Europeos. Asimismo, si la Presidencia del Comité Técnico corresponde a la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Fondos Europeos, el personal funcionario que se designe por la misma para formar parte de los grupos de trabajo del Comité debe estar adscrito a la Consejería competente en materia de Fondos Europeos, no en materia de Hacienda. Se incorpora al mismo lo que ya fue establecido en el Acuerdo de la Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, sobre determinación del número de miembros del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos, adoptado con fecha 27 de abril de 2021, según el cual las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de todas las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía serán miembros del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos. Por último, se aprovecha la modificación de dicho artículo para introducir cambios como consecuencia de los distintos Decretos de estructura.

Por otra parte, a fin de guardar la debida coherencia con la modificación del artículo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, se modifica el artículo 36.1 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adaptando el informe de la Dirección General de Presupuestos en la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones financiables con fondos europeos a los casos previstos en el artículo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

También se modifica sustancialmente el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Estas modificaciones normativas tienen por denominador común, establecer las condiciones legales para agilizar los procedimientos de ejecución presupuestaria mediante la simplificación de estos por medio de la identificación de las competencias de ejecución presupuestaria del gasto con las propias de la gestión administrativa de la que derivan. Con ello, se elimina no solo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedará subsumida en los actos de gestión administrativa que la conlleven. El impacto de esta modificación se traduce, en la práctica, en una reducción significativa del número de firmas de actos específicos de ejecución presupuestaria del gasto y de documentos contables.

La simplificación administrativa que se persigue se pondrá de manifiesto en la simbiosis que se producirá entre los procedimientos de gestión administrativa correspondientes de los que nacen las obligaciones económicas a cargo de la Hacienda Pública autonómica, y los procedimientos de gestión presupuestaria necesarios para la realización de los gastos que su cumplimiento implicará, alcanzando tal interrelación su punto máximo mediante la fusión de ambos procedimientos en uno solo, de modo que las actuaciones formales a realizar se reducirán una vez que se evitará también la intervención de distintos órganos.

El actual artículo 52 de dicho texto legal, relativo a la gestión de los gastos, incluye en su redacción, tanto normas sobre la competencia de dicha gestión, como normas procedimentales de la misma. Por este motivo, y para evitar que con las modificaciones propuestas la extensión del artículo fuese excesivamente largo, se ha optado por separar las normas de la gestión de los gastos en dos artículos, por una parte, un artículo que establezca la competencia, artículo 52 y, por otra parte, un artículo que establezca el procedimiento, artículo 52 bis, con la finalidad de facilitar la comprensión de sus contenidos.

Asimismo, se suprime el segundo y el tercer párrafo del apartado 4 del artículo 52. El motivo de dicha supresión obedece a que dichos párrafos se añadieron para incluir una norma particular y excepcional en la gestión del gasto, solo para determinados contratos y encargos, que se apartaba del vigente procedimiento de gestión del gasto. Sin embargo, aquella norma excepcional, con la modificación normativa que ahora se realiza, pasará a convenirse en la norma general, por este motivo no resulta necesario mantener en el artículo el contenido de dichos párrafos.

La supresión del apartado 2 del artículo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, que en parte se integra en el apartado 1 del mismo artículo, implica la eliminación del último inciso de dicho apartado 2, que se refiere a la competencia de la «Ordenación de los pagos» de determinadas entidades. Dicho contenido que se elimina del artículo 52, se considera adecuado ubicarlo en un nuevo apartado 2 del artículo 54 que se refiere de forma específica a la Ordenación de pagos. Por la inclusión del nuevo apartado 2, se renumeran, los actuales apartados 2 y 3, como 3 y 4.

En coherencia con la modificación que se realiza del artículo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública en materia de competencia de gestión de los gastos, al unificarse en el mismo órgano la competencia para la aprobación del acto administrativo o negocio jurídico con la autorización del gasto que conlleva su realización, es preciso suprimir toda mención a la facultad de autorización de gasto del Consejo de Gobierno, titulares de las Consejerías y demás órganos que, respectivamente, contienen la actual redacción de los artículos 12.d), 14.c) y 15 c) de dicho texto legal.

El artículo 43 se modifica sólo por razones de elaboración técnica, para adecuar la referencia normativa del segundo párrafo a la nueva redacción del artículo 52.4 del texto refundido, cuyo contenido se integra en el nuevo artículo 52 bis.4.

Las modificaciones de los artículos 90, 92, 115, 119 y 120 bis del texto refundido son coherentes con la modificación del artículo 52 y la inclusión del nuevo artículo 52 bis, en el sentido de sustituir toda referencia a «expediente de gasto», por «expediente administrativo que conlleve gasto», con la finalidad de eliminar la diferenciación existente hasta ahora entre el procedimiento de gestión administrativa (expediente administrativo) y el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto (expediente de gasto), de tal forma que los actos de ejecución presupuestaria sean actos debidos consecuencia de los actos administrativos y, por tanto, la competencia para la ejecución presupuestaria sea accesoria a la administrativa de la que trae causa. Asimismo, se suprime toda mención a la facultad de autorización de gasto, que se sustituye por la aprobación de la realización del mismo.

En coherencia con la denominación de las fases de gestión del presupuesto que se determinan en el apartado 1 del nuevo artículo 52 bis, se unifica la utilización de la expresión «aprobación de la realización» del gasto y del término «disposición» suprimiendo el de compromiso, en los referidos artículos que se modifican.

En este ámbito en la disposición final sobre la entrada en vigor se establece una regla especial para esta medida, porque las modificaciones que se realizan del texto refundido con la finalidad de simplificar el procedimiento de gestión del gasto precisarán para su efectiva ejecución de la correspondiente adaptación de los sistemas y aplicaciones informáticas mediante los que se ejecuta dicha gestión de gasto y el control interno de los mismos. Estas adaptaciones técnicas deben realizarse en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía de forma gradual y progresiva para asegurar la efectividad y eficacia de las mismas.

Igualmente se introducen dos disposiciones transitorias con una doble finalidad, por una parte, la pervivencia temporal de las normas que se modifican o tácitamente se derogan, hasta que se efectúen las adaptaciones técnicas necesarias para la efectiva implantación de dichas modificaciones, y por otra parte, garantizar el tránsito al régimen previsto por la nueva regulación simplificada del procedimiento de gestión del gasto.

Estas medidas además de suponer una evidente simplificación de todos los procedimientos que conlleven gasto, implican una mayor agilización de los mismos, lo cual, sin duda, redundará en beneficio de la ciudadanía y de los operadores económicos. No obstante, un actor principal en esta innovación normativa es la Intervención General, dado que, como órgano de control interno de la actividad económica financiera, su intervención es preceptiva en estos procedimientos.

Por otro lado, la actual regulación prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2023, de 24 de julio, de creación de los Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, supone una notoria dificultad para cubrir las vacantes que se produzcan en las plazas del nuevo Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, dado que exige hacerlo con personal funcionario que actualmente ejerza funciones interventoras. Ello supone de facto la imposibilidad de cubrirlas en el corto o medio plazo redundando en la ralentización de los procesos de control interno, frustrando los objetivos de agilización que pretenden cumplirse con la simplificación.

Resulta, por tanto, de extrema importancia garantizar la necesaria continuidad en el ejercicio de las funciones propias de la Intervención General hasta tanto se pueda asegurar la disposición de suficientes efectivos pertenecientes al nuevo Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría. Es necesario posibilitar que las vacantes que se vayan produciendo hasta tanto se complete, por un lado, el proceso de integración en el nuevo Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, y por otro, la adscripción de la totalidad de las vacantes a la relación de puestos de trabajo del citado Cuerpo Superior, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio, se puedan cubrir no solo con personal que actualmente realice las funciones previstas en el artículo 3 de la citada Ley, sino también con personal perteneciente al cuerpo que actualmente desempeña las citadas funciones que no es otro que el Superior de Administración de la Junta de Andalucía en cualquiera de sus especialidades, evitando la eventualidad de que no se pudiesen llegar a cubrir las vacantes que se produzcan.

Esta cobertura de vacantes con personal del Cuerpo Superior de Administración de la Junta de Andalucía será posible hasta tanto queden adscritos al Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía todos los puestos a los que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio, momento a partir del cual su cobertura se podrá realizar únicamente por personal del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría. El personal del Cuerpo Superior de Administración de la Junta de Andalucía que en dicho momento estuviese ocupando un puesto en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de dicha Ley conforme a la nueva redacción que se introduce, continuará desempeñando dicho puesto con el mismo carácter de ocupación.

Por otra parte, se modifican los artículos 31, 32 y la disposición adicional octava del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, en cuanto a la supresión de la autorización por parte de la Consejería competente en materia de Hacienda para el devengo de asistencias al tribunal, órgano o comisión correspondiente y el informe previo que se emite por la Dirección General con competencias en materia de Función Pública, estableciendo en el órgano que haya de realizar la convocatoria la fijación de la categoría en la que quedará clasificado el tribunal o la comisión, pues deviene innecesario al estar regulado en la norma el derecho al devengo de asistencias, la categoría e importe que se puede percibir, y estar los expedientes administrativos en los que se sustentan sujetos a fiscalización y control por parte de la Intervención General, todo ello en el marco de las disponibilidades presupuestarias. Se trata de eliminar un procedimiento de autorización de mera constatación de datos por lo que se agiliza el devengo de asistencias de forma notable sin merma de las garantías y control.

También requiere una revisión la normativa patrimonial en el ámbito autonómico, Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su Reglamento de aplicación, aprobado mediante Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, ya que la misma data de hace más de treinta y cinco años, desde dicha fecha esta normativa sólo ha sido objeto de modificaciones puntuales referidas, exclusivamente, a aspectos muy concretos. A lo largo del tiempo transcurrido, todos los elementos integrantes del tráfico jurídico han sufrido importantes transformaciones.

Asimismo, multitud de normativa ha sido aprobada y ha afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto a nivel estatal, fundamentalmente, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, ambas con regulación de carácter básico y de aplicación general, como en el ámbito local con la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Las modificaciones de la normativa patrimonial de la Comunidad Autónoma persiguen de un lado, la simplificación administrativa con objeto de disminuir la carga administrativa de los expedientes patrimoniales, eliminando de los correspondientes procedimientos aquellos trámites o requisitos que se consideran innecesarios o no proporcionados para, de este modo, simplificar los procedimientos, agilizar los plazos de resolución y maximizar la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa. De otro, la mejora de la regulación introduciendo varias modificaciones de carácter técnico, destinadas a clarificar y actualizar la normativa en cuestión, adecuándola al principio de buena regulación y corrigiendo algunas lagunas normativas que obligan, en muchos casos, a una interpretación analógica de la norma, lo que crea inseguridad jurídica y confusión tanto en el seno de la Administración como a las que se relacionan con ella.

Entre las medidas de simplificación, podemos destacar la eliminación de la exigencia de depósitos previos a las personas denunciantes o interesadas en los procedimientos de investigación y de deslinde, así como la supresión, con carácter general, de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, cabe señalar la ampliación del plazo de duración de las concesiones de dominio público y la introducción de nuevos supuestos de adjudicación directa tanto para éstas como para la adquisición a título oneroso y enajenación de bienes inmuebles patrimoniales. También es objeto de modificación el régimen de autorizaciones para la enajenar bienes tanto inmuebles como muebles. En materia de arrendamientos se elimina el informe de la Dirección General de Patrimonio cuando aquéllos tienen por objeto la organización de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos y su plazo es inferior a tres meses. Todo este conjunto de medidas permite eliminar trámites superfluos o reiterativos sin merma de las garantías inherentes a los procedimientos administrativos, con el consiguiente ahorro procedimental y reducción de plazos.

En cuanto a la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad y la necesaria conciliación entre ésta y las medidas propuestas, la modificación de la normativa permitirá disponer de una Administración más ágil y eficaz en su actuación, coadyuvando de forma más eficiente a la reactivación de la actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma en un contexto de crisis derivada de diversos y sucesivos factores (COVID-19, guerra de Ucrania, crisis energética, etc.) y a reforzar la seguridad jurídica como elemento estructural y necesario del tráfico jurídico.

Ya se ha señalado cómo la actual legislación en materia de patrimonio adolece de una importante falta de adecuación a la realidad del tráfico jurídico actual. Ello, comporta constantes incidencias en lo que a la gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se refiere tales como la inexistencia de ciertas figuras necesarias y habituales en la gestión patrimonial de otras Administraciones Públicas, el establecimiento de requisitos procedimentales que dificultan notablemente la tramitación de los expedientes, o la falta de claridad de determinados aspectos que generan inseguridad jurídica y confusión.

De este modo, suele ser habitual que la tramitación de los expedientes patrimoniales se extienda por varios años a través de un procedimiento complejo, desactualizado, poco claro y con importantes trabas para la persona administrada. La conclusión de estos expedientes se retrasa notablemente y, como consecuencia, también la satisfacción de los intereses públicos afectados. Existen en la actualidad en la Dirección General de Patrimonio más de 500 expedientes patrimoniales abiertos cuya duración se extiende por varios años, número que se prevé aumente en los próximos años.

Debe tenerse también en cuenta el proceso de puesta en valor del patrimonio de la Comunidad Autónoma en el que esta Administración se encuentra inmersa. Mediante Acuerdo de 4 de julio de 2023, del Consejo de Gobierno, se toma conocimiento del inicio de la elaboración de un Plan Estratégico de sedes administrativas de la Junta de Andalucía cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma que aborde las carencias existentes, haga frente a la situación patrimonial actual, prepare a la Junta de Andalucía para los retos del futuro y reduzca el coste que supone para la Hacienda Pública, siendo una de las líneas estratégicas para la consecución de tal objetivo la optimización del patrimonio de la Junta de Andalucía y sus agencias.

En concreto, las medidas en materia de uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público, disponibilidad de los bienes patrimoniales y uso y explotación de los bienes patrimoniales tienen por objetivo fundamental potenciar la puesta en valor del patrimonio autonómico, permitiendo que los bienes integrantes del mismo puedan ser objeto de uso, disposición y explotación a través de un régimen jurídico más ágil y eficaz y dotado de mejores instrumentos jurídicos. Estas medidas coadyuvarán a la optimización del patrimonio de la Comunidad Autónoma, incidiendo de forma directa no sólo en la actividad económica y su recuperación, sino que también permitirán a la Administración dotarse de los recursos necesarios para la aplicación de sus políticas públicas. Lo mismo cabe predicar de las medidas relativas al procedimiento de investigación, de deslinde, precisamente porque dichas medidas son tendentes a agilizar los trámites administrativos afectantes a la depuración de la situación física o jurídica de los bienes y derechos, paso previo e imprescindible a su puesta en uso, disposición o explotación. Mención específica requiere la ampliación del plazo de resolución del procedimiento de investigación cuyo fundamento se encuentra en una necesidad extraordinaria y urgente de dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable. Ni la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, fijan un plazo máximo para resolver los procedimientos de investigación patrimonial. Esto implica importantes dudas interpretativas sobre si ha de regir en estos procedimientos el plazo general fijado por la normativa administrativa o el plazo especial contemplado en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La existencia de un peligro de caducidad alto en este tipo de procedimientos y su gran importancia en lo que al patrimonio autonómico se refiere, fundamentan la situación de extraordinaria y urgente necesidad.

Las medidas en materia de adquisición de bienes y derechos tienen análoga virtualidad. La adquisición permite a la Administración autonómica dotarse de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines y actuar de forma directa sobre la actividad económica tanto desde el punto de vista del propio negocio jurídico de adquisición como desde el de la afectación de los bienes y derechos adquiridos a la satisfacción de los intereses públicos. El conjunto de medidas contempladas en este apartado permitirá al sector público dotarse, tanto en compra como en arrendamiento, de dichos bienes y derechos de una forma más ágil y eficaz y con instrumentos jurídicos adaptados a la realidad del tráfico jurídico, con destino a promocionar y agilizar la actividad económica.

También tienen una incidencia directa sobre la actividad económica y su reactivación las normas en materia de operaciones societarias. El sector público instrumental andaluz es uno de los agentes principales del tráfico jurídico mercantil de la Comunidad Autónoma. Disponer de una normativa patrimonial adaptada a la realidad del tráfico mercantil y con instrumentos ágiles es esencial para su efectiva intervención como operadores de mercado. Consecuencia ineludible para mantener la seguridad jurídica es la inclusión de una nueva disposición adicional relativa al régimen de creación y extinción de las fundaciones del sector público andaluz y de la aportación de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma. La actual redacción de los artículos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma se refiere a «entidades privadas» incluyendo entre éstas, las fundaciones del sector público andaluz. Dicha redacción no resulta adecuada desde el punto de vista técnico-jurídico, pues a pesar de incluirse, como hemos señalado, las fundaciones del sector público andaluz, sin embargo, el contenido de los preceptos es incompatible en ciertos puntos con la naturaleza intrínseca de las fundaciones que, por ejemplo, no tienen un capital social dividido en acciones o participaciones. Así, se actualiza la redacción de los artículos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma sustituyendo la referencia a entidades privadas. No obstante, con objeto de evitar una desregulación de aquellos aspectos que se consideran necesarios relativos a las fundaciones del sector público andaluz, se incluye una nueva disposición adicional específica.

Consecuencia lógica de todo lo anterior es la adecuación, también, de la medida relativa a la inscripción de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma. Todas las medidas expuestas hasta el momento y que persiguen la reactivación de la actividad económica de la Comunidad Autónoma, pivotan sobre la existencia de procesos ágiles, entre ellos de inscripción de los bienes y derechos autonómicos. De este modo, la medida propuesta, tendente a la eliminación de un trámite que se considera no aporta valor añadido al procedimiento administrativo, permitirá reducir los plazos y, con ello, la puesta en valor del patrimonio autonómico, agilizando su uso, disposición y explotación.

Y lo mismo cabe exponer respecto a las modificaciones que se contemplan del Reglamento del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que regulan trámites de modificaciones legales vinculadas a combatir la situación de extraordinaria y urgente necesidad según lo hasta ahora justificado. Como quiera que el citado Reglamento reproduce en buena medida los preceptos de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, las modificaciones de aquel derivan inmediatamente de la justificación de esta y, a mayor abundamiento, se ven fundamentadas por razones de seguridad jurídica de extraordinaria y urgente necesidad.

Por último, se modifica la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo referente a determinadas tasas en materia de publicidad oficial, industria, energía y minas; agricultura, ganadería, pesca marítima y medio ambiente.

Ninguna de las modificaciones previstas supone incremento en las cuotas tributarias aplicables, teniendo por objeto la mejora de la regulación normativa, que se hace precisa para la correcta delimitación de los servicios y actividades gravadas, evitando problemas interpretativos a la hora de aplicar las tasas, con lo que se consigue una mayor seguridad jurídica. A este respecto, pueden citarse las mejoras destinadas a aclarar supuestos en que la tasa no será exigible, así como aquellas destinadas a facilitar la correcta aplicación de los beneficios fiscales establecidos. En otras ocasiones se trata de adaptar la regulación vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, resultando necesario modificar la regulación de la tasa en aquellos supuestos en que la solicitud ha sido sustituida por una declaración responsable; o bien de simplificar y agilizar la gestión de las tasas.

Igualmente se considera necesario y urgente corregir los problemas detectados en la gestión y aplicación de las tasas desde la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para posibilitar la correcta aplicación de las tasas y de los beneficios fiscales establecidos en dicha Ley, pues de lo contrario podrían devenir inaplicables o dar lugar a interpretaciones diversas tanto por parte de los contribuyentes como del órgano o entidad a la que corresponda la gestión de las tasas, lo que resulta contrario a la seguridad jurídica.

XII

La Administración educativa andaluza ha venido asumiendo un absoluto compromiso con la simplificación de las cargas administrativas en el sistema educativo en general y en los centros educativos en particular, para lo que se ha venido trabajando en simplificar procedimientos de manera garantista con el objeto de que el sistema educativo funcione de manera más eficiente y eficaz.

Se hace necesario llevar a cabo la modificación de diversas normas en el ámbito de las autorizaciones de centros y enseñanzas, así como en el del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados con el propósito de facilitar los trámites tanto de los participantes en el proceso educativo como de aquellas personas que quieran formar parte del mismo en aras de la prestación de un servicio educativo de calidad y del acceso a la educación de forma ágil, suprimiendo trabas administrativas.

En lo que respecta a los procedimientos de autorización para la apertura y funcionamiento de centros docentes privados, así como de escuelas de música y danza, se encuentran regulados por los Decretos 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general, 193/1997, de 29 de julio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas, y 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las escuelas de música y danza. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de los mismos, se han dictado numerosas normas, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, entre otras, que representan una importante apuesta por las medidas de simplificación administrativa y la generalización de la administración electrónica, sin que estas medidas se hayan aplicado a los procedimientos de autorización de centros privados. De ahí surge la necesidad de abordar la modificación de los decretos anteriormente mencionados, en lo que se refiere a simplificación de trámites, tramitación electrónica y, en consecuencia, reducción de plazos.

De esta forma, se ha considerado imprescindible la implementación de la tramitación electrónica completa de estos procedimientos, abarcando desde la presentación de solicitudes hasta la notificación de las resoluciones correspondientes. A partir de este momento, todas las solicitudes que se presenten deberán serlo exclusivamente por medios electrónicos, tanto las de titulares de centros que sean personas jurídicas, por aplicación directa del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como las de titulares que sean personas físicas, al darse los requisitos establecidos en el artículo 14.3 de la misma norma. En este sentido, cabe señalar que la gran mayoría de titulares de centros docentes son personas jurídicas, entendiéndose que, en el escaso margen de titulares que son personas físicas, éstas tienen suficiente capacidad económica, técnica y profesional como para disponer de los medios electrónicos necesarios, por la propia naturaleza de la actividad económica y docente que desarrollan.

Además de lo anterior, se ha estimado pertinente adoptar una medida de simplificación del procedimiento de autorización regulado por el Decreto 109/1992, de 9 de junio, que permitirá reducir las cargas administrativas, así como los plazos para la obtención de la autorización de apertura y funcionamiento de los centros docentes de su ámbito de aplicación, consistente en la eliminación de los dos informes previstos en el artículo 7 en el supuesto de que no sea necesaria la realización de obras. Teniendo en cuenta que estos informes se configuran como una garantía para la persona promotora de un centro, al contar con un pronunciamiento de la Administración educativa sobre la viabilidad de un determinado proyecto de obras con anterioridad a la inversión que supone su ejecución, su emisión resulta del todo innecesaria en el caso de inmuebles ya existentes que no precisen obras de acondicionamiento por cumplir ya con los requisitos de instalaciones establecidos en la normativa vigente.

Por otro lado, atendiendo a los criterios de simplificación administrativa basados en la supresión de trámites innecesarios y reducción de la documentación requerida a las personas interesadas y normalización documental se hace necesario revisar la documentación requerida en la normativa reguladora de los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados. En este sentido el artículo 43.3 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato se dispone que: «La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada y tutela deberá ser firmada por alguna de las personas que ejercen su representación legal y que ostentan la guarda y custodia. En el caso de que dicha persona no sea el padre o la madre, deberá presentarse copia autenticada del documento que acredite la tutela legal. En el caso de menores en situación de acogimiento la solicitud será firmada por alguna de las personas que ostentan la guarda y deberá presentarse copia autenticada del documento que acredite el acogimiento», y el artículo 17.5 de la Orden de 20 de febrero de 2020 establece que «A efectos de acreditar la situación de adopción u otras medidas de protección de menores a que se refiere el artículo 20.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, la persona solicitante deberá aportar copia autenticada del documento que acredite dichas situaciones expedido por la Consejería competente en materia de protección de menores».

En estos supuestos se considera de interés que en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre las personas acogedoras que solicitan la escolarización de una persona menor de edad no recaiga la obligación de presentar, entre la documentación a aportar en el inicio del procedimiento de escolarización, copia autenticada del certificado donde conste que la persona menor de edad se encuentra bajo la tutela de la Administración de la Junta de Andalucía y donde conste que sobre esa persona acogedora se ha delegado la guarda.

Dado que en este supuesto de protección de menores es la propia Administración de la Junta de Andalucía la representante legal de la persona menor de edad puede verificar este hecho sin necesidad de que la persona solicitante tenga que acudir a otro órgano de la propia Administración para que le expidan esa certificación y a renglón seguido presentar la copia autenticada.

La escolarización de las personas menores de edad que son tuteladas por la Administración de la Junta de Andalucía, lo es en muchas ocasiones mediante el procedimiento extraordinario contemplado en el artículo 51 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, una vez finalizado el procedimiento ordinario para la escolarización. Esta situación se da cuando la Administración Pública resuelve un procedimiento de situación de desamparo y adopta una medida de protección, hecho que ocurre en cualquier momento del año en curso, y por tanto puede darse fuera del procedimiento ordinario de escolarización. Por ello es necesario que esta medida de simplificación se adopte de forma inminente permitiendo así agilizar el procedimiento de escolarización de los menores tutelados.

Por todo lo expuesto y al concurrir en los procedimientos administrativos referidos las circunstancias de resultar indispensables para la protección del interés general y para el funcionamiento básico de los servicios, en tanto que afectan a medidas y facultades relativas al servicio público educativo, resulta urgente y necesario adoptar las modificaciones que se proponen, en aras a la simplificación de los procedimientos regulados en la citada normativa.

XIII

El sector comercial, y en especial el de gran consumo, esto es, alimentación y productos de primera necesidad, higiene personal y del hogar, viene sufriendo desde hace más de dos años las consecuencias de una coyuntura extremadamente negativa por los incrementos de los precios de las materias primas e insumos, crisis energética (encarecimiento de carburantes y electricidad), sequía, temperaturas anómalas, etc. Esto ha situado a toda la cadena de valor de gran consumo en una situación de máxima dificultad y tensión inflacionista, en la que la acumulación de festivos cerrados conlleva un grave perjuicio para empresas, trabajadores y consumidores.

El incremento de los precios en el último año y medio ha alcanzado cifras récord de inflación de alimentos, llegando a estar el IPC por encima del +15% de incremento y situándose el pasado mes de septiembre en el +10,5%, con un acumulado desde 2021 del +26%. Además, la acumulación de dos o más festivos continuados provoca también un incremento de costes a las empresas alimentarias, especialmente por el desperdicio alimentario que supone fundamentalmente en el caso de los productos frescos y perecederos, lo que suele llevar aparejado una subida de precios. El desperdicio alimentario es uno de los mayores problemas de las sociedades modernas y de los países desarrollados; concretamente en España se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año, entre un 30% y un 50% de los alimentos comestibles acaban desechados, correspondiendo un 5% de dicho desperdicio a la distribución comercial alimentaria. Del mismo modo, también provoca la imposibilidad de abastecimiento de las tiendas habituales, afectando especialmente a los consumidores más vulnerables. Por último, los cambios en los hábitos de compra de las personas consumidoras, que requieren cada vez más de la máxima inmediatez en la compra y que están habituados a la presencia 24/7 de los comercios on line, hacen necesario que, los comercios físicos no estén cerrados más de un día seguido.

Por todo ello, y con la finalidad de favorecer la reactivación de la economía andaluza y facilitar el ejercicio de la actividad comercial en nuestra región, se hace necesario llevar a cabo las necesarias modificaciones normativas que deriven en una adecuada mejora de la regulación del ejercicio de esta actividad que ofrezca un marco lo menos restrictivo posible y estimule la actividad de nuestros establecimientos comerciales y permita adaptar la oferta de cada municipio a las características específicas de la demanda comercial. Por tanto, con esta modificación se mejora y flexibiliza el calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos en Andalucía y, el régimen de permutas establecido en el artículo 19, priorizando el criterio de la apertura obligatoria cuando se produzca la acumulación de festivos cerrados, concretando y aclarando los plazos de las permutas y la limitación para que ningún caso esta figura de lugar a un aumento de días de apertura. Con las modificaciones propuestas se mejora la regulación y el procedimiento, derivadas de la experiencia acumulada en la tramitación y de las demandas reiteradas del sector a través, tanto de la Mesa de Diálogo Social de Comercio como del Consejo Andaluz de Comercio.

XIV

El presente Decreto-ley, al modificar el artículo 56.1 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y los artículos 3 y 5 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación de Impacto en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respeta los límites previstos en el citado artículo del Estatuto de Autonomía y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación de las exigencias previstas por el artículo 86.1 de la Constitución Española.

La modificación planteada, con objeto de avanzar en la simplificación administrativa, se refiere al informe de evaluación del impacto en la salud que se emite por la Consejería competente en materia de salud, y en concreto por los órganos determinados en el artículo 5 del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, informe que tiene por objeto valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.

En relación con esta propuesta, cabe deslindar entre lo que son los planes, programas y obras sometidos a este informe, encontrándose entre ellos los instrumentos de ordenación urbanística, de una gran trascendencia, y lo que es en sí el procedimiento de evaluación de impacto en la salud en el cual se emite el referido informe. En este sentido una mejora en el procedimiento de evaluación de impacto en la salud, facilitando su emisión en un menor plazo y evitando dilaciones indebidas, y reasignando de forma eficiente las competencias para su emisión, tiene un efecto directo en los planes, programas y obras sometidos a informe, y en especial sobre los instrumentos de ordenación urbanística.

Por un lado, la aprobación de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, ha supuesto, entre otros extremos, la determinación y simplificación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como la modificación del artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (mediante la disposición final cuarta de la Ley 7/2021), precisamente para intentar reflejar en dicho precepto los instrumentos de ordenación urbanística.

No obstante, tanto el tenor literal actual del artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, como la experiencia práctica al aplicar este precepto, hacen necesario proceder a la modificación urgente de este precepto y del artículo 5 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qué instrumentos se someten a informe, determinando asimismo la competencia para su emisión, como se analiza en apartados posteriores.

Por otro lado, dado que se va a modificar en este mismo Decreto-ley, la Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, resulta igualmente necesario reflejar este cambio en los instrumentos objeto de este informe, por las mismas razones que las indicadas respecto de la adaptación de la referida Ley 7/2021, de 1 de diciembre.

El Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del Real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente lícito siempre que el fin que justifique emplear la legislación de urgencia sea el de subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones difíciles de prever requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Estas circunstancias concurren en la propuesta de ambas modificaciones, que están ligadas entre sí, ya que la primera se refiere al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto en salud (EIS) de instrumentos de ordenación urbanística así como actividades y obras (y sus proyectos) que deban someterse al instrumento de prevención y control ambiental establecidos en el párrafo a) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y la segunda al reparto de competencias para la emisión de dichos informes y por ello se considera que tramitarlas conjuntamente ayudará a una mejor comprensión de los requisitos en materia de salud de estos instrumentos y actividades, facilitando la actividad de Ayuntamientos, Administraciones públicas y la sociedad en general.

El contenido propuesto está claramente orientado a mejorar la eficiencia administrativa, a través de una mejora en el reparto del número de informes que se deben evacuar desde los diferentes centros directivos de la Consejería con competencias en materia de salud y, especialmente, de una simplificación y aclaración del ámbito de aplicación de la evaluación de impacto en salud en el ámbito del urbanismo, lo que redundará en una mayor seguridad jurídica, una importante reducción de incertidumbres en la solicitud de informes sectoriales y, en la mayor parte de los casos, la potenciación de la figura del cribado previo, lo que permitirá concretar mejor las actuaciones que deben informarse desde salud. Este cribado permitirá también disminuir notablemente el número de instrumentos que deben someterse a evaluación de impacto en salud, reduciendo la tramitación administrativa y contribuyendo al ahorro de costes económicos y temporales.

Con la redacción propuesta se ha producido una regresión en la eficacia de la herramienta de cribado que permite agilizar extraordinariamente la tramitación de muchos instrumentos de planeamiento urbanístico. En efecto, con la redacción actual se ha apostado por una mayor concreción en la delimitación del ámbito de aplicación, especificando más las condiciones que deben cumplir los instrumentos para someterse a EIS, pero como contrapartida se ha limitado «de facto» la capacidad de discriminar con la herramienta de cribado.

Además, hay que señalar que la redacción tampoco está libre de controversias, ya que se han detectado dificultades a la hora de interpretar qué instrumentos de ordenación están sometidos a EIS y cuáles no, al depender de valoraciones técnicas que requieren conocimientos avanzados en urbanismo.

Efectivamente, la redacción actual ha incluido una condición adicional para intentar acotar el ámbito de aplicación a instrumentos de mayor trascendencia, obligando a que sólo se sometan a EIS los instrumentos de ordenación detallada «que delimiten actuaciones de transformación urbanística (ATU)». Verificar esta condición genera muchísimos problemas al personal de salud que no tiene competencia para determinar si se están delimitando o no ATUs. Esto conlleva un retraso significativo en los expedientes al tener que consultar a urbanismo si, en su opinión, los mismos deben estar sometido a EIS o no. Además, la cuestión no tiene ningún impacto diferencial en materia de impactos en salud y nos es más útil discriminar en el cribado caso a caso que poner esta condición, que resulta bastante arbitraria.

Finalmente, se ha eliminado el informe EIS que se exigía a algunos instrumentos de ordenación detallada, los que afectasen a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o cuando tengan una especial incidencia en la salud humana, porque no existe en estos momentos una normativa en vigor que delimite ese tipo de áreas y desde la experiencia de años de aplicación de la EIS es muy poco probable que otros instrumentos de ordenación detallada (por el tipo de modificaciones que pueden llegar a realizar) puedan tener impactos sobre la salud lo suficientemente importantes como para destinar recursos a su evaluación.

Asimismo, la redacción del apartado 56.1.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, queda justificada como consecuencia de la modificación que se va a realizar sobre la Ley 7/2007, de 9 julio, donde se propone la eliminación del actual Anexo I y en su lugar hacer referencia directamente, para los instrumentos de prevención existentes, de Autorización Ambiental Unificada y Autorización Ambiental Integrada, a los anexos de la normativa básica estatal que en cada caso corresponda, así como la creación un nuevo instrumento de prevención y control ambiental, que se denomina Autorización Ambiental Unificada simplificada, que integrará el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, y se referirá a los proyectos así establecidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se crea un nuevo Anexo, que se ha denominado Anexo I (Categorías de actuaciones sometidas a Calificación Ambiental y a Declaración Responsable de los efectos ambientales, para incluir las actuaciones que se someterán a estos instrumentos de prevención).

El resto de las modificaciones menores que se han introducido en el texto se refieren a correcciones de errores en la denominación de instrumentos y a una redacción más ordenada y sencilla de los mismos, eliminando, por ejemplo, redacciones por exclusión.

La modificación del Decreto 169/2014, se refiere a dos artículos, el 3, referido al ámbito de aplicación, con el objetivo de que sea coherente con la ley a la que desarrolla, transcribiendo exactamente el contenido del artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre; y el 5, relativo al órgano competente, con el fin de aclarar las competencias para emitir los informes de forma coherente al nuevo ámbito de aplicación. La modificación de las competencias tiene como objetivo optimizar los recursos personales de la administración sanitaria andaluza. Con la redacción actual, la mayor parte de los expedientes están asignados a la Dirección General con competencias en materia de salud pública, lo que está generando un cierto colapso en la tramitación de expedientes. La propuesta de competencias que se hace pretende aliviar esta situación con una distribución basada en el criterio territorial habitual en la administración andaluza. Este reparto ayuda a una mejor distribución en la carga de trabajo y reduce los plazos de contestación en aquellos casos que por la complejidad del expediente se estime oportuno, se podrá solicitar la conformidad del órgano directivo en materia de salud pública, sin menoscabo de las actuaciones de coordinación, asesoramiento y asistencia técnica que de forma continua se realizan desde este órgano directivo.

Esto permite incrementar la eficiencia de la labor previa necesaria a realizar por la Administración Sanitaria en orden a la emisión de este informe, que debe ceñirse a aspectos estrictamente sanitarios, y ello redunda en la simplificación administrativa de las tareas necesarias para su desarrollo y ejecución, a la par que supone una garantía de salvaguarda respecto de la salud de la ciudadanía, al facilitar a la Administración Sanitaria la emisión de estos informes centrados en ese aspecto.

La agilización de la tramitación de instrumentos tanto de planeamiento urbanístico como de prevención y control ambiental sometidos a evaluación de impacto en salud, tiene consecuencias inmediatas y directas sobre los operadores económicos porque una buena parte de las actuaciones que se llevan a cabo tienen como objetivo primordial la habilitación de actuaciones con un gran impacto sobre la economía y el empleo, desde la construcción de viviendas, la implantación/ampliación de actuaciones comerciales, logísticas la implantación de proyectos industriales e infraestructuras o la regulación de las actividades de construcción o rehabilitación de inmuebles en el municipio.

La simplificación que se propone supone una importante reducción de tiempos de tramitación de los expedientes de urbanismo por tres vías: por un lado, la ampliación del ámbito del cribado a todos los instrumentos de ordenación urbanística frente a únicamente las modificaciones como es el caso actual. Esto supone en términos temporales que la intervención de la Consejería con competencias en materia de salud pase de un plazo máximo de tres meses a únicamente 30 días. Por otro lado, supondrá la simplificación del ámbito de actuación, eliminando la comprobación de si los instrumentos delimitan actuaciones de transformación urbanística, y por último, supondrá la desconcentración de la competencia de firma de los informes de una única persona, esto es la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a las 8 personas titulares de las Delegaciones Territoriales.

Por todo lo anterior, se entiende que estas modificaciones van a suponer una importante ventaja a los operadores económicos en Andalucía. En particular, esta ventaja será especialmente notoria en los casos en que las modificaciones de planeamiento sólo estén sometidas a evaluación de impacto en salud, con lo que la ganancia en plazos en este trámite resulta fundamental para agilizar la actuación de los Ayuntamientos y, como consecuencia de ello, mejorarán los plazos para resolución de expedientes promovidos por los operadores económicos.

Por otro lado, debido a razones de eficacia administrativa, se considera procedente la nueva distribución de competencias. Esto redundará también en el acortamiento de plazos, al menos desde el punto de vista de la emisión del informe EIS preceptivo.

Una interpretación extensiva y social del principio de simplificación administrativa recogido en el artículo 6 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, conduce a eliminar la exigencia de requisitos desproporcionados en los procedimientos administrativos, o establecer la posibilidad de ampliar un plazo previa comunicación, en aquellos supuestos donde se exige a las personas interesadas la actuación en un determinado sentido en ese plazo, cuando su incumplimiento conlleve consecuencias desfavorables e irreversibles para las mismas. Una plasmación de esto sería la modificación pretendida del artículo 40.1.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, respecto del plazo establecido para transmitir oficinas de farmacia y cuyo incumplimiento determina la caducidad de las autorizaciones de instalación y funcionamiento de esta, con su cierre definitivo, y del artículo 43.1.b) de esta Ley que se refiere al requisito de antigüedad exigido para los traslados voluntarios de oficinas de farmacia.

Sobre la base de los principios de eficiencia, racionalización de los procedimientos administrativos y servicio efectivo a la ciudadanía, se considera necesario también introducir determinados elementos en lo que respecta al procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, tanto en lo que se refiere a la ponderación de las necesidades de asistencia farmacéutica a tener en cuenta en dicho procedimiento, lo que se aborda en la modificación del artículo 31 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y del artículo 3.2.a) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, como al número de las oficinas de farmacia a adjudicar en la primera fase del procedimiento y los requisitos de participación de las fases segunda y tercera, lo que se aborda en la modificación del artículo 41.1.a) y 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los artículos 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero; y finalmente los requisitos para la transmisión inicial de las oficinas de farmacia adjudicadas por concurso público, lo que se aborda en la modificación del artículo 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre. Todos estos aspectos relativos a la planificación farmacéutica y a las adjudicaciones, transmisiones y traslados voluntarios de oficinas de farmacia, se enmarcan dentro de la ordenación farmacéutica, que se encuentra definida en el artículo 2.o) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.

La modificación de los artículos 31, 40.1.b), 41.1, 41.7.b), 43.1.b) y 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los artículos 3.2.a), 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se entiende necesaria por razones de interés general y oportunidad. Se trata de medidas favorables al sector privado justificadas en cuanto a su urgencia por la actual coyuntura económica, en un momento de alza generalizada de los precios, posibilitando la pervivencia de oficinas de farmacia ampliando el plazo en que ha de transmitirse, e incrementando el margen de iniciativa de sus titulares en orden a solicitar traslados voluntarios, considerando que ambas situaciones pueden producirse con la actual situación económica, todo ello sin dejar de exigir los restantes requisitos previstos actualmente que garantizan una calidad en el servicio y una permanencia y continuidad en la prestación del mismo. Además, tales medidas se integran junto con las restantes contempladas en el presente Decreto-ley con el fin de obtener un efecto favorable.

El incremento de las oficinas de farmacia reservadas a fase primera del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, recogido en el artículo 41.1.a) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y reflejado igualmente en el artículo 4.a) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se encuentra justificado, considerándose necesario este incremento del 20% al 50% al posibilitar una promoción, a través de los concursos públicos para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, de un mayor número de los titulares de las oficinas de farmacia andaluzas que prestan servicio en núcleos con población que no supera los 1.000 habitantes.

El cambio de los requisitos de acceso a las fases segunda y tercera del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia (que se recoge en los apartados b) y c), del artículo 41.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y se refleja en los apartados b) y c) del artículo 4 y el artículo 8.4 del Decreto 36/2018, de 6 de febrero), implica que en la fase tercera del procedimiento se adjudiquen las oficinas de farmacia vacantes derivadas de las ratificaciones realizadas por los titulares de oficinas de farmacia en la fase primera y la propia fase tercera del procedimiento, así como las convocadas y no adjudicadas en las fase primera y segunda. Este cambio implica, por ello, la modificación de lo recogido en el artículo 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, que se refleja a su vez en el artículo 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero e implica, asimismo, la modificación de las reglas procedimentales contenidas en el artículo 17 del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, sobre la oferta de oficinas de farmacia a quienes participan en la fase tercera del procedimiento.

La justificación a que responden estos cambios propuestos para las fases segunda y tercera de la convocatoria de oficinas de farmacia es que con ellos se fomenta la actividad productiva en Andalucía mediante el acceso a la actividad empresarial de profesionales que trabajan por cuenta ajena, como son los farmacéuticos adjuntos, con experiencia en la atención farmacéutica comunitaria, así como de otros profesionales farmacéuticos de distintos sectores o que se encuentran actualmente en situación de desempleo, dando también opciones de empleo y salida profesional a los titulados de nueva generación.

La conjunción de todos los cambios operados mediante la modificación de los artículos 31, 41.1, y 41.7.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y los artículos 3.2.a), 4, 8.4, 17 y 19.1.b) del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, vienen a configurar un marco económico y social de estabilidad en el sector en una doble vertiente: en cuanto a la solidez de las nuevas oficinas de farmacia que se abran por concurso y en cuanto a la consecuente generación por las mismas de empleo estable, favoreciendo a su vez a aquellos municipios donde abran estos establecimientos. Todo ello apoyado por la oportunidad de sopesar las necesidades reales de asistencia farmacéutica de la población desde la perspectiva sanitaria.

Por tanto, estas medidas, además de considerar en la planificación farmacéutica las necesidades reales de la población desde la perspectiva sanitaria, se plasman en la apertura de nuevos negocios cuya principal característica es la durabilidad y firmeza, siendo por tanto generadores de empleo estable. La urgencia de las modificaciones propuestas responde, además de lo que ya se ha señalado en la presente justificación, a la necesidad de establecer estas medidas para su aplicación a la inminente convocatoria de concurso público de nuevas oficinas de farmacia que habrá de convocarse en aplicación del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, que tuvo entrada en vigor el día 13 de febrero de 2018 y que prevé convocatorias al menos cada 5 años, estando pendiente convocar la primera.

La modificación propuesta para el artículo 43.1.b) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, circunscribe el requisito de permanencia exigidos a los traslados voluntarios de oficinas de farmacia, a que el local haya mantenido la misma ubicación los últimos tres años, suprimiendo el requisito adicional previsto actualmente de que se haya mantenido la titularidad en ese mismo plazo anterior a la fecha de solicitud de autorización de traslado voluntario. La supresión de la exigencia de una determinada permanencia en la titularidad al solicitante del traslado voluntario está eliminando un obstáculo que en caso contrario determinaría la denegación del traslado, por lo que amplía el margen de actuación y decisión de los titulares de oficinas de farmacia respecto de locales que cumplen objetivamente todas las condiciones.

La modificación propuesta para el artículo 47.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, se justifica porque se entiende necesario dotar de mayor continuidad a las nuevas oficinas de farmacia que se adjudiquen y abran tras la entrada en vigor de esta modificación de la Ley, a fin de consolidar su implantación a cargo de la persona adjudicataria, estableciendo un mínimo de 10 años antes de su primera transmisión. Se entiende que éste es un proyecto vital que debe ser mantenido en el tiempo, dado el carácter comunitario del servicio y la atención personalizada que las oficinas de farmacia prestan a sus usuarios gracias a la cercanía y conocimiento de las condiciones de salud, características y entorno de las personas a las que atienden.

Este plazo se considera proporcionado, similar al establecido para poder participar en la fase primera de las convocatorias de concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia por parte de titulares y cotitulares de oficinas de farmacia en núcleos o municipios de menos de 1.000 habitantes.

En aras de la simplificación administrativa, se propone la derogación de la Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los cursos de formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y ello porque, el régimen de autorizaciones a las que están sometidas dichas entidades de formación no está amparado por una norma de rango legal.

En materia de prevención de legionelosis se ha publicado una nueva normativa estatal básica, mediante el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Dicha regulación establece, en su artículo 18, nuevos requisitos en cuanto a la formación del personal, estableciendo un régimen transitorio tanto para la vigencia de los certificados de formación como para la posibilidad de celebrar nuevas ediciones de estos por causas excepcionales. El régimen transitorio impuesto establece, per se, la prórroga de la validez durante un plazo de cinco años de los certificados de aprovechamiento, por lo que no tiene sentido que se celebren ediciones de cursos de actualización, toda vez que la validez del curso inicial ya se considera prorrogada durante los próximos cinco años.

Por todo lo anterior, se considera imprescindible habilitar durante 5 años la celebración de cursos que, si bien se organizan por entidades autorizadas conforme a la normativa anterior, se adaptan en su contenido a la normativa actual. Esta medida permite garantizar la existencia de suficiente personal formado en nuestra Comunidad Autónoma, que cuentan con numerosas instalaciones que requieren de la participación de dicho personal en aras a hacer efectiva las medidas sanitarias contempladas en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, todo ello antes de final de verano y otoño de este año, que es cuando se produce la mayor frecuencia de casos de una enfermedad, todo lo cual justifica la urgencia en la adopción de este cambio normativo.

Por otro lado, se incorpora el principio de transparencia dando publicidad a la posibilidad de que el plazo de transitoriedad para celebrar los cursos pueda reducirse. Además, se incorpora el principio de congruencia ya que no se puede perder de vista que la normativa ha cambiado, lo que conlleva que el contenido del curso debe ajustarse a lo que se recoja en el nuevo ámbito normativo, no teniendo sentido que los contenidos sean según el ámbito normativo ya derogado. Para ello, en virtud del principio de transparencia se dará difusión de una guía que establezca la actualización de los contenidos.

La medida conjuga los derechos e intereses legítimos tres partes que se ven beneficiadas a corto plazo: la ciudadanía que es la beneficiaria final de que la existencia de suficiente personal formado en estas labores que previenen la legionelosis; las entidades autorizadas previamente que ven como este cambio normativo no impide el mantenimiento de su actuación formadora y donde solo tienen que adaptarse a los nuevos contenidos; y el personal interesado en tener esta formación a fin de realizar su desempeño profesional actual en estas labores de claro contenido sanitario y social, tanto los que van a querer incorporarse a este sector como aquellos que recibieron formación anterior y deben adaptarse a los nuevos contenidos exigidos.

Todo lo anterior justifica la necesidad de adoptar la medida a corto plazo, sin acudir a un desarrollo reglamentario que tardaría más en aprobarse, lo que justifica de un lado la urgencia en adoptar la medida, y de otro, el mecanismo del Decreto-ley para incluirla citando en el mismo la normativa reglamentaria a que se refiere la misma.

En materia de policía sanitaria mortuoria se aprobó en Andalucía el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Debido al tiempo transcurrido desde su aprobación y considerando los cambios experimentados en cuanto a los usos y costumbres en torno a la muerte, así como los avances técnicos experimentados en la prestación de servicios por parte de las empresas del sector funerario, los cuales han contribuido a reducir los riesgos sanitarios de la actividad, se hace necesario que, se lleve a cabo una adaptación de la normativa vigente a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, mediante la simplificación administrativa y el establecimiento de los requisitos estrictamente necesarios.

Además, la evolución de los desarrollos legislativos autonómicas en el ámbito de la sanidad mortuoria ha generado una heterogeneidad normativa que en ocasiones ha supuesto situaciones de difícil gestión por una falta de compatibilidad entre las normas autonómicas, por lo que la Comisión de Salud Pública de 24 de julio de 2018 aprobó la «Guía de Consenso de Sanidad Mortuoria», a cuyo contenido se hace necesario adaptar el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.

Como consecuencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que contiene el régimen jurídico aplicable a las actividades económicas, es necesario proceder a adecuar el régimen administrativo para el desarrollo de la actividad de traslado de cadáveres que, en base a la clasificación actual de la normativa, no supongan ningún riesgo sanitario, proponiendo eliminar las autorizaciones para el traslado de cadáveres del grupo 2 dentro del territorio nacional, ya que dicho requisito no comportaba una mayor seguridad ni garantía sanitaria en cuanto a las condiciones de traslado de cadáveres para la protección de la salud pública.

Además, dado que el traslado de restos cadavéricos está también regulado en el artículo 23.4 del Reglamento y plantea la actual redacción una autorización por parte de los órganos responsables del cementerio, se propone una modificación en el sentido de que quede claro que dicha actividad no necesita autorización sanitaria.

Se propone modificar, por tanto, el artículo 14, eliminando de su contenido la autorización sanitaria prevista de las Delegaciones Territoriales o Provinciales competentes en materia de salud. Asimismo, se propone modificar el contenido del artículo 23.4 de dicho Reglamento para eliminar la autorización por parte de los órganos competentes del cementerio, haciendo hincapié que la exhumación, conducción y traslado no necesitan de autorización sanitaria y que el procedimiento para llevarse a cabo deberá regularse dentro de las Ordenanzas municipales, en el caso de cementerios municipales, y/o del reglamento de Régimen Interior, en el supuesto de cementerios privados y/o lugares de enterramiento. Resulta evidente que esta medida, suprimiendo por innecesaria una autorización que no tiene justificación sanitaria, tiene al mismo tiempo una finalidad humanizadora, a la par que agiliza la labor de las empresas especializadas. En el actual contexto social y económico, y tras haber vivido una situación traumática, provocada por la Covid-19, una medida a corto plazo dirigida a suprimir trabas al traslado de cadáveres, evitando gasto económico a empresas y particulares, racionalizando recursos de la Administración, y procurando una actuación rápida por parte de las empresas especializadas he dicho traslado, se encuentra perfectamente justificada tanto en su adopción como en su urgencia, enmarcándose en el conjunto de medidas contempladas en este Decreto-ley.

Los Comités de Ética de la Investigación (CEI) representan un capítulo nuclear dentro de la evaluación ética de las investigaciones en salud y constituyen la base fundamental de los sistemas de evaluación de investigación biomédica. Gran parte del cuerpo normativo internacional, como las regulaciones nacionales y autonómicas, se ocupan de establecer criterios para su conformación y para asegurar que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, asegurando la protección de las personas participantes de las investigaciones y manteniendo su independencia de conflictos de interés que desvíen el objetivo de su trabajo.

Su contribución a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y potenciales de la investigación, asegurando que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, así como resguardando la relevancia y corrección científica del protocolo de investigación que se somete a su consideración, obliga a las mejoras normativas que se acompañan.

En el ámbito de los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, no establece un plazo para la emisión de los dictámenes preceptivos a emitir por los Comités de ética de investigación ni el sentido del silencio administrativo.

La investigación biomédica, en muchos casos financiada por entidades públicas, está sujeta a estrictos plazos de ejecución de modo que el tiempo que tengan que esperar al dictamen podría suponer una traba administrativa. Al objeto de agilizar el trámite, se propone limitar el plazo para la emisión de los dictámenes de los comités a tres meses frente a la actual regulación que por defecto es de seis meses.

La modificación del artículo 21.5 de dicho decreto va a mejorar el funcionamiento del Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Salud y la atención de los intereses generales en materia de investigación en salud, contribuyendo a la consecución de los objetivos económicos financieros, mediante la necesaria simplificación de trámites de gestión en las entidades que forman parte del Sistema, facilitando así el funcionamiento de los mismos y evitando el posible colapso administrativo derivado de la no atención de las especificidades propias del funcionamiento y organización de la investigación.

Asimismo, se hace necesario enfatizar en lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, en relación con los requisitos de evaluación y autorización de toda investigación biomédica que comporte un procedimiento invasivo en el ser humano. Se requiere la evaluación previa por el Comité de Ética de la Investigación correspondiente al proyecto de investigación presentado, favorable y debidamente motivada que tendrá en cuenta una serie de factores descritos en la Ley, así como la autorización por el órgano autonómico competente. A tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, y en aras a garantizar una investigación de calidad y utilidad y preservar la seguridad jurídica mediante el control del cumplimiento del procedimiento conforme a los protocolos de investigación aprobados, se reformula el apartado c) del artículo 7.2. del Decreto 8/2020 en relación a los objetivos y funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía

Además, el artículo 7.3 del Decreto 8/2020, de 30 de enero, relativo a los objetivos y funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, atribuye a dicho Comité la función de autorizar, dentro del ámbito de sus competencias, los estudios observacionales prospectivos a realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano ha derogado expresamente los artículos 2.16, 2.18, el Capítulo VI del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y la Orden de 16 de diciembre de 2019, por la que se publican las directrices sobre estudios postautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorización de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en la citada letra d) del apartado 3 del artículo 7.

Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorización de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en el artículo 7.3.d) por lo que procede su modificación.

Por otro lado, la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, prevé, en su disposición final primera, la modificación del artículo 35 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, introduciendo un nuevo apartado 3 donde establece que no precisarán informe previo de la Comisión los proyectos de investigación con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular en los supuestos que dicho apartado establece. En estos supuestos la autorización de estos proyectos corresponderá al Comité de Ética de la Investigación correspondiente, que podrá elevar consulta a la Comisión de Garantías para la Donación y la Utilización de Células y Tejidos Humanos de estimarlo necesario.

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su artículo 9, la creación del Comité de ética, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad científica a través de un Comité de Ética y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad científica y el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía establece las funciones del Comité Coordinador de la Ética de Investigación de Andalucía (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgación de la modificación de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, que modifica las funciones de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su homólogo, el Comité Andaluz de Ética de la Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andalucía del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comité, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulación del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposición transitoria única de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresión, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la función de autorización con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular, al CCEIBA.

A fin de adaptar el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía a la nueva regulación, se atribuye al Comité Coordinador de la Ética de Investigación de Andalucía (en adelante CCEIBA) el ejercicio de la función de autorización con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular, por lo que se añade dicha función en el apartado d) del apartado 3 del artículo 7.

La experiencia en la aplicación del Decreto 8/2020 ha mostrado la necesidad de completar y/o modificar algunos aspectos del funcionamiento de los Comités de ética asistencial y de la Investigación Biomédica de Andalucía que permitan optimizar sus recursos, clarificar sus funciones y simplificar los procedimientos vigentes.

En este sentido, se modifica el apartado h) del artículo 8.2 referido al Comité Coordinador de Ética de la investigación biomédica de Andalucía y se suprime la presencia, entre las personas miembros del Comité, de la persona responsable de la Coordinación de la Estrategia de Bioética del SSPA, y se sustituye por la presencia, como miembros vocales de dos personas a propuesta del Comité de Bioética de Andalucía.

Asimismo, y para una mayor eficacia, coordinación y gobernanza de los Comités de Ética de la Investigación de Centros (CEI) que realicen Investigación Biomédica, se procede a la modificación del artículo 19, apartados 4 y 5 en el sentido de facilitar la constitución de los CEI en las Universidades Públicas y aclarar la composición del CEI con relación a la persona miembro del Comité de Ética Asistencial del centro o institución sanitaria adscrito a ese CEI.

Para mejorar la comunicación y las relaciones de la ciudadanía con la Consejería competente en materia de salud, así como la agilidad y la eficiencia en relación con la actuación administrativa relativa a los procedimientos de acreditación de los Comités de ética de la investigación biomédica, se pretende facilitar la cumplimentación de los trámites en materia de acreditación.

El presente Decreto-ley ordena la publicación en BOJA del modelo de solicitud referido al procedimiento de acreditación de los órganos de ética de investigación, y en un nuevo apartado 5 al artículo 23 introduce la tramitación electrónica y se anexan los modelos de formularios normalizados para la presentación de la solicitud de acreditación de los órganos de ética.

Se añade un nuevo apartado, el 9, al artículo 25 referido a la Acreditación de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación Biomédica al objeto de simplificar el procedimiento de acreditación en el caso de renovación de la designación de los miembros interesados en formar parte del Comité por el transcurso de cuatro años.

En consecuencia, con la modificación prevista en el artículo 23, se añade una nueva Disposición Adicional, la cuarta, denominada Aprobación de los modelos y formularios para la acreditación de los Comités de ética de investigación.

Otro cambio organizativo urge a la derogación del Decreto 69/2016, de 1 de marzo, por el que se crea y regula el Registro de personas residentes en Andalucía con anomalías connatales causadas por talidomida, y se desarrolla el procedimiento para la evaluación, y en su caso, inclusión de dichas personas en ese Registro, dado que para tener acceso a las ayudas se requiere la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validación positivo emitido por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida, por ello, y al objeto de la racionalización administrativa, se requiere la supresión del Registro regulado en el referido Decreto 69/2016, de 1 de marzo.

Procede también por razones de urgencia y extraordinaria necesidad, al objeto de facilitar la implantación de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en actividad económica y generación de empleo en el menor tiempo posible, así como la consolidación y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, en el marco de la mejora regulatoria, la modificación de Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que deja fuera de la regulación todo el ámbito no público y todo el ámbito no asistencial.

El personal residente en formación constituye el centro del sistema de formación sanitaria especializada. Esta tiene como objetivo que el personal residente en formación pueda alcanzar el nivel óptimo de conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma, en aras de una mejora continua en la atención sanitaria a la ciudadanía.

En este sentido, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, incluye en su ámbito de aplicación a toda la formación sanitaria especializada. Sin embargo, el Decreto 62/2018, de 6 de marzo, circunscribe su ámbito de aplicación al Sistema Sanitario Público de Andalucía, dejando fuera de la regulación todo el ámbito no público y todo el ámbito no asistencial, por lo que toda la formación de residentes que se desarrolle en centros de titularidad privada o centros no asistenciales, como puede ocurrir en los centros de prevención de riesgos laborales, fundaciones públicas de investigación, institutos de medicina legal y forense, y otros ámbitos contemplados en sus programas formativos e itinerarios, quedan fuera del ámbito de aplicación del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, y por tanto, pendiente de regulación.

La complejidad organizativa del modelo de formación sanitaria especializada incluyendo el ámbito no público y el ámbito no asistencial, el volumen de personas tutoras y residentes, la coexistencia con otros tipos de formación, la necesidad de facilitar la implantación de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en actividad económica y generación de empleo en el menor tiempo posible, así como la consolidación y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, la prioridad de aumentar el número de plazas acreditadas de formación sanitaria especializada en Andalucía y la necesidad de optimizar y adecuar los recursos disponibles nos llevan, en el marco de la mejora regulatoria, a la modificación del Decreto 62/2018, de 6 de marzo. Todo ello en aras del compromiso del Sistema Sanitario de Andalucía con la formación de los profesionales sanitarios que serán los futuros responsables de la atención sanitaria a la ciudadanía.

Todo ello justifica la modificación del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, para incluir en su ámbito de aplicación las plazas de formación sanitaria especializada en las instituciones privadas y en instituciones no asistenciales a la vez que se dota de un marco regulatorio adecuado a estas entidades a la hora de acreditar las plazas de formación sanitaria especializada, y permite avanzar en la configuración de un modelo global de formación sanitaria especializada basado en criterios de calidad, que promueva la adquisición de las competencias necesarias para un ejercicio profesional acorde a las necesidades de la organización sanitaria y de la ciudadanía, que apueste por la innovación docente y que articule la red de estructuras docentes que supervisan y apoyan el cumplimiento de los programas formativos, de igual modo que se garantiza una formación flexible e integrada en el conjunto de la organización sanitaria y su entorno.

Se propone también la modificación del artículo 17.1.a) y b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de droga. Dicho artículo ya fue modificado en el anterior Decreto-ley de simplificación administrativa, pero contiene una aseveración errónea con respecto a la regulación de centros sanitarios y a la realidad ya existente a la entrada en vigor de este, y es la calificación de las comunidades terapéuticas y centros de desintoxicación residencial como centros de internamiento, cuando en realidad se trata de centros de carácter residencial. En la normativa básica estatal centros de internamiento es una clasificación de centros sanitarios exclusiva de aquellos a los que se les predica el carácter de hospital, clasificados como centros C1, conforme al Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Actualmente esta tipología de centros ya existente a la actualidad de la entrada en vigor de esta modificación recoge a estos centros como C2 centros sin internamiento. Por lo que se sugiere la modificación de la expresión «con internamiento» por la de «con carácter residencial».

Es necesario que la redacción de la Ley se ajuste íntegramente al marco regulador que con carácter básico prevé el citado Real Decreto, y se dote de un contexto homogéneo en la tipología de los centros sanitarios con carácter urgente, habida cuenta de la situación temporal en la que se encuentra la elaboración de los protocolos de requisitos de esta tipología de centros, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 4/1997, de 9 de julio. De esta forma se evitarán puntos de divergencia entre lo previsto en esta ley para este tipo de centros sanitarios y la regulación prevista por los mismos en la normativa estatal básica.

Esta modificación no introduce ninguna afectación a la situación actual, dado que esta tipología de centros actualmente se encuentra incluida entre la categoría de centros sin internamiento, y en este sentido se ha abordado la elaboración de los protocolos de funcionamiento para esta tipología de centros.

Por último, se modifica el artículo 2 del Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de Centros Hospitalarios y de suscripción de convenios y conciertos entre la Consejería o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria en los mencionados Centros.

Con la modificación que ahora se pretende, se trata seguir avanzando en la reforma administrativa necesaria en materia de agilización de trámites que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un marco regulatorio que facilite la implantación y prestación de nuevos servicios.

La necesaria agilización de procedimientos administrativos y eliminación de trabas, aconsejan, que el régimen de autorización y homologación de los Centros Sanitarios sea previo al momento del inicio efectivo de la prestación del servicio, y no al momento de considerarse establecimiento sanitario a convenir, todo ello sin prejuicio de las facultades de control e inspección que se reserva la Administración.

Esto determina igualmente la necesaria aplicación inmediata de esta medida que se pretende con esta modificación, que no debe demorarse en el tiempo, y por tanto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que se apruebe en este Decreto-ley, con el fin de que se agilice el proceso administrativo de concertación de Centros Sanitarios con el Servicio Andaluz de Salud, permitiendo que el proceso de homologación e inscripción en el correspondiente registro de Centros sea anterior a la prestación efectiva del servicio no siendo una traba para el acceso a la concertación como Centro Sanitario susceptible de prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos.

La presente modificación normativa permite que la ciudadanía tenga garantías de accesibilidad a los servicios públicos, de seguridad jurídica y de adecuación a la realidad social. La ciudadanía podrá beneficiarse de que los centros y servicios sanitarios susceptibles de ser convenidos o concertados puedan acceder a dicha concertación y a la vez incluir en su oferta nuevas prestaciones requeridas por el Servicio Andaluz de Salud dando lugar a una mayor concurrencia en los procedimientos de contratación pública.

XV

El Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, crea a nivel nacional, en su Capítulo II, el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) como un registro oficial y único de operadores profesionales que operen en el territorio nacional. Los datos para incluir en el ROPVEG serán proporcionados por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.

El ROPVEG aglutina, a los operadores inscritos en el momento de entrada en vigor en tres Registros existentes hasta ahora, estos son: a) Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero (PROSEMPLAN), b) Registro de acondicionadores de grano para siembra y c) Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV).

En Andalucía, los registros incluidos en las letras b) y c) se encuentran regulados mediante el Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, por lo que dada la modificación establecida en el Real Decreto 1054/2021 que crea un registro único para todas las actividades definidas, procede adaptar la normativa de aplicación de nuestra Comunidad Autónoma a la nueva regulación nacional, en aras de una mayor simplificación administrativa.

No se puede obviar que la Sanidad Vegetal es muy importante para la producción vegetal, los bosques, los espacios naturales y las zonas arboladas, los ecosistemas naturales, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad de la Unión Europea. Sin embargo, existe una grave amenaza de organismos nocivos para los vegetales y los productos vegetales, cuyo riesgo de introducción y dispersión en el territorio de la Unión Europea se ha incrementado debido a la globalización de los intercambios comerciales y al cambio climático. Para combatir esta amenaza, es necesario adoptar medidas relativas a la determinación de los riesgos fitosanitarios que entrañan estas plagas y a la reducción de estos riesgos a un nivel aceptable.

Entre las obligaciones de los operadores inscritos en el ROPVEG, se establecen medidas fitosanitarias con el objetivo de evitar la presencia de plagas cuarentenarias en el material vegetal que producen y/o comercializan, tal y como se ha expuesto anteriormente. Adicionalmente, para ello es fundamental asegurar la trazabilidad de este material a lo largo de la cadena de producción, almacenaje y comercialización; permitiendo que los operadores profesionales estén preparados ante una eventual introducción de cualquiera de estas plagas.

El ROPVEG se erige como el único registro a nivel nacional para estos operadores, permitiendo así identificar a operadores con instalaciones en diferentes Comunidades Autónomas, y por consiguiente asegurar que, ante la llegada de alguna plaga cuarentenaria, se puedan coordinar las actuaciones entre las administraciones de las diferentes Comunidades Autónomas llevando a cabo actuaciones de erradicación cuanto antes, con el objeto de evitar su dispersión.

La experiencia adquirida demuestra que los métodos de lucha contra las plagas deben dirigirse fundamentalmente a prevenir su incidencia sobre el material vegetal de reproducción, ya que el mismo actúa por sí mismo como fuente de dispersión. En consecuencia, se ha considerado necesario establecer medidas fitosanitarias específicas que eviten la presencia de los mismos en el material vegetal de reproducción de determinadas especies vegetales sensibles a plagas cuarentenarias.

En este sentido, los operadores profesionales están obligados a su inscripción en el Registro de Operadores Profesionales (ROPVEG) y están sometidos a una serie de obligaciones detalladas en el Reglamento (UE) 2016/2031 y en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, siendo objeto de control por parte de la autoridad competente en cada caso.

A la vista de todo lo anterior, se considera que la modificación del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, en el sentido propuesto resulta de extraordinaria y urgente necesidad, ya que con ello se producirá la adaptación de la normativa autonómica preexistente sobre esta materia a lo establecido por el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, evitando incoherencias entre las obligaciones establecidas con carácter previo a nivel autonómico y las nuevas obligaciones establecidas con carácter nacional, lo cual resulta absolutamente necesario y perentorio dada la enorme repercusión económica social y medioambiental que podría suponer la llegada de plagas cuarentenarias a nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, hay que hacer referencia al Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales establece una serie de obligaciones a los titulares de explotaciones agrarias y forestales con el objeto principal de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios producidos en Andalucía.

No obstante, el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, vino a establecer nuevas obligaciones a un colectivo de más de 250.000 personas en Andalucía, caracterizado por su especial vulnerabilidad respecto al impacto de las nuevas tecnologías, dadas sus características de microempresas, con titulares de edad avanzada, bajo nivel formativo y dispersión territorial. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo no solo pueden llevar aparejadas las sanciones administrativas contempladas en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, sino que este mismo texto normativo contempla la obligación de establecer una regulación específica para reducir en un porcentaje las ayudas a percibir en caso de incumplimiento de la normativa PEPAC, cuestión que se desarrolla en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

Por todo lo anterior, resulta de extraordinaria y urgente necesidad realizar las adaptaciones reglamentarias necesarias en la normativa autonómica preexistente sobre esta materia, esto es el referido Decreto 190/2018, de 9 de octubre, para evitar incoherencias entre las obligaciones establecidas con carácter previo a nivel autonómico y las nuevas obligaciones establecidas con carácter nacional, vigentes desde el 1 de julio de 2023, dada la enorme repercusión económica y social que una aplicación generalizada de reducción de las ayudas a percibir podría provocar.

El Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, tiene por objeto la creación y regulación de dicho Registro, así como establecer el procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripción en el mismo. Con la finalidad, por un lado, de simplificar los trámites administrativos por parte de las personas titulares de las explotaciones ganaderas y, paralelamente, aumentar la eficacia disminuyendo los plazos de respuesta por parte de la Administración, se hace necesario acometer una serie de modificaciones en dicho Decreto. Por otro lado, con la aprobación de la nueva normativa nacional de ordenación ganadera de porcino, avícola y bovino, se hace necesario actualizar aquellos aspectos y requisitos acorde al nuevo marco normativo.

En la línea de simplificar el trámite de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, se procede a la modificación de las definiciones de titular de la explotación ganadera y de titular de unidad productiva especificando que tan solo es requisito el disponer del derecho al uso tanto de la base territorial, así como de las instalaciones, construcciones o lugar donde alberga a los animales, lo que permite que, la posterior acreditación, se realice mediante declaración responsable. Así mismo, se recoge la posibilidad de la comunicación en aquellos casos previstos por la ordenación sectorial específica.

En cualquier caso, la inscripción previa en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad, si bien ésta y la autorización en el ámbito de actividad ganadera pueden resolverse sin perjuicio de la obtención de cualquier otra licencia, autorización o permiso que establezca la normativa vigente, siendo responsabilidad de la persona titular de la explotación o unidad productiva.

En cuanto a la gestión de los subproductos de explotación, como consecuencia de la aplicación de requisitos y terminología de la nueva normativa de ordenación ganadera (porcino intensivo, avícola y bovino), así como el resto de normativa de aplicación de forma complementaria (nutrición sostenible de suelos agrarios, protección frente a la contaminación por nitratos y otras), se hace necesaria una adaptación normativa por razones de claridad y seguridad jurídica.

Asimismo, en lo que se refiere al carácter del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se constituye en la base de datos denominada Sistema Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN) y al procedimiento de inscripción, es preciso actualizar el marco normativo regulador tanto del procedimiento administrativo y como de protección de datos.

Por su parte, y con objeto de simplificar y agilizar los trámites en caso de transmisión de la titularidad de explotaciones ganaderas, se ha procedido a la oportuna modificación a efectos de aclarar que será precisa la comunicación del nuevo titular, si bien debe disponer de la documentación que lo acredite.

También, se procede a simplificar los trámites de inactivación y baja en el registro, recogiendo la posibilidad de realizar anuncios, con el consiguiente ahorro de recursos a la administración y eficacia del procedimiento. En este mismo sentido, se potencia la comunicación vía telemática acorde con la aplicación de nueva normativa que regula la comunicación con la administración, así como la posibilidad de nuevas herramientas telemáticas.

Mediante la aplicación de nueva normativa de ordenación ganadera sectorial (porcino, avícola, bovino), con la aprobación del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control, se han unificado a nivel nacional las tablas de equivalencias en UGM de las diferentes especies ganaderas, por lo que se hace necesario suprimir el anexo del propio Decreto 14/2006, de 18 de enero, habiendo quedado desfasado, induciendo a la inevitable confusión.

A continuación, se aborda la modificación del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, se regula el movimiento de animales de producción entre los que se encuentran los équidos. A efectos de facilitar la identificación por parte de los responsables de los animales que se desplacen por el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía con fines turísticos, recreativos, culturales, de aprovechamiento temporal de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso morfológico, con la modificación que se propone de dicho Decreto será suficiente portar, bien el documento de identificación equina, o bien la tarjeta de movimiento equina.

Por otro lado, el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, regula también los requisitos para la obtención de la Guía que acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigibles para el movimiento de animales vivos. Referente a la emisión de la Guía Telemática, se añade un nuevo apartado ofreciendo la posibilidad de que el formato digital pueda sustituir al formato papel, con objeto de seguir impulsando la utilización de la herramienta de tramitación electrónica, que agiliza el trámite y evita desplazamientos de los usuarios las Oficinas Comarcales Agrarias, dando la posibilidad de facilitar el envío al transportista, siempre y cuando se mantengan las garantías del documento de acompañamiento en el desplazamiento de los animales, puesto que la información de la trazabilidad queda registrada en la base de datos SIGGAN.

Por último, a través de la Orden de 26 de febrero de 2004, de la Consejería de Agricultura y Pesca, se establecen las normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulando en su artículo 10 el Libro de Registro de la Explotación Apícola como el documento identificativo que debe tener toda explotación a efectos de control zootécnico y sanitario. Mediante la modificación de dicha Orden y con el objeto de facilitar los trámites a los titulares de las explotaciones, se considera que debe optarse por el formato electrónico de forma preferente.

Así mismo, se modifica el apartado relativo a la declaración de los censos, habilitando la posibilidad de simplificar los trámites, no siendo necesario la validación de forma físicas en las Oficinas Comarcales Agrarias, siendo sustituidas por una comunicación anual telemática, con el consiguiente ahorro de tiempo y simplificación administrativa para los usuarios, así como de economía de recursos para la administración, mediante el uso de trámites electrónicos.

XVI

Se propone la modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades en varios de sus artículos. El primero que se propone modificar es el artículo 5 de dicho texto legal con el objeto de solventar la inseguridad jurídica que revela la normativa sectorial aplicable en el sentido de que no se identifica qué órgano administrativo debe resolver si se cumplen o no los requisitos exigidos por la normativa sectorial para, en su caso, no elevar el asunto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por tanto, no acordar el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad privada. Con ello, se pretende asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, a través de los recursos administrativos, previstos en la norma general de procedimiento administrativo.

Es urgente terminar con esta laguna dadas las solicitudes de reconocimiento de Universidades privadas que ahora mismo están en tramitación, por ello se hace imprescindible cuanto antes, regular este tipo de expedientes, en los términos aquí descritos y con ello permitir a la entidad interesada la interposición de los correspondientes recursos administrativos, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva. La propuesta normativa supone por un lado una medida de simplificación importante, coadyuvando al paquete de medidas de simplificación que se aprueban en este Decreto-ley, por cuanto no requiere la elevación a Consejo de Gobierno cuando una Universidad no cumple con los requisitos de la normativa, pero además supone una medida de gran importancia para las entidades que promueven la implantación de dichas Universidades al facilitar la interposición de recursos administrativos. Desde un punto de vista económico el beneficio de la regulación eficiente es evidente por lo que el uso de la figura del Decreto-ley se considera apropiada para incorporar esta medida de flexibilización y agilización.

Otra de las medidas propuestas afecta al artículo 58 del referido Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. De acuerdo con la normativa estatal, y con el Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de enseñanzas universitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para poder implantar un título universitario se requiere contar con resolución positiva de verificación del Consejo de Universidades, por lo que se hace imprescindible adecuar cuanto antes la regulación dispuesta en el citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, a la normativa reglamentaria recientemente aprobada y a la del Estado, que, en todo caso, resulta de aplicación básica.

Asimismo, resulta necesaria la modificación del artículo 18 del citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, para dotar de mayor peso a la inspección universitaria de acuerdo con los últimos cambios normativos. Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, que obliga a regular los mecanismos de inspección de las universidades privadas y la proliferación cada vez mayor de centros universitarios privados que imparten enseñanzas universitarias sin autorización administrativa alguna, se hace ahora urgente que la actuación inspectora garantice el nivel de calidad que precisa el sistema universitario andaluz, máxime cuando dos nuevas universidades privadas inician su andadura de manera inminente, lo que no podría hacerse a través de la tramitación de una ley ordinaria

Por otro lado, hay que hacer mención que en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se incorpora, por primera vez, el Título VII dedicado a la Internacionalización del sistema universitario, y el Título II al fomento de un sistema universitario de calidad. Se prevé la elaboración de estrategias de internacionalización por parte de las diferentes Administraciones Públicas y de las propias universidades, la creación de alianzas interuniversitarias y la participación en proyectos de carácter internacional, supranacional y eurorregional.

Conscientes de esta realidad, es necesario poner en valor en el exterior el sistema universitario andaluz mediante la creación de una marca universitaria, incluida por primera vez en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, de tal forma que contribuya a incrementar y consolidar la presencia del Sistema Universitario Andaluz en los principales encuentros universitarios de ámbito nacional, internacional, supranacional y eurorregional, permitiendo visibilizar la docencia e investigación de excelencia y la transferencia del conocimiento del sistema universitario andaluz.

También es necesario modificar el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, ya que en el Consejo Andaluz de Universidades se encuentra como vocal la persona titular de la dirección de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Dicha Agencia fue extinguida por la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

En el nuevo Decreto 17/2023, de 14 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), la Dirección de dicha Agencia corresponderá a una persona de reconocida valía académica y científica y que tenga la condición de funcionario o funcionaria de carrera, no estando vinculado al desarrollo de las competencias en investigación de la Administración de la Junta de Andalucía. Ello hace necesario que en el Consejo Andaluz de Universidades forme parte como vocal la persona titular que tenga atribuidas las competencias en materia de investigación en la Administración de la Junta de Andalucía, de ahí la modificación propuesta del referido artículo 76.

Con fecha 5 de agosto de 2022, se publicó el Decreto 138/2022, de 2 de agosto, por el que se regulan las Academias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El artículo 7.5 del citado Decreto dispone que, en todo caso, las academias creadas deberán inscribirse en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Título II del Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, aprobado por el Decreto 223/2023, de 12 de septiembre.

El Decreto 223/2023, de 12 de septiembre, clasifica a las academias de divulgación del conocimiento como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y ya, desde el año 2009, se obligaba a éstas a inscribirse en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. El nuevo Decreto que regula la creación de las Academias de Andalucía, no hace sino confirmar la obligación de inscripción en el citado Registro por lo que no se ha considerado necesario regular de forma expresa la creación de un nuevo registro público, distinto del ya citado en el que pudieran inscribirse los hitos de la vida administrativa de estas corporaciones de derecho público, lo que hubiera impuesto más cargas administrativas a estas instituciones. De ahí que se incluya una modificación del artículo 35.2 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, de tal forma que quede claro que no existe una obligación de crear un Registro específico para las Academias.

XVII

Desde el área de cultura se proponen, entre otras, diversas medidas relacionadas con el patrimonio histórico y con las actividades arqueológicas. Todas ellas son medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la gestión del patrimonio histórico y el acomodo de las nuevas demandas sociales siempre con el máximo respeto a la protección del patrimonio histórico.

En este sentido se suprime la duplicidad del registro administrativo para los bienes del patrimonio histórico incluidos los catálogos urbanísticos, Registro de Instrumentos Urbanísticos e Inventario de Bienes Reconocidos Patrimonio Histórico Andaluz, suprimiéndose la necesidad de inclusión en este último. Se modifica la tramitación de la cumplimentación del deber de visita pública gratuita para la Bienes de Interés Cultural, sustituyendo la resolución de autorización de los días y horario propuestos por el interesado, por una declaración responsable con lo que se evitan dilaciones innecesarias, a la vez que se establece la obligación de que a través del Portal de la Junta de Andalucía se facilite información facilite información sobre el régimen de visita pública gratuita de los Bienes declarados Bien de Interés Cultural.

Se limita la aplicación de los preceptos de contaminación visual a los Bienes de Interés Cultural, dado que es la única figura del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz que puede tener un entorno de protección o abarcar áreas del máximo valor patrimonial, y se excluyen de dicho concepto las instalaciones con carácter temporal o efímero. Así mismo, se establece que podrán autorizarse instalaciones en las cubiertas de inmuebles que carezcan de protección individual específica como monumento o jardín histórico siempre que atenúe su posible impacto visual. También se elimina el plazo para la redacción de Planes de Descontaminación Visual o Perceptiva establecido con carácter transitorio.

Asimismo, se establece que el sentido del silencio en los informes a planes o programas será positivo sin perjuicio de lo establecido para la delegación de competencias en materia de patrimonio histórico.

Se amplía el plazo de caducidad de las autorizaciones para intervenciones en bienes de interés cultural, y se prevé la posibilidad de que las autorizaciones sean plurianuales.

Se revisa la composición y funciones de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico al objeto de mejorar su funcionamiento interno y reducir el número de procedimientos que tienen que conocer. Para ello se atribuyen a la ponencia técnica las competencias para informar las intervenciones en entornos de Monumentos y Jardines Históricos, permitiendo esta medida agilizar el funcionamiento de las comisiones.

En materia de patrimonio arqueológico se incorporan una serie de innovaciones que afectan tanto al régimen de autorización de las actividades arqueológicas, como al sistema de solicitudes de éstas, con el doble objetivo de clarificar la norma y de favorecer la actividad económica.

De tal manera que, por una parte, se sustituye la autorización actualmente existente para las prospecciones arqueológicas vinculadas a los procedimientos contemplados en los artículos 29 a 32 y 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, por una declaración responsable, ahondando en la supresión de trámites administrativos innecesarios que, sin disminuir las garantías de protección del patrimonio arqueológico, agilizan y facilitan la relación entre la administración y los ciudadanos. Por otra parte, con la modificación del sistema de solicitudes para la autorización de las actividades arqueológicas y Proyectos Generales del Investigación Arqueológica, queda definido y aclarado el sistema vigente hasta ahora, que provocaba confusión en el administrado.

En relación con el artículo 32, referido al informe en los procedimientos de prevención y control ambiental, se modifica de forma que la persona o entidad promotora de una actividad sometida a alguno de estos instrumentos solicite de forma previa informe a la Consejería con competencias en materia de patrimonio histórico sobre la afección a éste, incluidas las posibles afecciones arqueológicas, de forma que podrá valorar la viabilidad de su proyecto desde un punto de vista de la afección al Patrimonio con carácter previo al inicio del trámite ambiental.

Esta consulta previa, unida a la modificación del artículo 52 por la que se sustituye la autorización de las prospecciones arqueológicas vinculadas a los procedimientos contemplados en los artículos 29 a 32 y 59 de la referida ley por una declaración responsable, suponen no solo una simplificación de los trámites sino también una aceleración de los tiempos de respuesta al administrado.

Por otra parte, se introduce una regulación más clara del régimen de solicitud y autorización de las actividades arqueológicas y Proyectos Generales del Investigación Arqueológica con la modificación de los artículos 53 y 54 de la ley. La claridad de la norma facilita sin duda la comunicación entre la Administración y el administrado, lo que deriva en una reducción de trámites innecesarios.

En concreto, se establece una modificación e inclusión en el artículo 53 que establece que la solicitud se acompañe de una declaración responsable o, en su caso, de la autorización de ocupación de los terrenos por parte del propietario. La inclusión de esta declaración o autorización contenida en el artículo 54 en lugar del anterior, suponía que en la mayoría de los casos esta documentación no se presentaba al inicio del procedimiento y debía ser reclamado por la Administración competente, con la consecuente dilación de los procedimientos.

Otra de las aportaciones más significativas de este Decreto-ley es la inclusión de la posibilidad de la codirección de una actividad arqueológica, flexibilizando así el régimen de presencialidad que ha estado vigente hasta la fecha, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que la dedicación simultánea a varias actividades pueden causar. No obstante, no se elimina la opción vigente de actividades arqueológicas dirigidas por un solo director, que se seguirán rigiendo por lo establecido reglamentariamente, conviviendo ambas posibilidades. Es esta una de las principales demandas del sector, que reclama una mayor flexibilidad en la presencialidad de la dirección con el fin de poder simultanear más de una actividad, siempre dentro del cumplimiento de lo que reglamentariamente se determine.

Por último, se da una nueva redacción al artículo 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, con la prohibición del empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos, salvo para su uso en las actividades arqueológicas recogidas en el artículo 52 de esta ley. Esta importante medida supone una firme apuesta por la protección del patrimonio histórico, así como la supresión del trámite de autorización que se solicita a los órganos correspondientes de la Consejería.

Estas modificaciones de la Ley afectan a la redacción de algunos artículos del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueológicas, y del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización administrativa del patrimonio histórico de Andalucía, para los que se introducen así mismo modificaciones con el fin de buscar la coherencia con la norma.

Finalmente, se ha introducido una nueva disposición adicional destinada al reconocimiento de los intérpretes del patrimonio mediante la previsión de la regulación de esta actividad en una futura ley, sin perjuicio y a salvo de las competencias de los guías de turismo de conformidad con su normativa sectorial, de manera que se aborde una regulación que delimite con claridad y seguridad jurídica los ámbitos de actuación que son propios de los intérpretes del patrimonio histórico, por una parte, y de los guías de turismo, por otro.

A continuación, es necesario abordar también diversas medidas relacionadas con la gestión documental. Se trata de medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la política de gestión de documentos electrónicos y el acomodo a las nuevas demandas sociales. Para ello se propone la modificación de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivo y Patrimonio Documental de Andalucía, para adaptar el marco normativo vigente a las medidas de transformación digital y simplificación administrativa que han surgido con posterioridad a su publicación. De igual modo, se propone la inclusión de una disposición adicional para establecer un plazo general para la remisión y custodia de los documentos y expedientes administrativos electrónicos finalizados al sistema @rchivA, con objeto de garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos.

Igualmente, desde hace algunos años se viene observando que hay un número considerable de museos que, de facto, están clausurados, no obstante, siguen inscritos en el Registro de Museos de Andalucía. La situación jurídica y legal de las instituciones museísticas no es una cuestión menor, máxime si se tratara de instituciones museísticas de carácter arqueológico. Por ello, se hace imprescindible acometer una modificación normativa que habilite a la Consejería con competencias en materia de cultura para iniciar de oficio la disolución de museos y colecciones museográficas, de titularidad pública o privada, cuando sea fehaciente la inexistencia de estos. Precisamente en aras de evitar el descontrol del material, sobre todo si fuera arqueológico y, por tanto, un daño considerable a las labores de protección y tutela de dicho patrimonio, de extremada fragilidad, es por lo que se considera urgente adoptar esta medida.

Asimismo, en aras de una normalización terminológica en el ámbito de la normativa sectorial en materia de cultura, se hace necesaria la modificación del art. 50.2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones, en el que se hace alusión a «bienes inscritos con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz» para armonizarlo con el artículo 7.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que los define como «bienes de catalogación general».

En el ámbito deportivo, el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 104, bajo la rúbrica «procedimiento disciplinario deportivo a las personas directivas de las federaciones deportivas andaluzas», remite para la tramitación de este procedimiento «a lo contemplado para el procedimiento disciplinario ordinario en el Título I», todo ello sin perjuicio de las particularidades que se prevén en el citado artículo 104.

El artículo 41 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, al regular el citado procedimiento disciplinario ordinario, establece un trámite sucesivo de alegaciones que resulta repetitivo y que poco aporta para dotar a la Administración del conocimiento suficiente para adoptar su decisión a través de la resolución del procedimiento.

La modificación propuesta pretende suprimir la duplicidad detectada a fin de conseguir una mayor simplificación administrativa, mediante la supresión de uno de los dos trámites de alegaciones.

No se considera conveniente extender esta excepción del artículo 104 al procedimiento disciplinario ordinario del artículo 41, en primer lugar, porque el procedimiento disciplinario ordinario se aplica fuera del ámbito de la Administración pública, por las federaciones deportivas andaluzas, y en segundo lugar, aún más importante, porque dicha modificación obligaría a la reforma en cascada de todos los Estatutos federativos vigentes, lo que actualmente no se considera conveniente ya que trastocaría en exceso la vida federativa.

En lo referido a la modificación del plazo para formular la propuesta de resolución o el sobreseimiento, se trata simplemente de adecuar el precepto a la propia realidad lógica del procedimiento y a la práctica del Tribunal Administrativo del Deporte.

Con arreglo al criterio de supresión o simplificación de trámites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, se propone la supresión, en la instrucción del procedimiento, de la evacuación por parte de la Comisión de Valoración del informe preceptivo previsto en el artículo 9.2 del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, así como la supresión de dicho informe en la instrucción del procedimiento de revocación de la declaración de Municipio Turístico de Andalucía previsto en el artículo 22.5 de dicho texto legal. Estos informes preceptivos no aportan valor añadido a los procedimientos.

A mayor abundamiento, debe decirse que la supresión de los trámites que se propone hace innecesaria la existencia de la propia Comisión de Valoración. Las funciones de la comisión se reducen a la emisión de los informes preceptivos citados, así como a elaborar y emitir cuantos informes facultativos sobre Municipios Turísticos de Andalucía le sean solicitados por las personas titulares de las Consejerías que formen parte de la comisión. Dichos informes facultativos pueden ser evacuados por el centro directivo competente en materia de turismo, sin necesidad de que exista una Comisión para ello.

XVIII

En el ámbito de las infraestructuras viarias se parte de la existencia de trámites impuestos por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, que han supuesto un freno a una tramitación eficaz para la aprobación y actualización del Catálogo de Carreteras de Andalucía, sin que su eliminación suponga menoscabo alguno de los derechos de los ciudadanos ni de la participación institucional.

En concreto, la citada Ley 8/2001, de 12 de julio, prevé en su artículo 7.3 que la Comisión de Carreteras de Andalucía informa, entre otras cuestiones, los proyectos de Catálogo de Carreteras de Andalucía, sus revisiones y sus actualizaciones anuales, así como las modificaciones puntuales del mismo. Después de más de veinte años de vigencia de la referida Ley se ha constatado que este informe de la Comisión de Carreteras de Andalucía no supone una protección adicional sino, más bien, una traba administrativa en el proceso de aprobación y actualización del Catálogo de Carreteras de Andalucía. El Catálogo es un instrumento que sirve para la identificación e inventario de carreteras, recogiendo sus datos básicos: categoría, clasificación, titularidad, matrícula, origen, término, puntos kilométricos inicial y final. Es, por tanto, un instrumento dinámico que es necesario actualizar de manera constante, fruto de las obras ejecutadas, las incorporaciones y cesiones de tramos que se producen entre administraciones, etc. En consecuencia, la actualización de este de manera ágil supone una necesidad para la buena gestión del dominio público viario, necesidad esta que no puede dejarse de atender y a la que ha de darse respuesta con carácter urgente.

Por otra parte, el artículo 57 de la mencionada Ley 8/2001, de 12 de julio, que regula los accesos a las carreteras, prevé que cuando la autorización definitiva de acceso a los elementos de servicio corresponda a las Diputaciones Provinciales, con carácter previo, se recabará informe vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras, en consideración al cumplimiento de la normativa e instrucciones técnicas en materia de accesos y a las determinaciones de la planificación viaria.

La experiencia acumulada en el desarrollo competencial que en materia de carreteras corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía permite sostener que resulta suficiente, a efectos de eficiencia, eficacia y seguridad administrativa, que el acceso a los elementos de servicio de una carretera se establezca por la Administración competente en razón de la titularidad de la carretera, con sujeción a la normativa e instrucciones técnicas que resulten de aplicación, sin que se estime necesario un Informe preceptivo de la Consejería competente en materia de carreteras. La eliminación de este informe preceptivo favorecerá la agilización administrativa de estos procedimientos.

Estas dos modificaciones normativas a que se acaba de hacer referencia conllevan la notable reducción del número de informes a emitir en ambos casos, simplificándose, por ende, los procedimientos administrativos afectados y la agilización de los trámites de los mismos.

También se ha considerado oportuno, como otra medida de simplificación, modificar el artículo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, ya que en dicho artículo se condiciona la aprobación definitiva de los planes de transporte metropolitano a la emisión del previo informe de los órganos consultivos de ámbito autonómico en las materias de ordenación del territorio y transportes, entre las que se encuentra la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, regulada por el Decreto 36/2004, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

También es importante tener en cuenta que de conformidad con el artículo 48.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, los planes de transporte metropolitano tienen la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y se elaboran según lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. Así, según lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y a fin de garantizar desde el primer momento la correcta inserción de los planes con Incidencia en la ordenación del territorio en el marco territorial definido por los instrumentos de ordenación territorial, en el procedimiento de aprobación de estos planes se realiza una consulta previa a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como a las Administraciones Públicas y entidades públicas afectadas por razón de su competencia, sobre la adecuación de las alternativas propuestas a las directrices y determinaciones establecidas por la ordenación territorial vigente.

Por otra parte, una vez redactado el plan en su versión final, y antes de la aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, el órgano competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo emite, de conformidad con el artículo 49.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, un informe preceptivo sobre la incidencia territorial de las determinaciones del plan.

De lo expuesto se colige que, en el procedimiento de tramitación de los planes de transportes metropolitanos, la emisión de informes en materia de ordenación territorial según artículos 49.3 y 49.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, hace innecesaria la solicitud de la consulta a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Además, los planes de transporte metropolitano se elaboran siguiendo las directrices establecidas por el Manual de Elaboración de Planes Estratégicos de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía, en el que se incluye la participación y cooperación ciudadana para el desarrollo de las propuestas de planes y programas de las administraciones públicas. Los planes en su proceso de elaboración celebran diversas jornadas participativas con la colaboración del área de Evaluación de Políticas Públicas y en la que son invitados los principales actores de la movilidad y transportes de cada ámbito, incluidos aquellos con intereses en la ordenación del territorio.

De conformidad con los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las propuestas de los planes de transporte metropolitanos son sometidas a trámite de audiencia e información pública y en virtud del artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica son consultadas los principales actores en el ámbito de la movilidad y transporte, incluidos los relacionados con la ordenación del territorio.

Todos los argumentos que se acaban de exponer conducen a la existencia de una clara duplicidad de informes y controles sobre la cuestión de la incidencia territorial de los planes de transporte metropolitano, lo que hace necesaria la modificación del artículo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, que regula el procedimiento de aprobación de los referidos planes, con objeto de eliminar tal duplicidad.

En coherencia con lo anterior se hace precisa, asimismo, la introducción de una disposición transitoria que regule el régimen aplicable a este efecto para aquellos procedimientos de aprobación de planes de transporte metropolitano que se encuentren en curso de tramitación a la entrada en vigor de la modificación del artículo 21 operada por este Decreto-ley.

De otro lado, se modifica la precitada Ley 2/2003, de 12 de mayo, en la redacción de su artículo 48.1, recientemente reformado por el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, con el objeto de incorporar en dicho apartado la competencia atribuida a los municipios con carácter general para sancionar los servicios urbanos de transporte público de viajeros en autobús que se desarrolle íntegramente dentro de su término municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley, y que por error no se incluyó en la anterior redacción.

Por otra parte, en este contexto de grave crisis económica, resulta urgente y necesario impulsar en Andalucía actuaciones de simplificación administrativa que reduzcan trabas burocráticas desproporcionadas para los operadores económicos relacionados con el sector del transporte. A tal efecto, se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles Turismo de Andalucía, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero, para sustituir la autorización previa del ente municipal por una comunicación previa del titular de la licencia de taxi para los supuestos de suspensión de la actividad y por una declaración responsable en los procedimientos relacionados, con la publicidad y modificación de las características de los vehículos, así como con la actividad de las emisoras de radio o sistema de telecomunicaciones. Esta modificación resulta esencial para incentivar y mejorar el acceso y el desarrollo de la actividad económica del taxi, haciéndola más competitiva, al tiempo que representa un avance en la mejora y agilidad de la gestión y actuación autonómica andaluza.

Igualmente, en aras de una mayor simplicidad y uniformidad normativa, se amplía el plazo para visar las licencias municipales de uno a cuatro años, tal y como está establecido para las autorizaciones de trasporte público interurbano de viajeros de ámbito estatal (VT). Esta medida que equipara la tramitación de ambos títulos habilitantes viene siendo requerida desde hace tiempo por los Ayuntamientos andaluces.

Se introduce asimismo una mejora regulatoria en el referido Reglamento, mediante el establecimiento de la obligatoriedad de llevar un registro municipal de las licencias concedidas por resultar de vital importancia en aras de garantizar el desarrollo eficaz de las tareas administrativas y favorecer la colaboración interadministrativa.

Igualmente, resulta necesaria la simplificación administrativa con objeto de eliminar trámites o informes no necesarios en materia de urbanismo, a cuyo efecto se incluyen en el presente Decreto-ley las medidas que se describen a continuación.

Se modifican determinados artículos de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y su Reglamento General, aprobado mediante el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre. La actual coyuntura económica, que afecta directamente al mercado de suelo y de vivienda en Andalucía, reclama urgentemente la adopción de medidas legislativas de simplificación administrativa y mejora normativa en materia urbanística. Esta situación se deriva fundamentalmente de tres circunstancias: la inflación en el mercado de la vivienda, la escasez de una oferta de vivienda y de suelo urbanizado para satisfacer las demandas actuales y la dificultad para financiar obras de nueva urbanización.

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, establece en su artículo 4, entre otros principios generales de la ordenación urbanística el deber de promover una ocupación racional del suelo, el modelo de ciudad compacta, las actuaciones de regeneración y renovación urbana y la culminación de las actuaciones urbanísticas iniciadas. Para el desarrollo de estos principios generales la Ley da un especial protagonismo a las actuaciones de transformación urbanística en el suelo urbano para conseguir, como establece su artículo 61, la consolidación de los núcleos urbanos existentes y la diversidad de usos mediante actuaciones de mejora, rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

El criterio general de la norma es que las dotaciones que se precisan en las actuaciones de mejora urbana y de reforma interior deben justificarse por los instrumentos de ordenación urbanística en función del nivel dotacional de la zona de suelo urbano donde se ubican. No obstante, para facilitar el desarrollo de estas actuaciones resulta conveniente establecer un límite a partir del cual puede presuponerse que pequeños incrementos de la población o de la edificabilidad no precisan de la mejora de dotaciones existentes. Para ello se modifican los artículos 27 y 86 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 47 y 82 del Reglamento, estableciendo como presupuesto que si la nueva ordenación no implica un incremento de la edificabilidad superior al 10% o de la población superior al 20% no serán necesarias nuevas dotaciones en el suelo urbano.

Con la misma finalidad de facilitar el desarrollo de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano se regulan los supuestos en los que la reserva de espacios libres, que con carácter general se establece en el 10% de la superficie del ámbito, puede reducirse cuando la superficie resultante sea de escasa entidad, cuando no resulte posible su integración en la red de espacios libres del municipio o cuando la zona de suelo en la que se actúa cuente con una proporción de espacio verde urbano significativa. Para ello se modifica los artículos 61.4 de la Ley y 82.8 del Reglamento.

En relación con el contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística, es necesario establecer unas reglas de unificación y normalización de la documentación electrónica a incluir en el sistema de información territorial y urbanística para que ésta sea accesible, reutilizable e interoperable, como establece el artículo 6 del Reglamento. Esto sólo se puede hacer efectivo si las normas directoras, además de directrices y recomendaciones, contienen normas vinculantes. Con el objeto de regular el contenido formal de los instrumentos de ordenación urbanística, sin que se vea afectado su contenido sustantivo. Se modifican para ello los artículos 74 y 82 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 97 y 110 del Reglamento.

Se modifica la disposición transitoria tercera del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, para establecer las reservas y estándares dotacionales locales de actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano referidas el nivel dotacional existente, pues el nivel dotacional objetivo es un concepto novedoso de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, que no está definido en ningún instrumento de planeamiento anterior a su entrada en vigor.

En la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y su Reglamento General de desarrollo, se hace necesario introducir una nueva disposición transitoria novena que tiene por objeto facilitar la recepción de las obras de urbanización de ámbitos con proyectos de urbanización aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

El objetivo es permitir que los numerosos ámbitos en proceso de ejecución, con obras de urbanización inacabadas o sin recepcionarse, puedan acogerse o adaptarse al actual marco. Se busca ahondar en el principio de ocupación sostenible que promueve la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, en su artículo 4.2.c) facilitando la culminación de las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística ya iniciadas frente a la necesidad de nuevos desarrollos y permitir culminar los procesos para poner suelo urbanizado en el mercado que permita atender las demandas de vivienda y de actividades productivas en un contexto de crisis inmobiliaria agravado por las dificultades de financiación de las obras de urbanización. Por ello, se introduce una nueva disposición transitoria novena en la referida Ley y se completa el artículo 197 del Reglamento General, sobre el procedimiento de recepción de las obras de urbanización.

También se define un procedimiento propio, más ágil, para definir o modificar las fases de urbanización, y se completa el régimen de recepción de las obras de urbanización desarrollado en el Reglamento General. Para ello se modifican los artículos 96 y 97 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y, en coherencia con dicha modificación, se adapta la redacción del apartado 2 del artículo 191 del Reglamento General.

Así mismo, se adaptan las reglas del procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización para favorecer la tramitación coordinada con el procedimiento ambiental. Para ello se modifica el artículo 192 del Reglamento General de la LISTA.

Para dotar de una mayor seguridad jurídica a la ejecución de la edificación de forma simultánea a las obras de urbanización y llevar a último término la ordenación urbanística de una forma ágil y viable, se modifica el artículo 203 de dicho Reglamento General.

Para seguir avanzando en la eliminación de cargas innecesarias o desproporcionadas en los medios de intervención sobre los actos, se añaden nuevas actuaciones que, por su alcance, no es necesario realizar un control «ex-ante» pudiéndose llevar a cabo bajo los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa. Así se añaden los movimientos de tierras en suelo urbano y las explanaciones y las demoliciones de edificaciones o construcciones a las actuaciones sometidas a declaración responsable.

A su vez, en aras de una mayor agilización en los procesos de control de las actuaciones sometidas a declaración responsable y comunicación previa establecidos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y su Reglamento General de desarrollo, se introducen una serie de medidas que redunden en la mejor efectividad de estos medios de intervención con la optimización de los recursos de los Ayuntamientos. Se modifican por ello el apartado 1 del artículo 157 de la citada Ley y los artículos 360 y 369 de su Reglamento General de desarrollo.

Por otra parte, con el objeto de agilizar la tramitación de licencias urbanísticas se modifica el procedimiento de otorgamiento de estas para implementar mecanismos adicionales de colaboración público-privada. Se introduce así la posibilidad de que, si lo prevén las ordenanzas municipales los informes emitidos por los Colegios Profesionales o entidades urbanísticas certificadoras puedan tener efectos equiparables a los informes técnicos municipales previos al otorgamiento de las licencias, todo ello, sin renuncia a las potestades de control y verificación sobre dichos informes o certificados que corresponden al Ayuntamiento.

En aras del principio de legalidad, se introduce un nuevo párrafo al apartado 4 del artículo 158 de la Ley. Con ello, a través una previsión legal específica, se introduce en la norma sectorial un mecanismo tradicional que propicia la eliminación de aquellos actos urbanísticos que legitimen alguna actuación contraria al ordenamiento jurídico, si bien acotado exclusivamente, por seguridad jurídica, a supuestos especialmente graves como son los incursos en alguna causa de nulidad de pleno derecho.

Se modifica también la redacción de los artículos 75 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 107 del Reglamento para clarificar la intervención de la Consejería competente en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.

Respecto a los órganos colegiados con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo adscritos a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se contempla la modificación del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, eliminando tres informes de valoración atribuidos a las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo durante la tramitación de distintos procedimientos en relación a instrumentos de planeamiento general por haber devenido innecesarios y redundantes.

La aprobación de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, supuso la derogación del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que, entre otras cuestiones, se regulaba el procedimiento de adaptación a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, igualmente derogada. Esta derogación conlleva la innecesariedad de la valoración que en este procedimiento de adaptación correspondía a las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con el artículo 12.1.j) Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

Esta modificación de los artículos 5.2.e) y 13.2.b) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, será de aplicación a los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenación estructural que continúen su tramitación según las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía por haber iniciado la misma antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre.

Asimismo se modifica la disposición adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, con objeto de simplificar la tramitación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística, de modo que se otorga a las Delegaciones Territoriales en materia de medio ambiente la competencia para la instrucción y formulación de la declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico, según el caso, eliminando la intervención anteriormente establecida de la Dirección General con competencia en materia de prevención y control ambiental, en el caso de los municipios identificados como ciudades Principales y Ciudades Medias de nivel 1, incluidas en el anexo del citado decreto.

El acceso a la vivienda se conforma como una de las principales cuestiones a las que los poderes públicos deben atender, en la sociedad actual, en el ejercicio de sus competencias. En concreto, la promoción y el fomento del acceso a la vivienda protegida, digna y adecuada, y a precio asequible, debe ser uno de los objetivos fundamentales de las administraciones públicas andaluzas, a través del aumento de la oferta disponible al ciudadano.

La evolución que, por distintos motivos, ha venido teniendo el sector de la construcción y, por ende, el de la vivienda, se ha visto condicionada tanto por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, como por el conflicto bélico de Ucrania que, unidos a otros factores, han provocado un encarecimiento de los materiales de la construcción. Junto con ello, hay que tener en cuenta otras circunstancias como la caída del número de hipotecas concedidas o el encarecimiento generalizado de los alquileres, que no vienen a favorecer la consecución del principio rector del fomento del acceso a la vivienda.

La ciudadanía en general, y especialmente en materia de vivienda protegida, viene demandando un aumento de la posibilidad de acceso a la misma a precio asequible. En los últimos cuarenta años el crecimiento poblacional en Andalucía se ha visto incrementado en unos 50.000 habitantes por año, con una ratio de ocupación de dos personas por vivienda y con un aumento de demanda de 25.000 viviendas por año. El desajuste entre la oferta y la demanda es palmario, cuantificándose en unas 13.000 viviendas al año, dado que la construcción de viviendas en el período 2011-2019 se ha constatado en 12.000 viviendas anuales. Es por ello por lo que las Administraciones Públicas deben atender, con medidas urgentes e inaplazables, esta necesidad de la sociedad actual.

Junto con estos datos ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la valoración realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para 2021 la renta media en Andalucía, como salario bruto, es de 16.284 euros al año. Por ello, la media del esfuerzo salarial de las familias andaluzas para el acceso a la vivienda se corresponde con el 31,3% de sus ingresos, siendo la media nacional del 32,3% y el deseable el 30%.

Por otro lado, se comprueba un encarecimiento de los importes de las hipotecas medias en Andalucía, evolucionando desde 108.994 euros en 2019, a los 116.820 euros en 2020, los 117.372 euros en 2021 y a los 124.562 euros en 2022. Y es que la compra de una vivienda requiere la inversión de los ingresos de una unidad familiar durante siete años y medio. Desde 2008 las familias andaluzas no tenían que dedicar un porcentaje tan alto de sus ingresos para acceder a una vivienda. Por ello, es necesario aumentar la oferta para poder poner a disposición de los ciudadanos viviendas suficientes a precio asequible.

Además, hay que tener en cuenta que en la franja de entre los 15 y 29 años de edad la emancipación es del 15,9%, mientras que entre los 30 y los 34 años, del 67,7%.

La configuración de nuevas formas de unidades familiares determina una evolución al alza de las necesidades de vivienda en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza. Así, en el año 2018, 8,4 millones de personas tenían fijada su residencia habitual en alguno de los 3,2 millones de viviendas familiares registradas en Andalucía, por lo que el tamaño medio de los hogares se situó en 2,6 personas por vivienda. Con un horizonte de proyección de veintidós años, la estimación se concreta en 3,6 millones de hogares, unas 363.000 viviendas adicionales más que en 2018. Esto supone un crecimiento de unos 17.000 hogares al año.

Y de entre todos los colectivos ciudadanos, además, requerirán especial atención tanto los jóvenes, las personas en riesgo de exclusión social, las personas mayores, las personas con capacidades diferentes, las víctimas de violencia de género o terrorismo, las familias numerosas o las familias en riesgos de desahucio.

El acceso a la vivienda digna y adecuada y a precio asequible, se conforma en la actualidad como uno de los principales problemas de los ciudadanos andaluces, siendo las medidas que se establecen en el presente Decreto-ley necesarias de forma perentoria e inmediata para la actividad de fomento que se pretende y para la consecución de sus efectos en la sociedad.

En consecuencia, es preciso impulsar en Andalucía el cambio en la mejora regulatoria e institucional y la simplificación normativa, para contribuir a crear un entorno de seguridad jurídica, que facilite la compresión de los órganos colegiados de participación en materia de vivienda y evitar duplicidades. En este marco, ya se ha hecho referencia con anterioridad a la supresión del Observatorio de la Vivienda de Andalucía.

Además, resultan necesarias otras modificaciones normativas. Así, en cumplimiento del mandato establecido por la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, con fecha 3 de julio de 2020 se publicó el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 (Plan Vive). En él se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la Comunidad Autónoma para el referido periodo, incorporando acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, base fundamental para el ejercicio del resto de derechos constitucional y estatutariamente consagrados.

Se hace necesario realizar algunos ajustes en el Decreto 91/2020, de 30 de junio, que tienen como finalidad última, entre otras, potenciar la promoción de vivienda protegida, como medida perentoria y urgente a atender por los poderes públicos de Andalucía.

Por ello se modifica el artículo 15, relativo a las «Personas destinatarias de viviendas y alojamientos protegidos», estableciendo medidas de agilización que, a la vez, permitan a las personas promotoras de vivienda asumir estas actuaciones en un marco de mayor seguridad.

Respecto a la actualización del módulo básico, que sirve de base para la definición del precio de venta o alquiler de las viviendas protegidas, se modifica el artículo 19 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, incrementando el módulo un 14,5% y estableciendo una actualización anual automática en función del Índice de Precios de Consumo (IPC). Para ello se ha tenido en cuenta que en julio de 2023 se han cumplido tres años desde la entrada en vigor del Plan Vive y, a lo largo de este periodo de tiempo, se ha producido una notable subida de los costes de la construcción. Existen informes que acreditan que los precios de la vivienda protegida en Andalucía, ya sea en el régimen general o en el régimen limitado, en los municipios donde el precio es mayor, se encuentran muy por debajo del precio de la vivienda protegida en comparación con otras comunidades autónomas. Así ocurre respecto a Cataluña (un 42% por debajo en el régimen general y un 36% por debajo en el régimen limitado), respecto a Baleares (por debajo un 44% y un 15%, respectivamente), Madrid (por debajo un 4% y un 10%, respectivamente) o Valencia (por debajo un 17% en ambos regímenes, respectivamente).

Se adopta el valor de crecimiento del IPC dado que engloba las subidas de los distintos sectores, por lo que se considera más correcta su aplicación que la de otros índices públicos, en correlación con la situación global de la economía, al estar también menos sujeto a fluctuaciones particulares del sector inmobiliario. Dado que el precio de la vivienda debe adecuarse a los salarios y capacidad de acceso a la misma por parte de los ciudadanos, y aquellos no suben en la proporción que el índice de precios de la vivienda, es por lo que se considera el IPC el indicador más adecuado, tal como lo utilizan, además, otras comunidades autónomas.

Es, por ello, fundamental, adecuar el precio de la vivienda protegida a través del módulo básico y de los coeficientes territoriales contenidos en el Anexo V del Decreto 91/2020, de 30 de junio, teniendo en cuenta los costes de la construcción y la necesidad de promover la colaboración público-privada en la edificación de viviendas protegidas en los municipios andaluces, para conseguir el objetivo de una mayor producción de este tipo de viviendas, especialmente las de régimen general y de precio limitado, generándose así un aumento de las posibilidades de acceso a los ciudadanos inscritos en los registros municipales de demandantes de vivienda. En caso contrario estaríamos ante un efecto disuasor de la promoción de viviendas, que se vería muy limitada en el ámbito de la vivienda protegida. Teniendo en cuenta, como se ha indicado, las necesidades de este tipo de viviendas en Andalucía, se requiere una reacción rápida por parte de los poderes públicos tras las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 y de la guerra de Ucrania.

El artículo 21 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, establece en su apartado b) la forma de cálculo de la renta máxima de alquiler de las viviendas protegidas, distinguiendo si están amuebladas o no. En la práctica esta distinción no siempre es fácil de aplicar, suponiendo la ralentización del proceso, por lo que se estima establecer un único precio máximo, del 4,5%, como precio de referencia, sin perjuicio de que el precio final se ajuste a las características concretas de las viviendas.

Y es que el fomento del alquiler de la vivienda protegida es fundamental para promover el acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda. Con esta medida se consigue que estos colectivos sí puedan ver materializado el deseo de contar con un hogar, de una manera rápida y efectiva.

La disposición adicional primera del citado Decreto 91/2020, de 30 de junio, establece la forma de cálculo de los ingresos familiares y de la unidad de convivencia que permiten el acceso a la vivienda protegida. El apartado 4 establece la ponderación de los ingresos de forma que el límite de ingresos que permite el acceso a la vivienda protegida pueda graduarse en base a determinadas variables. En concreto la letra a) establece la ponderación en función del número de miembros de la unidad familiar, y resulta aconsejable aumentar la ponderación en caso de acceso de unidades de convivencia de dos o más miembros.

Con esta medida se viene a facilitar el acceso a la vivienda protegida a unidades familiares, especialmente jóvenes, que con los criterios de ponderación anteriores habrían visto reducidas sus posibilidades de acceso.

Igual efecto se consigue con la regulación que se contempla en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 15 del Decreto 91/2020, de 30 de junio. Al incrementarse, para el caso establecido en el artículo 11.10 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, los límites de ingresos para el acceso a viviendas protegidas de régimen general y de precio limitado, se consigue que ciudadanos que estaban excluidos de esta opción por su nivel de rentas pero que, sin embargo, tampoco contaban con poder adquisitivo suficiente para el acceso a una vivienda libre, puedan verse beneficiados de esta actividad de fomento del acceso a una vivienda protegida.

Por otra parte, para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada, el contenido del Plan Vive se orienta hacia la consecución de, entre otros objetivos, el de intervenir sobre los edificios de interés arquitectónico, mediante su rehabilitación, adecuación y puesta en valor, bien para seguir prestando su función, o atribuyéndoles nuevos usos, entendiéndolos como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de identidad de los vecinos.

Durante el período de desarrollo y aplicación de las medidas del Plan se ha detectado la necesidad de revisar y modificar algunas de sus disposiciones relativas a este Programa con la finalidad, principalmente, de habilitar procedimientos más ágiles que los actuales, ampliando las modalidades de participación a las entidades públicas y, por otra parte, de mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y presupuestaria. Así, también se consigue, de manera rápida e inmediata, una mayor reactivación económica de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones dinerarias que, por otro lado, han venido padeciendo la crisis económica generada por el escenario global de nuestra actualidad. Se hace necesario, por tanto, poner en funcionamiento este mecanismo de la subvención dineraria para conseguir un efecto inminente en la reactivación de nuestros ayuntamientos. El beneficio de esta actividad de fomento desde la Comunidad Autónoma a estos entes públicos es directo.

Con estas modificaciones se pretende, en definitiva, simplificar, agilizar y mejorar la tramitación del Programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico -Plan Rehabilita Patrimonio- y con ello, la aplicación de Plan Vive, otorgando mayor participación a las entidades beneficiarias y mejorando permanentemente el conocimiento adquirido, favoreciendo con todo ello la consecución del objetivo de actuar sobre los edificios de interés arquitectónico mediante la rehabilitación y adecuación de sus espacios, como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de la identidad de sus vecinos.

Resulta urgente, por otra parte, simplificar el procedimiento de vivienda protegida, procedimiento este que se regula en el Reglamento de Viviendas Protegidas, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. En dicho Reglamento, se exige tanto para una primera adjudicación por el promotor, como para los segundos o posteriores contratos de arrendamiento por el promotor o gestor, un visado del contrato.

Entendiendo que resulta procedente agilizar dichos procedimientos en pro de que las viviendas protegidas lleguen a sus destinatarios con la mayor celeridad posible, siendo ello fundamental para conseguir agilizar de manera rápida y efectiva el acceso a una vivienda y, por tanto, necesario y urgente, se ha sustituido dicho requisito autorizatorio por una declaración responsable efectuada por el titular de la promoción de las viviendas protegidas en la que se consignen determinados datos del contrato que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente, y que en el caso de la compraventa permita además la protocolarización notarial de la transmisión de las vivienda protegida.

Se prevé una disposición final segunda en el Decreto 149/2006, de 25 de julio, que regula un plazo de tres meses para la entrada en vigor de las modificaciones de los artículos 12, 18, 19, 22, 23 y 24 del citado Reglamento, en coherencia con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas en el Plan Vive para determinados artículos relativos a la vivienda protegida.

XIX

El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regulan la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y la ayuda complementaria al Ingreso Mínimo Vital, aprobó una prestación económica específica y directa orientada a prevenir el riesgo de exclusión social y la pobreza. Con vistas a facilitar el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social y conseguir que las cuantías concedidas alcancen las necesidades reales de las unidades familiares, se han excluido de los ingresos computables determinadas ayudas económicas puntuales de escasa cuantía, tales como el bono social térmico o el cheque libro, incluyéndose a tal fin una nueva letra n) en el artículo 13.4. Asimismo, y dado que en la práctica no han llegado a constituirse las Comisiones Provinciales de Coordinación, se ha eliminado su previsión del artículo 52, que es derogado en consecuencia.

En el mencionado Decreto-ley se regula también la ayuda complementaria al ingreso mínimo vital, ayuda económica extraordinaria dirigida a unidades económicas familiares que, aun siendo perceptoras del ingreso mínimo vital, no pueden hacer frente a sus necesidades de subsistencia a corto plazo. Se modifica el artículo 56 para adaptarlo a la realidad de la prestación que, aunque viene definida en su normativa reguladora como una cuantía fija, se ha visto modificada en años consecutivos debido a la situación socio económica que atraviesa el país, derogándose por tanto la referencia a los 100 euros prevista en dicho artículo. Del mismo modo, se ha eliminado el plazo de tres meses de presentación de solicitudes de esta ayuda, regulado en el artículo 57.2, lo que facilitará el acceso a la ciudadanía y la gestión a los órganos tramitadores.

Adicionalmente, en aras de la simplificación y con el objetivo de reducir el número de requerimientos de documentación en la tramitación de los procedimientos, se han llevado a cabo modificaciones de los Anexos I, VI, VIII, IX y X vinculados a ambas prestaciones.

En materia de familia numerosa, tras la publicación del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de renta mínima de inserción social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, se han detectado nuevas áreas de mejora en este ámbito por lo que se propone la introducción de nuevos mecanismos de simplificación que permitan agilizar la tramitación del procedimiento de renovación del título de familia numerosa con la consiguiente reducción de los tiempos de respuesta de la Administración. La propuesta que se realiza se basa en la unificación de los tres formularios existentes con carácter previo a la publicación de este Decreto-ley, Anexos I, II y III que hasta la fecha se presentan de manera separada. Para ello se modifican los artículos 4, 5.3 y 8 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, modificación o revocación del título y del carné de familia numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la disposición adicional única.

En virtud del Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y con objeto de resolver las discrepancias en relación con el artículo 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a la Familia Numerosa y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, se incorpora al texto del presente la modificación de ésta.

La reforma introducida en el Título XI del Libro Primero del Código Civil por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, exige la adecuación de la normativa andaluza a la nueva rúbrica y contenido de dicho Título. La reforma ha supuesto un cambio fundamental en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: se pasa de un sistema basado en la sustitución en la toma de decisiones de la persona con su capacidad modificada judicialmente a un sistema nuevo, en el ámbito de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, que se fundamenta en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

La adecuación de la normativa andaluza a la Ley 8/2021, de 2 de junio, exige una modificación de los preceptos legales, reglamentarios y órdenes todavía referidos al sistema anterior.

Se modifica parte del articulado de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en lo relativo a derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las personas usuarias de los servicios sociales, Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, concierto social en la prestación de los servicios sociales, financiación de los servicios sociales e infracciones graves.

Asimismo, se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en lo concerniente a las entidades tutelares y las medidas de apoyo necesarias en el proceso de toma de decisiones.

La valoración del grado de discapacidad por parte de los Centros de Valoración y Orientación (en adelante, CVO) es la puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales para las personas que presentan alguna discapacidad, sin dicha valoración no se puede tener acceso al mismo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, los CVO están teniendo dificultades para tramitar los expedientes pendientes debido a un exceso en la demanda, unida a retrasos que se han acentuado con la pandemia producida por el COVID y a los nuevos baremos introducidos por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Todo ello ha provocado demoras insostenibles en los procedimientos tramitados en los CVO.

En este momento la tramitación de una solicitud de grado de discapacidad sobrepasa ampliamente los 6 meses establecidos como máximo para su conclusión, llegando incluso a una demora de 272 días. Agilizar estos trámites se ha convertido en una prioridad absoluta para la Administración. Por ello, es en este contexto en el que se inserta la propuesta de modificación que se ha presentado, es decir, es fundamental agilizar los trámites relacionados con las actividades fundamentales que se desarrollan en los CVO, esto es, la valoración del grado de discapacidad y la tramitación y renovación de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, se introducen modificaciones en el Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma, en consonancia con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y que afectan a la regulación de la composición de los equipos de valoración, que pasan a denominarse equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, a fin de ampliar el número de profesionales del área sanitaria con titulación mínima de grado universitario o equivalente que podrán realizar la valoración del grado de discapacidad contando con un mayor número de efectivos para abordar dichas tareas. Asimismo, se crea un equipo de refuerzo para ayudar en la valoración de expedientes en aquellos CVO que, por circunstancias excepcionales o con carácter coyuntural necesiten de su colaboración.

Además, se introducen nuevos supuestos en los que es posible llevar a cabo una valoración no presencial. Para todo ello es fundamental el acceso a los Sistemas de Información de los servicios públicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que serán de gran ayuda y evitarán la duplicidad que existe en estos momentos a la hora de valorar el grado de discapacidad de los menores de edad. La información de salud de la persona que solicita el reconocimiento de grado de discapacidad puede obtenerse a través de la documentación aportada junto a la solicitud; otra forma de obtener esa información en la Comunidad Autónoma Andaluza es a través del Sistema Integrado de Gestión e Información para la atención sanitaria (DIRAYA).

Se hace necesaria la modificación de la Orden de 19 de septiembre 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía, a fin de agilizar y mejorar el procedimiento para su renovación.

Interesa a continuación hacer referencia a la regulación de las parejas de hecho dado que el perfil de estas está cambiando en los últimos años. El dato de parejas en las que uno o los dos miembros tienen nacionalidad extranjera se eleva al 43%, tendencia que va en aumento cada año. Esta variación en el perfil de las personas usuarias, implica la necesidad de realizar ajustes en la gestión y tramitación de los expedientes de parejas de hecho por parte de los órganos encargados de la instrucción y resolución, sobre todo por la dificultad en la obtención, por parte de las personas interesadas, de parte de la documentación necesaria para la acreditación de los requisitos, puesto que en la mayoría de los casos requieren de la intervención de diferentes organismos y administraciones públicas, incluidos los de otros países. Por ello, se plantea la modificación del plazo para dictar y notificar la resolución de inscripción en el Registro de Parejas de hecho, establecida en el artículo 19 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, pasando de un mes a un máximo de tres meses, dado que el plazo de un mes previsto en la regulación actual, obliga en numerosas ocasiones a los órganos competentes en la instrucción, a resolver expedientes en el sentido confirmatorio del silencio sin haber podido acreditarse documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma reguladora.

Precisamente esta razón es la que ha llevado a proponer también el cambio en el sentido del silencio, que tiene en la actualidad carácter estimatorio por el mero transcurso de un mes, obligando con ello a la Administración competente a inscribir en multitud de ocasiones parejas de hecho de las que se desconoce si se cumplen todos los requisitos necesarios para dicha inscripción. Esta circunstancia obliga a la Administración competente a iniciar procedimientos de revisión de oficio de sus propios actos, procedimientos que pueden suponer la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones que van a ser revisadas, y que a su vez dilatan los procedimientos anteriores. La urgencia en estos cambios se pone de manifiesto al considerar que en la actualidad hay algo más de 4000 expedientes de inscripción de altas y bajas en el Registro de Parejas de Hecho sin resolver, debiendo ser estimados la mitad por silencio administrativo, con las consecuencias expuestas.

Los años de existencia del Registro de Parejas de Hecho de Andalucía han puesto de manifiesto la existencia de no pocos casos de fraude, en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboran aportando información fehaciente de la no existencia de vínculo alguno entre las dos personas que quieren constituir la pareja de hecho, siendo éste un requisito básico, y en algunos supuestos poniendo al descubierto la existencia de mafias al respecto, por ello se ha considerado de urgente necesidad proponer el cambio del sentido del silencio.

Los procedimientos de acogimiento y adopción requieren de igual modo de una reforma urgente, tendente a disminuir las cargas administrativas que, en forma de requerimientos de aportación de documentos, soportan las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar. Entre los objetivos de las políticas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía se cuenta, por añadidura, la de atender al mandato legal de procurar que las personas menores de edad que se hallan bajo la tutela o la guarda de la Administración de la Junta de Andalucía se encuentren en entornos familiares antes que institucionales, esto es, se establece una preferencia del régimen de acogimiento familiar frente al residencial. Considerando el número de personas menores de edad que continúan acogidas en centros de protección de menores, que actualmente supera las dos mil, se hace doblemente necesario reducir los obstáculos con que se encuentran las familias con voluntad de acogida, sin merma de las garantías establecidas. Para el logro de esta finalidad se modifica Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y adopción, con la intención de actualizar y simplificar la documentación requerida para la obtención de la declaración de idoneidad de las personas interesadas.

En segundo lugar, con la modificación del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, de acogimiento residencial de menores, se persigue coordinar de manera más eficaz la distribución de competencias entre los diferentes órganos que participan en la aprobación de los instrumentos generales para la planificación, ejecución y evaluación de la acción educativa que deben elaborar los centros de protección de menores, como el reglamento de organización y funcionamiento del centro y el proyecto educativo.

Igualmente, se estima oportuno, la modificación de la Orden de 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditación de los centros de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, y de la Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, con objeto de afrontar y mejorar la sobrecarga de tareas y trabajo administrativo existente tanto en los centros residenciales que tienen la obligación de enviar la documentación, como en los Servicios de Gestión de Servicios Sociales de las Delegaciones Territoriales, que son quienes actualmente recepcionan la documentación. En la práctica, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de tener los documentos exigidos actualizados se lleva a cabo mediante las actuaciones inspectoras realizadas por los Servicios de Inspección Provincial de Servicios Sociales, dentro de los Planes Generales de Inspección aprobados para cada año, de manera que es durante el curso de dicha actuación inspectora que se realiza in situ en el propio centro, en la que se solicita la aportación de la memoria anual de actividades del centro, y las variaciones y situación de la plantilla de personal. Por ello resulta imprescindible que con la mayor urgencia la documentación esté grabada, con carácter previo a la realización de las actuaciones inspectoras, en la «Plataforma de Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales», con objeto de que la misma puede ser examinada por el personal inspector previamente a realizar la visita al centro de que se trate, lo que contribuirá a que las labores inspectoras se agilicen enormemente, y centrar las mismas en aspectos propiamente asistenciales y de comprobación del bienestar de las personas que son atendidas en los distintos centros de servicios sociales.

Continuando con las políticas de inclusión social, en materia de dependencia se modifica la Orden de 27 de julio de 2023, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, estableciéndose los requisitos y obligaciones necesarios para acceder a la condición de entidad prestadora del servicio y su mantenimiento, y al procedimiento de obtención, renovación y pérdida de la acreditación. Asimismo, se establece un precio mínimo al precio/hora de las adjudicaciones referidas al servicio de ayuda a domicilio, en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no podrá ser, en ningún caso, inferior al fijado en la resolución del órgano competente por la que se establezca el coste/hora máximo del citado servicio, en tanto que, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, al incluirse en el ámbito de los servicios sociales integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, nos encontramos ante un sistema de precios regulados, por lo que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que gestionen indirectamente el servicio de ayuda a domicilio mediante contratos administrativos de servicios formalizados con entidades privadas prestadoras del SAD, deben actualizar el precio/hora de los citados contratos de conformidad con la citada Resolución.

Asimismo, se propone la modificación del Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio, en el que se recogen los procedimientos administrativos autonómicos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, para incorporar expresamente el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía regulado en el Capítulo II del Título XI.

Se modifica el Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche, eliminando la prioridad de las resoluciones de traslados frente a las de acceso al servicio y ponderando ambas a la vez, de acuerdo con el orden de prioridad en el acceso a los servicios establecidos en la normativa de aplicación.

Se ha considerado oportuno, en aras de la simplificación administrativa, introducir una serie de cambios en los órganos colegiados correspondientes al ámbito de los servicios sociales. Así el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, creado por la Ley 9/2016, de 27 diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, tiene entre sus funciones, establecidas en Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, el informe, con carácter previo y preceptivo, de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales, así como de determinados instrumentos de planificación y catálogos de prestaciones. La intervención del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía en los procedimientos de elaboración de disposiciones normativas está ocasionando una duplicidad de actuaciones de las entidades que lo conforman, que en la mayoría de los casos son las mismas a las que se concede trámite de audiencia, bien por tratarse de entidades y organizaciones más representativas cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la norma, o bien para garantizar el acierto y la legalidad en la confección final del texto de la disposición. Al objeto de corregir esta disfunción y de evitar la dilación de procedimientos que ya de por sí presentan alguna complejidad, resulta perentorio atribuir carácter facultativo a dichos informes, a cuyo fin se modifican el artículo 41.4 de su ley de creación y el artículo 3.1 del Decreto 2/2018, de 9 de enero.

Por el mismo motivo, se modifica el artículo 57 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, relativo a la creación de la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales, la cual asume las funciones de órgano permanente de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la de las entidades locales. Estas entidades ya cuentan con otros cauces idóneos de participación regulados en la misma norma legal para idénticas funciones, al margen de las previstas en las letras a) y d) del artículo 57.3, de ahí que, para eliminar la duplicidad, se supriman ambas letras.

Se introduce igualmente una variación en el funcionamiento de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, creada por el Decreto 98/2016, de 10 de mayo, cuyo artículo 4 prevé que se reúna tres veces al año. Dicha asiduidad se ha demostrado innecesaria, siendo suficiente una reunión anual como se viene haciendo de facto. Se modifica, en consecuencia, el artículo 4.3 del decreto para celebrar una única sesión anual, lo que resulta más acorde con las necesidades del funcionamiento de la Comisión.

También en el plano institucional, se modifica el Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, para que quede reflejado que estará regido por la persona que ejerce la dirección del mismo.

Dentro del ámbito de actuación del Instituto Andaluz de la Juventud, es objeto de reforma el Decreto 80/1990, de 27 de febrero, por el que se regulan los Centros de Información Juvenil y se concretan las condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los mismos por la Comunidad Autónoma Andaluza, que desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley únicamente podrán ser promovidos por personas jurídicas, ante la imposibilidad de las personas físicas de asumir los gastos en instalaciones y contratación de personal laboral estable que requiere un servicio cuya prestación es gratuita.

Por último, se propone la derogación de la Orden de 11 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios «Familias Andaluzas». Ello obedece a la finalidad de darle en ediciones futuras naturaleza jurídica de acto administrativo, en consonancia con la naturaleza de otras convocatorias que se llevan a cabo en este ámbito, como la de los Premios Andalucía + Social. Además, la Orden citada presenta algunas disfunciones necesarias de corregir, puestas de manifiesto en las tres ediciones desarrolladas. Por ejemplo, se considera necesario reformular la categoría de familias numerosas, por considerar que se debe primar en este caso no el número de hijos que una familia tenga reconocidos en el título de familia numerosa en vigor, sino que sería deseable otorgar este reconocimiento a una familia numerosa que destaque por su trayectoria, actuaciones, en definitiva, por su singularidad en su proceder o manera de aportar a la sociedad, por ser ejemplo de buenas prácticas o ser ejemplar en algún sentido.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha tramitado una Orden por la que se efectúa la convocatoria del Bono Carestía y se aprueban las bases reguladoras para su concesión. El Bono Carestía, derivado del Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía, es una ayuda asistencial consistente en un pago único de 200 euros a familias andaluzas con menores a cargo con la finalidad de generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de éstas y salvaguardar su dinámica económica, afectadas por la sobrecarga que supone el incremento generalizado de los precios de los productos y suministros, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad.

El procedimiento de concesión de las citadas ayudas asistenciales se iniciará a solicitud de la persona interesada, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva. Con el objetivo de conseguir mayor rapidez y eficacia en la gestión del Bono Carestía, se considera fundamental que las solicitudes se presenten de manera exclusivamente electrónica. Al tratarse de una línea de ayuda de concurrencia no competitiva, en la que se espera una gran cantidad de solicitudes con presentación simultánea, se hace imprescindible establecer esta obligatoriedad del uso de medios electrónicos para optar a la ayuda.

Por otra parte, para garantizar que las personas potencialmente destinatarias tengan acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, la Administración de la Junta de Andalucía prestará el apoyo y asistencia a las personas solicitantes que lo precisen contando con la colaboración de entidades colaboradoras.

Entrando ya en materia de atención a la dependencia, el marco normativo autonómico lo conforman actualmente el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desarrollado por la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, así como el Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el régimen sancionador del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

La normativa autonómica citada sólo se ha revisado de forma puntual en aspectos parciales, encontrándose desfasada por los sucesivos cambios normativos autonómicos y estatales que se han producido desde su aprobación. Este desfase normativo, unido a la falta de regulación de materias claves en torno al contenido de las prestaciones y a los criterios de acceso a las mismas, impiden abordar los cambios necesarios en la gestión del Sistema tan demandados por la ciudadanía andaluza. En este sentido, la falta de adaptación de la normativa andaluza ha provocado que aún existan incongruencias como, por ejemplo, que se mantengan criterios de determinación de las cuantías de las prestaciones en torno a la clasificación del reconocimiento de la situación de dependencia basada en grados y niveles, que se eliminaron por la normativa estatal en el año 2012.

Por todo ello, se hace necesaria y perentoria la formulación de un nuevo marco normativo andaluz para la dependencia, en búsqueda de una revisión integral del sistema, basado en la simplificación de los procesos y el desarrollo de las prestaciones de atención a la dependencia. De este modo, se pretende conseguir la seguridad jurídica que actualmente no se garantiza, recogiendo en un único texto las medidas urgentes que permitan desburocratizar el procedimiento, agilizar y homogeneizar criterios, al tiempo que se facilita la gestión eficiente de las prestaciones.

El propio Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su sesión de 15 de enero de 2021, acordó entre otras medidas, simplificar los trámites administrativos del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y reducir los plazos de resolución en todo el territorio nacional, así como llevar a cabo posibles mejoras de las prestaciones del Sistema tanto en las cuantías como en las intensidades. Además, en relación con la prestación económica de asistencia personal, el Consejo Territorial, el 12 de mayo de 2023, adoptó un Acuerdo por el que se definen y establecen las condiciones específicas de acceso a esta prestación.

Por otra parte, el pasado 20 de julio entró en vigor el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el que se modifican aspectos sustanciales de la regulación contenida en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre. En particular, la nueva norma modifica condiciones de acceso, aumenta cuantías máximas y garantiza cuantías mínimas de prestaciones económicas, al tiempo que redefine servicios.

En consecuencia, para afrontar los cambios necesarios en la gestión del Sistema orientados a la mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos y agilización de los procesos, resulta imprescindible y acuciante reformar los trámites administrativos del modelo de procedimiento diseñado hace más de 16 años, así como ampliar la regulación de las prestaciones, definiendo el contenido mínimo de las mismas que permita abordar un desarrollo posterior acorde con la regulación básica.

Así, entre las medidas previstas para agilizar los trámites del procedimiento de reconocimiento de la situación dependencia y del derecho a las prestaciones, se incluye la realización de una única visita donde se obtendrá toda la información necesaria para realizar la valoración del grado de dependencia y la elaboración del programa individual de atención y, en consonancia, se dispone que el procedimiento finalice con una única resolución administrativa en la que se reconoce a la persona solicitante el grado de dependencia así como la prestación o prestaciones concretas a las que tiene derecho.

Otra de las novedades más destacadas es que tanto las valoraciones técnicas del grado de dependencia como la elaboración de los programas individuales de atención se atribuyen por igual a la Consejería competente en materia de dependencia y a los servicios sociales comunitarios de las entidades locales, a los que también se asigna la propuesta motivada de la tramitación preferente de las solicitudes en las situaciones de urgencia o emergencia social.

Por otra parte, junto al procedimiento se aborda de forma conjunta la regulación de las prestaciones de atención de dependencia, que engloban tanto los servicios como las prestaciones económicas. En concreto, se lleva a cabo la definición básica del contenido de cada prestación, y las reglas mínimas que deben tenerse en cuenta para el cómputo de la capacidad económica y participación de las personas en financiación de las prestaciones, así como el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

De esta forma, acorde con la normativa estatal, se completa, y actualiza en parte, la regulación de la actual Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. En particular, como novedad, se aborda la regulación de orden de prioridad en el acceso a las prestaciones, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14.6 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que prescribe que la prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica de la persona solicitante, y en consonancia con ello se prevé asimismo la existencia de listas de acceso a los servicios y las prestaciones.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dedica el Capítulo III del Título III, integrado por los artículos 83, 84, 85, 85 bis y 86, a la autorización, la acreditación administrativa y al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. La redacción actual de los citados artículos procede del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

El artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, determina los supuestos en los que los servicios y centros de servicios sociales precisan de autorización administrativa, justificando el sometimiento a dicho régimen en función de las prestaciones que desarrollan, algunas ligadas a la salud pública, así como a razones de interés general. En dicho artículo se establece de forma expresa que, reglamentariamente, se determinarán las condiciones de la autorización administrativa y los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitación del régimen de declaración responsable y comunicación. A continuación, el artículo 84 dispone que «las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la administración de servicios sociales deberán contar con la correspondiente acreditación administrativa, en los términos que reglamentariamente se determinen».

Si bien el marco legal que regula el régimen de las Entidades, Centros y Servicios Sociales está definido de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, su desarrollo reglamentario aún no se ha llevado a cabo, siendo el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales, modificado por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo, la norma básica de rango reglamentario reguladora del régimen de autorizaciones, acreditaciones y del registro. El régimen que establece recoge únicamente autorizaciones y acreditaciones. El procedimiento de autorización consta de autorización previa, autorización de funcionamiento y posibilidad de autorización provisional de funcionamiento, a aquellos servicios y centros que, pese a no cumplir alguna de las condiciones mínimas reglamentariamente establecidas, no resulte afectada la seguridad y salud de los usuarios y se comprometan a realizar un plan de adecuación aprobado por el órgano competente.

A pesar de que ha habido varios intentos de desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en esta materia, constituidos por el Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Comunicaciones, Autorizaciones y Acreditación Administrativa y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización administrativa, Declaración responsable, Comunicación, Acreditación y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía, ambos han sido derogados, por distintos motivos, antes de su entrada en vigor. Si la reforma del régimen establecido por el Decreto 87/1996, de 20 de febrero en materia de autorizaciones de entidades, centros y servicios sociales resultaba obligada, al tener que adaptarse imperativamente a las modificaciones introducidas en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, que operó una profunda revisión del régimen general de autorizaciones y acreditaciones, la derogación del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, y del Decreto 103/2022, de 14 de junio, no ha hecho sino acrecentar la urgencia y hacer aún más apremiante la necesidad de aprobación de una nueva disposición, que cumpla el mandato de desarrollo reglamentario contenido en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Esta situación requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la tramitación normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la vía de urgencia.

Igualmente, también se hace necesaria la adaptación de la regulación citada a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el Mercado Interior traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objetivo es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de las personas y empresas prestadoras y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en éstos, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, no resulten justificadas o proporcionadas.

Además, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el ejercicio de la competencia que le atribuye, con carácter de norma básica, el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. A tal efecto, mediante Resolución de 28 de julio de 2022, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales aprobó el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El acuerdo impone requisitos comunes de acreditación aplicables, entre otros, a los centros residenciales, sobre recursos materiales, equipamiento, requisitos y estándares sobre personal y calidad en el empleo, tanto en número de profesionales, como en su cualificación, formación y condiciones laborales, al mismo tiempo que establece mecanismos y condiciones para garantizar la participación, la autonomía y la preservación de los derechos a las personas usuarias, así como la personalización de los apoyos que reciben.

Por todo lo expuesto, es indispensable el establecimiento de un modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, mayor eficacia y eliminación de obstáculos a las actividades de prestación de servicios sociales, que ofrezca un régimen de autorización en correspondencia con lo determinado en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, menos restrictivo, a la vez que plenamente garantista en la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias y, en especial de los sectores de población más vulnerables.

La modificación que el presente Decreto-ley opera sobre la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, suprimiendo la autorización provisional y estableciendo el sentido positivo del silencio, junto con la derogación del régimen de autorización previa establecido en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, supone una primera medida de simplificación y reducción de cargas, agilizando considerablemente los procedimientos para la puesta en funcionamiento y modificación sustancial de los centros y servicios sociales que requieran de autorización administrativa, ya que la regulación de un único tipo de autorización permite en la práctica una reducción del plazo para la concesión de las mismas a tres meses como máximo.

Dentro del conjunto de medidas que el nuevo procedimiento de autorización administrativa, declaración responsable, comunicación, acreditación y el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía recoge en aras de la simplificación de los procedimientos administrativos, destaca la limitación de la reserva del régimen de autorización administrativa para la puesta en funcionamiento y modificación sustancial de centros y servicios de día, de noche y de atención residencial. Se impulsa, de este modo, la transformación del régimen de intervención sobre las actividades de las entidades, centros y servicios sociales de Andalucía, en el que la declaración responsable y la comunicación pasan a tener una mayor relevancia frente al sistema anterior de autorizaciones. Así se establece el régimen de declaración responsable para los supuestos de cambio de titularidad de cualquier centro y servicio, renovación de la acreditación administrativa y en los supuestos de puesta en funcionamiento o modificación sustancial de centros de servicios sociales comunitarios, comedores sociales para personas en situación o riesgo de exclusión social y centros de baja exigencia para personas sin hogar y el régimen de comunicación para la creación, construcción o modificación no sustancial de cualquier centro, para el inicio de la prestación de un servicio, el cierre de centro o cese de servicio por cualquier causa, así como su reapertura y la puesta en funcionamiento o modificación sustancial de los centros sociales para personas con enfermedad mental, centros socioculturales gitanos y los centros de participación activa de personas mayores.

Por otro lado, las solicitudes de autorización y acreditación administrativa, así como las declaraciones responsables y las comunicaciones, se presentarán a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía utilizando los formularios que figuran en los anexos del Reglamento. Asimismo, las entidades, los servicios y los centros de servicios sociales deberán facilitar la información que les sea requerida a través de la Plataforma de Cesión de Datos de Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales, a la que incorporarán toda la información solicitada y la mantendrán actualizada de manera permanente, lo que permitirá conocer en tiempo real la situación de la red de centros en Andalucía.

Es igualmente reseñable, por su previsible repercusión, el novedoso régimen de las autorizaciones específicas que, desarrollando los artículos 65 y 66 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, está destinado a fomentar las actividades de innovación, entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperación que incrementen la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente, y a impulsar la gestión del conocimiento y una cultura innovadora entre los distintos agentes e instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema. Así como, la determinación de los requisitos específicos de calidad necesarios para la acreditación administrativa de los servicios mediante resolución del órgano competente. Por último, se prevé la posibilidad de solicitar la autorización para el funcionamiento o de modificación sustancial y la acreditación administrativa de forma simultánea, resolviéndose en este supuesto conjuntamente.

Todo lo anterior configura un modelo más simple, flexible y adecuado a la realidad del sector dedicado a las actividades de prestación de servicios sociales suponiendo la eliminación de obstáculos a las mismas, sin olvidar, que con el régimen de declaración responsable o comunicación previa el ejercicio de la actividad está condicionado a que la persona interesada ponga en conocimiento de la Administración, de manera preceptiva, no sólo la intención de iniciar la actividad sino que está en condiciones de ejercerla porque reúne los requisitos impuestos para el ejercicio de la misma y está en posesión de la documentación que lo acredita la cual pone a disposición de la Administración para cuando le sea requerida. Corresponden a la Administración las potestades de comprobación, control e inspección, la cual habrá de constatar y comprobar que la actividad se desarrolla conforme al título habilitante para el ejercicio de la misma.

En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia, es la necesidad de abordar el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, tras la derogación antes de su entrada en vigor del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio. Esta situación requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la tramitación normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la vía de urgencia.

Por último hay que hacer referencia a la competencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la protección jurídica y social que prestan las entidades tutelares, en cuyos patronatos participa la Junta de Andalucía, así como las competencias que ejerza la Comunidad Autónoma en relación con el desarrollo, impulso y seguimiento de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha ejercido esta competencia a través de ocho fundaciones de carácter privado, en las que ha participado mediante la presencia en sus patronatos, además de colaborar en su financiación mediante subvenciones nominativas anuales aprobadas por el Parlamento de Andalucía en las correspondientes leyes del Presupuesto. De este modo, las Fundaciones de Apoyo han venido asumiendo los cargos de apoyo (guarda de hecho, curatela representativa o asistencial, antiguas tutelas aún sin revisar o defensas judiciales) de aquellas personas que no cuentan con familiares o allegados, o bien los tienen, pero no se consideran apropiados por parte de la autoridad judicial.

No obstante, con fecha 17 de octubre de 2023, la Fundación Hispalense de Apoyos ha presentado petición de concurso de acreedores voluntario, lo que supone que no está en disposición de seguir prestando servicio a las personas a las que ha venido apoyando hasta la fecha. Se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema, tanto por su necesidad de apoyo para poder ejercer su capacidad jurídica, como por la inexistencia de una red familiar o de allegados que pueda apoyarles. Esta situación ha llevado aparejada la adopción de una serie de medidas de emergencia por la Administración de la Junta de Andalucía para garantizar la atención de dichas personas.

De ahí que se haga necesario regular y definir la prestación del servicio social especializado de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, que se incorpora al Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y cuyo contenido se delimitará reglamentariamente.

En la configuración del servicio se ha tenido en cuenta la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, en aras a que las medidas de apoyo permitan un desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico de la persona apoyada.

XX

La reciente publicación del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los Anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, llevada a cabo para garantizar una adecuada transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ha supuesto que muchas actuaciones que antes estaban eximidas de evaluación de impacto ambiental pasen a estarlo, bien porque han desaparecido los umbrales exentos o porque aun estando por debajo de dichos umbrales, cumplen una serie de criterios generales recogidos en el Anexo III, que las obligan a someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada.

La estrecha relación entre las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental y los instrumentos de prevención y control ambiental de aplicación, unido a los cambios que se prevén en la legislación básica en cuanto a instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, por la modificación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), ha servido como reactivo para promover una reestructuración de dichos instrumentos y de sus ámbitos de aplicación. Todo ello unido a la necesidad de abordar actuaciones de mejora y simplificación administrativa que permitan mejorar y optimizar la tramitación de los instrumentos, conservando el concepto de «ventanilla única» que ya fue abordado desde su inicio en la Ley 7/2007, de 9 de julio.

De este modo, se ha creado un nuevo instrumento de prevención y control ambiental, la denominada autorización ambiental unificada simplificada; se ha eliminado el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, referenciándose las actividades sometidas a cada instrumento a los anexos que correspondan de la normativa básica estatal; se ha mantenido la calificación ambiental, si bien con modificaciones, y se establece un nuevo Anexo I en la Ley 7/2007, de 9 de julio, para identificar las actuaciones sometidas a ese instrumento y a declaración responsable de los efectos ambientales.

A partir de ahora, y de acuerdo con lo establecido en el ámbito de aplicación de cada instrumento, se someterán a autorización ambiental integrada (en adelante, AAI), las instalaciones incluidas en el Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control de la contaminación; a autorización ambiental unificada (en adelante, AAU), las actuaciones incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y que no estén sometidas AAI; al nuevo instrumento de autorización ambiental unificada simplificada, las actuaciones incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y que no sean AAI, sin perjuicio de las que deban someterse a calificación ambiental, que se establecen en el nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como se expone más adelante. Así, cualquier cambio producido en la normativa básica en estas categorías de actuaciones, directamente se trasladará a los instrumentos de prevención y control.

Este nuevo instrumento, la autorización ambiental unificada simplificada (en adelante, AAUS), se constituye como una medida de mejora y simplificación administrativa que impulse y estimule la actividad económica en Andalucía, permitiendo para las actuaciones en su ámbito de aplicación una agilización de procedimientos y cargas administrativas, integrando en una única resolución el resultado de su evaluación ambiental y una serie de autorizaciones y pronunciamientos ambientales, que constituyen un listado más reducido que en la AAU, y que permitirán obtener esta autorización en un plazo de cinco meses.

Por otra parte, la modificación de los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha provocado que actuaciones que antes no se sometían a evaluación de impacto ambiental, por no estar en dichos anexos, y en Andalucía se sometían a calificación ambiental, ahora pasen a estar en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y, por tanto, bajo el alcance de la evaluación ambiental simplificada. En estas circunstancias, y partiendo de la premisa de mantener bajo competencia municipal la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones que antes se encontraban en calificación ambiental, se ha elaborado un nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, denominado «Categorías de actuaciones sometidas a Calificación Ambiental y a Declaración Responsable de los efectos ambientales». Tanto en el articulado de la modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como en este nuevo Anexo I, se hace una distinción entre las categorías de calificación ambiental, diferenciando aquellas actuaciones que deban integrar el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, por encontrarse incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 diciembre. En este caso, será de aplicación lo establecido en la Sección 2.ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y sus desarrollos reglamentarios. Como información complementaria, indicar que no hay ninguna categoría de actividad sometida a calificación ambiental que deba integrar el resultado de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Como ya se ha explicado, en este nuevo Anexo I se han incluido básicamente las mismas categorías de actuaciones que ya estaban sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales en el Anexo I de la Ley 7/2007, vigente antes de la actual modificación, si bien, ha sido necesaria la modificación de la redacción de cada epígrafe, para adecuarlo a la redacción del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por existir actividades sometidas a calificación ambiental que deben integrar el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, ya que en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, antes de su modificación, algunas de las actuaciones sometidas a calificación ambiental no tenían redacción propia, sino que se referenciaban a otros epígrafes del mismo, de modo que ciertas actividades se sometían a AAI y/AAU y/o CA, según umbrales.

Así pues, se acomete una modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que facilita la tramitación de los procedimientos para la obtención y modificación de las autorizaciones ambientales sobre actividades que tienen un gran impacto sobre el desarrollo económico y social, se promueven inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generan riqueza en nuestra comunidad, conjugando la debida protección del medio ambiente y los intereses generales de la ciudadanía.

Junto a la restructuración de los instrumentos de prevención y control ambiental, se efectúan diversas modificaciones que inciden directamente en la mejora de la calidad regulatoria y en la seguridad jurídica; se ajusta la alineación con la normativa básica estatal y se simplifica la normativa aplicable, reduciéndose en la medida de lo posible plazos y trabas administrativas.

En consonancia con lo anteriormente descrito, dentro del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica el artículo 16, mediante la inclusión de la AAUS entre los instrumentos de prevención y control ambiental. Por otra parte, se añade un artículo 16 bis que regula la «Integración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental» en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS con la del respectivo procedimiento de otorgamiento de dichos instrumentos, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y las adaptaciones a esta norma establecidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, y sus desarrollos reglamentarios. Dicho precepto establece que en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS, las funciones atribuidas al órgano sustantivo y al órgano ambiental en el artículo 11 de la norma estatal, serán ejercidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Consejería competente en materia de medio ambiente, que llevará a cabo la instrucción y resolución de dichos procedimientos, salvo en los casos establecidos en el artículo 27.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Asimismo, se modifica con carácter general el artículo 19, relativo a definiciones, para adaptar su contenido a la legislación básica estatal tanto en materia de prevención y control de la contaminación como en materia de evaluación de impacto ambiental. Igualmente, se adapta la norma a la distribución de competencias establecida tras la aprobación del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, y más concretamente, mediante el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, destacando la asignación a esta Consejería de las competencias en materia de agua que hasta este momento venían correspondiendo a la Consejería competente en materia de medio ambiente. Además, se introduce en dicho artículo 19, la definición del nuevo instrumento de prevención y control ambiental de AAUS y que consiste en una resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley. En la AAUS se integrarán las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, e incluirá el resultado de la evaluación de impacto ambiental.

En la Sección 2.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que regula la AAI se lleva a cabo una actualización del contenido haciendo referencia expresa al texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

La Sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica a lo largo de su articulado, estableciendo las determinaciones normativas tanto para la AAU como para la AAUS y en consonancia con ello, pasa a denominarse «Sección 3.ª Autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada».

Destaca, asimismo, la adición de un nuevo apartado 4 en el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que regula el procedimiento de AAU y AAUS en actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, así como las declaradas de utilidad e interés general, en el que se introduce la posibilidad de aplicación de esta particularidad procedimental también a aquellas actuaciones en las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía.

En el procedimiento de AAU desarrollado en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifican varios aspectos, entre los que cabe mencionar el referido al informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico, como parte de la documentación que se debe presentar junto con la solicitud de AAU cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendrá que presentar el informe de compatibilidad urbanística ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo .

Por otra parte, en relación con la valoración de impacto en la salud a acompañar junto a la solicitud de autorización de AAU, se modifica el texto normativo para adaptarlo a lo regulado al respecto en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y su normativa de desarrollo. En cuanto al procedimiento de la AAUS, se incluye una nueva redacción del artículo 32 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para incluir la descripción del mismo.

El artículo 35 se renombra para incluir el «inicio de la actividad». A este respecto, se modifica el apartado 2 del mismo exigiendo, para iniciar la actividad, la presentación de una declaración responsable y eliminando la obligación de presentar una certificación acreditativa del técnico director de la actuación.

En la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se adecúa el contenido del artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, corrigiendo así la errata introducida con motivo de la modificación de este precepto por la disposición final segunda de la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía.

En la Sección 5.ª se modifican los artículos 41 a 44, ambos inclusive, completando los instrumentos de prevención y control ambiental con la calificación ambiental, cuya competencia corresponde a los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. Asimismo, se clarifica la norma adaptando las cuestiones relativas a la regulación del procedimiento de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en cuanto a la integración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de actuaciones y proyectos en los casos en los que sea de aplicación. En concreto, en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se mejora la redacción del apartado 2; se modifica el apartado 3 que determina la regulación para los casos en los que las actuaciones sometidas a calificación ambiental requieran de autorización sustantiva por parte de un órgano de otra Administración pública; se establece, en el apartado 6, el plazo de resolución de la calificación ambiental, indicando, in fine, que la falta de emisión de la calificación ambiental en el plazo legalmente establecido, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una calificación ambiental favorable y, se determina, en el apartado 7, que el contenido íntegro de la calificación ambiental estará a disposición de los administrados en la página web del Ayuntamiento, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Además, se incorpora un nuevo artículo 44 bis que regula, las especificaciones del procedimiento de calificación ambiental que debe incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada. Este procedimiento contiene un análisis de las repercusiones ambientales que una determinada actuación pueda ejercer sobre el medio ambiente, prevé la participación e información a través del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas, regula el contenido de la solicitud y contempla un pronunciamiento expreso del órgano ambiental.

Asimismo, se modifican los artículos 122, 123, 124, 158 y 159.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para adaptar las disposiciones sobre responsabilidad medioambiental a las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo referente a la regulación de las obligaciones y garantías financieras, la integración del régimen sancionador de dicha Ley en el ámbito de aplicación de la misma y la determinación de la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente, para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de responsabilidad medioambiental, entre otros aspectos.

Por otro lado, dentro de la Sección 1.ª del Capítulo III del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifican los artículos relativos a infracciones y sanciones con el fin de alinear los instrumentos de AAUS y calificación ambiental a lo dispuesto en la normativa básica en esta materia, y en particular al incorporar en las actuaciones sometidas a calificación ambiental, cuando proceda, el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Por cuanto respecta a la disposiciones adicionales de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica la disposición adicional sexta, relativa a actividades que usan disolventes orgánicos, incorporando una referencia expresa a la AAUS, y se incluye, una nueva disposición adicional octava, estableciendo en relación con los instrumentos de control de la contaminación ambiental que se regulen reglamentariamente, que éstos integrarán en su desarrollo el instrumento de AAUS para aquellas actividades a las que les sea de aplicación, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.

Por último, y como antes quedó avanzado, se suprime el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que estaba vigente hasta ahora creándose un nuevo Anexo I referente a las categorías de actuaciones sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales.

Como consecuencia de la modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, realizada mediante este Decreto-ley, se lleva a cabo la del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emitan compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Así, con respecto a su Capítulo III se adecúa su contenido tras las modificaciones realizadas de los artículos 31 «Procedimiento de la autorización ambiental unificada» y 32 «Procedimiento de la autorización ambiental unificada simplificada» de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Asimismo, se renombra el capítulo para introducir el nuevo instrumento de AAUS. El artículo 16, sobre documentación, se modifica en sus apartados 1 y 3 para adaptarlo tanto a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como a las modificaciones que se acometen en el antes citado artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en relación con la valoración de impacto en salud, la cual deberá acompañarse a la solicitud de AAU con el contenido establecido en la Ley de Salud Pública y su normativa de desarrollo.

Asimismo, se destaca la modificación operada en el artículo 17.1 respecto de la solicitud de Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico, de modo que para adecuarse a la Ley 7/2007, de 9 de julio, se excluye la presentación del referido informe como parte de la documentación que se debe presentar junto con la solicitud de AAU y/o AAUS cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendrá que presentar el informe de compatibilidad urbanística ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo.

Como parte del conjunto de medidas de simplificación administrativa y de mejora de la regulación, entre otros preceptos, se modifica el artículo 22 relativo al trámite de audiencia, disminuyendo el plazo establecido de «quince» a «diez» días, en consonancia con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, se lleva a cabo la modificación del artículo 25, referente al contenido de la AAU, en el sentido de añadir la obligación de comunicación a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de agua, en su caso, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización, conforme a los establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, lo cual aporta mayor seguridad jurídica, en torno a esta importante cuestión.

Se modifica el título de la Sección 4.ª del Decreto, que pasa a denominarse «Procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada» en consonancia con la modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en ese sentido. Esta sección constaba de un solo artículo, el artículo 27, que desarrollaba el procedimiento abreviado, el cual desaparece, lo que ha llevado a la modificación de dicho artículo y a la inclusión de los nuevos artículos 27 bis, ter, quáter, quinquies, sexies, septies y octies, para regular la autorización ambiental unificada simplificada, desarrollando su contenido de manera independiente y ordenando todas las fases de dicho procedimiento, esto es, solicitud, documentación, compatibilidad con la normativa ambiental, consulta, finalización de la AAUS, resolución, contenido de la AAUS y concurrencia con otros instrumentos administrativos, respectivamente.

El Capítulo IV, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, pasa a denominarse «Actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía, así como las declaradas de utilidad e interés general de Andalucía o aquellas en las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía», que se modifica con el objetivo de introducir la aplicación de este procedimiento también a aquellas actuaciones a las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía y, extender la aplicación del mismo, para las actividades en él descritas, en el caso de AAUS.

En ese sentido, se modifica el artículo 30, relativo a cuestiones generales, para incluir la referencia al nuevo procedimiento de AAUS y ampliar su contenido abarcando aquellas actuaciones cuya autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía. En la misma línea, se modifica el artículo 32 ampliando, por una parte, su alcance a las actuaciones privadas declaradas de utilidad e interés general de Andalucía, así como a las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía, y por otra, reduciendo, en su apartado 3, el plazo del trámite de audiencia del dictamen ambiental en concordancia con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y como medida de simplificación administrativa y de mejora de la regulación. Por otra parte, se incluyen los nuevos preceptos 31 bis y 32 bis, al objeto de regular las distintas especificidades del nuevo procedimiento de AAUS en el articulado de la norma.

En el título del artículo 40 se sustituye la expresión «puesta en marcha» por «inicio de actividad», por coherencia y adecuación a los términos empleados en el Decreto 5/2012, de 17 de enero y en la nueva modificación de artículo 35 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el cual regula la comprobación e inicio de la actividad, y se modifican también los artículos 41 «Control de actuación» y 48 «Estructura del Registro», para incluir, siguiendo la misma línea a lo largo del texto normativo, la oportuna referencia al nuevo instrumento de prevención y control ambiental de AAUS.

Asimismo, se introduce una modificación respecto de la disposición final segunda «Habilitación y ejecución para la adecuación de anexos», para regular las competencias para el desarrollo y ejecución que en todo caso recaen sobre la persona titular de la Consejería competente en medio ambiente.

Por último, respecto a las modificaciones realizadas en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se ven modificados también sus diferentes anexos. Así, se suprime el Anexo I por los motivos que ya han sido expuestos, y se introduce un nuevo Anexo I denominado «Autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorización ambiental unificada simplificada». Se elimina el Anexo III para su adaptación a la modificación que se acomete de la Ley 7/2007, de 9 de julio, a este respecto, así como del Anexo IV tras la supresión del procedimiento abreviado de autorización ambiental unificada. Se modifica el Anexo VI, referido a la documentación de autorizaciones sectoriales, mediante la supresión de los apartados 3, 4 y 9 del mismo, y finalmente, se eliminan en el Anexo VIII una serie de autorizaciones sectoriales relacionadas con las autorizaciones en dominio público hidráulico y zona de policía, autorización de actividades en espacios naturales protegidos de Andalucía o relacionadas con el litoral, biodiversidad o vías pecuarias, con objeto de dotar de una mayor agilización el procedimiento de autorización ambiental unificada.

Igualmente se aborda la modificación del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada , para aportar seguridad jurídica para los operadores al adaptar la normativa autonómica a la normativa estatal básica, evitando interpretaciones perjudiciales y posibilitando la adaptación técnica de los anexos de una manera más ágil, facilitando así la tramitación de los procedimientos para la obtención y modificación de la autorización ambiental integrada sobre actividades que en gran medida tienen o pueden tener un impacto importante sobre el desarrollo económico y social.

En este ámbito tiene carácter de normativa estatal básica, el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, cuyas modificaciones requieren la adaptación del Decreto 5/2012, de 17 de enero, a fin de adecuar el procedimiento de la autorización ambiental integrada. Así, entre los artículos que se modifican con tal finalidad, se señalan los artículos 2.1.a) y 2.2 «Ámbito de aplicación», 3 «Finalidad de la AAI», y 6 «Modificación de instalaciones con AAI».

Por otro lado, se modifica el artículo 14 «Documentación» para eliminar la necesidad de presentar la solicitud de licencia municipal y en conexión con ello, se suprime también dicho aspecto del apartado 2 del artículo 18 «Información pública» para separar el trámite de la licencia municipal de actividad de la información pública de la AAI, al ser la obtención de la licencia municipal una obligación del promotor, independientemente de la AAI y su normativa de aplicación. En ese sentido, expresamente se señala en la normativa de AAI que ésta no exime al titular de la obligación de obtener las licencias/autorizaciones que correspondan en base a otra legislación que le resulte aplicable.

También se modifican los artículos 19 y 20 para agilizar la petición de informes, principalmente al organismo de cuenca intercomunitaria, lo cual redunda en la idea de aportar mayor agilidad, eficacia y eficiencia al procedimiento. En la misma línea, se modifica el artículo 22, relativo al «trámite de audiencia», en el que actualmente el plazo para el trámite de audiencia en el procedimiento de AAI se establece en mínimo de 15 días y, al no contemplarse en la normativa básica estatal sobre el procedimiento de AAI plazo alguno, se reduce a 10 días, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, se amplía el contenido del artículo 24.3 como consecuencia de la modificación del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indicando respecto a la resolución por la que se otorga, modifica o revisa la AAI que se enviará a los ayuntamientos el anuncio de la puesta a disposición del público de las resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial o revisión de la autorización, para su exhibición en los tablones de anuncios de los ayuntamientos en los que estén ubicadas las instalaciones por un plazo mínimo de veinte días naturales.

Igualmente se modifican de los artículos 28 «Iniciación del procedimiento», 29 «Solicitud de autorización ambiental integrada y trámites de información pública y consulta» y 30 «Formulación y remisión de la declaración de impacto ambiental», con objeto de adaptar el procedimiento de la autorización ambiental integrada a la actual legislación básica en la materia, para una mejora de la regulación, así como también solventar divergencias y evitar interpretaciones.

Por otra parte, se modifican los anexos del Decreto y se elimina el Anexo I referente a las instalaciones afectadas por AAI según el Anexo I la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, quedando sin contenido. Se lleva a cabo una modificación del Anexo II en relación con las autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorización ambiental del integrada, y se elimina el Anexo VI, relativo a la documentación para el Estudio de Impacto Ambiental, quedando sin contenido. Se suprimen los apartados 3,5, y 9 del Anexo VII, en cuanto a documentación para autorizaciones sectoriales y, también en relación con estos anexos, se modifica la disposición final segunda del Decreto con el objeto de facultar a la persona titular de la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental para la modificación de los Anexos II, III, IV, V, y VII.

Por último, respecto a las modificaciones de normas reglamentarias relacionadas con la modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifica el Reglamento de Calificación Ambiental aprobado mediante Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. En concreto, se modifica el artículo 16, que viene a regular el plazo para la resolución del procedimiento y los efectos del silencio administrativo, teniendo en cuenta el artículo 10 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se cambia el sentido del silencio administrativo, recogiéndose en la norma expresamente que, transcurrido el plazo previsto sin haberse dictado resolución expresa de calificación ambiental, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una calificación ambiental favorable. Finalmente, al desaparecer la figura de la calificación ambiental presunta por silencio positivo, se elimina dicha mención en el apartado 3 y se suprime el apartado 4 de este artículo 16.

Finalmente, se contempla el correspondiente régimen transitorio a aplicar a las actuaciones que cuenten con instrumentos de prevención y control ambiental a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley, así como para los procedimientos para la obtención de instrumentos de prevención y control ambiental iniciados con anterioridad a dicha entrada en vigor, que continuarán su tramitación conforme a la normativa anterior.

También se recoge dentro de este Capítulo I la modificación de otras nomas. Así, se modifica el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, en concreto su Disposición final cuarta para habilitar que la modificación de sus Anexos III, IV, VII y VIII recaiga en un órgano administrativo de menor rango y facilitar así la gestión administrativa de los procedimientos administrativos correspondientes.

Se modifica también el Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado mediante Decreto 73/2012, de 22 de marzo, en concreto su artículo 72, ante la necesidad de aumentar la vigencia de los convenios relativos a la gestión de los residuos, y ello porque la reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dedica su Título IV a la «Responsabilidad ampliada del productor del producto», regulando entre otros aspectos, los mecanismos de colaboración de los sistemas con otros intervinientes en la gestión, es decir, los convenios con las administraciones públicas que intervienen en la gestión de los residuos, y los acuerdos con otros operadores para la organización y financiación de la gestión de los residuos, pero sin establecer de manera específica la duración que han de tener tales Convenios lo que llevaría a aplicar lo dispuesto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es decir, un plazo de cuatro años que resulta insuficiente para posibilitar a las partes acordar un marco jurídico más estable y duradero.

Por otro lado, se incluye en las disposiciones derogatorias la derogación de la Orden de 14 de mayo de 1999, por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, al haber quedado obsoleta e inaplicable por la modificación de la normativa básica de la que traía causa.

El Capítulo II de este Título recoge modificaciones normativas en materia de cambio climático. Y es que en el contexto actual de crisis energética, se hace más necesaria y urgente que nunca la adopción de medidas que faciliten la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía en el que la ejecución de proyectos de absorción de carbono pueden ser una herramienta clave para contribuir a la conservación y restauración de nuestro medio natural y su biodiversidad, aumentando la capacidad de sumidero de nuestros hábitats y, por otro lado, solucionando cierta desventaja competitiva de Andalucía en la ejecución de este tipo de proyectos frente al resto del territorio nacional. A esta finalidad responde la modificación del artículo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un modelo energético en Andalucía, con el objetivo de incluir la posibilidad de que se puedan articular la ejecución de proyectos de absorción de emisiones a través de la suscripción por la Consejería competente en materia de medio ambiente de convenios de colaboración público-privada, los cuales podrán tener una duración acorde a la vida útil de dichos proyectos, en función de sus distintas tipologías, atendiendo así la demanda de organizaciones y empresas que, de manera voluntaria, dentro de sus programas de responsabilidad corporativa, quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y están interesadas en la ejecución de estos proyectos bajo esta fórmula para la compensación que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El Capítulo III se dedica a las medidas en materia forestal, de vías pecuarias y sobre espacios naturales protegidos. Y es que el rico patrimonio forestal con que cuenta Andalucía, más de 4,6 millones de hectáreas, producto de la íntima relación que ha mantenido el ser humano con su entorno natural, debe hacer frente al reto de conjugar de manera equilibrada y compatible la multiplicidad de intereses que pueden existir en cuanto a su gestión para satisfacer las demandas que la sociedad requiere de sus montes en cada momento, sin comprometer el futuro de las masas, ni el derecho de nuestros descendientes a poder seguir disfrutando de ellos.

Así, se introducen varias modificaciones en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, para facilitar la inversión pública mediante la ejecución de actuaciones en los montes por parte de las Administraciones Públicas implicadas en su gestión lo que, en definitiva, conlleva la creación de empleo verde y la dinamización de las zonas rurales, a la vez que se contribuye al buen estado de los bosques de Andalucía. Por un lado, se modifica su artículo 1 de la Ley para determinar la exclusión del carácter forestal de aquellos terrenos sobre los que se hubieren implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo en los que previamente existieran usos agrícolas autorizados antes de la implantación de dichas especies, cuando el titular de los terrenos decidiera revertir los mismos al uso agrícola. Esta modificación conlleva la del artículo 2 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Por otro lado, en relación con los montes públicos se modifica el artículo 23 de la citada Ley 2/1992, de 15 de junio, a fin de recoger expresamente la no sujeción de los montes de dominio público a tributos que graven su titularidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal básica. Por otro lado se modifican los artículos 26 y 70 de la Ley para posibilitar que el plazo máximo de duración de los convenios de cooperación para la gestión de montes sea de diez años, sin perjuicio de su posible prórroga, al considerar dicho plazo como el mínimo para poder realizar una correcta y adecuada planificación de las actuaciones necesarias para una buena gestión de los montes, evitando así al aplicación de la norma general de duración de los convenios de cuatro años que contempla la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en este mismo sentido se modifican también los artículos 66 y 109 del Reglamento Forestal.

Asimismo, se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 2/1992, de 15 de junio, para resolver la problemática existente con relación a la liquidación de un elevado número de consorcios o convenios suscritos por la administración forestal del Estado al amparo de la legislación preconstitucional sobre montes, ya derogada, con el objetivo de promover la repoblación forestal de terrenos con especies maderables, sobre todo de coníferas, y en los que se subrogó la administración autonómica, posibilitando ahora que los mismos se rescindan a saldo cero sin liquidación siempre que medie el consentimiento de los propietarios y concurra alguna de las condiciones que establece la normativa aplicable.

Por otro lado, los montes andaluces suelen presentar una marcada vocación multifuncional caracterizada habitualmente por una menor importancia relativa de la función productora frente a las funciones ecológica, protectora, paisajística y recreativa, sin perjuicio de la existencia de importantes aprovechamientos forestales tales como la caza, corcho, madera, leña, pastos, frutos, biomasa, setas y trufas, apicultura, plantas aromáticas, etc., lo que añade un alto grado de complejidad a su gestión. En este sentido, el antes citado Reglamento Forestal de Andalucía, presta especial atención a la ordenación de los distintos usos y aprovechamientos que se realizan en los terrenos forestales con el fin de que se lleven a cabo de forma racional permitiendo la obtención del máximo beneficio presente para el conjunto de la sociedad compatible con su preservación para las generaciones venideras, estableciéndose a tal fin las correspondientes medidas de conservación y protección. Posteriormente, la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía y de agilización de procedimientos administrativos, modificó en su Disposición final cuarta la redacción del artículo 64.1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, indicando que reglamentariamente se podrían excepcionar del régimen de autorización aquellos usos y aprovechamientos que no pusiesen en peligro la conservación y funcionalidad de los recursos y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse. Por otro lado, y a nivel nacional, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, introduce en su artículo 37.2.b) excepciones al régimen general de autorizaciones, transfiriendo al régimen de comunicación los aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía. En coherencia con lo expuesto y para reducir cargas administrativas innecesarias, se modifica el Reglamento Forestal con la inclusión de los nuevos artículos 96 bis y 97 bis con el objetivo de sustituir un régimen de autorización previa por una mera comunicación para determinados usos y aprovechamientos que implican la ejecución de actuaciones que presentan escaso riesgo ambiental.

Por último, en lo que se refiere a la materia forestal, se modifica la Orden de 26 de septiembre de 1988, por la que se dan instrucciones para la ejecución de determinados trabajos en montes, en régimen privado, poblados con encinas y alcornoques, ya que desde su aprobación se ha avanzado sustancialmente en el conocimiento de las masas de alcornocal de Andalucía, en su gestión y en su actividad productiva, lo que ha permitido constatar las diferencias fenológicas que se producen en función de sus localizaciones bioclimáticas, y que afectan a la propia fenología de los árboles. De esta experiencia se ha extraído la conclusión de que el vigente periodo de descorche establecido hasta ahora en el artículo 17 de la citada orden, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de cada año, es demasiado restrictivo y genera que en dichas zonas se disponga de menor tiempo para la extracción de corcho, aumentando en muchos casos los daños en los árboles, y suponiendo una limitación al plazo en que se permite el descorche para los propietarios de monte alcornocal. Por ello, se adelanta este período al 15 de mayo en las comarcas cuyas condiciones climáticas así lo aconsejen, buscando con ello arbitrar medidas racionalizadoras en aras al mantenimiento e incremento de sus producciones en cantidad y calidad y, al mismo tiempo, a la conservación y persistencia de estas masas forestales.

En materia de vías pecuarias, dada la necesidad del medio rural de contar con una red de infraestructuras verdes, que mejore las comunicaciones existentes en este ámbito y, con ello, de la actividad productiva, interconectando los núcleos de producción con los de población, comercialización y destino, se modifica el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante Decreto 155/1998, de 23 de marzo, en concreto sus artículos 15 y 36 a los efectos de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes de clasificación y deslinde de vías pecuarias reduciendo plazos en los trámites de audiencia e información pública y facilitando el posible acceso telemático de los interesados a los expedientes, y de su artículo 48 para aclarar que en los expedientes de ocupación de vías pecuarias cuyas actuaciones se integren en procedimientos de prevención ambiental, los trámites de audiencia e información pública se sustanciarán conforme a lo dispuesto en la normativa específica de estos últimos procedimientos.

Por último, en lo que a vías pecuarias se refiere, se incluye en la Disposición derogatoria del presente Decreto-ley la derogación expresa de la Orden de 23 de diciembre de 2003, por la que se restringe el uso de determinadas vías pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén), al quedar obsoleta y urgir que se puedan habilitar estas vías pecuarias como senderos de uso público u otros equipamientos, para fomento del esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados.

Por lo que se refiere a espacios naturales protegidos, se modifica la Ley 8/1999, de 10 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, ya que la redacción actual de algunos de sus preceptos relacionados con el régimen sancionador necesita ser adecuada a la realidad actual otorgando a la norma la necesaria claridad, coherencia y seguridad jurídica de cara, fundamentalmente, a la ciudadanía del área de influencia socioeconómica de este espacio natural. Así la actual redacción del artículo 48 relativo a la cuantificación de las sanciones sigue utilizando como parámetro para la gradación de las multas, para establecer los umbrales mínimo y máximo, referencias al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y a la peseta como moneda, en vez del euro. Se considera necesario además adaptar el articulado de la Ley del Espacio Natural de Doñana a la legislación estatal y autonómica siempre bajo el principio de guarda de la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Por ello se pretende que la infracción establecida en el artículo 44.b) «La circulación a pie, con tracción animal o con medios motorizados fuera de los lugares habilitados para ello en el Plan Rector de Uso y Gestión, y que se realice sin la autorización expedida por el órgano administrativo competente del Espacio Natural de Doñana», pase a ser una infracción leve en vez de grave modificando a tal efecto los apartados 2 y 3 del artículo 45. Por otro lado, se pretende adecuar el importe de las sanciones mediante la modificación del artículo 48.

Por otro lado, se incluye una Disposición adicional a los efectos de determinar el plazo de vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos de Andalucía que se hayan aprobado antes de la entrada en vigor del Decreto-ley, de forma que este plazo se extienda hasta que sean aprobados los planes que los sustituyan, evitando así la falta de cobertura para el ejercicio de actividades económicas importantes para la reactivación económica del medio rural vinculado a estos espacios naturales.

Por último, a los efectos de eliminar trabas administrativas, se deroga el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 6 de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía, eliminando la obligatoriedad de vincular la concesión de cualquier certificado de calidad, incluida la Carta Europea de Turismo Sostenible con la Marca Parque Natural de Andalucía.

El Capítulo IV del Título XII aborda modificaciones normativas relacionadas con sectores tan importantes para Andalucía como la caza y la pesca continental en cuanto actividades con un significativo campo de actividad de dimensión social, deportiva, cultural, ecológica y económica, que moviliza a un amplio colectivo que cuenta con organizaciones deportivas asentadas territorialmente, constituyendo también un claro ejemplo de actividad que se desarrolla en el medio natural permitiendo un uso compatible de los recursos naturales y asegurando pautas de desarrollo sostenible en el medio rural. Así, se modifica la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en concreto su artículo 40 a los efectos de permitir la comercialización y transporte de especies objeto de caza y pesca en períodos de veda cuando dichas piezas de caza sean procedentes de terrenos cinegéticos cuyo Plan Técnico de Caza vigente incluya la caza selectiva y el control poblacional y/o control de daños. Dicha modificación conlleva la del artículo 72.4 del Reglamento de Ordenación de la Caza, aprobado mediante Decreto 126/2017 de 25 de julio. Asimismo, se exceptúa de la prohibición de transporte a las especies de peces pertenecientes a especies exóticas introducidas es una modificación en línea con las vigentes políticas de erradicación y control de las especies exóticas invasoras contenidas en la normativa europea, nacional y autonómica.

Por otro lado, se modifica el artículo 47.2 de la Ley relativo a los Cotos deportivos de caza para eliminar del mismo la exigencia de que las prácticas deportivas cinegéticas tengan que estar previamente contempladas en los planes técnicos de caza de los cotos. Por ello se modifica también el artículo 91.2 del Reglamento.

En cuanto a la modificación de los artículos 53 y 61 de la Ley y del artículo 75.1 del Reglamento, relacionados con la documentación que debe portar la persona cazadora y pescadora durante la práctica de la caza y la pesca, se elimina la tarjeta acreditativa de la habilitación como persona cazadora o pescadora al recoger la misma información que la correspondiente licencia que sí debe estar vigente y portar consigo la persona cazadora o pescadora en el momento de la acción de cazar o pescar. Asimismo, se aprovecha la modificación para adecuar el lenguaje utilizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Por otra parte, y en relación con la acuicultura continental, se modifica el artículo 63.1 de la Ley para facilitar que toda la gestión relacionada con acuicultura, sea acuicultura marina o continental, quede unificada y dependiente de un mismo y único departamento u organismo, la consejería competente en materia de acuicultura, lo cual simplifica y unifica criterios y procedimientos además de poder movilizar los recursos económicos de los Fondos Europeos destinados a la acuicultura de manera simplificada, dentro de los presupuestos y bajo las convocatorias de una misma consejería, sin perjuicio de el establecimiento de un informe previo por parte de la consejería competente en materia de medio ambiente para las autorizaciones de puesta en funcionamiento de piscifactorías o instalaciones de acuicultura continental.

Por otro lado se modifica el artículo 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, para introducir la nueva figura del «Guarda Jurado de Caza» a la que podrá acceder cualquier ciudadano que acredite estar habilitado como Guarda Rural, con especialidad caza, y sea habilitado por la Consejería competente en la materia, con la finalidad de dar una mejor respuesta a la situación generada por la confluencia entre las figuras del actual guarda de coto de caza y la de guarda rural con la especialidad de guardas de caza, regulada esta última en el artículo 34 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y a la que corresponde el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético. Esta modificación conlleva la del artículo 65 de la Ley y de los artículos 46, 51 y 98 del Reglamento, así como la introducción de un nuevo artículo 98 bis para regular las funciones de este colectivo. También se incluye el correspondiente régimen transitorio necesario que permita mantener la vigencia de la regulación actual de los guardas de coto de caza hasta tanto se habilite el procedimiento para la obtención de la acreditación del nuevo título de guarda jurado de caza, así como que los guardas de coto de caza actuales puedan seguir ejerciendo sus funciones durante el período de 10 años. Asimismo, se modifica el artículo 58.9 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats para incluir como objeto de inscripción en la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, a los guardas jurados de caza.

Asimismo, se modifica el Anexo III de la citada Ley 8/2003, de 28 de octubre, para actualizar la denominación de dos especies en relación con los cambios que se han sucedido en el ámbito científico, en lo que afecta exclusivamente a las especies de perdiz y liebre.

Entrando ya en las modificaciones específicas del Reglamento de Ordenación de la Caza, se modifica el artículo 18 en relación con la zona de reserva de un coto, para adecuar la regulación a los cambios de uso de suelo y las nuevas tendencias de aprovechamientos y usos de los terrenos rústicos o la proliferación de las instalaciones de plantas fotovoltaicas, que tienen la consideración de zonas de seguridad pero que no impiden el desarrollo de poblaciones de especies cinegéticas y no cinegéticas bajo sus estructuras, siendo necesario y apropiado poder considerar que estas zonas de seguridad puedan considerarse compartibles con la función de zona de reserva en determinados casos y circunstancias que deben ser estudiadas y valoradas por los técnicos de la Delegación Territorial donde se ubica el coto, a solicitud presentada por el titular cinegético.

En cuanto a los escenarios de caza en coto, se elimina la prohibición general de poder establecer más de un escenario por coto. Se permite tener dos escenarios simultáneamente en un mismo coto, siempre que uno de ellos sea de adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería. Por otra parte, y dado que en los escenarios de adiestramiento de perros y aves de cetrería no se utilizan armas, las limitaciones establecidas sobre la ubicación de los escenarios por motivos de seguridad no tienen un sentido práctico y, sin embargo, sí puede ser de utilidad que se puedan establecer en lugares donde la propia caza no se puede realizar y en lugares generalmente más cercanos a las poblaciones, lo que sin duda facilitará el acceso al adiestramiento y al entrenamiento de los animales. Por ello se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 48 del Reglamento.

También en relación con los escenarios de caza se modifican los artículos 49 y 51 para introducir en la normativa la posibilidad de autorizar escenarios de caza en los cotos incluidos en Espacios Naturales Protegidos, excluyendo de los mismos a los espacios designados o declarados como Zona de Especial Protección para las Aves, previa evaluación caso a caso para permitir dinamizar la acción cinegética, favoreciendo así el desarrollo socioeconómico de algunas zonas rurales.

Se modifica igualmente el artículo 86 del Reglamento, y ello porque la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, eliminó la tasa por comunicación de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión y ojeos de perdiz, y en coherencia debe ser eliminada la exigencia de aportar el resguardo de haber realizado el abono de la misma.

Igualmente se ha entendido necesaria la modificación concreta de los artículos 81 y 90 del Reglamento en relación con el número máximo de perros a utilizar en la modalidad de caza menor conocida como «a diente en mano» para posibilitar la utilización de hasta 5 perros por persona cazadora en esta modalidad sin tener que acreditar la edad de los perros, al suponer esta acreditación una carga administrativa innecesaria.

Por otro lado, resulta necesario introducir instrumentos de evaluación de la calidad cinegética con el objetivo de asegurar que el manejo de las poblaciones y de los recursos naturales se adecúe efectivamente a las exigencias de sostenibilidad y a la defensa de los bienes jurídicos que deben ser conservados y protegidos. En este sentido, son notorios los problemas que el jabalí está causando en el medio natural por su prolificidad y proliferación, en los cotos localizados en el ámbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y Sierra Mágina, que presentan una topografía muy abrupta y quebrada, con fuertes pendientes y barrancos profundos, con densa cubierta vegetal dominada en muchos casos por extensos pinares, donde encontramos un matorral mediterráneo de cabecera muy tupido y de porte muy elevado, lo que proporciona una enorme seguridad en la práctica de la modalidad de caza con el uso de arma larga rayada, revelándose como una excelente manera, certera y precisa, de realizar un control poblacional de este animal. A los efectos de permitir esta modalidad de caza con arma rayada en determinadas circunstancias se modifica el artículo 82.2 del Reglamento, así como el su artículo 93.3 para recoger los condicionantes o requisitos de seguridad que deben tenerse en cuenta.

Finalmente se modifica el Anexo III del Reglamento para incluir entre las especies comercializables a la especie paloma bravía Columba livia, que es una especie ampliamente criada en establecimientos y granjas cinegéticas.

En materia de economía azul se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, a los efectos de recoger la posibilidad de adjudicación directa de las concesiones sobre bienes de dominio público en determinados supuestos, cuando se den circunstancias excepcionales, o en otros supuestos establecidos en las leyes, agilizando el otorgamiento de las concesiones en casos determinados y justificados. En gran medida las destinatarias de esta medida son las entidades locales, actores esenciales del escenario portuario andaluz cuyo impulso contribuye a una recuperación social y económica más ajustada a las necesidades del municipio, con el objetivo de implementar medidas de integración puerto-ciudad que incrementan la competitividad del sector portuario.

Por otro lado, se recoge en la Disposición derogatoria del Decreto-ley la supresión del artículo 37 de la citada Ley 21/2007, de 18 de diciembre, que otorgaba a los titulares de concesiones portuarias de gestión indirecta continuar con la explotación de éstas más allá del plazo establecido en el título, mediante un derecho de tanteo tras la celebración de un concurso, siendo ésta una modificación que tiene como objetivo claro el de incrementar la competitividad del sector portuario apoyando la economía y el empleo del sector y, por ende, del sistema productivo, con una mayor participación de agentes económicos sin barreras que impidan el acceso en igualdad de condiciones con ofertas económicas más ventajosas y mejoras en las condiciones de prestación del servicio.

XXI

La industria se presenta como una actividad fundamental para que Andalucía pueda lograr un crecimiento equilibrado y sostenible, ya que su aportación a la economía no se reduce solo a la riqueza y al empleo generado por el propio sector, sino que tiene un efecto arrastre en toda la cadena de valor permitiendo acelerar la convergencia regional.

En este contexto de postpandemia no resulta posible obtener cotas de crecimiento que permitan la recuperación de la economía sin considerar la aportación del sector industrial, en tanto que la actividad industrial constituye uno de los pilares estratégicos sobre los que se asienta el crecimiento económico de cualquier sociedad, por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones, promover el desarrollo de la I+D+i y, en definitiva, configurar una economía competitiva y resistente a los ciclos adversos.

Andalucía busca impulsar una política industrial que pretende su transformación mediante la diferenciación como región industrial. Precisamente el plan de acción CRECE Industria en Andalucía, que contiene las líneas generales, las medidas y la lógica de intervención que aplica el Gobierno andaluz para el impulso de dicha política, contempla como un elemento esencial en la búsqueda de la referida diferenciación el disponer de un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial, que cree un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial. Las medidas de simplificación y agilización administrativa incluidas en el presente Decreto-ley contribuyen de manera notable a conseguir el marco institucional adecuado.

Ello implica, igualmente, un empuje a la diversificación económica, por cuanto Andalucía necesita consolidar el desarrollo de la industria orientándola hacia los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima, así como fomentar su mayor relevancia en términos de aportación al Producto Interior Bruto regional.

En efecto, Andalucía, es especialmente vulnerable a coyunturas desfavorables como la que estamos atravesando tras la crisis COVID-19, los actuales conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio, y lo es por rasgos estructurales como la menor renta per cápita, una tasa de paro elevada y un bajo nivel de industrialización.

Por tanto, ante el impacto en la industria mostrado en los indicadores económicos, es necesario desplegar urgentemente medidas que refuercen el tejido productivo andaluz. En este sentido, ha de encontrar en el marco regulatorio aplicable en Andalucía facilidades para el acceso y el ejercicio de la actividad, siempre con plenas garantías de seguridad. Para ello, se incorporan en este Decreto-ley medidas que estimulan la actividad de nuestros establecimientos industriales, y que fomentan asimismo las inversiones.

En este sentido, en dicho ámbito, se establecen modificaciones dirigidas a la simplificación de normas vigentes, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, la modificación del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales, y de su orden de desarrollo. Dicha modificación está destinada a eliminar los requisitos autonómicos no contemplados en la normativa básica estatal para el ejercicio de la actividad de los organismos de control y a potenciar la relación electrónica entre estas entidades y la Administración. Ello, con el objeto final de aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan asimismo a la competitividad de todo el sector.

En segundo lugar, se modifica el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, y su orden de desarrollo. Con las medidas que se introducen, de gran relevancia para el sector industrial, tanto por su trascendencia para la efectiva implantación de las actividades como por el volumen de tramitaciones, se persigue habilitar la integración en el mismo sistema registral de las diversas comunicaciones reglamentarias asociadas a las instalaciones puestas en servicio, que actualmente se tramitan de manera dispersa y sin un procedimiento electrónico asociado. Ello facilitará y agilizará la realización de esos trámites y posibilitará a la industria el acceso a unos registros únicos y completos de sus instalaciones.

En línea con lo anterior, en tercer lugar, se simplificará y agilizará el trámite de cambio de titularidad de las instalaciones industriales, que genera actualmente una gran carga administrativa tanto a las propias empresas como a la propia Administración, potenciando así la actualización de los registros de instalaciones y su uso a efectos informativos.

Por otro lado, en cuarto lugar, se habilita, asimismo, un procedimiento ágil y sencillo para la regularización de instalaciones existentes, permitiendo así a los titulares de esas instalaciones su regularización administrativa sin necesidad de tener que rehacerlas conforme a la actual normativa, lo que con frecuencia conlleva unos costes muy elevados que la hacen inviable, generalizando y sistematizando así lo ya establecido para algunos tipos concretos de instalaciones. Además, se elimina la aportación de datos o documentos innecesarios en el trámite de puesta en servicio de las instalaciones.

A su vez, se habilita un periodo transitorio, en concreto, respecto a las instalaciones de protección contra incendios, frigoríficas y térmicas de edificios, complementando así las medidas similares que se han habilitado a nivel nacional para otros tipos de instalaciones. Se facilita así la regularización administrativa de esas instalaciones, potenciando su registro, mantenimiento e inspección y, por tanto, el control de su seguridad, reduciendo, al mismo tiempo, las cargas administrativas del sector industrial y generando al mismo tiempo una actividad económica en el sector de los servicios de seguridad industrial en torno a la adaptación de esas instalaciones y su mantenimiento en condiciones de seguridad.

El registro integrado industrial de Andalucía, regulado por Decreto 83/2016, de 19 de abril, supone un elemento central en el sistema de información industrial, por lo que las medidas de simplificación asociadas con dicho registro tienen una gran trascendencia para el sector y su competitividad. Por ello, en quinto lugar, con las modificaciones introducidas se pretende precisamente reducir las trabas administrativas asociadas a dicho registro, fundamentalmente a través de la eliminación del ámbito del Registro Industrial de actividades e instalaciones distintas de las manufactureras que disponen ya de una regulación y registro propios y diferenciados, evitando así un doble trámite administrativo y un efecto distorsionador en la información, así como la simplificación del trámite de cambio de titularidad de los establecimientos industriales.

En sexto lugar, se introducen modificaciones en la regulación de los laboratorios de contraste de objetos fabricados con metales preciosos para eliminar ciertos requisitos e introducir mejoras en aspectos, como el equipamiento, el proceso de análisis por muestreo o las tarifas, que suponen un obstáculo para un mayor y mejor desarrollo de la actividad y del sector.

En séptimo lugar, respecto a la Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que se regulan las convocatorias y las bases a las que deberán ajustarse los exámenes para la obtención de los carnés profesionales en materia de industria, energía y minas, se introduce una flexibilización en los plazos de cumplimiento de los requisitos, para facilitar la concurrencia a los exámenes, que suponen la vía de incorporación al mercado laboral para el ejercicio de determinadas profesiones industriales reguladas, para las que existen actualmente carencias importantes en el mercado.

En el ámbito del sector industrial, en octavo lugar, se ha advertido la necesidad de establecer un plazo máximo para un grupo reducido de procedimientos de gran complejidad, y en particular los expedientes sancionadores, para los que el plazo por defecto de tres meses es manifiestamente insuficiente y provoca con frecuencia la caducidad de los procedimientos y su eventual reinicio, con la mayor carga administrativa que esto supone. Ello de conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respecto a los centros formativos habilitados en materia de industria, en noveno lugar, se introducen unos requisitos armonizados para su funcionamiento que hagan la actuación de estos centros en un régimen de declaración responsable que les libera de cargas administrativas innecesarias y facilita el funcionamiento ágil del sector bajo el efectivo control de las autoridades competentes.

Por otra parte, y en décimo lugar, el establecimiento efectivo de la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración en determinados procedimientos en materia de industria y energía, conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, permitirá agilizar y racionalizar la actuación de la Administración en estos procedimientos.

Se habilita, además, en undécimo lugar, un mecanismo ágil para la aprobación de protocolos técnicos y formularios en materia de industria, con objeto de armonizar, facilitar y racionalizar el funcionamiento del sector y su relación con la Administración, eliminando así trabas para el ejercicio de su actividad y potenciando su competitividad.

Finalmente, con objeto de disponer de una marco legal y reglamentario racional, que aporte claridad y seguridad jurídica en el desarrollo de las actividades industriales, se procede a la derogación expresa de disposiciones que habían devenido inaplicables por efecto de la revisión posterior de la normativa estatal de la que derivaban.

Por ende, se establece un marco claro y actualizado para el desarrollo de la labor de supervisión y control administrativo de las estaciones ITV que prevé la normativa básica estatal en la materia, facilitando así el ágil funcionamiento del servicio.

En el ámbito minero procede a modificarse la disposición adicional novena del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, relativa a la explotación sostenible de recursos minerales, ampliando el plazo contemplado en la misma a tres años, clarificándose, igualmente, la redacción del mismo. Dicha disposición se encontraba destinada a evitar que los derechos se otorguen sobre extensiones de terreno que no son objeto posterior de actividades mineras, y responden a fines ajenos que pueden dar lugar a especulación, dinamizando la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales.

Los acontecimientos de los últimos años, como la pandemia del COVID-19 o la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia también han tenido un especial impacto en el conjunto del sector energético, y han venido acompañados de una respuesta coyuntural por parte de las distintas instituciones internacionales, europeas y nacionales.

Así, el marco de la política climática y energética en Andalucía viene determinado por este contexto, en particular por la política de la Unión Europea recogida principalmente en el paquete legislativo Fit for 55 que persigue acelerar la descarbonización del continente europeo y el plan REPowerEU, para impulsar la transición energética y mejorar la seguridad de suministro como respuesta al conflicto bélico en Ucrania. A ello se suma que la Unión Europea está reforzando la necesidad de acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables, como refleja la nueva Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables aprobada en octubre de 2023. Además, la propuesta de Reglamento del Consejo de noviembre de 2023 establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.

A su vez, el marco para Andalucía también viene determinado por la política de España, establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, cuya propuesta de actualización es más ambiciosa en sus objetivos, con un total de energías renovables sobre el consumo final del 48%, frente al 42% actual.

En este marco, Andalucía viene apostando por un modelo energético basado en la riqueza de sus recursos naturales, en las energías limpias como motor de desarrollo de su economía, que contribuya al logro de los objetivos anteriores, siendo además en la actualidad y debido a la normativa básica estatal que obliga a cumplir unos hitos en la tramitación de las instalaciones de generación, la comunidad autónoma que asume el mayor número de proyectos o potencia en tramitación de energías renovables, especialmente de fotovoltaica y eólica.

La energía procedente de fuentes de energía renovables puede reducir la demanda de combustibles fósiles y, gracias a sus bajos costes operativos, incrementar las energías renovables en el sistema energético puede reducir los precios de la energía. Sin embargo, los procedimientos administrativos largos y complejos suelen ser un obstáculo para el ritmo de inversión en energías renovables e infraestructuras conexas.

El tejido empresarial andaluz además se muestra más vulnerable ante las continuas variaciones del precio de la energía y, si bien la dependencia energética y los altos costes de la energía afectan al territorio español en su conjunto, no incide de igual forma en todas las regiones. De esta manera, la actual coyuntura económica y su incidencia en la economía productiva aconseja la puesta en marcha de medidas que ayude a preservar la competitividad del tejido productivo andaluz.

En este escenario, se hace urgente y necesario disponer en Andalucía de nuevas medidas normativas que, sumadas a las aprobadas en los últimos años, contribuyan a reducir barreras en las tramitaciones administrativas de los proyectos de energías renovables e infraestructuras de redes.

Es necesario por tanto abordar un conjunto de medidas que faciliten la tramitación de los proyectos energéticos, generando en el inversor un marco de confianza y mejorando la calidad del servicio que se presta, que no sería posible alcanzar si las mismas se introdujeran a través de los procedimientos ordinarios de aprobación o modificación de una norma legal o reglamentaria, ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevaría la pérdida de su esperada eficacia.

En primer lugar, se modifica la disposición adicional única del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía en tres aspectos, a través de la modificación del apartado segundo y de la redacción de dos nuevos apartados.

Por un lado, se modifica su apartado segundo y ello porque el Gobierno de la nación, con el fin de facilitar la construcción de plantas de generación de energía eléctrica de origen renovable, introdujo en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, nuevas medidas de simplificación administrativa para las instalaciones de producción de pequeña potencia.

Andalucía se suma a esa simplificación y modifica el apartado segundo del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, para elevar la potencia de las instalaciones que se pueden beneficiar de una tramitación de la autorización de explotación más sencilla, esto es, 500 kW, lo cual contribuirá a un mayor y más rápido desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica de origen renovable.

No obstante se excepciona de lo anterior y se mantienen las autorizaciones previas y de construcción, para cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica que tengan la línea de evacuación común y estén en la misma referencia catastral o a menos de 3.000 metros entre sí, siempre que la suma total de potencia instalada supere los 500 kW, a fin de evitar que instalaciones de mayor tamaño, que podrían tener mayor impacto en el territorio, se puedan fraccionar evitando así determinadas tramitaciones administrativas a las que en otro caso estarían sometidas y comunicándoselo al órgano ambiental competente.

Por otro lado, se añaden a la disposición adicional dos nuevos apartados con el fin de agilizar la tramitación administrativa de las instalaciones de generación con renovables, así como de las infraestructuras de evacuación asociadas y de otras infraestructuras de redes.

Un nuevo apartado tercero, que permita al promotor de una instalación de energía eléctrica realizar las consultas a las administraciones públicas, organismos y empresas a las que se refieren los artículos 123 y 130 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y aportar mediante declaración responsable la información de las mismas, junto a su anteproyecto o/y proyecto para el que solicita autorización. Esta medida les facilita presentar los anteproyectos o proyectos más maduros, lo que contribuye a agilizar el procedimiento de autorización administrativa y a reducir la carga de trabajo del órgano competente, ya que los informes favorables o los condicionados de los órganos consultados, en respuesta a las separatas.

Con la misma finalidad, se incluye un nuevo apartado cuarto para que el promotor compruebe y pueda declarar en su caso que la actuación para la que solicita autorización, no está afectada por los supuestos establecidos en el artículo 71 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, en el que se definen las actuaciones con incidencia en el territorio.

En Andalucía, la publicación de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, conllevó que las actuaciones de generación de energía mediante fuentes renovables en Andalucía y las infraestructuras energéticas en general, se considerasen actuaciones ordinarias en suelo rústico con las implicaciones subsiguientes en los procedimientos administrativos para su tramitación, entre ellas, la eliminación del informe de compatibilidad urbanística al que previamente estaban sometidas estas actuaciones. Esto ha permitido la simplificación de la tramitación de las autorizaciones de estas instalaciones, si bien al mismo tiempo la LISTA, incluyó en su artículo 52, que estas actuaciones deberán someterse a un informe preceptivo y vinculante de coherencia territorial, cuando se consideren que tienen incidencia en el territorio, de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que, de no emitirse en un plazo de dos meses, se considerará desfavorable. Este nuevo informe en la práctica supone un nuevo trámite en un procedimiento ya de por sí extenso y burocrático.

En la actualidad, existen un gran número de proyectos de infraestructuras energéticas en Andalucía, que se están viendo afectados por este nuevo trámite administrativo. Con el fin de agilizar la obtención del mismo y dado que la documentación para ello requerida en cualquier caso, la tiene que aportar el promotor de la actuación al órgano competente de la autorización administrativa, es por lo que se considera necesario y urgente regular que, junto a la solicitud de dicha autorización se pueda presentar bien una declaración responsable si su proyecto carece de incidencia territorial o en caso contrario, se acompañe de la documentación requerida en el artículo 72 del mismo Decreto, que se remitirá al órgano en materia de ordenación del territorio competente para valorar la incidencia previsible en el territorio y el paisaje mediante la emisión del preceptivo informe de incidencia territorial.

Para una mayor eficiencia de esta medida, se incluye además una disposición transitoria a fin de que las solicitudes que se encuentren en tramitación puedan beneficiarse de estas medidas de simplificación.

A la finalidad que se viene describiendo contribuye de una forma significativa el autoconsumo, por lo que urge seguir fomentando estas instalaciones en Andalucía que supera ya las 112.000.

Para ello, se modifica el artículo 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, para elevar de 100 kW hasta 500 kW, las instalaciones de autoconsumo eléctrico con energías renovables, que en suelo urbano quedan sujetas a declaración responsable. Esta medida favorecerá la tramitación de grandes instalaciones de autoconsumo, más propias del sector industrial y empresarial, ampliando así su protección de cara a contrarrestar el incremento de precios de la energía.

Asimismo, es necesario adaptar el texto de dicho apartado 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables que establece que para la instalación de puntos de recarga, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental ni otras de clase similar o análogas, que serán sustituidas por declaraciones responsables.

Por otro lado, es necesario actuar con medidas que favorezcan el desarrollo de las redes que faciliten la evacuación de la generación con renovables, lo que contribuirá a la mejora de la calidad del suministro eléctrico de los consumidores y a alcanzar los actuales retos de descarbonización.

Por ello se incluye una disposición adicional para la puesta en funcionamiento en bloque de nuevas instalaciones de distribución de energía, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, con el fin de agilizar la tramitación administrativa de las autorizaciones de determinadas instalaciones de distribución eléctrica, se establecen unos criterios para que se pueda presentar una única solicitud para tramitar las autorizaciones administrativas previa y de construcción de varias instalaciones en lugar de hacerlo para cada una de ellas. Además, se establece un plazo de un mes para su resolución de la autorización de explotación.

Esta medida supone una mejora en la tramitación de estas autorizaciones, que repercuta en disminución de trabas y en tiempos más ágiles. Además, esto supone una reducción de costes administrativos indirectos a los promotores. Resulta de extraordinaria y urgente necesidad su inclusión dado el número de proyectos que se están tramitando actualmente a nivel autonómico.

Por último, se incluye una medida dirigida a la dinamización de la actividad económica, con la modificación de la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de baja tensión eliminando para los instaladores la obligación de presentar presencialmente determinada documentación en el alta inicial en el sistema, habilitando su presentación telemática, reduciendo la información a presentar. Esta medida viene a agilizar la tramitación de las instalaciones de baja tensión, favoreciendo la actividad del sector eléctrico y las relaciones de las empresas con la administración pública.

XXII

En materia de función pública, de acuerdo con lo establecido en su disposición final quinta, la Ley de la Función Pública de Andalucía está en vigor desde el 14 de diciembre de 2023, a excepción de los títulos y disposiciones que en la misma se enumeran y que tuvieron una entrada en vigor inmediata. Se han detectado determinadas cuestiones reguladas en la ley que precisan, por tanto, de una modificación urgente para ajustarlas al marco normativo vigente, así como para garantizar la coherencia interna en la regulación de la propia ley.

En relación con la urgencia y necesidad de incluir ahora en un Decreto-ley la modificación de determinadas titulaciones reguladas en la disposición adicional quinta de la Ley de la Función Pública de Andalucía, hay que poner de manifiesto que, ciertamente, el Decreto-ley 10/2023, de 13 de diciembre, ha añadido un nuevo apartado 3 a la disposición final quinta de dicha ley, de forma que «3. Las previsiones de esta ley relativas a los cuerpos y especialidades en los que se agrupa el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía reguladas en la disposición adicional quinta no producirán efectos para todos los cuerpos, especialidades y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley prevista en el apartado 2 hasta la finalización del plazo otorgado por la disposición transitoria quinta del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, para la adaptación de la adscripción de los títulos universitarios oficiales a los ámbitos de conocimiento prevista en dicha norma, siéndoles de aplicación la agrupación y requisitos de titulación vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley».

También hay que tener en cuenta que esta previsión es, por su propia naturaleza, de carácter temporal, solo para conjugar la entrada en vigor de la ley con la regulación estatal sobre titulaciones académicas y ámbitos de conocimiento. Por eso resulta necesario modificar las cuestiones relativas a las titulaciones, el texto legal debe contener la regulación que es ajustada al marco normativo vigente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien el plazo otorgado por el citado Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, es de cuatro años a contar desde su entrada en vigor, plazo que en este momento puede considerarse amplio, no puede dejar de tomarse en consideración que dicho plazo está incluido en una norma estatal, que puede ser modificada sin intervención alguna de nuestra Comunidad Autónoma, avocando a una situación de incertidumbre que se evita con la inclusión de las modificaciones correspondientes en este Decreto-ley.

Y también es urgente por razones de seguridad jurídica para las personas aspirantes al empleo público, con el fin de que conozcan sin equivocación cuáles son los requisitos de acceso a los cuerpos y especialidades. La seguridad jurídica no se garantiza de forma adecuada con amparo en una aplicación diferida, sino con una certeza respecto de cuáles son los requisitos que se van a exigir. Además, con la regulación contenida en este decreto-ley se garantiza la coherencia interna de la Ley de la Función Pública de Andalucía, para eludir cualquier error o confusión en su interpretación, más allá de que la aplicación de determinados preceptos de la misma se vaya a retrasar en el tiempo.

Se aborda también en este Título la modificación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

El avance de la tecnología y el desarrollo continuo y constante de la administración electrónica hace necesario una actualización de las funciones que debe asumir la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa (CICRA), a cuyo efecto se reforma sensiblemente el artículo 5 del decreto.

Dentro de la modificación operada en el artículo 5 se ha procedido también a incluir a otros miembros dentro de la Comisión Interdepartamental por considerase su concurso necesario e imprescindible en atención a las funciones que tiene encomendada esta Comisión, a la vez que se ajusta a la nueva estructura de la Administración autonómica.

Se modifica también el artículo 6, relativo a los criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas, a fin de darle un contenido ajustado a lo regulado en el Decreto-ley de simplificación.

A las modificaciones ya vistas hay que incluir la de determinados artículos del citado Decreto en orden a adecuarlo a la nueva realidad recogida en este Decreto-ley.

En otro orden de cosas, y dentro del marco establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para las oficinas de registro y su transformación en oficinas de asistencia en materia de registros, así como la puesta en servicio de las nuevas funciones de asistencia al ciudadano en el uso de medios electrónicos en su relación con la administración ha requerido un importante esfuerzo de adaptación en la Junta de Andalucía, tanto por parte de los organismos y entidades responsables de estas oficinas, como de los propios empleados públicos, que realizan la atención al público y la asistencia en el uso de medios electrónicos en ellas.

En el transcurso de los últimos años, se ha observado la desigual capacidad de adaptación de estas oficinas, así como de la dotación y medios de cada una de ellas.

Tomando en consideración el derecho de la ciudadanía a optar por la relación presencial con la Administración y a obtener la asistencia en el uso de medios electrónicos o para la identificación y firma, cuando carezca de los medios para relacionarse electrónicamente con la Administración, el modelo actual de Oficinas de asistencia en materia de registros, basado en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se ha revelado como no lo suficientemente eficaz y operativo, provocándose en determinadas situaciones desigualdades de acceso y disponibilidad de servicios entre la ciudadanía, no solo entre provincias, sino incluso entre oficinas del mismo ámbito competencial.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario llevar a cabo una modificación de la regulación que, del Registro Electrónico Único, se hace en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como del régimen de las propias oficinas de asistencia en materia de registro.

Por todo lo anterior se hace urgente y necesario cambiar el modelo actual de oficinas de asistencia en materia de registros asociadas a una determinada Consejería o de las entidades de derecho público del Sector Público Instrumental, en unidades de servicios comunes de carácter permanente, constituidas en red y bajo la coordinación del órgano de la Administración con competencias en la atención a la ciudadanía, así como en el seguimiento y evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos.

La implantación de este modelo tendría como resultado inmediato el ofrecimiento al completo de la cartera de servicios de las oficinas de asistencia en materia de registros de manera homogénea, garantizando el acceso a los servicios en condiciones de igualdad de oportunidades en todas las provincias, así como la adecuación constante y flexible de la oferta a las necesidades puntuales de la ciudadanía.

Por otra parte, dentro del sector servicios de la economía destaca el segmento de los servicios profesionales por su particular importancia en el sector productivo, su especial intensidad en el empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad de las empresas.

Como ya se ha expuesto, en el actual contexto de inestabilidad y ralentización económica, propiciada por la elevada inflación y por la subida de tipos del Banco Central Europeo, que augura un deterioro económico importante en los trimestres que vienen con repercusión en los niveles de empleo, se hace necesaria una intervención urgente tanto en términos de simplificación y agilización administrativa de los procedimientos como de reducción de trabas administrativas, que reduzca la carga económica y burocrática a los colegios profesionales, que cumplen la importante misión de velar por la calidad de los servicios profesionales, al exigir el cumplimiento de una serie de normas deontológicas, éticas y morales, pero que, a la misma vez, pueden ser un elemento motor de una sociedad mejor y generan crecimiento en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos.

La urgencia de esta modificación viene determinada por la importancia de las profesiones colegiadas en la economía, que se manifiesta en aspectos como una elevada contribución cuantitativa a la producción, un fuerte dinamismo en la generación de empleo, una dinamización y reactivación de la economía y una aportación fundamental de capital humano; características favorables para mejorar el mercado de trabajo y la naturaleza de los servicios prestados.

En este sentido, se considera conveniente modificar determinados aspectos de la regulación de los colegios profesionales prevista en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, con la finalidad de eliminar trabas, facilitar y simplificar el procedimiento de creación de estas corporaciones profesionales.

Por una parte, se posibilita las iniciativas de creación de colegios profesionales para aquellas profesiones en las que, sin contar con una titulación universitaria oficial, se exija una habilitación administrativa para su ejercicio. En la actualidad, los profesionales de determinadas actividades se encuentran en algunas situaciones imposibilitados para promover la creación de un colegio profesional, con el evidente perjuicio que supone para la profesión en general y para toda la sociedad, así como la indefensión que conlleva para los profesionales andaluces que no pueden contar con un colegio que defienda sus legítimos intereses profesionales. Esto puede provocar que acudan a otras comunidades autónomas donde sí existen esas corporaciones y, por tanto, sean en éstas en las que desarrollen sus actividades profesionales. Por este motivo se modifica el apartado tercero del artículo 10 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

Por otra parte, también respecto a los supuestos de creación de nuevos colegios profesionales, se introduce una modificación del artículo 14 de la referida ley cuando esta creación pueda tener lugar por segregación de otros colegios ya existentes. Con la medida propuesta, se va a posibilitar las iniciativas de creación de nuevos colegios profesionales por segregación de otros ya existentes cuando se trate de profesiones o de titulaciones que, si bien eran secciones o especialidades de otras más antiguas o de carácter más general, gozan ahora de autonomía propia y están reconocidas como tales. La creación de un colegio propio redundará en beneficio de las respectivas profesiones, ordenando su ejercicio, aprobando normas deontológicas de la profesión dentro de la legalidad vigente y, en definitiva, garantizando su representación y defensa desde la perspectiva del interés público.

Como consecuencia de esta modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, procede acometer la modificación del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, que establece los requisitos para la iniciación del procedimiento de creación de los colegios profesionales.

Asimismo, se ha considerado oportuno reducir los trámites exigidos en el procedimiento de modificación de los estatutos de las corporaciones cuando se trate tan sólo de la variación del domicilio o sede del colegio profesional o del consejo andaluz de colegios profesionales.

En la actualidad existen dos registros para este tipo de corporaciones, el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, creado por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y el Registro de Consejos Andaluces de Colegios, creado por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. A la vista de esta duplicidad de normas para estas instituciones de similar naturaleza, y en un ejercicio de simplificación administrativa, avanzando en la reducción de cargas administrativas y burocráticas, en la disminución de los plazos, en la agilización de los trámites, en la mejora de las comunicaciones y en la optimización de los recursos, se considera oportuno integrar la regulación de ambos registros en uno único, que pasará a denominarse Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. De este modo, se introduce una nueva regulación del Registro, ya que muchos de los preceptos han quedado obsoletos o bien son inaplicables conforme a su actual configuración en soporte electrónico. En este sentido, se reduce el número de artículos y se simplifica el propio procedimiento de inscripción registral.

Finalmente, es necesario resaltar que las modificaciones introducidas por el Decreto-ley en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía y en el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, se hacen precisas por razones de seguridad jurídica en la medida en que son consecuencia directa de su adaptación a los cambios en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y en la Ley 6/1995, de 29 de diciembre.

Por otra parte, se hace necesario, una intervención urgente que reduzca la carga económica y burocrática para contribuir a que las fundaciones, como operadores económicos y entidades que persiguen fines de interés general, se encuentren en mejores condiciones para sobrellevar este periodo de desaceleración económica.

Las medidas de simplificación propuestas para el sector de las fundaciones en Andalucía van a suponer una reducción de las cargas administrativas lo que va a redundar en menores costes y menor tiempo de tramitación de los expedientes. Sirva como ejemplo de reducción en costes y tiempo de tramitación, la inclusión de la firma electrónica como forma de acreditación formal de la aceptación de la condición de patrono, lo que evita tener que acudir ante notario para legitimar la firma manuscrita o la elevación a documento público notarial de dicha aceptación; la fijación de un límite inferior que exima de la obligación de comunicación de los actos de disposición de bienes y derechos o la eliminación de la obligación de incluir la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior en el procedimiento de depósito de cuentas anuales.

Por otra parte, como medida que redunda directamente en la ciudadanía, concretamente en el colectivo de víctimas del terrorismo, se modifica la Orden de 31 de octubre de 2013, por la que se desarrollan las competencias de la Consejería de Justicia e Interior establecidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia. El procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas por parte de la persona titular de la Consejería competente en la materia. Con la modificación propuesta se unifica ambas resoluciones en una sola, recogiéndose en ella el reconocimiento de la condición de persona beneficiaria y de concesión de la indemnización.

Por último, se ha considerado necesario ordenar las competencias de las Delegaciones del Gobierno en aras de la simplificación en la gestión administrativa. El Decreto 41/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía establece en su artículo 7 que para el ejercicio de la competencia recogida en el artículo 37.1.e) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Delegación Provincial competente por razón de la materia solicitará de la persona titular de la Delegación del Gobierno la formulación del oportuno requerimiento de anulación a la Entidad Local andaluza.

La intervención de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno en este procedimiento, en virtud de las normas citadas en el párrafo anterior, se justifica porque en la fecha que se aprobó el citado Decreto 41/2008, de 12 de febrero, las Delegaciones del Gobierno dependían de la entonces Consejería de Gobernación y ejercían, entre otras, las competencias en materia de administración local. Sin embargo, las distintas modificaciones operadas desde 2008 en los sucesivos Decretos de estructura de las Consejerías han traído como consecuencia que, en la actualidad, las Delegaciones de Gobierno sean órganos directivos periféricos de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, mientras que las competencias en materia de administración local, con excepción de los sectores materiales del ámbito local sobre los que dicha Consejería tiene competencias, residen en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Así pues, hoy día puede entenderse inadecuado que la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía participe en la tramitación de expedientes en materias sobre las que no ostenta competencias, por lo que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y el Decreto 41/2008, de 12 de febrero, para que la formulación del oportuno requerimiento de anulación a la Entidad Local andaluza se realice por la Delegación del Gobierno o por Delegación Territorial o Provincial competentes por razón de la materia sobre la que verse el acto o acuerdo.

XXIII

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de doscientos setenta y siete artículos, distribuidos en catorce títulos, treinta disposiciones adicionales, treinta y siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales.

Mediante el mismo se incorporan más de cuatrocientas medidas de simplificación administrativa y medidas de mejora de la regulación en materia de comunicación audiovisual, interior, Comunidades Andaluzas, proyectos de interés estratégico, hacienda, contratos y registros, desarrollo educativo, comercio, salud, agricultura y desarrollo rural, universidades y academias, cultura y turismo, formato, articulación del territorio y vivienda, inclusión social, familias numerosas y dependencia, medio ambiente, industria energía y minas, justicia juvenil, colegios profesionales, fundaciones, víctimas del terrorismo, entidades locales y administración pública así como un amplio plan de introducción de medidas transversales para la mejora del funcionamiento interno de la Junta de Andalucía. Todas ellas necesarias e imprescindibles para una mejora de las relaciones con la ciudadanía y para favorecer la reactivación económica en Andalucía.

Finalmente, el Decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de buena regulación, exigibles en todo texto normativo, y que se contemplan en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 6 de febrero de 2024,

DISPONGO