Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. - Boletín Oficial del Estado de 31-10-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Estatal
  • Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 13 de Marzo de 2019
  • Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016
  • Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 261
  • Fecha de Publicación: 31/10/2015
  • Este documento tiene versiones

TÍTULO VI. Prestaciones no contributivas
CAPÍTULO I. Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva
SECCIÓN 1.ª Prestaciones
Artículo 351. Enumeración.

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistirán en.

a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o mayor de dicha edad y que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en el que esté afiliado el beneficiario de la prestación.

b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.

c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.


SECCIÓN 2.ª Asignación económica por hijo o menor a cargo
Artículo 352. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo quienes.

a) Residan legalmente en territorio español.

b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción en quienes concurran las circunstancias señaladas en la letra a) del artículo anterior y que residan en territorio español.

En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre por los hijos o menores que tenga a su cargo.

c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha cuantía contemplará un incremento del 15 por ciento por cada hijo o menor a cargo, a partir del segundo, este incluido.

No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a cargo si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los supuestos en que concurran tres hijos a cargo, incrementándose en la cuantía que igualmente establezca dicha Ley por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.

En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos de ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción, se haya constituido por dos personas que formen una misma unidad familiar.

Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha Ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

No obstante, también podrán ser beneficiarios de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo, quienes perciban ingresos anuales por cualquier naturaleza que, superando la cifra indicada en los párrafos anteriores, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor por el número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios.

En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicha cuantía será distribuida entre los hijos o menores a cargo del beneficiario y las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, se tenga derecho a la asignación.

No se reconocerá la asignación económica por hijo o menor a cargo cuando la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad, prevista en el artículo 353.1.

d) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres:

a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años o mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.

Cuando se trate de menores sin discapacidad, será requisito indispensable que sus ingresos anuales, incluida, en su caso, la pensión de orfandad, no superen el límite establecido en el apartado 1.c).

3. En los supuestos de hijos o menores a cargo con discapacidad, no se exigirá límite de recursos económicos a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario.

Modificaciones

Artículo 353. Cuantía de las asignaciones.

1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerán otras cuantías específicas para cada uno de los siguientes supuestos:

a) Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

b) Hijo a cargo mayor de dieciocho años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

c) Hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Modificaciones

Artículo 354. Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

El grado de discapacidad, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo o menor con discapacidad a cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del concurso de otra persona a que se refiere el apartado 2.c) del artículo anterior se determinarán mediante la aplicación del baremo aprobado por el Gobierno mediante real decreto.


Artículo 355. Declaración y efectos de las variaciones familiares.

1. Todo beneficiario estará obligado a declarar cuantas variaciones se produzcan en su familia, siempre que estas deban ser tenidas en cuenta a efectos del nacimiento, modificación o extinción del derecho.

En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o circunstancias, tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí directamente.

Todo beneficiario estará obligado a presentar, dentro del primer trimestre de cada año, una declaración expresiva de los ingresos habidos durante el año anterior.

2. Cuando se produzcan las variaciones a que se refiere el apartado anterior, surtirán efecto.

a) En caso de nacimiento del derecho, a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya solicitado el reconocimiento del mismo.

b) En caso de extinción del derecho, a partir del último día del trimestre natural dentro del cual se haya producido la variación de que se trate.


Artículo 356. Devengo y abono.

1. Las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se devengarán en función de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el beneficiario.

2. El abono de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se efectuará con la periodicidad que se establezca en las normas de desarrollo de esta ley.


SECCIÓN 3.ª Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad
Artículo 357. Prestación y beneficiarios.

1. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social en la cuantía y en las condiciones que se establecen en esta sección.

2. A los efectos de la consideración como familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.

3. A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario que el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna los requisitos establecidos en las letras a), c) y d) del artículo 352.1.

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre si la suma de los ingresos percibidos por ambos superase los límites establecidos en el artículo 352.1.c) no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.


Artículo 358. Cuantía de la prestación.

1. La prestación por nacimiento o adopción de hijo, regulada en la presente sección, consistirá en un pago único de 1.000 euros.

2. En los casos en que los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, superen el límite establecido en el artículo 352.1.c) pero sean inferiores al resultado de sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el resultado de la indicada suma.

No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor sin discapacidad a cargo establecida en artículo 353.1.


SECCIÓN 4.ª Prestación por parto o adopción múltiples
Artículo 359. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos establecidos en las letras a) y d) del artículo 352.1.

Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos.


Artículo 360. Cuantía.

La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples será la siguiente.

Número de hijos nacidos o adoptados

Número de veces el salario mínimo interprofesional

2

4

3

8

4 y más

12


SECCIÓN 5.ª Disposiciones comunes
Artículo 361. Incompatibilidades.

1. En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de las prestaciones reguladas en el presente capítulo, el derecho a percibirlas solo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.

2. Las prestaciones reguladas en el presente capítulo serán incompatibles con la percepción, por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.

En los supuestos en que uno de los padres esté incluido, en razón de la actividad desempeñada o por su condición de pensionista, en un régimen público de Seguridad Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen.

3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a cargo, establecidas en las letras b) y c) del artículo 353.2, será incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva.

Modificaciones

Artículo 362. Revalorización.

A las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva reguladas en este capítulo les será de aplicación el criterio de revalorización establecido en el artículo 58.


CAPÍTULO II. Pensiones no contributivas
SECCIÓN 1.ª Invalidez no contributiva
Artículo 363. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos.

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.

c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento.

d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente.

Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a lo establecido en los apartados siguientes.

Los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, se establezcan por cuenta propia o se acojan a los programas de renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de inserción, a cuyo efecto, no obstante lo previsto en el apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en el programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa.

2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.

3. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2.

4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.

5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.

6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad económica, la residencia en territorio español y el grado de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella.


Artículo 364. Cuantía de la pensión.

1. La cuantía de la pensión de invalidez no contributiva se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las siguientes reglas.

a) Al importe referido en el primer párrafo de este apartado se le sumará el 70 por ciento de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica.

b) La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en la letra anterior por el número de beneficiarios con derecho a pensión.

2. Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado anterior, calculadas en cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de los que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 por ciento del importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En otro caso, se deducirá del importe de dicha pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, salvo lo dispuesto en el artículo 366.

3. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones no contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores, superara el límite de acumulación de recursos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, la pensión o pensiones se reducirán para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual cuantía cada una de las pensiones.

4. No obstante lo establecido en los apartados 2 y 3 de este artículo, la cuantía de la pensión reconocida será, como mínimo, del 25 por ciento del importe de la pensión a que se refiere el apartado 1.

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, son rentas o ingresos computables los que se determinan como tales en el apartado 5 del artículo anterior.

6. Las personas que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 1, a), b) y d) del artículo anterior, estén afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un complemento equivalente al 50 por ciento del importe de la pensión a que se refiere el primer párrafo del apartado 1.


Artículo 365. Efectos económicos de las pensiones.

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.


Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones.

Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.

En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6.


Artículo 367. Calificación.

1. Podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes las padecen. El grado de discapacidad o de la enfermedad crónica padecida, a efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva, se determinará mediante la aplicación de un baremo, aprobado por el Gobierno, en el que serán objeto de valoración tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales de la persona presuntamente con discapacidad, como los factores sociales complementarios.

2. Asimismo, la situación de dependencia y la necesidad del concurso de una tercera persona a que se refiere el artículo 364.6, se determinará mediante la aplicación de un baremo que será aprobado por el Gobierno.

3. Las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años. La nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo.

Modificaciones

Artículo 368. Obligaciones de los beneficiarios.

Los perceptores de las pensiones de invalidez no contributiva estarán obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas.

En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente.


SECCIÓN 2.ª Jubilación en su modalidad no contributiva
Artículo 369. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en territorio español condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía.


Artículo 370. Cuantía de la pensión.

Para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, se estará a lo dispuesto para la pensión de invalidez en el artículo 364.


Artículo 371. Efectos económicos del reconocimiento del derecho.

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.


Artículo 372. Obligaciones de los beneficiarios.

Los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de invalidez no contributiva en el artículo 368.


CAPÍTULO III. Disposiciones comunes a las prestaciones no contributivas
Artículo 373. Gestión.

1. La gestión de las prestaciones no contributivas se efectuará por las siguientes entidades gestoras.

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, con excepción de las que se mencionan en la letra b) siguiente.

b) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado anterior, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación podrán ser gestionadas, en su caso, por las comunidades autónomas estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los servicios del instituto citado en aquella.

3. El Gobierno podrá celebrar con las comunidades autónomas a las que no les hubieran sido transferidos los servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales los oportunos conciertos para que puedan gestionar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

4. Las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva quedarán incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72.

A tal fin, las entidades y organismos que gestionen las pensiones de invalidez y jubilación aludidas vendrán obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos que, referentes a las pensiones que hubiesen concedido, se establezcan reglamentariamente.

Modificaciones

NORMA AFECTADA POR

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.


Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.


Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.


Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.


Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.


Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.


Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.


Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.


Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.


Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.


Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.


Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.


Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



NORMA AFECTA A

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

  • Fecha Publicación: 1994-06-29
  • Entrada en Vigor: 2016-01-02

LEY 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integracion de los trabajadores por cuenta propia del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos.

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema especifico de proteccion por cese de actividad de los trabajadores autonomos.

Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integracion del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Regimen General de la Seguridad Social.

LEY 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilacion anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.

  • Fecha Publicación: 1998-12-29
  • Entrada en Vigor: 2016-01-02

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

  • Fecha Publicación: 2003-09-30
  • Entrada en Vigor: 2016-01-02

LEY 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

LEY 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

LEY 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

LEY 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

LEY 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marineria.

LEY 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusion en el Regimen General de la Seguridad Social y a la extension de la proteccion por desempleo a determinados cargos publicos y sindicales.

LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la proteccion de las personas desempleadas.

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

REAL DECRETO-LEY 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ambito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversion y la creacion de empleo.

Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizacion, adecuacion y modernizacion del sistema de Seguridad Social.

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestion y proteccion social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de caracter economico y social.

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratacion estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Indice de Revalorizacion del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.


NORMAS RELACIONADAS

Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el articulo 82 y siguientes de la Constitucion Española.


    Constitucion Española, de 27 de diciembre de 1978.


      Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


        Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social


          LEY 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.


            LEY 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


              Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


                LEY 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilacion anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.


                  Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


                    LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.


                      LEY 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.


                        LEY 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.


                          LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.


                            LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.


                              LEY 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marineria.


                                LEY 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusion en el Regimen General de la Seguridad Social y a la extension de la proteccion por desempleo a determinados cargos publicos y sindicales.


                                  LEY 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integracion de los trabajadores por cuenta propia del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos.


                                    LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.


                                      Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la proteccion de las personas desempleadas.


                                        Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema especifico de proteccion por cese de actividad de los trabajadores autonomos.


                                          Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.


                                            REAL DECRETO-LEY 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ambito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversion y la creacion de empleo.


                                              Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.


                                                Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizacion, adecuacion y modernizacion del sistema de Seguridad Social.


                                                  Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integracion del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Regimen General de la Seguridad Social.


                                                    Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.


                                                      Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestion y proteccion social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de caracter economico y social.


                                                        Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratacion estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.


                                                          Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Indice de Revalorizacion del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.


                                                            LEY 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.


                                                              LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.


                                                                REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


                                                                  LEY ORGANICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integracion social.


                                                                    Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autonomo.


                                                                      Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.


                                                                        Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.


                                                                          Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil.


                                                                            Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.


                                                                              LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


                                                                                Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.


                                                                                  REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


                                                                                    Ley Organica 6/2013, de 14 de noviembre, de creacion de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.


                                                                                      Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


                                                                                        LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS.


                                                                                          Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.


                                                                                            REAL DECRETO 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestacion por razon de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.


                                                                                              LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.


                                                                                                Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico.


                                                                                                  LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.


                                                                                                    LEY 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.


                                                                                                      Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.


                                                                                                        Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el regimen retributivo de los maximos responsables y directivos en el sector publico empresarial y otras entidades.


                                                                                                          Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relacion con el regimen juridico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.


                                                                                                            Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.


                                                                                                              LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


                                                                                                                Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccion social.


                                                                                                                  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas.


                                                                                                                    REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.


                                                                                                                      REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas


                                                                                                                        REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.


                                                                                                                          LEY 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.


                                                                                                                            Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.


                                                                                                                              Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.


                                                                                                                                LEY ORGANICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


                                                                                                                                  LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.


                                                                                                                                    REAL DECRETO 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilacion a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalia.


                                                                                                                                      Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.


                                                                                                                                        LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


                                                                                                                                          LEY 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccion a las Familias Numerosas.


                                                                                                                                            LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.


                                                                                                                                              LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


                                                                                                                                                Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.


                                                                                                                                                  Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero.


                                                                                                                                                    REAL DECRETO 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.


                                                                                                                                                      Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernizacion de las Explotaciones Agrarias.


                                                                                                                                                        Ley Organica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.


                                                                                                                                                          Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de proteccion social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.


                                                                                                                                                            Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.


                                                                                                                                                              REAL DECRETO 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autonomas de Andalucia y Extremadura.


                                                                                                                                                                Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la proteccion social de las personas trabajadoras del sector maritimo-pesquero.


                                                                                                                                                                  LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


                                                                                                                                                                    LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.


                                                                                                                                                                      Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion.


                                                                                                                                                                        REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y registro.


                                                                                                                                                                          Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autonomo en materia de contrato del trabajador autonomo economicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autonomos.


                                                                                                                                                                            REAL DECRETO 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.


                                                                                                                                                                              REAL DECRETO 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudacion.


                                                                                                                                                                                REAL DECRETO 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudacion de la Seguridad Social.


                                                                                                                                                                                  Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.


                                                                                                                                                                                    Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.


                                                                                                                                                                                      Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantias y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


                                                                                                                                                                                        REAL DECRETO 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situacion de dependencia.


                                                                                                                                                                                          Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.


                                                                                                                                                                                            REAL DECRETO 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de insercion para desempleados con especiales necesidades economicas y dificultad para encontrar empleo.


                                                                                                                                                                                              Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de proteccion por desempleo e insercion.


                                                                                                                                                                                                Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transicion al empleo estable y la recualificacion profesional de las personas desempleadas.


                                                                                                                                                                                                  Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activacion para el Empleo.


                                                                                                                                                                                                    Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.


                                                                                                                                                                                                      REAL DECRETO 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.


                                                                                                                                                                                                        Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.


                                                                                                                                                                                                          LEY 10/1990, de 15 de octubre, del deporte.


                                                                                                                                                                                                            Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion.