LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. - Boletín Oficial del Estado de 24-11-1995

  • Ámbito: Estatal
  • Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 28 de Octubre de 2015
  • Fecha de entrada en vigor: 24/05/1996
  • Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 281
  • Fecha de Publicación: 24/11/1995
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JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:


EXPOSICION DE MOTIVOS

Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse.

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que somete a la discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto.

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el presente proyecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos.

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales.

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático.

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e injustificadamente atenuados.

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto.

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria y perturbadora.

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban.

Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos caracterizados de un proceder semejante.

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de norma.

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar.

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría exagerarse.


NORMA AFECTADA POR

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la victima del delito.

  • Fecha: 2015-10-28
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

Ley Organica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal.


Ley Organica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, en materia de delitos de terrorismo.


Ley Organica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.


Ley Organica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General.


Ley Organica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal.


Ley Organica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupcion voluntaria del embarazo.


LEY ORGANICA 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal en materia de seguridad vial.


LEY ORGANICA 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecucion extraterritorial del trafico ilegal o la inmigracion clandestina de personas.


Pleno. Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre de 2007. Cuestion de inconstitucionalidad 5152-2000. Planteada por la Seccion Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto al articulo 607.2 del Codigo penal.

  • Fecha: 2007-11-07
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

LEY ORGANICA 7/2006, de 21 de noviembre, de proteccion de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.


Ley Organica 4/2005, de 10 de octubre, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos.


LEY ORGANICA 2/2005, de 22 de junio, de modificacion del Codigo Penal.


Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero.


LEY ORGANICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal.


LEY ORGANICA 20/2003, de 23 de diciembre, de modificacion de la Ley Organica del Poder Judicial y del Codigo Penal.


LEY ORGÁNICA 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.


LEY ORGANICA 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas.


LEY ORGÁNICA 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.

  • Fecha: 2003-03-12
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

LEY ORGÁNICA 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores.


LEY ORGÁNICA 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y alaprestación social sustitutoria.


LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

  • Fecha: 2001-01-23
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

LEY ORGÁNICA 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.


LEY ORGANICA 3/2000, de 11 de enero, de modificacion de la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, en materia de lucha contra la corrupcion de agentes publicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.


LEY ORGÁNICA 2/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas.


LEY ORGANICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integracion social.


Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

  • Fecha: 2000-01-13
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

LEY ORGÁNICA 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


LEY ORGÁNICA 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.


LEY ORGANICA 7/1998, de 5 de octubre, de modificacion de la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, por la que se suprimen las penas de prision y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestacion social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitacion para dichos supuestos.


LEY ORGANICA 2/1998, DE 15 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICAN EL CODIGO PENAL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.


CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL.

  • Fecha: 1996-05-24
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

LEY ORGÁNICA 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores.

  • Fecha: 1970-01-30
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:

Ley Organica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, en materia de delitos de terrorismo.

  • Fecha: 1970-01-30
  • Tipo Norma: Boletín Oficial del Estado
  • Artículos:


NORMA AFECTA A

LEY 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construccion y venta de viviendas.

  • Fecha Publicación: 1968-07-29
  • Entrada en Vigor: 1996-05-24
  • Artículos:

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

LEY 1/1970, de 4 de abril, de caza.

Ley Organica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigacion del Congreso y del Senado o de ambas Camaras.

  • Fecha Publicación: 1984-05-26
  • Entrada en Vigor: 1996-05-24
  • Artículos:

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre (justicia), por el que se publica el Codigo Penal, texto refundido conforme a la ley 44/1971, de 15 de noviembre (disp. 1454) *.

LEY ORGÁNICA 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegacion Aerea.

Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Ley de 20 de febrero de 1942 por la que se regula el fomento y conservacion de la pesca fluvial.

Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energia nuclear.

REAL DECRETO 230/1998, DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS.


NORMAS RELACIONADAS

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil.


    LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


      LEY ORGANICA 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria.


        Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


          Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.


            LEY ORGANICA 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los partidos politicos.


              LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


                Constitucion Española, de 27 de diciembre de 1978.


                  LEY ORGÁNICA 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


                    Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre (justicia), por el que se publica el Codigo Penal, texto refundido conforme a la ley 44/1971, de 15 de noviembre (disp. 1454) *.


                      Ley de 31 de diciembre de 1946 de Ordenacion Bancaria


                        LEY 1/1970, de 4 de abril, de caza.


                          Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energia nuclear.


                            Ley Organica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigacion del Congreso y del Senado o de ambas Camaras.


                              Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegacion Aerea.


                                LEY ORGÁNICA 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


                                  LEY 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construccion y venta de viviendas.


                                    Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.


                                      Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.